En este artículo el autor analiza el clima de violencia promovido por el presidente Bolsonaro y la deriva antidemocrática de las FFAA.
El comportamiento de los líderes de las Fuerzas Armadas de Brasil no es el que se espera de mandos profesionales, legalistas y leales a la Constitución. Los comandantes militares lo saben. También saben perfectamente lo que hacen, pero peligrosamente siguen alejándose de la legalidad y la institucionalidad.
No son solo los sectores democráticos brasileños los que vienen advirtiendo sobre la postura antiprofesional y conspirativa de los jefes militares que, al interferir en la política, actúan como milicias en uniforme. El mundo entero también se ha dado cuenta de que amenazan la democracia, intimidan a las instituciones civiles y planean replicar en Brasil un proceso similar al ocurrido el 6 de enero de 2021 en EEUU, la invasión del Capitolio.
Con una trágica diferencia: mientras en EEUU las Fuerzas Armadas no avalaron la embestida criminal de la manada de Donald Trump, en Brasil los mandos militares no solo quieren sino que alientan la agitación y acción de hordas armadas que tenían enormes facilidades para adquirir arsenal de guerra debido a la flexibilización, por parte del Ejército, de las normas de portación y tenencia de armas y municiones.
En un escenario de caos planificado combinado con la omisión de la policía militar, las Fuerzas Armadas deberán pretextar un operativo de Garantía de Orden Público para cerrar el régimen.
Es muy claro que el argumento de la “cooperación técnica con el Tribunal Supremo Electoral (TSE)” es un mero disimulo retórico. Detrás de este discurso oportunista se esconde el plan para sabotear las elecciones, provocar el caos institucional y promover un escenario de violencia brutal.
La absurda e irrazonable invitación del TSE a militares para integrar la Comisión de Transparencia Electoral fue hipócritamente utilizada por éstos para legitimar la injerencia indebida en el proceso electoral. Era la brecha que planeaban. Y ganaron de calle.
El activismo político y la amenaza a las instituciones por parte de los militares vienen de lejos; desde mucho antes del famoso tuit del general Eduardo Villas Bôas del 3 de abril de 2018, que fue concebido colectivamente por el Alto Mando del Ejército, actuando como una especie de “comité central”.
En 2015/2016, Villas Bôas y (Sérgio Westphalen) Etchegoyen, generales que comandaban respectivamente el Ejército y el Estado Mayor General del Ejército, conspiraron con el usurpador Michel Temer para derrocar a la presidenta Dilma Rouseff. Y antes, el 29 de noviembre de 2014, los comandos patrocinaron el lanzamiento de la candidatura de Bolsonaro para las elecciones de 2018 en el patio de la Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
Los comandantes militares saben que están lanzando al país a una espiral incontrolada de violencia y asesinatos de opositores por parte de bolsonaristas enloquecidos y armados. Al igual que Jair Bolsonaro, son los responsables directos del bandolerismo político que se apodera del país.
Los signos graves del descontrol están en el aire. En los últimos días, extremistas partidarios del gobierno militar, indignados por la retórica oficial de odio, violencia e intolerancia, acosaron al juez que ordenó la detención del ex ministro Milton Ribeiro, bombardearon el mitin del ex presidente Lula da Silva en Río y asesinaron al líder del Partido de los Trabajadores (PT) de Foz do Iguazú, Marcelo Arruda.
Estos actos, a pesar de ser terroristas, son minimizados, naturalizados e incluso banalizados. Empiezan a configurar una nueva normalidad política e institucional de un país progresivamente dominado por pistolas políticas –oficiales y paraestatales-.
Un magistrado del Supremo Tribunal Federal “dijo en privado que el caso [el asesinato del dirigente del PT] es preocupante, pero defendió que hay que mantener la calma y esperar los resultados de las investigaciones”, señaló Folha de Sao Paulo.
Además de Bolsonaro, los generales y los líderes partidarios de las Fuerzas Armadas, el Congreso, la Fiscalía General y el STF también deben ser acusados y responsabilizados por esta trágica realidad en Brasil.
Sea cual sea el motivo: ya sea por tibieza, cobardía o miedo; si por venalidad y corrupción; o si por colaboración con el fascismo, el hecho concreto es que el Congreso, la Procuraduría General de la República y el STF se están inhibiendo frente a los numerosos delitos de responsabilidad y delitos comunes cometidos por Bolsonaro y los militares.
Y, al incumplir con sus obligaciones constitucionales, estas instituciones son cuando menos cómplices; eso si no son igualmente culpables de la tragedia.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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