Finalmente, la misma derecha que lo aplaudió durante 39 meses, lo bajó a Antonio Palocci, el ministro de Economía del gobierno de Lula, que el propio presidente había definido como el hombre más importante de su gobierno. Para hacerlo, le bastó levantar la tapa de la última de sus numerosas trapisondas, con la publicación, por […]
Finalmente, la misma derecha que lo aplaudió durante 39 meses, lo bajó a Antonio Palocci, el ministro de Economía del gobierno de Lula, que el propio presidente había definido como el hombre más importante de su gobierno. Para hacerlo, le bastó levantar la tapa de la última de sus numerosas trapisondas, con la publicación, por la revista Época (vinculada a la TV Globo), de un simple saldo bancario, obtenido ilegalmente por un hombre del PT, presidente del principal banco público del país, con el objetivo de perjudicar a un empleado de la casa «clandestina» en Brasilia, donde Palocci y sus compinches habían instalado un escritorio de venta de influencia y negocios estatales, y de celebración de bacanales (el detalle no es secundario, porque muestra el punto al que llegó la corrupción burguesa en el ámbito del partido «de los trabajadores»).
Luego de darle un puntapié en el traste, la derecha que lo echó y el gobierno que lo «desblindó» saludaron su desempeño al frente del ministerio, debido a la «estabilidad» económica conquistada, al precio de una deuda pública récord de más de un billón de reales (o 500 mil millones de dólares), equivalente a más del 52% del PIB; del record de beneficios obtenido por el capital financiero, los más altos del mundo y de toda la historia del Brasil (sólo en el año 2005, el peso de los bancos en el PIB brasileño subió de 6,5% a 8,1%, superando a la construcción, el comercio y la agropecuaria; cada punto porcentual del PIB equivale a 17,5 mil millones de reales, o más de 8 mil millones de dólares; O Estado de S. Paulo, 1/4/06); del record de 25% alcanzado por el desempleo y el subempleo (con casi 11% de desempleo abierto en las capitales); del pago de intereses record de las deudas externa e interna, comprometiendo 60% del presupuesto y expropiando el excedente nacional, y de otras hazañas más. Ahora el hombre, y sus colaboradores inmediatos, están bajo investigación policial, que lo llevará probablemente a dar con sus huesos en la cárcel, seguramente bajo la indiferencia de sus agradecidos «compañeros».
Su substituto, Guido Mantega, posee una consistencia política que acompaña a su apellido. Amagó con bajar as tasas de interés a niveles «civilizados» (sic!) (el Brasil tiene las mayores tasas de interés del planeta, haciendo las delicias, a través de la especulación con títulos públicos, del capital financiero especulativo, en primer lugar de los fondos de jubilación, nacionales e internacionales), para recibir inmediatamente un tirón de orejas, y ser inmediatamente esclarecido de que el Banco Central (al que pertenece el Copom, Comité de Política Monetaria) no se reporta más a su ministerio, sino directamente al presidente. En la práctica, la conducción económica ha quedado bajo el control del presidente del BC, Henrique Meirelles, agente directo del gran capital financiero, ex presidente mundial del Bank of Boston, y diputado electo por el PSDB, el principal partido de oposición burguesa a Lula, partido que estuvo a punto de pedir el impeachment del presidente. El gobierno Lula acabó (el del PT ya había acabado hace mucho): la oposición tucano-pefelista (del PSDB y el PFL) comanda ahora el gobierno y la oposición.
En un ejercicio de política-ficción, la izquierda petista (la Articulación de Izquierda) atribuyó la caída de Palocci a una batalla «trabada y vencida por la ministra Dilma Roussef, con el apoyo de la dirección nacional petista y el discreto estímulo del propio presidente» [Dilma Roussef es la «progre» articuladora política del gobierno, «ministro-jefe de la Casa Civil», que sucedió al defenestrado José Dirceu]. O sea, una victoria imaginaria de la «izquierda», que anunciaría un segundo mandato (de Lula) «pos-neoliberal, democrático, popular y, quien sabe, socialista» (sic!) (Valter Pomar, Palocci caiu: o paloccismo cairá com ele?, 28/3/06).
Tras cartón de la caída de Palocci, la Petrobrás, que la Roussef (ex ministra de Minas y Energía) dejó bajo el cuidado de un «pollo» suyo, inició una guerra de presiones sobre Bolivia, contra cualquier amenaza de nacionalización o mayor tasación impositiva del gas por parte del gobierno de Evo Morales. Amenazó con suspender todas las inversiones de la «estatal» semi-privada brasileña en el Altiplano, hasta conseguir que Morales prometiera un «tratamiento diferente» para la Petrobrás. La izquierda petista no ve más allá de los límites de la Marginal Tietê (la Avenida General Paz de San Pablo).
