Comenzada en mediados de mayo, com la «simple» denuncia de una propina de R$ 3.000 recibida por un director de Correos, la catarata de denuncias de corrupción del gobierno, el parlamento, el PT y la «clase política» en su conjunto, ha superado, en apenas dos meses, todos los límites de la imaginación: ya se sabe […]
Comenzada en mediados de mayo, com la «simple» denuncia de una propina de R$ 3.000 recibida por un director de Correos, la catarata de denuncias de corrupción del gobierno, el parlamento, el PT y la «clase política» en su conjunto, ha superado, en apenas dos meses, todos los límites de la imaginación: ya se sabe que el PT recibió (por lo menos) R$ 48 millones de grandes empresas para financiar su campaña electoral, que ya bajo el gobierno Lula recibió (sólo de tres bancos!) R$ 121 millones (Folha de S. Paulo, 20 e 21/7) y que, con raras excepciones, todos los parlamentarios y dirigentes de la corriente mayoritaria del PT metieron la mano en la lata, en cifras millonarias (Folha de S. Paulo, 2/8), para no hablar de los «aliados progresistas» (PMDB y PL, principalmente).
Se trata de una crisis de todo el régimen político, pues hasta de la «oposición» derechosa (PSDB), vió revelado el financiamiento de sus campañas electorales en varios estados (principalmente en Minas Gerais) por las mismas empresas que finanaciaron al PT y… hasta com los mismos intermediarios (el supuesto «publicitario» Marco Valerio)! El canal podrido fue construído en la gestión del gobernador Eduardo Azeredo, del PSDB, candidato a la reelección, y financiado por el omnipresente Marcos Valério. «La agencia de publicidad DNA, una de las empresas del Carequinha de Minas, consiguió un préstamo de R$ 11,7 millones en el Banco Rural. Repasada a la coalición liderada por Azeredo, el dinero irrigó tanto la campaña del gobernador como la de 70 candidatos (!) a la Cámara dos Deputados», informó el periodista Augusto Nunes. Eduardo Azeredo no es outra cosa que el presidente del PSDB. Ya estamos, por lo tanto, como afirmó el comentarista Jânio de Freitas, en el «pasaje de la crisis política a la crisis institucional» (Folha de S. Paulo, 24/7).
La crisis brasileña parece agravarse cada día, con la revelación de la implicación de lod dirigentes del PT en los esquemas de corrupción y prevaricación. La crisis, como se ha dicho, no se restringe al PT, pues involucra prácticamente a todo el espectro de «la política» y a todos los partidos. Envuelve también al gran capital privado, lo que exige que se investigue y castigue con el mismo rigor a las fuentes de los dineros de campaña y a los responsables activos y pasivos del tráfico de influencia y de la práctica de lavado de dinero. Con la confirmación de que el mensualazo existía y el Ministro de la Casa Civil, José Dirceu, junto con el ex presidente del PT, José Genoíno, comandaban el esquema, evidencia que el Presidente Lula estaba igualmente enterado: como co-responsable del esquema del mensualazo, o como cómplice pasivo, sería inminente el impeachment del Presidente y, en el PT, el colapso del llamado Campo Mayoritario, sector del PT alineado a Lula que controla el 60 % de la dirección nacional.
