A menos de tres meses de iniciarse el evento futbolístico más importante del mundo, persisten masivas movilizaciones en todo el país. Desde junio del 2013, miles de personas han marchado por las ciudades de Brasil demandando mejoras en el transporte público, salud y educación y en contra del excesivo gasto público destinado a la Copa […]
A menos de tres meses de iniciarse el evento futbolístico más importante del mundo, persisten masivas movilizaciones en todo el país.
Desde junio del 2013, miles de personas han marchado por las ciudades de Brasil demandando mejoras en el transporte público, salud y educación y en contra del excesivo gasto público destinado a la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, que se llevará a cabo del 12 de junio al 13 de julio.
Las primeras protestas se iniciaron en São Paulo contra el aumento de los precios del transporte público determinado en mayo del año pasado por el gobierno de la ciudad. A partir de entonces, millones de personas salieron a las calles en todo el país reclamando mejoras en los servicios públicos de salud, educación y transporte y en contra del monto aprobado para el mundial de fútbol, calculado en US$14 millardos, dirigido al mejoramiento de estadios y aeropuertos.
La represión policial y la respuesta violenta de los manifestantes han dejado una decena de muertos y numerosos heridos desde que se iniciaron las protestas hace nueve meses, de acuerdo con el Centro de Medios Independientes. El camarógrafo Santiago Ilídio Andrade, de la Rede Bandeirantes, falleció el 10 febrero mientras cubría las protestas al caerle en la cabeza un petardo lanzado al parecer por un manifestante contra la policía.
La violencia callejera ha llevado a que las autoridades políticas demanden «mano dura» contra los manifestantes, incluyendo castigos por supuestos actos terroristas, así como la prohibición de llevar máscaras en las movilizaciones.
Ley antiterrorista Tras la muerte de Andrade, el abogado Pedro Abramovay, quien colaboró con el gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), envió una carta pública dirigida al senador oficialista Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores, criticando el proyecto de ley que este presentó en noviembre pasado en el que tipifica el delito de terrorismo y establece elevadas penas de cárcel para quienes desarrollen actividades definidas como terroristas.
Para Abramovay, la iniciativa «no traerá ningún beneficio concreto para la población brasileña y puede generar enormes prejuicios para nuestra democracia».
«Definiciones de terrorismo tan amplias con penas de cárcel tan altas como las que vemos en el proyecto a punto de ser sometido a votación por el Senado no combaten el terrorismo de forma eficiente. Pero son muy útiles para perseguir a opositores políticos», afirmó Abramovay.
«Brasil se resistió a la onda de flexibilización de los derechos impuesta por una agenda externa -y política- de combate al terrorismo. El riesgo que tenemos ahora es que Brasil inaugure una nueva era, que para hacer frente a un nuevo tipo de protesta, que aparece de forma similar en todo el mundo, la solución sea seguir el camino trillado de la guerra contra el terror», agregó.
Abramovay alertó a Vianna de que la ley no es disuasiva al señalar que «aprobar la penalización del terrorismo en Brasil no traerá más seguridad. Nadie dejará de cometer actos terroristas en función de la legislación».
La presidenta Dilma Rousseff, quien a pesar de las protestas mantiene su popularidad en 55%, de acuerdo con la encuestadora Ibope, tentará la reelección en los comicios del 5 de octubre. Un sondeo de Ibope publicado el 20 de marzo coloca a la mandataria en el primer lugar de intención de voto con 23%, pero en una segunda vuelta ganaría sin problemas a cualquiera de las otras candidaturas.