El monumental vacío político no ha sido ocupado por la lucha de clases, debido a la desmovilización del movimiento obrero y popular provocada por el gobierno y, sobre todo, por sus aliados izquierdistas, dirigentes del movimiento sindical y campesino. El centro político se desplaza al campo electoral, a las elecciones generales (presidente, gobernadores, diputados y senadores) de octubre próximo.
Pero en ese campo se expresará toda la crisis. Al previsible crecimiento de la candidatura de la derecha (Geraldo Alckmin, del PSDB y gobernador de San Pablo, hombre del Opus Dei, nada menos, ladeado por los ex «progresistas» Fernando H. Cardoso y José Serra, este candidato al gobierno de San Pablo por el mismo partido) se suma la inevitable crisis, s7eguramente con nuevas escisiones o exclusiones, del PT, reducido a la inmovilidad y a un papel decorativo.
La derecha no está de viento en popa. La candidatura de Lula se mantiene encabezando las encuestas. Por eso juega a dos puntas: el Ministerio Público federal acusó a la cúpula del PT de formar «una sofisticada organización delictiva» que se especializaba en «desviar dinero público y comprar apoyo político». En un informe de 136 páginas, que fue enviado a la Corte Suprema junto con el pedido de procesamiento de 40 dirigentes petistas y «allegados», los procuradores afirman que la «red ilegal» tenía como objetivo garantizar la continuidad del PT en el poder.
El procurador general de la República, Antonio Fernando de Souza, quien firmó el documento, fue nombrado en ese cargo por el propio presidente Lula. Se afirma que el ex ministro José Dirceu era el «jefe del organigrama delictivo», y seria a principios de 2003 que se inició una «asociación ilegal» entre dirigentes del PT y entidades financieras. Toda la estructura montada por José Dirceu, el ex tesorero del PT Delúbio Soares, el ex presidente del PT José Genoino y su ex secretario general Silvio Pereira, tenía por objetivo «agenciar el apoyo de otros partidos políticos que permitieron integrar una amplia base oficialista capaz de sostener al gobierno federal». Pero el texto del procurador no ofrece las pruebas. El 8 de mayo se reunirá la Orden de Abogados del Brasil para analizar el impeachment de Lula, haciendo pender una espada de Damocles sobre el gobierno en el último año de mandato.
El juego pesado de la derecha indica que la crisis amenaza toda la estabilidad del régimen político, pudiendo transformarse en un factor que empuje hacia una intervención de las masas (algo que ya se avizora en la extrema combatividad de algunas luchas, como la de los profesores municipales de San Pablo, o de los estudiantes por el pase libre en los ómnibus -que se ha transformado en una lucha nacional- o en la movilización de sectores campesinos). Esto evidencia el crimen político de la izquierda (PT o no-PT) jugada a una perspectiva puramente electorera.
Por eso la crisis también campea en la izquierda excluida del PT. El PSTU lanzó la propuesta de un «frente de izquierda» (PSTU, PCB y, sobre todo, el recién legalizado PSOL), pero el propio PSOL ya se cortó solo con el lanzamiento de su candidatura presidencial (Heloísa Helena) y de candidaturas propias a los gobiernos de los principales estados (incluido San Pablo, con Plínio de Arruda Sampaio), esto sin haber definido todavía su programa. El propio PSOL es un acuerdo precario de tendencias de las más diversas, ya en crisis interna por los temas más diversos (su congreso fue postergado, y transformado en conferencia electoral por la dirección «partidaria», motivando protestas de buena parte de sus tendencias) y al que la cuestión de la candidatura a vice de Heloísa puede llevar a un estallido.
Ninguna tendencia de izquierda extra-PT planteó la cuestión elemental de la unidad electoral clasista, con candidaturas definidas por asambleas abiertas obreras y populares, o al menos con internas y candidaturas definidas a través del voto democrático de militantes de la izquierda y movimientos de luchadores. Se quedaron, en esto, inclusive atrás del propio PT. Es preciso una iniciativa enérgica, y un debate (nacional e internacional) que saque a la izquierda brasileña del marasmo electorero y oportunista. Porque la crisis brasileña es el fiel de la balanza del desarrollo político en América del Sur.