En los años ´90 Argentina fue el mejor alumno del FMI y el Banco Mundial, pagando la deuda externa con ‘cash’ y las empresas públicas. Nada se salvó del vendaval privatizador pues éste abarcó desde el petróleo hasta la siderurgia, pasando por los bancos, la electricidad y hasta las jubilaciones. ‘Nada de lo que deba […]
En los años ´90 Argentina fue el mejor alumno del FMI y el Banco Mundial, pagando la deuda externa con ‘cash’ y las empresas públicas. Nada se salvó del vendaval privatizador pues éste abarcó desde el petróleo hasta la siderurgia, pasando por los bancos, la electricidad y hasta las jubilaciones. ‘Nada de lo que deba ser estatal será estatal’ dijo desde el subconsciente uno de los arquitectos de esa obra del terror, Roberto Dromi. La pesadilla no terminó. Los gobiernos posteriores a Carlos Menem prorrogaron esos contratos y a lo sumo, como Néstor Kirchner, los renegociaron. ¿Para cuándo recuperar lo nuestro?
El festín
Una treintena de multinacionales litigan en el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones) contra el Estado argentino. La suma de esas demandas alcanza a 17 mil millones de dólares. Esa pretensión resarcitoria se origina en los perjuicios que esas firmas habrían sufrido en 2002 con la devaluación y pesificación de tarifas.
Sin embargo esas compañías habían ganado fortunas con anterioridad e incluso desde 2003 en adelante lograron recomponer sus ganancias. La principal litigante ante el tribunal arbitral en Washington es Telefónica de Argentina, que reclama 2.834 millones de dólares. Se trata de una demanda injustificada a todas luces pues esta firma ganó entre 1991 y 2001 un millón de dólares diarios. Luego del remezón de crisis que las mismas multinacionales y bancos provocaron en nuestro país, la telefónica española reanudó sus balances con buenos números: en 2003 tuvo una ganancia neta de 405 millones de pesos. En 2004 informó de una pérdida de rentabilidad que no puede haber sido operativa sino de otra índole, aunque no dio explicaciones. El mejoramiento parcial de la economía doméstica impulsó las mayores ventas de equipos, servicios de telecomunicaciones y el ‘boom’ de los celulares.
Ese festín de las privatizadas tuvo como protagonista de siempre a Repsol, ahora con conductor nuevo en el catalán Antoni Brufau. En noviembre pasado el directivo vino a Buenos Aires e informó a Néstor Kirchner que mantenía el plan de inversiones de 6 mil millones de euros para 2004-2008.
¿Acaso Brufau, hombre de La Caixa, había sido ganado por un sentimiento de bondad? Nada que ver. Repsol vio empinar sus ganancias desde que tomó el control de YPF, que le aporta el 60 o 70 por ciento de la producción y ganancias mundiales. Un comunicado de la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires detalló que Repsol-YPF había tenido el año pasado una ganancia neta de 1.950 millones de euros (7.507 millones de pesos). La mayor parte de esa diferencia positiva provino de Argentina, donde las utilidades fueron 4.876 millones de pesos (5,3 por ciento más que en 2003).
De donde sale la plata
Los buenos negocios de las multinacionales europeas y norteamericanas son el fruto ‘natural’ de los contratos firmados en tiempos de Carlos Menem, Domingo Cavallo, Roberto Dromi, María Julia Alsogaray y otros funcionarios. Al final, evidenciando que este es un país con rasgos machistas y donde el PJ mantiene sus privilegios, la única detenida de esa lista es Alsogaray, mujer y ex Ucedé, con procesos por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La alta rentabilidad de los pulpos quedó garantizada con seudos concursos, decretos del PEN y ‘per saltum’ de la Corte Suprema de Justicia en casos como Aerolíneas y el rebalanceo de las tarifas telefónicas.
Ningún detalle fue librado al azar. Durante la convertibilidad, la inflación doméstica era inferior a la registrada en Estados Unidos. Por eso se tomó a ésta como referencia para el ajuste periódico de tarifas. Se estima que en seis años esta jugarreta aportó unos 9 mil millones de dólares ‘extras’ a los beneficios privatizados.
Los máximos responsables políticos no registran arrepentimiento ni deserciones. En un reportaje concedido ayer a Cadena 3, Menem se ufanaba de la privatización telefónica calificándola de ‘modelo exitoso’.
Es notable la fractura entre esa percepción política y la realidad. Hasta Enrique Iglesias, titular del BID, ha reconocido que la mayoría de la opinión pública latinoamericana tiene postura adversa a las privatizaciones. Ese banquero -que promovió las ‘reformas estructurales’- admite que esa mala imagen quedó adherida debido a la corrupción y altas tarifas de ola privatizadora en la región.
