Siguen las malas noticias para la mayoría de los brasileños. Michel Temer sigue de excursiones por el mundo, buscando inversiones. Y en Diputados hubo una primera votación a una enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años.
Como las cosas le van mal dentro de casa, el «usurpador» viene cumpliendo una abigarrada agenda internacional. En el G-20 tuvo reuniones bilaterales con el anfitrión Xi Jinping, el tambaleante español Mariano Rajoy, el príncipe Mohammad bin Salman de Arabia Saudita, el premier italiano Matteo Renzi y el japonés Shinzo Abe.
A esos interlocutores, en un estilo muy parecido al de su colega Mauricio Macri, les presentó proyectos de emprendimientos extranjeros por un monto de 90.000 millones de dólares. Ya se verá cuál fue la moneda de cambio que prometió a esos inversionistas.
Temer voló a la 71 Asamblea General de la ONU, en los primeros días de octubre. Al hablar se ausentaron de la sala los representantes de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, como señal de protesta.
Y antes de eso estuvo en Olivos con Macri, ambos en fina sintonía del ajuste, el achicamiento del Estado y el reamigamiento con los organismos financieros internacionales. En todo caso, si hubo algún matiz, Temer quedó a la derecha de su colega del PRO, lo que es mucho decir. Fue en el tópico de la negociación con otros centros de poder mundial: Brasilia quiere que cada socio del Mercosur negocie con autonomía. El rioplatense, quizás por su menor calado, es partidario de que lo haga el Mercosur. A Venezuela ambos le desconocieron su presidencia pro-témpore del Mercosur y terminaron dándole un golpe (¿qué les hace una mancha más a estos tigres?), con una presidencia compartida de los otros cuatro socios.
Y ahora, a mediados de octubre, el brasileño irá a la India, a la VII Cumbre de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). En el estado indio de Goa va a suscribir la Declaración Final y memorandos de entendimiento en cooperación ambiental, investigaciones agrícolas y de autoridades aduaneras. También allí su clave estará en los encuentros con el Consejo Empresarial del Brics y el presidente del Nuevo Banco de Desarrollo, K.V. Kamath. Otra vez pedirá inversiones y ofrecerá pingües ganancias en Brasil.
Situación apretada
Esos desesperados pedidos de inversión tienen que ver con que Brasil vive su segundo año de caída económica, y antes aún, cuando gobernaba Rousseff, aunque eso no lo exima al entonces vicepresidente Temer.
Ahora la recesión es más acentuada y el PBI tendrá este año una caída del 3,2 por ciento, un registro negativo que se reiteraría en 2017. El desempleo se empinó hasta el 11 por ciento, englobando a 12 millones de personas. Y allí aparece el carácter perverso del gobierno brasileño, que aprovecha esa crisis para fundamentar su ajuste que supuestamente iría a mejorar esos desastres. En referencia al 11 por ciento de desocupación, Temer -como su amigo Macri- lo explica por la «pesada herencia», aunque el brasileño tiene el inconveniente de haber sido vicepresidente en dos mandatos de Dilma. El actual ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, promueve un brutal ajuste en línea con las recetas fondomonetaristas; él también fue titular del Banco Central en tiempos de Lula.
Meirelles es el impulsor de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 241) por la cual el Estado congelará el gasto público por veinte años. El 10 de octubre hubo un primer voto favorable en la Cámara de Diputados, con 366 legisladores que le dieron luz verde y apenas 111, el PT y sus aliados, en contra. Por la afectación constitucional, esa norma debe ir a una segunda consulta y voto en la cámara, que será el 24 de octubre, y luego, en caso de ser aprobada, será girada al Senado para que también la analice en dos sesiones.
Salida fondomonetarista
Por la correlación de fuerzas evidenciada en Diputados, donde superó la marca requerida de las tres quintas partes, Temer-Meirelles saldrían airosos, a pesar de la extrema gravedad de lo que está en juego.
El gasto en salud, educación y programas sociales será congelado por veinte años. Esto en primer término quiere decir que un presidente no electo como tal le impondrá a cinco venideros, que deberían surgir de las urnas, un chaleco de fuerza de acero imposible de estirar.