Se hizo evidente que la corrupción es el método necesario de gobierno de un frente de colaboración de clases (Frente Popular). Su derrumbe, total, plantea una crisis de poder que está en pleno desarrollo. Debido a la crisis, se profundizó también la política de cooptación y colaboración de clases. A ese objetivo obedece la nominación del dirigente cutista Luiz Marinho para ministro de Trabajo, confirmando la completa integración de la CUT al Estado. Con la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los correos, el escándalo del «mensualazo», la caída del ministro-jefe de la Casa Civil, José Dirceu, y la caída catastrófica de la dirección del PT, la crisis política brasileña entró en un tramo inédito, obligando a Lula da Silva a una reforma ministerial que, al mismo tiempo que se inclinó más hacia la derecha, evidenció el desvanecimiento del proyecto político del PT. Para O Estado de Sao Paulo (26/6), «el presidente dio muestras de comprender que la conquista de un nuevo mandato ya no puede ser más su proyecto prioritario»: lo que se plantea es la simple supervivencia del propio gobierno. La Bolsa festejó con una notable recuperación el anuncio de la renuncia del jefe de gabinete y mano derecha de Lula. Al día siguiente, el ministro de Economía, Antonio Palocci, anunció un ambicioso plan de exenciones fiscales para empresas exportadoras e inmobiliarias. Palocci fue uno de los ministros denunciados por el diputado Roberto Jefferson en el festival de corrupción.
Sólo el tiempo y los vaivenes de la crisis política esclarecerán la amplitud de esta corruptela, pero queda claro es que era un método de gobierno. Obligado por su política a pactar con los representantes parlamentarios de la clase capitalista, los políticos del PT tuvieron que aceptar su slogan: «dar para recibir». Que este procedimiento no les haya causado repugnancia es un síntoma de que no dejaban de cobrar su parte. Después de todo, las infladas cuentas publicitarias que Marcos Valerio pasaba a Delubio Soares (el tesorero del PT) no necesariamente tenían que ir en su totalidad a los bolsillos de los «aliados». La llamada «caja 2» de los partidos, y del PT, ya es orgánica o, como puntualizó un periodista, «es una extraña caja 2, pues el dinero tiene origen identificado y destino contabilizado» (Ribamar Oliveira, en O Estado de S. Paulo, 25/7).
El régimen de compra de diputados y negociados tiene como base el capital financiero, que alcanzó beneficios históricos con el gobierno del partido llamado «de los trabajadores». Itaú, Bradesco y Banespa no sólo han festejado beneficios históricos para la historia financiera del Brasil, sino que han regsitrado los más grandes lucros bancarios de América, incluidos los EEUU. A mediados de junio, una reunión de los principales banqueros del país y de la «oposición» (PSDB) concordó en que las denuncias de corrupción debían ser controladas, para no «afectar la economía». «Los inversores no ven claramente cuál sería el rumbo abierto por los acontecimientos», dijo el Financial Times, portavoz del gran capital financiero internacional.
De todos modos, lo que importa ya no es la corrupción sino las líneas de salida a la crisis política. El ex presidente F. H. Cardoso (FHC) vio la oportunidad para hacer la proposición de que Lula desestime su propia reelección, en 2006, a cambio de ponerles un freno a las investigaciones. Detrás de la propuesta, un sector del gobierno de Bush cree ver la posibilidad de provocar un giro en la política de Brasil con Venezuela y avanzar en la desestabilización de Hugo Chávez. Pero el conjunto de los capitalistas y del imperialismo no lo ve de la misma manera y teme que una caída de Lula provoque la desestabilización, sí, pero de Brasil. El activo más importante con que cuenta Lula, frente al capital, es haber tenido éxito hasta ahora en desmovilizar al movimiento obrero, paralizar al movimiento campesino, fragmentar a la izquierda y dejar el campo libre para un gigantesco programa de austeridad contra las masas.
No hizo falta ser perspicaz para comprender que «el PT es el epicentro de la crisis política que sacude al gobierno del presidente Lula» (Valor, 1/7). La caída de la dirección petista dio lugar a un golpe que, por el papel del PT en el gobierno, fue el equivalente de un golpe de estado. Lula intervino personalmente para que fuese nombrado presidente del partido Tarso Genro, ex ministro de educación, pasando por encima del reglamento partidario, que prevé en eses caso la asunción de un vice-presidente (Marta Suplicy o Valter Pomar, en este caso). Los representantes de la «izquierda petista» se retiraron de la reunión de la Dirección Nacional cuando fue anunciado el nombre del nuevo presidente. Dentro de la burocracia petista, de todos modos, la situación es de implosión. Una parte de la bancada parlamentaria desobedeció la orden de bloquear la conformación de una CPI en el Congreso. Se proyecta la perspectiva de un gobierno de Lula cada vez más distante de su propio partido. El gerente de los fondos de pensión, Luiz Gushiken, había sugerido en la Dirección Nacional del PT que Lula saliese del PT y gobernase como «sin partido», para ampliar su margen de maniobra. La descomposición del PT y de su gobierno fondomonetarista se impone a todos los protagonistas de la crisis.
