El nuevo embajador venezolano en España sostiene que el Gobierno bolivariano tiene que librar una auténtica guerra económica para hacer frente al sabotaje y la especulación masiva de los que quieren acabar con el proceso socialista bolivariano. Ante las municipales del domingo, asegura que las medidas de excepción adoptadas por el presidente han despertado la […]
El nuevo embajador venezolano en España sostiene que el Gobierno bolivariano tiene que librar una auténtica guerra económica para hacer frente al sabotaje y la especulación masiva de los que quieren acabar con el proceso socialista bolivariano. Ante las municipales del domingo, asegura que las medidas de excepción adoptadas por el presidente han despertado la simpatía de la mayoría de la población
Parlamentario por Zulia desde 1994, el nuevo embajador venezolano en España, Mario Isea Bohórquez (Maracaibo, 1951), impulsó la reforma petrolera de su país como diputado (desde 2006) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y formó parte de la comisión de la reforma constitucional. Este ingeniero químico también presidió (2011-2013) el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, desde el que lanzó el programa de construcción más ambicioso y prioritario del Gobierno bolivariano. Así que es considerado uno de los más sólidos puntales del proyecto socialista que legó Hugo Chávez.
¿Se va a notar mucho la ausencia de Chávez en estas elecciones municipales?
La oposición ha tratado de darles un carácter plebiscitario y creo que eso les va a perjudicar, porque denota que su afán permanente es derrocar al Gobierno bolivariano. En unas elecciones locales su mensaje sigue atacando al Gobierno central, en lugar hablar de las obligaciones de los alcaldes, los servicios públicos, la vialidad, el agua, la recolección de basura… Es una tónica de la oposición: cualquier coyuntura intenta convertirla en una especie de batalla final donde van a derrocar al Gobierno. Esto les ha hecho perder credibilidad y coherencia.
Por ejemplo, intentan boicotear la libre distribución de alimentos tratando de generar una sensación de escasez y desabastecimiento, de forma que el presidente Maduro se ha visto obligado a tomar medidas para regularizar la libre distribución de alimentos, porque esto es un mandato constitucional: el Estado está obligado a garantizar que la población pueda disponer de alimentos a precio razonable. Atentar contra este derecho y apoyar a quienes promueven una escalada de precios sin justificación económica real… la población lo observa con incredulidad, a veces con estupor. El Ejecutivo está defendiendo a los trabajadores y a la clase media, a los que se quiere saquear el salario mediante esta escalada de precios.
Por eso Maduro pidió al Parlamento que le aplicara la Ley Habilitante, que es un recurso constitucional que data de 1947. En 1961 hubo un Congreso que modificó la Constitución y mantuvo ese principio y en el 99 la Constitución inspirada por Chávez conservó el dispositivo: se habilita por un lapso determinado al presidente para legislar vía decreto. Incluso en regímenes parlamentarios, como Portugal, Italia y en la propia España hay momentos en que el Ejecutivo legisla vía decreto.
Pero, ¿se puede controlar la inflación a golpe de decreto presidencial?
No se trata de eso. Tenemos un proceso continuo de lo que llamamos el pago de la deuda social acumulada: de incremento de la matrícula estudiantil, de pensionistas y jubilados, el apoyo a las madres en los barrios, subvenciones de alimentación, de salud, educativas, de alfabetización y formación básica… y finalmente la gran Misión Vivienda Venezuela, que es una inversión multimillonaria. A ese esfuerzo de gasto público en inversión social que hace el Estado se suma el sabotaje de la economía… porque no somos autosuficientes, necesitamos importar insumos y algunos alimentos. Porque crece la capacidad de consumo de la población al crecer su poder adquisitivo. Tenemos un salario mínimo que se ajusta todos los años y es el segundo más alto de América Latina y además damos dólares a precio preferencial para importar maquinarias, bienes de capital en general. Y hay un sector económico que, con el apoyo de la oposición, toma esos dólares y en lugar de invertirlos en producción o en incremento de la productividad, los vende en un mercado paralelo a un precio especulativo. Esto nos obliga a tomar medidas inmediatas contra esa centrifugadora del ahorro nacional.