La única actualización de ese gasto sería por la inflación del año precedente. Nada más. Ni siquiera se prevé ajustar al alza según el crecimiento de la población en un país de 205 millones de habitantes: el mero aumento vegetativo determinará menos inversión social.
Por el achicamiento presupuestario en educación, ya hay 197 colegios tomados según la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios. Resisten los recortes y la eliminación de materias obligatorias de Artes, Educación Física, Sociología y Filosofía.
Meirelles estaba en Nueva York reunido con inversores del Bank of America y tuvo un orgasmo con esa votación de la PEC 241. «Es una excelente noticia para el país. Y estamos presentándola a la comunidad internacional. Brasil prosigue en el ajuste de las cuentas públicas», declaró a los medios.
Allí se transparentó cuál es la oferta con que el actual gobierno tienta a los inversores externos. Les dice, vengan e inviertan en el país, porque el Estado por veinte años contendrá el gasto público. Ese ahorro favorecerá vuestros negocios, tomando créditos, premiando exportaciones, subsidiando inversiones y haciendo obras de infraestructura que sus empresas aprovecharán.
La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, felicitó desde Washington la Enmienda porque «refuerza la credibilidad en las políticas macroeconómicas».
Las críticas vinieron de Lula, Dilma y legisladores que en Diputados denunciaron lo que se estaba votando. La meta para el presupuesto de 2017 era que el gasto social aumentara hasta 15 por ciento del mismo. En los próximos diez años bajará al 4 y en el siguiente turno al 3, estimándose que ese recorte provocará en 2025 la pobreza de 41 millones de brasileños.
Pre-sal para extranjeras
Aquel congelamiento tendrá consecuencias muy negativas en salud. En 20 años, traerá para este sector pérdidas estimadas en 743.000 millones de reales (228.000 millones de dólares), de acuerdo con el Instituto de Investigación Económica Aplicada, entidad ligada al Ministerio de Planificación, señaló la periodista Claudia Collucci. Y eso que el mayor país latinoamericano es de los que menos gasta per cápita en salud: 591 dólares, la mitad del gasto argentino.
Cuando Temer estaba en Nueva York en la ONU se produjo en Brasilia otra novedad que pinta la orientación pro monopolista de su administración. La Cámara de Diputados aprobó por 292 votos a 101 poner fin a la exclusividad de la estatal Petrobras como operadora de la llamada capa de pre-sal, la mayor reserva petrolera. Las reservas allí se estiman en 176.000 millones de barriles de petróleo y durante los años petistas se reservó a Petrobras la responsabilidad principal de su explotación y con una participación obligatoria de al menos el 30 por ciento en todos esos emprendimientos. Los beneficios iban a engordar presupuestos sociales, entre los que descolló el Bolsa Familia, al margen que de las operaciones de la estatal petrolera también salieron fondos millonarios para la corrupción política de un amplio espectro y no sólo del PT como presenta las cosas la red O Globo.
El diputado del Partido de los Trabajadores, Henrique Fontana, llamó entreguista a los legisladores que apoyaron esa ley. «Quienes invirtieron millones de reales en el desarrollo de la tecnología para descubrir estas riquezas fueron los brasileños y ahora que el filete mignon está servido, ustedes quieren llamar a las multinacionales», les dijo. Su colega del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Iván Valente, también rechazó esa concesión. «Estamos en un proceso de privatización acelerada porque la creencia es que necesitamos agradar al mercado internacional», denunció.
Todos los opositores apuntaron contra el canciller José Serra, pues el proyecto privatizador era suyo de su tiempo como senador, antes del golpe institucional culminado el 31 de agosto. Por eso, igual que el presidente Temer, se reunió con los directivos de Chevron y otras multinacionales, prometiendo lo que ahora puede ser una realidad: la entrega petrolera en beneficio de monopolios y EE.UU. Y con esa pérdida de soberanía energética -otra similitud con Macri- se recortarán los ingresos fiscales del Fondo Social Soberano.
Para allanar el camino político de la entrega, el Ministerio Público presentó el 10 de octubre nuevos cargos contra Lula da Silva y otras 10 personas, por presunta corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. Con este ya carga cuatro procesos en su contra. Cualquier parecido con lo que hacen en Argentina contra CFK no es mera coincidencia.