Dirceu era agente de la gran burguesía y los monopolios que reclaman una mayor desvalorización del real. Palocci, «blindado», es un agente del gran capital financiero internacional. Según el analista Tarcísio Holanda, existe la posibilidad de impeachment del presidente, y «el PSDB espera que Lula llegue al final sangrando de tal modo que desista de la intención de luchar por la reelección». La alternativa «sería construir una candidatura capaz de garantizar la continuidad del programa petista: el nombre contemplado sería el de Antonio Palocci, cuya sensatez y equilibrio son reconocidos hasta por la oposición» (Diário do Nordeste, 13/7). Para evitarlo, lo que quedó del gobierno de Lula (con la presencia cada vez más importante del derechista PMDB) intentó imprimir un rumbo semejante, procurando sellar alianzas con la Fiesp (principal central patronal) y llegando a enarbolar el plan de Delfin Neto, de «déficit nominal cero», que elevaría sin techo previsible el superávit primario, transformando el Estado brasileño en un rehén directo del capital financiero internacional, y de las tasas de interés fijadas por la FED (Banco Central) de los EEUU.
Si el PSDB consigue persuadir a Lula de que encamine la enmienda constitucional eliminando la reelección, colocándose como presidente-héroe que aceptó hacer este sacrificio (los medios señalaron maquinaciones entre FHC y gente del PT en este sentido; el senador Cristóvam Buarque, del PT, sugirió la misma cosa Lula, ¡desde la tribuna del Senado!) el camino quedaría abierto para la victoria del PSDB o de un partido aún más de derecha en el 2006. El colapso del Campo Mayoritario y el fin del estatuto de la reelección podrían abrir el camino para el lanzamiento de otra candidatura del propio PT, que encarne «la decencia y la integridad». A esto apuestan las candidaturas «de izquierda» dentro del próprio PT, en especial la de Plínio de Arruda Sampaio (com muchas menores chances están las de Valter Pomar, de la Articulación de Izquierda; Raul Pont, de la Democracia Socialista, y Markus Sokol, de O Trabalho). El Campo Mayoritario pensaria, por eso, postergar las elecciones internas del PT, previstas para mediados de septiembre. En caso de victoria de la izquierda, Lula, presionado de todos los lados, podría hasta pensar en salir del PT y buscar otro partido, o quedarse sin partido hasta cerca de las elecciones de 2006.
Ya se sabe que la CPI es un mecanismo para contener la crisis política del gobierno Lula y escamotear el verdadero carácter del acuerdo entre los partidos burgueses. És una farsa montada por los partidos de los empresarios y banqueros en la cual las mismas personas que hasta ayer estaban recibiendo el «mensualazo» de Marcos Valério en el Banco Rural, se colocan en la posición de jueces de los que estaban juntos en el mismo esquema. El esquema de corrupción utilizado por el PT es la continuación de la corrupción montada por el PSDB y los viejos buitres de la política burguesa. En realidad, es su versión modernizada, pues, mientras el derechista FHC (predecesor de Lula) pagaba los servicios de los deputados en cada votación (enmienda de la reelección; Enmienda Constitucional n. 20, de reforma de la previsión social) como trabajo por piezas (o a destajo), el gobierno del PT instituyó, con el mismo fin y con el mensualazo, el trabajo asalariado de los «representantes del pueblo».