En Venezuela, cuando se hace una ley para combatir la especulación, inmediatamente un sector inventa la trampa. Ahora hay un dinamismo tal en los métodos de sabotaje, de acumulación indebida de riqueza, que es preciso un conjunto de transformaciones en cadena. Por eso el presidente ha planteado que lo habiliten por un año para combatir la guerra económica y la corrupción, para defender a los trabajadores y a la clase media, legislando y a la par tomando medidas complementarias. Nosotros seguimos fomentando los convenios y acuerdos con distintos países para aumentar productividad en renglones alimentarios clave, los procesos de industrialización… incluso con empresas españolas que están haciendo tres mil viviendas en Venezuela. Algunas participan en la repotenciación de las líneas del Metro, y hemos puesto como requisito que estos convenios también sean de transferencia tecnológica, de industrialización de la actividad en el país. También en el abaratamiento de la construcción de viviendas y en el cumplimiento de una meta sumamente ambiciosa que se trazó Chávez: tres millones de viviendas de aquí a 2017; ya hemos acumulado hasta la fecha más de 470.000.
Todo esto muestra un Gobierno comprometido con satisfacer las necesidades de quienes estaban excluidos. El papa Francisco recientemente fustigó con dureza la exclusión y la inequidad, planteó que hay que asegurar el valor de la vida humana y que el «capitalismo sin límites» es una economía que mata. Por tanto, sentimos que nuestro Gobierno está en la ruta correcta: un modelo de democracia participativa, de inclusión, de empoderamiento de los pobres para combatir la pobreza, de organización con sedes comunales y comunas… No son comités de defensa de la revolución ni nada de eso, son organizaciones comunales donde en asambleas los ciudadanos plantean proyectos de solución de sus problemas. Tienen asignación presupuestaria prioritaria, de modo que comienza a distribuirse las competencias y los recursos del poder central, al regional y municipal, y a comunidades organizadas. Esto está en sintonía con la crítica que hacemos al capitalismo salvaje. El socialismo bolivariano que Chávez nos dejó como legado, tiene inmensas dosis de cristianismo y de humanismo, bebiendo también del socialismo científico pero que se realiza en libertad, con absoluta democracia, después de tomar el Gobierno por la vía electoral.
Después de un golpe de Estado en 2002; de un sabotaje petrolero hasta principios de 2003; de la guarimba , que es violencia callejera, quema de cauchos, tranca de avenidas, cercado de urbanizaciones, por la oposición; y de la desaparición física de nuestro máximo líder, que un pueblo mantenga un apoyo tan sólido a las fuerzas bolivarianas del cambio es una proeza. Las encuestas muestran que el PSUV, que lideró Chávez, mantiene un 40% de popularidad.
Maduro acaba de formar una comisión especial presidencial para examinar el «robo» del dinero de las importaciones…
Un informe de un expresidente del Banco Central y profesor de la Universidad Central de Venezuela decía que había un desvío de fondos del 30% del Presupuesto Nacional por la vía de la corrupción, pero se refería al momento en que Chávez tomó el poder. Esto se ha tratado de corregir y Maduro hace autocrítica y señala que sigue habiendo importantes niveles de corrupción y por eso lanza su guerra contra la corrupción.
La mayor parte del Presupuesto lo invertimos en inversión social: un 47%. Si yo comparo eso con las cifras del año 95, poco antes de la llegada de Chávez, gastábamos en el servicio de la deuda externa el 42% de los ingresos petroleros. Hoy tenemos un nivel de deuda externa manejable por debajo del 30% PIB. Hay países que tienen deudas por encima del 100% de su PIB. Tenemos reservas de divisas en promedio de 21.000 millones de dólares, y contamos con una reserva de un Fondo de Desarrollo (Fondem) de 12.000 millones de dólares. Hay quien afirma que se pierde el 60% del Presupuesto en corrupción, pero eso es una especulación de fuentes anónimas que forma parte de esta guerra mediática que tenemos en contra.
