Los controles del poder político del Estado, de preferencia cuando se actúa según las ansias de la mayoría de la población de un país, son extremadamente necesarios. Esa idea tiene validad aún mayor en el campo de la economía. La mano visible del Estado debe actuar sobre la supuesta mano invisible del Mercado. La […]
Los controles del poder político del Estado, de preferencia cuando se actúa según las ansias de la mayoría de la población de un país, son extremadamente necesarios. Esa idea tiene validad aún mayor en el campo de la economía. La mano visible del Estado debe actuar sobre la supuesta mano invisible del Mercado.
La historia económica de todos los países actualmente considerados desarrollados demuestra que ninguno de ellos abrió mano de aplicar políticas públicas, planificaciones e intervenciones contundentes en los mercados. La supuesta libertad y la «libre competencia», bello discurso inglés, fueron enterrados al final del siglo XIX, cuando surgieron las grandes corporaciones y los conglomerados empresariales, financiados y protegidos por los Estados nacionales fuertes.
Dentro de cada país, la lógica se repite. O hay intervención estatal o prevalecen los cárteles y los trusts, formas distintas del mismo problema que son los monopolios privados. Los sistemas económicos nacionales de los países subdesarrollados, caso de casi todas las naciones sudamericanas, se encuentran rehenes de poderosos grupos económicos. Propietarios de las principales tierras, de la minería, del petróleo, de las industrias transformadoras, de las redes de distribución y almacenaje, del sistema financiero y, aún, de los medios de comunicación.
Estos últimos se encargan del servicio de manipulación y convencimiento de la opinión pública de que todo va bien o que nada puede ser hecho para cambiar la realidad. Esta breve introducción sirve como elemento para una posible interpretación de los objetivos de las actuales medidas de algunos gobiernos de América del Sur. Hay mucha preocupación con relación al aumento de la intervención, la planificación y la acción estatal. Reaccionan los grandes empresarios, los latifundistas, los banqueros y los monopolios de la producción y las comunicaciones. A nombre de la libertad, quieren seguir exportando lo que sea e importando lo que desean con dólares baratos.
El combate se concentra entorno de aquellas medidas gubernamentales que amplían el poder público sobre la concentración de la riqueza por pocos privados. La búsqueda del mantenimiento de privilegios es la raíz de la resistencia a las políticas de nacionalización, ampliación de la renta de los trabajadores y control estatal sobre las divisas y el comercio exterior. Los grupos conservadores -sobre todo la oligarquía, el sector exportador de bienes primarios, los bancos y los grandes medios de comunicación- son responsables por manejar tres variables: la «corrupción», la «violencia» y la «inflación». Pero los medios de comunicación hegemónicos tratan de poner la factura en la cuenta de los gobiernos «autoritarios» y «populistas».
Esa discusión es mejor trabajada en nuestro texto sobre la «ICIA», la sigla de «inflación», «corrupción», «inseguridad» y «autoritarismo». Se trata del cuadrilátero oligárquico, reaccionario e incluso fascista, que orienta los discursos y las acciones de una parcela de las oposiciones de América Latina.
* Economista, Doctorando en Economía Política Internacional y Profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA)
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