Ahora, el Supremo Tribunal Federal, las Comisiones de de Ética, las CPIs, el Fiscal General da República, se han transformado en negociadores de un acordão (acuerdazo) en el Congreso Nacional, para librar de la destitución o la cárcel a los envueltos en las investigaciones sobre corrupción, principalmente Lula: la burguesia procura «blindarlo». El «mercado» ama a «Lulinha»: «Con críticas de la izquierda, Lula es festejado en el mercado. En el site de la Bloomberg, se destacó «o maior salto no mundo», dado por las acciones (títulos) brasileños; «la expectativa es que la investigación no alcanzará a Lula o Palocci». Para el estratega del Barclays Capital: – Si él (Lula) fue afectado, el ministro está mas fuerte como principal consejero de Lula. Y del analista del UBS: » – Antes, el mercado se preocupaba de que Lula llegase al poder. Ahora, se preocupa si él sale» (Folha de S. Paulo, 29/07). Como dijo Paul Krugman, «al mercado no le gustaria que ésto acabase» (Folha de S. Paulo, 31/7).
Es que Brasil batió el record de pago de intereses a los banqueros en el primer semestre de este año. Fueron R$ 80 mil millones 120 millones, el mayor monto semestral registrado por el Banco Central desde el inicio de la serie histórica, en 1991. La economia hecha por el sector público (Unión, Estados, municipios y empresas estatales) tambén fue record (somou R$ 60 mil millones). Ese monto, el superávit primario, fue totalmente utilizado para pagar la cuenta de intereses de la deuda. Faltan todavia poco más de R$ 20 mil millones (O Estado de S. Paulo, 30/07).Ningún capitalista quiere el fin de un gobierno que consigue desviar R$ 10 mil millones por mes del Tesoro público para pagar los intereses de la deuda. Es el mensualazo del FMI, corresponde a 6,43 % del PIB de Brasil.
Cuanto más aumenta esa sangria de los recursos públicos, más aumenta la deuda pública, las tasas de interés y las coimas. En 2004, el superávit primario de R$ 81 mil millones (4,6% do PIB) no fue suficiente para pagar los intereses de la deuda pública, de R$ 128 mil millones. El Banco Cnetral contrató entonces préstamos por otros R$ 47 mil millones: para vender en el «mercado» sus nuevos títulos aumentó la tasa básica de interés (Selic; la del Brasil es la más alta del planeta, 13% real) aumentando así el monto de la deuda y los intereses adeudados. Os elevados juros praticados no Brasil elevaram em aproximadamente R$ 67 bilhões o endividamento do governo federal ao longo do primeiro semestre. En el mês de junio, la deuda contraída por el Tesoro Nacional y el Banco Central por medio de la emisión de títulos sumaba R $ 905,51 mil millones, un récord. 56,6% de esos papeles son corregidos por la tasa Selic, fijada pelo BC, actualmente en 19,75% ao ano, la más elevada desde 2003.
La propuesta de déficit nominal cero significa que el superávit primario deberia subir hasta aproximadamente 10 % do PIB. Fue lanzada por Delfin Netto: se llegó a plantear una invitación para que el siniestro ministro de Economia de la dictadura militar ocupase el Ministério de Planeamiento. Con la crisis del régimen político, se obvian los actos criminales de los «representantes públicos», en nombre de un interés más grande: «Con las instituciones políticas debilitadas y en ausencia de una fuerza que se destaque por la credibilidad y capacidad, el salvavidas de salvación del momento parece ser lo que se llama «partido de la economia» – aquel en el cual, bajo el manto de la gestión técnica, disputas político-partidarias se disuelven en nombre de un interés mayor» (Folha de S. Paulo, 30/07). El programa del «partido de la economia», se resume a la destrucción de las condiciones de vida de la población trabajadora y la fragmentación de la unidad nacional.