Maduro habló de entre 20.000 y 60.000 millones robados…
Venezuela sufrió una fuga de divisas muy grande en los años 90, desde el año 83, cuando el presidente Luis Herrera Campins decretó una devaluación… Por cierto el control de cambio no es una medida que adoptó Chávez ni inventó Maduro. La venimos arrastrando porque hubo una fuga de divisas descomunal. En el otorgamiento de divisas sí ha habido un desvío importante por distintas vías. Se ha detectado gente que se matricula en institutos de estudios piratas y luego hacen de maletín y no cursan estudios sino que reciclan divisas. Esto es lo que ha motivado esa comisión especial.
El crecimiento económico de Venezuela se está ralentizando.
Creo que tenemos un récord Guinness, pues tuvimos un periodo de 23 trimestres consecutivos creciendo. Todavía crecemos, aunque un poco menos que antes. Hay una crisis financiera que no inventamos nosotros y que nos afecta. Hemos sido víctimas de prácticas de sabotaje. Nos trasladan la inflación de maquinarias o insumos que necesitamos para producción agrícola. También nos han afectado los fenómenos climáticos. En 2010-2011 tuvimos pérdidas fortísimas en agricultura por lluvias y por sequía, alternativas, que tuvimos que financiar. También somos presa de una campaña desestabilizadora profunda. Contrabando de distribución de alimentos, de combustible. Es significativo que en medio de estas circunstancias, seguimos creciendo.
En 2008-2009 hubo una brusca caída de los precios del petróleo y nosotros no redujimos la inversión social. Todo eso son efectos que se acumulan. Tuvimos que hacer sacrificios para mantener la inversión social y no detuvimos nunca el pago de la deuda. Luego, en 2011, lanzamos la Misión Vivienda Venezuela, a la que dedicamos 52.000 millones de bolívares el primer año y 60.000 al siguiente.
¿Cuál es el resultado de la ofensiva «Precios Justos» que Maduro lanzó el 6 de noviembre?
Ha sido acogida con alegría por la mayoría de la población, que ha visto que el Gobierno defiende a los débiles y a los menos poderosos desde el punto de vista económico. Y esa es su obligación. Ya hay comercios que espontáneamente ajustan los precios, porque se produjo una escalada en la que había incrementos del 300% y hasta del 1.000% en algunos productos que no tenían ninguna explicación económica real. Lo que ha habido es una satisfacción colectiva, no saqueos como se había anunciado malintencionadamente en algunos medios. La gente hace colas para aprovechar la rebaja de los precios que estaban elevados artificialmente y ha podido obtener artículos que son vitales para las familias: electrodomésticos, textiles, ropa, muebles que estaban… por ejemplo una nevera que debía costar en torno a 13.000 la estaban ofreciendo a casi 40.000 bolívares, más del triple de su precio.
¿Pero la escasez de productos básicos se debe a ese sabotaje, a esa especulación, exclusivamente?
En Venezuela, realmente, no hay escasez de los productos alimentarios. Se ha incrementado la producción de carne, leche, maíz, arroz, hortalizas, etc. Ahora, siempre hay estaciones en las cuales hay menos producción de un rubro o de otro, y el Gobierno importa de distintos lugares y mantiene la política de estímulo a la producción interna. Pero hay coparticipación del sector privado y del sector público tanto en la producción como en la distribución de alimentos y un control todavía muy fuerte de la distribución comercial por parte del sector privado. Y a veces se acaparan los productos y no se ponen a disposición de la gente, o se estimulan compras nerviosas (hay medios de comunicación que se prestan a ello), promoviendo una matriz de caos: se anuncia insuficiencia y desabastecimiento que no es real y se produce acumulación.