Mercados cautivos, altas tarifas, ajustes periódicos, despidos masivos de personal con sobreexplotación de los sobrevivientes, tercerizaciones abonando salarios inferiores propios del sector informal, evasión fiscal, fuga de capitales y cobro de subsidios estatales, fueron y son algunas de las materias donde los nuevos dueños dieron cátedra. Entre 1993 y 1999, hubo 26 privatizadas que tuvieron ganancias netas por 2.000 millones de dólares por año, casi 6 millones por día, 227.000 por hora, 3.800 por minuto. Algunas batieron récords mundiales en rentabilidad, como Transportadora de Gas del Sur (TGS) con un índice de retorno del 30 por ciento anual.
En su momento los periodistas más conocidos en TV eran Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, quienes pregonaron la enajenación machacando que los trenes daban al Estado una pérdida de un millón de pesos diarios. El dúo olvidó decir que los subsidios siguieron para Ferroexpreso Pampeano (Techint), Ferrosur (Amalia de Fortabat), Nuevo Central Argentino (Aceitera General Deheza) y otros ramales privados. Su cría, Eduardo Feinmann y Marcelo Longobardi, tampoco lo mencionaron.
Cese de curros
Si de subsidios a las privatizadas se trata, no habría que olvidar a Metrovías, concesionaria de las cinco líneas de subterráneos y el Premetro de la Capital Federal. Durante el conflicto salarial, los delegados denunciaron que el Estado le paga un subsidio anual de 60 millones de pesos. Los directivos ganan sueldos de entre 20 y 40 mil mensuales.
Como se desprende de los números citados de Repsol, su titular catalán está financiando su cacareado plan de inversiones con recursos de los argentinos. Su antecesor en el cargo, Alfonso Cortina, negoció con el gobernador neuquino Jorge Sobisch y el entonces presidente Fernando de la Rúa, una prórroga de diez años para la explotación de la principal área de la ex YPF, Loma de la Lata. El yacimiento tenía en ese lapso un valor productivo de 30 mil millones de dólares y Repsol pagó el uno por ciento.
La petrolera española obtiene aquí un barril de crudo a 8 dólares y lo vende a un precio seis veces superior, sin la obligación de liquidar en el país el 70 por ciento de las divisas de exportaciones. Así lo dispuso un decreto del PEN mientras gobernaba Eduardo Duhalde y Kirchner no sintió necesidad de rectificarlo.
Por su parte, la privatización del servicio de agua puede discutirle a cualquier privatización cuál merece el título de campeona. Y eso que son todas de primer nivel escandaloso: teléfonos, Aerolíneas, Correo, peajes, aeropuertos y muchas más.
En Capital Federal y 17 partidos del conurbano bonaerense, con 6,5 millones de clientes, ese servicio fue adjudicado a Aguas Argentinas. Sus dueños actuales son el grupo Suez, de Francia, y Aguas de Barcelona, de España. El nivel de incumplimiento de las inversiones fue tan brutal que en el último año ligó multas por 62 millones de pesos, que por supuesto aún no obló. A lo sumo depositó 3,2 millones para un fondo fiduciario, cuando las inversiones básicas no realizadas implican 400 millones. Como muestra basta un botón: no construyó la planta depuradora de Berazategui, con lo que afectó a más de 6 millones de personas.
Aguas Argentinas, lejos de revisar su actitud, está pleiteando ante el CIADI contra el Estado argentino. La factura es por 1.700 millones de dólares, supuestamente el monto total de su inversión aunque de contado apenas pagó 120 millones de dólares para adueñarse del servicio en 1993.
El ministro de Economía argentino, durante el viaje de la comitiva presidencial a París a fines de enero último, ofreció al grupo Suez un aumento tarifario del 16 por ciento. De ese modo, como argumentó el claudicante Roberto Lavagna ante Radio Francia Internacional, la firma gala reuniría 250 millones de pesos aportados por los usuarios y el Estado haría inversiones directas por 150 millones hasta redondear los 400 millones del plan de obras. Suez no pondría un peso, por lo que el ministro fue desautorizado por Kirchner.
De todas maneras el gobierno se mantiene en un tímido regateo. Sobre 63 contratos con privatizadas sólo rescindió tres: Thales Spectrum (control radioeléctrico), Correo Argentino y Trenes Metropolitanos, este último con vistas a reprivatizarlo. El diario ‘La Nación’ y el establishment económico demandan la vuelta a manos privadas de esas tres perlas que se cayeron del collar de su majestad.
Situados en la antípoda de ese pensamiento oligárquico y atendiendo a los resultados de las privatizaciones, muchos argentinos quieren que se recupere el patrimonio nacional. Creen haber escuchado sonar la hora de la reestatización con control de trabajadores y usuarios. Y piensan que así se podrá defender el interés nacional, democratizar esas empresas, generar empleos, ahorrar divisas y buscar asociaciones de mutuo beneficio con Venezuela, el MERCOSUR y el Tercer Mundo.