La Iglesia «progresista», la burocracia de la Central de los Trabajadores (CUT), la dirección de los Sin Tierra (MST) y de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) publicaron una Carta al Pueblo Brasileño para denunciar el «golpe de la derecha» contra Lula, que se escondería bajo el disfraz de la campaña contra la corrupción. La Carta… convoca a «defender al gobierno» que ha reforzado la presencia de esa misma derecha en el gabinete y reafirmado la política fondomonetarista. Con la crisis, la política de desgaste de la militancia popular alcanzó su ápice. La Carta… se pronuncia «contra la desestabilización política del gobierno y contra la corrupción: por cambios en la política económica, por la prioridad a los derechos sociales», y lleva las firmas de la CUT, del MST, de la UNE, de la CMP, además de decenas de ONG y otros «movimientos sociales».
En el medio de la crisis, el gobierno de Lula trató de «estabilizarse», abriéndose más para la derecha, y «blindando» la política económica a través del refuerzo («blindaje») de su principal representante, Palocci. Ese es el rumbo del gobierno: la defensa del gobierno conduce a los «movimientos sociales» a tornarse cómplices de la orientación neoliberal y derechista, que promueve la corrupción que se declara querer combatir. En verdad, la propia corrupción es un producto de esa orientación, pues es el único método posible para gobernar con los representantes del gran capital internacional y nacional, bajo las recetas del FMI. Defender el gobierno de una supuesta «conspiración de derecha» en curso, en nombre de un «proyecto de cambio», significa olvidar que el gobierno de Lula encabeza, no un proyecto de cambio progresivo, sino de regresión social e histórica de Brasil.
Los cambios que se ha visto obligado a introducir Lula en el gobierno refuerzan al ala que representa las posiciones del FMI y de los grandes bancos internacionales. El gobierno de Brasil es más que un rehén; además, tiene una camisa de fuerza. El sostenimiento de la deuda pública depende cada vez más del ingreso de capitales. Brasil no goza de los beneficios de un default, por eso sigue pagando las viejas tasas de interés, mayores que las que paga Argentina, y que crecen todavía más en dólares como consecuencia de la revaluación de la moneda brasileña.
Por sus profundos lazos con la administración directa e indirecta del Estado; el miedo de perder las posiciones y privilegios parlamentarios; la ausencia de programa, mas allá de la retórica moralizante y la defensa de medidas desarrollistas burguesas, llevaran a la izquierda petista al impasse, sufriendo ahora las secuelas de la revelación de la corrupción. Optó por la defensa del gobierno de Lula, contra la «derecha», planteándose como alternativa «moral» dentro del partido, com vistas a obtener mejores posiciones para la disputa electoral de 2006. En su documento dirigido a la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, firmado conjuntamente por todas las tendencias de izquierda del partido, se llega a decir que «paradojalmente, nunca un gobierno hizo tanto contra la corrupción» (Proposta de Resolução para a CEN do PT). Y que lo diga…
El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), formado por diputados y una senadora expulsados del PT, y militantes que renunciaron al partido, caracteriza el argumento de una amenaza de golpe como una excusa. Pero el gobierno de colaboración de clases ha entrado en una crisis terminal, que las masas necesitan una salida, incluso porque ellas votaron a este gobierno burgués de un partido «de trabajadores». El PSOL plantea «unificar las luchas que están en curso en este momento con la necesaria lucha por la investigación criteriosa de las denuncias y el castigo de los culpables». El patrimonio del PSOL es el carisma de su principal dirigente, Heloisa Helena, a quien las encuestas le acreditan entre el 5% y el 9% de la intención de votos para Presidente. Para concurrir a elecciones Heloisa deberia dejar su banca de senadora, con lo que su partido se quedaría sin su principal expresión parlamentaria. Las luchas internas en este partido han debilitado su poder de atracción y que no ha desarrollado una alternativa al PT, más allá de reclamar el retorno a sus posiciones originales. La respuesta de que «son todos lo mismo» no resuelve nada, incluso porque, aún ahora, los trabajadores no ponen en el mismo plano a Lula con la derecha. El planteo del PSOL de unir la lucha por las reivindicaciones populares con la lucha «contra la corrupción y el FMI», con el agregado de votar al PSOL en el 2006, es una evasiva y es inmovilismo.