¿Cómo se puede tranquilizar a empresas españolas de que no van a sufrir confiscaciones o incautaciones después de que se aplicasen medidas de intervención como la de la sede de empaquetado y embalaje de una gran compañía multinacional?
En Venezuela no hay confiscación. Está prohibido por la Constitución. Sí puede haber alguna expropiación con fines de utilidad pública, en cuyo caso se indemniza el bien expropiado. Las empresas marcadoras de la inversión española están reportando un incremento de sus ganancias. Las autoridades españolas me han comunicado que hay satisfacción entre las empresa españolas en general por el nivel de ganancias que están obteniendo en Venezuela. Hay reglas claras para la inversión.
No obstante, si cualquier empresa, venezolana o extranjera, tiene actividades ilícitas o acude a prácticas indebidas, hay que aplicar correctivos. En el caso de la empacadora, el insumo para empaquetar, simplemente siendo trasladado de una planta a otra estaba siendo aplicado un incremento del 100% del precio, sin ninguna razón real, sólo por su traslado desde el sitio donde se produce la bobina al lugar donde se va a detallar. Y no se está expropiando la fábrica, se está interviniendo ese proceso para regularizarlo, pero no ha tomado control de la fábrica el Estado ni ha intervenido su administración ni ha expropiado ningún activo.
En algunos casos ha habido sanciones para gente que está especulando, que está acaparando, que está aumentando precios indebidamente. Pero no porque el Gobierno quiera obligar a los comerciantes a rebajar sus precios por debajo de sus costos. Eso es totalmente falso. Sólo se actúa en los casos de incrementos exagerados e injustificados de los precios. Por eso la población ha recibido las medidas con satisfacción, al contrario del efecto que se pretendió de descontento; le han hecho un favor a los movimientos que respaldan a Maduro.
¿No cree que algunas de las declaraciones de Maduro, sus frases o expresiones, producen recelo e intranquilidad en el exterior?
Eso me recuerda cuando en 2007 cambiamos el régimen que se llamaba de apertura petrolera y Chávez decía con mucho énfasis que había que defender la soberanía, rescatar el derecho a explotar libremente los recursos naturales, que estábamos siendo expoliados… Se decía que era un lenguaje muy radical, un planteamiento comunista. Pero recordemos que Chávez era una gran demócrata que se enfrentó a un referéndum revocatorio, hombre cristiano, practicante católico. Y lo que pasó es que después de desmontar la apertura petrolera tenemos a Chevron, Eni, Total, Petrobras, Repsol… entre otras corporaciones petroleras que están todas participando en sociedad con Petróleos de Venezuela en la explotación de la reserva petrolífera más grande del mundo.
Cuando el presidente defiende un principio, los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, o se condenan prácticas que van contra el sentir de la humanidad… bueno nosotros somos latinos, somos Caribe, somos vehementes. Pero la propuesta nuestra es por la paz, por un mundo pluripolar, multicéntrico, por el derecho de los pueblos a la autodeterminación, a escoger sus gobiernos, su forma de vida, a resolver sus problemas… Hemos propuesto lo que llamamos el socialismo bolivariano del siglo XXI. Otros plantean sistemas capitalistas más moderados, con rostro humano. Bueno, que hable la vida. Nosotros estamos desarrollando nuestro modelo, planteamos la integración de América Latina, la construcción de un bloque americano que pueda interactuar en condiciones de igualdad con los demás bloques… nadie acepta hoy en día un mundo unipolar, hegemónico, donde la fuerza se imponga sobre la justicia.
Venezuela tiene un gran problema de violencia, de delincuencia en las calles, de miles de víctimas… ¿cuáles son las razones de ese nivel tan elevado de violencia y cuáles pueden ser las soluciones?
