Desde que en 2011 la troika sometiera la población griega a la disciplina de la austeridad del primer rescate, las economías europeas han ido elevando las políticas de austeridad a rango de ley. Recordemos que estas políticas son un viejo proyecto de las élites globales que viajaron desde África y América Latina en los años […]
Desde que en 2011 la troika sometiera la población griega a la disciplina de la austeridad del primer rescate, las economías europeas han ido elevando las políticas de austeridad a rango de ley. Recordemos que estas políticas son un viejo proyecto de las élites globales que viajaron desde África y América Latina en los años ochenta y noventa hasta el corazón de la Europa capitalista: primero a través del Tratado de Maastricht de 1992 y luego, de forma mucho más palpable para las mayorías sociales europeas, tras la crisis financiera de 2007. A lo largo de la larguísima crisis europea, los poderes financieros globales utilizaron la extorsión a través de altísimos tipos de interés para poner de rodillas a estados, gobiernos y administraciones públicas; dejando una estela de pagos pendientes a futuro que apuntaban a la sumisión permanente del poder político al poder financiero. Los rescates no fueron sino la fase más agónica de esta lógica de sumisión de las economías y las sociedades europeas al poder de las finanzas mediante la prioridad absoluta del pago de la deuda .
Las políticas de austeridad no son sino la aserción en términos políticos y legales del poder de las finanzas sobre el de las poblaciones sobre las que, en principio, descansa el poder democrático. Son un golpe de estado permanente del capital sobre la democracia. La deuda , propiedad de los grandes grupos financieros, es el instrumento utilizado para este dominio. El blindaje legal del pago prioritario de la deuda obliga a los estados y a las administraciones públicas en general a poner en segundo plano el gasto productivo o social que beneficia a las mayorías sociales. El blindaje del pago de la deuda obliga a las administraciones públicas a, primero, recortar en cualquier tipo de gasto que no sea el servicio de la deuda y sus desorbitados intereses y, luego, a privatizar o externalizar los mismos servicios públicos que el pago de la deuda ha convertido en inviables.
En el caso español, a pesar de que el Partido Popular no se cansa de cacarear que en España no ha habido rescate, nuestro blindaje del pago de la deuda fue la modificación del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, votado por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del «país real» en ese momento posterior al 15M. Este artículo, un auténtico atentado contra la democracia, quedó redactado al dictado de Alemania, de tal manera que no sólo elevaba el pago de la deuda a rango constitucional, sino que establecía una suerte de intervención permanente de comunidades autónomas y ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, para que este precepto de pago de la deuda, con sus recortes y privatizaciones asociados, fuera inamovible. Todo esto en un país que acababa de decir: «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros».
La regla de gasto tal y como la interpretó el ministro Montoro es posiblemente una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el de por sí irracional e injusto universo económico de la austeridad. Se trata de una norma anticíclica. Es decir, que funciona en sentido contrario a la tendencia económica general, pero que sólo produce efectos depresores del crecimiento a escala local cuando este es positivo. Cuanto más crecen los ingresos de una administración local y cuanto más alto es el superávit en las cuentas, más dinero de reserva para pago de la deuda retiene el Ministerio de Hacienda. Todo ello se calcula en relación a un modelo económico, ideológico como son todos los modelos econométricos, que calcula algo llamado el « PIB potencial». Modelo este impuesto unilateralmente por la Comisión Europea. Aunque, y esto es importante, a diferencia de la lectura que Montoro hace de la regla de gasto, en el resto de países europeos no hay un procedimiento sancionador para los ayuntamientos y regiones que incumplan la regla de gasto, esta no deja de ser un indicador y una recomendación.