Algo parecido plantea el PSTU, o tal vez peor. En su hoja PSTU n. 13, de junio, defiende «la instalaciónde la CPI ya, contra las maniobras del gobierno por impedirla». Después de esta confesión de fe parlamentaria, pasa a defender la «prisión y confiscación de los bienes de corruptos y corruptores», y una «investigación independiente, paralela a la de la CPI». O sea, que el problema seria «lavarle la cara» al regimen, utilizando consecuentemente sus propios métodos. En esse marco, el PSTU podria progresar electoralmente, y sobre todo com su propia central sindical y estudiantil, debido a que su actividad se centra actualmente en proponer la ruptura de la CUT y de la UNE, creando organizaciones paralelas. Preparan un acto político nacional, donde intentarán avanzar con la adhesión de nuevos desprendimientos del PT y del gobierno que consideran «terminado».
El término de este proceso debería formularse como salida a la crisis abierta en el poder y por la intervención de las propias masas. Se agotó una experiencia de más de dos décadas. La burguesía quiere usar la crisis del gobierno del PT para desmoralizar a las masas y sus organizaciones completamente. Es necesario una política propia de los trabajadores y una línea de acción: que el PT rompa con la burguesía, expulse a los corruptos y fondomonetaristas, eche a los ministros capitalistas y del FMI, y adopte un plan de reorganización bajo la dirección de la clase obrera. Para viabilizar estos propósitos es necesario disolver el congreso corrupto no representativo y plantear la convocatoria a una Constituyente impuesta por la movilización popular. A la izquierda brasileña se le presentó la oportunidad de abrir una gran deliberación política sobre la salida a la actual situación, un debate que replantee los términos en que los trabajadores y explotados pueden desarrollar una alternativa propia, independiente de la burguesía y sus representantes. Es el balance de una política que marca una época y la base para abrir paso a una superación.
Se verifica la orfandad de la izquierda frente a la crisis política. El desmoronamiento del PT no puede reducirse a una caracterización institucional o ideológica, puesto que plantea una amenaza al desarrollo de todo el movimiento obrero, campesino y popular de los últimos veinte años. Es necesario ofrecer una salida en función de esta amenaza, y no en función de un rescate hipotético del PT. El PT capituló mucho antes de gobernar, frente a los límites insalvables del Estado burgués. Pero esos límites no se superan con un giro en la política económica, como postula la izquierda del PT, que en la práctica significaría devaluación y default, o sea una catástrofe para las masas. Tampoco lo supera una «investigación criteriosa», a cargo de un parlamento de ladrones, combinada con ‘las luchas’. Para gobernar, la clase obrera debe romper, primero, cualquier sometimiento a la burguesía y, segundo, quebrar el aparato de Estado que se opone a la dominación de los trabajadores. En la situación concreta que enfrentan hoy los trabajadores en Brasil, esto significa expulsar a los ministros capitalistas del gobierno, lo que incluye a todos los que se han transformado, en estos dos años, en sus agentes directos, y segundo, disolver el Congreso, el cual no representa el mandato popular que llevó a Lula a la presidencia y es un obstáculo a cualquier gobierno popular. En oposición al Congreso corrupto hay que plantear la convocatoria a una Constituyente soberana, arrancada por la movilización popular. Estas consignas ofrecen una salida popular a la crisis política y ponen de manifiesto una estrategia, a saber, que el agotamiento de las ilusiones en el PT debe llevar a un gobierno obrero y campesino.
