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Contra las instituciones financieras multilaterales

Fuentes: Adital

Este llamado es dirigido a todas las organizaciones populares, movimientos sociales, movimientos de trabajadores, movimientos de mujeres, grupos campesinos, pueblos originarios, grupos religiosos y culturales, organizaciones comunitarias, ONGs, fuerzas políticas, y a todo los ciudadanos interesados del mundo. Las acciones previstas identificarán temas y articularán exigencias que reflejen los impactos específicos de estas instituciones sobre […]

Este llamado es dirigido a todas las organizaciones populares, movimientos sociales, movimientos de trabajadores, movimientos de mujeres, grupos campesinos, pueblos originarios, grupos religiosos y culturales, organizaciones comunitarias, ONGs, fuerzas políticas, y a todo los ciudadanos interesados del mundo.

Las acciones previstas identificarán temas y articularán exigencias que reflejen los impactos específicos de estas instituciones sobre cada uno de los países, pero también se unirán sobre las siguientes exigencias globales: anular inmediatamente el 100% de las deudas multilaterales, como parte de la anulación total de las deudas reclamadas al Sur, sin la imposición de condicionalidades externas; realizar auditorias externas abiertas, transparentes y participativas de las operaciones de préstamos y las políticas relacionadas con ellas de las Instituciones Financieras Internacionales, comenzando por el Banco Mundial y el FMI; y poner fin a la imposición de condiciones y la promoción de políticas y proyectos neoliberales.

Organizaciones sociales de todo el mundo realizarán del 14 al 20 de septiembre del 2006 acciones globales contra las instituciones financieras multilaterales. En 2006, las entidades se comprometen a intensificar las luchas contra estas instituciones y elevar el nivel de coordinación internacional y acciones concertadas. Se comprometen especialmente a organizar diversas formas de movilización y acción directa en muchos países de todo el planeta durante la semana de las reuniones anuales del FMI (Fondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial, del 14 al 20 de septiembre del 2006. Esto incluirá varias actividades y acciones en las cercanías de sus reuniones anuales en Singapur.

La Secretaría Regional del Jubileo Sur/Américas informa que durante más de 60 años, el FMI y el BM junto a los bancos regionales de desarrollo y agencias de crédito para las exportaciones aliados, han utilizado el capital financiero internacional para ejercer el control y reestructurar las sociedades del sur a fin de servir a los intereses de las corporaciones privadas globales y a la agenda económica y geopolítica de las pocas naciones poderosas que controlan estas instituciones.

Los efectos resultantes sobre las vidas de los pueblos, sobre las comunidades, sobre el medioambiente y sobre las estructuras tanto económicas como políticas en el Sur han sido profundos, y a través de los años han generado numerosas luchas de resistencia contra estas instituciones. A pesar de evidencias bien documentadas e innumerables testimonios de la destrucción, el desplazamiento y el desposeimiento que han causado sus políticas y operaciones, estas instituciones insisten en legitimar su papel. En años recientes se han declarado a sí mismas campeonas de la «reducción de la pobreza» y del «buen gobierno».

Para las acciones de septiembre del 2006 las organizaciones sociales exigen todavía que: en este 50° aniversario de la Corporación Financiera Internacional (CFI), que las IFIs pongan fin a la promoción de privatizaciones de los servicios públicos y al uso de recursos públicos para apoyar las ganancias privadas; detener el financiamiento y colaboración de las IFIs en proyectos destructivos del medioambiente, empezando por las grandes represas, el petróleo, el gas y la minería, e implementar las principales recomendaciones del Examen de Industrias Extractivas (EIR); y Poner fin inmediatamente a la imposición de condiciones que exacerban las crisis sanitarias como la pandemia de Sida y hacer restituciones por prácticas pasadas tales como la exigencia de pago de cuotas a los usuarios de la educación pública y los servicios públicos de salud.