Este giro ultradisciplinario de Montoro no era baladí: lo exigía Alemania para que el entonces tambaleante gobierno del PP se pudiera beneficiar de las políticas expansivas del Banco Central Europeo, que en última instancia son las responsables de las victorias electorales del Partido Popular en el último año. En la práctica, esto significa que ningún ayuntamiento o comunidad autónoma, en una situación de estancamiento económico y de efectos todavía muy dolorosos de la crisis para una mayoría de la población, puede realizar políticas económicas expansivas. El bienestar de las mayorías sociales, una vez más, sacrificado en el altar de las finanzas y de los intereses partidistas del Partido Popular.
En este marco, la gestión de Carlos Sánchez Mato al frente del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha sido difícilmente mejorable. Se encontró con una herencia de despilfarro y deuda difícilmente equiparable a la de ninguna otra ciudad europea, cuyo último capítulo ha sido la aparición de contratos SWAP en las colocaciones de deuda del ayuntamiento de Gallardón, algo parecido a las cláusulas suelo de las hipotecas, productos financieros en los que la banca siempre gana. Pues bien, en una de las ciudades más endeudadas de Europa, Sánchez Mato siempre ha sido fiel al espíritu del programa de Ahora Madrid, pidiendo y promoviendo auditorías de la deuda municipal y rechazando las cadenas inasumibles de la regla de gasto de Montoro, en un ayuntamiento que es casi una ciudad-estado y que simplemente no puede poner las demandas democráticas de su ciudadanía y sus clases populares bajo el yugo de los caprichos políticos de Montoro.
Pero la posición del área de Economía y Hacienda no sólo ha sido fuerte en lo político, sino que en los aspectos técnicos de la ejecución del presupuesto municipal, ha sido irreprochable. En dos ejercicios, el área de Economía y Hacienda ha cuadrado unas cuentas con superávit de 1.020 millones de Euros en 2016, más inversión social y productiva, y sí, también, amortización de deuda, algo más de 1.700 millones desde que Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento. Algo con lo que la gran mayoría de las ciudades gobernadas por el Partido Socialista y el Partido Popular que apoyaron la ley de gasto apenas pueden soñar. Pero Madrid no es una ciudad gobernada por el Partido Popular, ni por el Partido Socialista. El programa de Ahora Madrid que ganó las elecciones y que tan bien ha sabido interpretar el Área de Economía y Hacienda mantiene un rechazo claro a las políticas de austeridad y su especificación en las administraciones locales: la regla de gasto. Y no está sólo en este rechazo: son miles ya los ayuntamientos que se han sumado al rechazo a esta intervención disciplinaria de sus cuentas, y hasta la Junta de Castilla y León, controlado por el PP, ha pedido que se retire esta nefasta regla.
En este contexto, llega el ataque político del 6 de abril al Ayuntamiento de Madrid. Cristóbal Montoro reclama la retirada de más de doscientos millones del presupuesto de gasto del Ayuntamiento de Madrid apelando a la regla de gasto. Desde luego, este ataque es parte de una norma depresiva, económica y anímicamente, como es la regla de gasto que castiga, precisamente, a aquellas entidades locales que más crecen. Pero también es parte de una operación política punitiva para golpear a quienes demuestran con hechos que es posible una racionalidad económica y presupuestaria diferente, más eficiente y más justa.
La defensa del rechazo de la regla de gasto en el Ayuntamiento de Madrid apela al centro de los valores y las posiciones políticas de un ciclo político que se inició el 15M y que se ha traducido en los llamados «ayuntamientos del cambio». Y en esa misma medida debe producir una fuerte contestación federada y en bloque al ataque de Montoro. Esta contestación sólo puede encontrarse con obstáculos «internos» en el seno del ayuntamiento de aquellos que creen que la legalidad tramposa del PP debe ser acatada sin mayores estridencias. Esperemos que en esta decisiva ocasión, en la que nos jugamos ese combate entre finanzas y democracia por el que llevamos tanto peleando, tanto la alcaldesa Manuela Carmena como su entorno más inmediato, entiendan cuales son las demandas democráticas que les han puesto ahí y apoyen sin fisuras la postura de Carlos Sánchez Mato.
Isidro López y Raúl Camargo son diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid.