Se espera que las presiones ejercidas sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que modifiquen la condicionalidad en materia de política que ligan a sus préstamos se intensifique a partir de una conferencia para discutir el tema que habrá de organizar el gobierno noruego. La conferencia a celebrarse en Oslo el 28 […]
Se espera que las presiones ejercidas sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que modifiquen la condicionalidad en materia de política que ligan a sus préstamos se intensifique a partir de una conferencia para discutir el tema que habrá de organizar el gobierno noruego. La conferencia a celebrarse en Oslo el 28 y 29 de noviembre reunirá a funcionarios de gobierno de países donantes, académicos, ONGs y organismos internacionales con la finalidad de revisar estas condicionalidades en materia de política y planificar acciones de seguimiento.
De acuerdo con las ONG participantes en la reunión, la Conferencia a celebrarse en Oslo los días 28 y 29 de noviembre podría marcar un «hito» en la forma en la que los gobiernos de algunos países desarrollados contemplan a estas condicionalidades y a los cambios que estarían solicitando se efectuaran por parte del Banco y el Fondo.
Mientras tanto, un estudio que el gobierno noruego solicitó llevar a cabo para la conferencia se mostró crítico acerca de cómo las instituciones de Bretton Woods continuaban presionando a los países prestatarios para que implementaran privatizaciones y liberalización comercial, a pesar del discurso en sentido contrario.
Una nota informativa sobre la conferencia a cargo del Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega afirma que «se está llevando a cabo un debate acerca de cómo debería aplicarse la condicionalidad, y qué debería incluir. Por ejemplo, tanto Noruega como el Reino Unido sostienen que el Banco Mundial no debería ligar sus préstamos a exigencias de privatización y liberalización».
La conferencia discutirá las actuales prácticas de condicionalidad; el grado en que la condicionalidad resulta necesaria y cómo debería formularse; el proceso que conduce a la condicionalidad; y la «apropiación de la condicionalidad relacionada con la privatización y la liberalización».
La reunión también buscará alcanzar un entendimiento común acerca de qué es lo que constituye una condicionalidad suficiente y necesaria así como elaborar una declaración conjunta sobre los desafíos pendientes relacionados con la condicionalidad.
La conferencia es convocada por el Ministro de Desarrollo Internacional de Noruega Erik Solheim. Entre los oradores se encuentran el Subsecretario de Estado británico para el Desarrollo Internacional Gareth Thomas, el ex Ministro de Finanzas de Uganda Gerald Ssendaula, altos funcionarios del Banco Mundial y FMI, y el director de políticas de Christian Aid Charles Abugre.
El Ministro de Finanzas noruego Kristin Halvorsen presidirá el 29 de noviembre una sesión a puertas cerradas acerca de las acciones de seguimiento para los representantes invitados de ministerios de países donantes. El objetivo de la sesión es «alcanzar un entendimiento común acerca de qué es lo que constituye una condicionalidad suficiente y necesaria y llegar a un acuerdo acerca de cómo dar seguimiento a las políticas y prácticas de las IFI».
La conferencia ha sido impulsada por la preocupación del gobierno noruego acerca de los efectos adversos de algunas de las condicionalidades del Fondo y el Banco, especialmente aquellas relacionadas con la privatización y la liberalización.
Esto tiene lugar en vista de la actual política del gobierno noruego – incluida en la Declaración Soria Moria sobre Política Internacional – de que la ayuda económica otorgada por Noruega no debería utilizarse para apoyar programas de financiamiento condicionados por reformas de privatización o liberalización a ser emprendidas por el gobierno cliente.
Esta preocupación constante se refleja en los hallazgos de un estudio solicitado por el gobierno para ser utilizado durante la conferencia. El estudio analizó el grado en el que el Banco y el Fondo continúan presionando a los gobiernos prestatarios para que privaticen o liberalicen a través de las condicionalidades crediticias.
