Vitalmiro Bastos de Moura quedó preso por encargar y financiar el asesinato de Dorothy Stang, en febrero de 2005. La misionera, de 73 años, defendía a trabajadores rurales que pretendían ocupar tierras que el hacendado reclama como propias. Un sicario la mató de seis balazos. Condenaron a 30 años de prisión al hacendado Vitalmiro Bastos […]
Vitalmiro Bastos de Moura quedó preso por encargar y financiar el asesinato de Dorothy Stang, en febrero de 2005. La misionera, de 73 años, defendía a trabajadores rurales que pretendían ocupar tierras que el hacendado reclama como propias. Un sicario la mató de seis balazos.
Condenaron a 30 años de prisión al hacendado Vitalmiro Bastos de Moura, acusado de ordenar y financiar el asesinato de la monja estadounidense Dorothy Stang, en febrero de 2005 en la Amazonia brasileña.
Al fijar la condena contra el terrateniente, quien está preso desde el año pasado y se declaró inocente durante el juicio, el jurado entendió como un agravante el hecho de que la víctima fuese de edad avanzada.
Stang tenía 73 años cuando fue asesinada en una emboscada en la remota localidad de Anapu, del norteño estado de Pará, donde apoyaba el asentamiento de unos campesinos sin tierra que pretendían ocupar un espacio que Bastos de Moura reclamaba como propio. Previamente, la religiosa que defendía esas causas desde hacía 20 años, había recibido numerosas amenazas de muerte.
La noche del 12 de febrero de 2005, Stang fue asaltada por dos hombres, que la mataron de seis balazos. Los dos pistoleros que ejecutaron el homicidio y otro hacendado que sirvió de intermediario ya fueron condenados.
En tanto, el ganadero Regivaldo Pereira Galvao, supuesto cómplice de Bastos Moura por la orden de asesinato, obtuvo la libertad condicional mientras espera su juicio, que aún no tiene fecha prevista.
El autor de los seis disparos, Rayfran das Neves Sales, fue condenado a 27 años de prisión tras reconocer el crimen. En tanto, su cómplice, Clodoaldo Carlos Batista, quien lo acompañó en el ataque, aunque desarmado, recibió una pena de 17 años.
El hacendado Amair Feijoli da Cunha, que admitió haber sido el intermediario del crimen y quien delató a los autores intelectuales, fue condenado a 18 años de prisión.
Según confesó después, los dos hacendados pagaron 50.000 reales -entonces unos 22.000 dólares- por la muerte de la misionera.
El caso ha tenido gran repercusión y ha movilizado a cientos de personas, entre ellos campesinos, indígenas y religiosos que trabajan en la Amazonia, que se han concentrado en la ciudad de Belén, capital de Pará y donde se ha celebrado el juicio.