La decisión del gobierno de José Serra (PSDB) y de la dirección del Tren Urbano del estado de San Pablo, en el sudeste brasileño, de despedir a 61 conductores por mal desempeño profesional creó un clima de «revuelta y terrorismo» entre los empleados de la empresa, de acuerdo con el sindicato del gremio. El director […]
La decisión del gobierno de José Serra (PSDB) y de la dirección del Tren Urbano del estado de San Pablo, en el sudeste brasileño, de despedir a 61 conductores por mal desempeño profesional creó un clima de «revuelta y terrorismo» entre los empleados de la empresa, de acuerdo con el sindicato del gremio. El director de Comunicación y Prensa del sindicato de los empleados del tren urbano, Manuel Xavier, afirmó que la justificativa para los despidos ofendió a los trabajadores y los dejó intranquilos para prestar sus servicios.
Para Manuel, los despidos anunciados el martes, día 7, después del fin de la huelga, tienen justificativa falsa y la decisión del gobierno presenta la nítida intención de atacar al derecho de huelga.
«Para nosotros está claro el proceso de retaliación por la realización del movimiento de huelga. Una postura que nosotros entendemos como cobarde. Porque son trabajadores con más de 15 años de actividad en el tren urbano, no poseen ningún registro de punición o de advertencia en sus fichas profesionales, son trabajadores extremamente competentes y solamente porque hicieron huelga o están de alguna forma conectados con la actividad sindical ellos fueron despedidos.»
Recientes pesquisas de opinión pública dan al tren urbano índices de aceptación en torno de 95%, delante de servicios públicos como el de bomberos, correos y Poupa Tempo – servicio que visa disminuir la burocracia y el tiempo necesarios para retirar algún tipo de documento personal.
Según Manuel, los conductores ya están recibiendo apoyo de decenas de entidades sindicales y una fuerte movilización social está preparándose para revertir los despidos. Manuel afirma que el gremio también está buscando apoyo en el Congreso Nacional y en la Asamblea Legislativa de San Pablo, donde debe crearse un frente parlamentario en defensa de los conductores del tren urbano.