Dicho estudio concluyó que la privatización y la liberalización comercial continúan destacándose de forma significativa en la condicionalid de los préstamos y el asesoramiento en materia de política tanto del Banco como del Fondo a pesar del discurso en el sentido contrario.
El informe titulado «The World Bank’s and the IMF’s use of Conditionality to Encourage Privatization and Liberalization: Current Issues and Practices» (que se traduciría como «El Uso de la Condicionalidad por parte de Banco Mundial y el FMI para Fomentar la Privatización y la Liberalización: Temas y Prácticas Actuales»), halló que las instituciones de Bretton Woods continúan expresando «fuertes preferencias en materia de política» a favor de la privatización y la liberalización comercial en los países en desarrollo si bien se han producido algunos cambios en las modalidades prescriptas a través de las cuales se implementan dichas reformas en los países prestatarios.
El estudio también reveló que se continúa constatando una ausencia notable de «espacio para políticas» en muchos de estos países en lo que refiere a la implementación de políticas económicas contrarias a las defendidas por el Banco y el Fondo a pesar del desplazamiento conceptual de las instituciones hacia la «apropiación» como principio rector de sus operaciones crediticias.
Una revisión llevada a cabo por el equipo de investigación contratado de 40 programas de la institución en el marco del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés) mostró que la privatización y la liberalización «continúan figurando como elementos importantes» en los préstamos PRGF, constatándose que 26 de los 40 programas incluían condiciones que «exigían ya sea privatización o liberalización», siendo más común la privatización. Una vez más, esto se da a pesar de la reciente revisión de lineamientos en materia de condicionalidad del FMI que propuso limitar el número de condiciones estructurales impuestas por la institución.
Según el estudio, 23 de los 40 programas estudiados incluían condicionalidades que exigían a los países la privatización de empresas estatales, mientras que otros 10 programas detallaban planes de privatización por parte del gobierno prestatario pero no los incluían explícitamente en los préstamos como condicionalidades en materia de política. En consecuencia, el informe llegó a la conclusión de que «en efecto en solo 7 de los 40 casos no figuraba la privatización como un elemento importante del PRGF».
La revisión también constató que se registraba un cambio de énfasis en las condicionalidades de política relacionadas con la privatización, encontrándose las condicionalidades cada vez más orientadas hacia el desarrollo de marcos reguladores e instituciones que faciliten el proceso de privatización en los países en desarrollo. Este viraje se hace particularmente notorio en las condiciones crediticias del Banco.
Este cambio es consistente con el tan anunciado viraje de las instituciones Bretton Woods de las «reformas de primera generación» – de «fijar correctamente los precios» – a las «reformas de segunda generación» – de «crear un marco institucional correcto», destacado en estudios anteriores sobre la condicionalidad del Banco y el Fondo.
En cuanto a la liberalización, el estudio halló que el Banco y el Fondo continúan siendo firmes defensores de la liberalización comercial, incluyendo la eliminación de tarifas, la desregulación de precios y la eliminación de subsidios en los diferentes sectores económicos.
El estudio concluyó que a pesar de la falta de evidencia empírica que demuestre la correlación entre la liberalización comercial y la reducción de la pobreza, la liberalización comercial continúa «siendo sobrevendida como una estrategia de reducción de la pobreza» por parte de las dos instituciones y que muchos programas del Banco y el Fondo continúan encontrándose orientados hacia «la facilitación de la liberalización comercial y la promoción de las exportaciones» sin un análisis claro de cuáles pueden ser los impactos sobre las economías nacionales y la pobreza.
Los hallazgos obtenidos de una revisión de políticas y prácticas del FMI también revelan que «el Fondo considera a la liberalización comercial como un objetivo en sí mismo y no como un punto sujeto a cada caso en un menú de políticas para el desarrollo» para el país prestatario.
Por lo tanto, el informe concluyó que las políticas del Banco Mundial y el FMI en el área de la privatización y la liberalización comercial continúan siendo particularmente problemáticas desde la perspectiva de la política de ayuda económica de Noruega dado que el uso de la condicionalidad, especialmente por parte del Fondo para aspirar a reformas en estas áreas, podría ser inconsistente con «las intenciones del gobierno noruego».
Además, el informe observa que al tiempo que hoy en día existe «un mayor sentido de apropiación nacional» en los programas crediticios, esta «apropiación» a menudo se encuentra circunscrita por varios factores, no siendo menos importante la cuestión de cómo se define y aplica – de tener esto lugar – el concepto de «apropiación» .
El estudio constató que la «apropiación» de las políticas económicas en el marco de los programas del Banco y el Fondo se halla debilitada por el restringido proceso participativo de los actores nacionales en el diseño de las políticas, aún cuando a todos los países estudiados se les exige realizar un proceso de base ampliamente participativa para elaborar un Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (PRSP, por sus siglas en inglés) como un prerrequisito para obtener financiamiento a través de los programas crediticios concesionales del Banco y el Fondo.
La «apropiación» también se halla debilitada por el uso extensivo de consultores extranjeros en el diseño de políticas económicas en los países en desarrollo, lo cual conduce a la falta de aportes a nivel local y a limitaciones en la capacidad local para desarrollar planes nacionales. Esta falta de «espacio para políticas» se encuentra exacerbada por la ausencia de análisis sobre las alternativas de política presentadas al gobierno en cuestión y allí donde ha habido opiniones divergentes en cuanto a la formulación de políticas nacionales, los funcionarios del Banco y el Fondo han «utilizado estas diferencias estratégicamente para promover su propia visión».
También existe preocupación, subrayada por el informe, acerca de la contracción del espacio para políticas derivada de una mayor coordinación entre donantes. Al tiempo que se observa que la armonización constituye un paso positivo en las relaciones de ayuda, esto puede llegar a representar un «arma de doble filo para los países prestatarios». Los estudios de caso de cuatro países analizados en el informe – Bangladesh, Mozambique, Uganda y Zambia – revelaron que los responsables de formular políticas en los países en desarrollo expresan preocupación con respecto a que los donantes puedan «confabularse» contra los gobiernos como resultado de una mayor coordinación en materia de políticas de donaciones de ayuda, dejando a los gobiernos clientes con un espacio aún menor para sus políticas.
El informe y la conferencia llegan en un momento en que algunos gobiernos europeos están comenzando a repensar sus políticas de ayuda económica, tal como su enfoque frente a la condicionalidad, especialmente en lo referente a la asociación de las reformas en materia de privatización y liberalización comercial con el financiamiento para el desarrollo.
El año pasado, el gobierno del Reino Unido había anunciado que ya no condicionaría su ayuda bilateral a la adopción por parte de los países de medidas para privatizar o liberalizar, al tiempo que este año su Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) anunció que estaba reteniendo 50 millones de libras esterlinas de su financiamiento al Banco Mundial en vistas de que el gobierno británico no estaba satisfecho con los avances efectuados por la institución en lo referente a ligar reformas de política económica a su actividad crediticia.
El gobierno noruego no solo ha expresado opiniones similares acerca de la condicionalidad sino que también manifestó un mayor apoyo a los países en desarrollo en la arquitectura de la ayuda internacional, incluyendo la defensa de un alivio de deuda más ágil y más intenso y la cancelación de la «deuda ilegítima» así como a favor de una contabilización más progresista de la ayuda, incluyendo el desacoplamiento de la «ayuda militar» de la asistencia oficial para el desarrollo.
El gobierno también ha exhortado a una mayor democratización del Banco y el Fondo, incluyendo el «asegurar que el derecho a voto no se encuentre exclusivamente ligado a los aportes de capital».
Noruega también propuso recientemente la cancelación de US$80 millones adeudados por cinco países en desarrollo en reconocimiento al hecho de que la deuda se había generado de forma irresponsable y sin prestar la debida consideración a las necesidades de desarrollo de los países beneficiarios.