La violencia en América Latina se ha expresado en muchas latitudes. Tenemos una guerra permanente en el país vecino, una frontera muy caliente, un conflicto bélico que se lleva ya 66 años, en Colombia; tenemos producción de droga a gran escala que intenta tomar a Venezuela como país de paso; tenemos un bombardeo mediático donde se ha banalizado la vida, uno ve una película de Rambo y cualquier dispara con un lanzamisiles de mano y mata a cien, doscientas personas… Todo eso confluye. En cuanto al narcotráfico, cuando intentan usarnos como sitio de paso usan a los jóvenes de los sitios más humildes y las pandillas se pelean por el control de algunas áreas.
Eso ha implicado un esfuerzo muy grande de nuestro Gobierno y hemos colaborado con otros países. Creo que Venezuela es el país que más capos de droga ha capturado y deportado en los últimos años. También hemos incrementado nuestras acciones sociales, educativas, el país ha sido declarado país libre del analfabetismo en 2005, hemos aumentado las ayudas alimenticias, de vivienda. El número de pensionistas pasó de 300.000 a dos millones, la matrícula estudiantil, que pasó de 400.000 a más de 2.200.000 estudiantes… Con esto vamos reduciendo la desigualdad y nuestros niveles de violencia van bajando. Ahora hay una Policía Nacional que comenzó en Caracas y se ha extendido a todo el país. El programa A Toda Vida Venezuela que articula todos los organismos de seguridad del Estado, mediante un estatuto orgánico de la función policial que ha permitido ir uniformando en procedimientos y en niveles de capacitación a las policías regionales y municipales.
Hoy hay una campaña mediática muy fuerte para presentarnos como un gran país violento y esa percepción es superior a la realidad, lo que perjudica a Venezuela como un destino turístico preferente. Pero cuando van allá los visitantes se dan cuenta de que no es cierta, de que es mucho menor de lo que aquí se publica: que Venezuela es peor que México o que Colombia, y eso no es verdad. En México está desbordado el narcotráfico en grandes áreas y es corriente el asesinato masivo de funcionarios, de ciudadanos. En Colombia la cantidad de desplazados por el paramilitarismo…
En cuanto a la corrupción, ¿por qué siempre aparece Venezuela a la cabeza de los listados internacionales?
Nosotros no negamos que ha habido corrupción y hemos castigado sin distingos de colores ni sectores. Ahora mismo está enjuiciado un gobernador electo en los últimos comicios por nosotros. Así como hay cercanos a la oposición. Pero cuando enjuician a algún funcionario cercano al Gobierno aplauden, y cuando enjuician a un corrupto cercano a la oposición dicen que es un perseguido político. La encuesta Latinobarómetro 2013 señalaba que Venezuela es un país donde las desigualdades se han reducido drásticamente. Y, si hay menos desigualdad, más desarrollo humano, más inversión social, lo lógico es que decrecen los factores que estimulan la inseguridad y la corrupción.
Aún así, en países donde se mueven fuertes sumas de dinero por la industria petrolera crece la corrupción administrativa por la tendencia de la gente a aprovecharse de ello. Cuando importamos alimentos siempre hay algún vivo que quiere hacer de intermediario para ganarse más dinero que el que lo produce, como los manejos que hubo con la banca. En 1995 hubo una crisis financiera conocida como la del Banco Latino. El Gobierno de entonces aprobó auxilio financiero a los bancos y los banqueros se lo llevaron y dejaron los bancos quebrados. Ahora, con Chávez, dimos un tratamiento distinto a una crisis bancaria: auxiliamos a los ahorradores, a los depositantes. Los bancos que no tenían prácticas sanas los fusionamos, los intervenimos, los cerramos. Pero las cuentas de los ahorradores y los depositantes migraron a bancos donde tienen reservados sus depósitos o sus ahorros. Son dos maneras distintas de encarar el problema. No es favorecer al banquero que cometió el delito, sino al ciudadano que tenía su dinero en los bancos.