En América Latina, el gobierno de Lula (a través de Petrobrás) ha sido el principal «bombero» de la insurgencia de masas contra las multinacionales en Bolivia, así como de la resistencia antiimperialista en Venezuela, sin hablar de su fallido papel de sustituto de las tropas colonialistas yanquis en Haití. En retribución, el Parlamento paraguayo acaba de votar el permiso de asentamiento de tropas norteamericanas en la región de la Triple Frontera: Brasil quedaría rodeado de tropas de los EEUU, por el Sur (Paraguay) y por el Norte (Plan Colombia).
Deben denunciarse todas las tentativas de «empujar la crisis», transformándola en una gigantesca «pizza» a través de CPI controladas por los congresistas del «mensualazo». La suerte de Brasil depende más que nunca de la acción independiente del movimiento de masas. Es necesario abrir una perspectiva política independiente para el movimiento de los trabajadores urbanos y rurales y de la juventud. Se debe convocar a las organizaciones obreras y estudiantiles a romper con el gobierno de Lula y con el Estado, independientemente de la orientación política de su dirección. La «defensa de la ética», marco restringido en el cual se pretende encerrar la reacción popular contra el espectáculo de la monumental corrupción política, debe ser colocada en términos de lucha antiimperialista y contra el capital.
Las corrientes políticas que hicieron de furgón de cola del fraude petista durante un montón de tiempo, negándose por ejemplo a caracterizar el frente de colaboración de clases que había armado con la patronal y el imperialismo, y que sólo dejaron el partido cuando fueron echados, no consiguen trazar una línea de acción concreta frente a la crisis que la burguesía quiere hacer desembocar en una definitiva desmoralización de las masas y de sus organizaciones. En Brasil se está creando una crisis de poder, frente a la cual sólo se está movilizando la burguesía. De lo que se trata es de convertir la crisis en una herramienta de ataque al conjunto del régimen burgués, planteando medidas concretas de poder: fuera los ministros capitalistas y corruptos; disolución del Congreso capitalista y corrupto; convocatoria a una Constituyente soberana, arrancada por la movilización política popular.
Un deterioro de la situación económica puede precipitar y acelerar la crisis. Al final del primer semestre de 2005, la capacidade media de compra de los trabajadores creció apenas 2-3%, en relación al año anterior, manteniéndose 25-30% bajo la de 1997. El desempleo, en São Paulo, después de elevarse a 20,7% en abril de 2004, reculó hasta 16,7% em enero de 2005, para elevarse nuevamente hasta 17,3% en marzo de este año. Lo que mantiene la capacidad de pago del Brasil, el incremento sistemático de las exportaciones, además del ingreso de capital especulativo, sufre la presión conjunta de la revalorización y la dinámica más lenta del comercio mundial, y puede estar en su límite (por lo menos es lo que piensa el experto Marcos S. Jank, en su artículo «El vuelo de gallina del comercio exterior», O Estado de S. Paulo, 7/6). Con la «apertura unilateral», acentuada bajo Lula, las tarifas de importación brasileñas cayeron de 55% a 12%, promedio. A esto se agrega el cuello de botella de la falta de infraestructura para las exportaciones, agravada bajo el gobierno Lula, en el que las inversiones llegaron – política de beneficio del capital financiero mediante – a su nivel más bajo de las últimas tres décadas: «Brasil ocupa la 90ª posición entre 180 países, com 202 km de caminos por 1000 km2 de área. Seria necesario construir 9800 km de caminos por año, durante 30 años, para alcanzar el promedio de América Latina» (Wilson Lang, «Os holofotes sobre a corrupção e o apagão da infra-estrutura», Folha de S. Paulo, 27/7). Una crisis económica, que el petróleo puede provocar, comprometeria la capacidad de pago del Brasil, plantearia una fuga de capitales y un default, transformando la crisis institucional sin salida actual en catástrofe, abriendo la posibilidade de una crisis revolucionaria. Si la izquierda brasileña descarta este escenario habrá firmado su próprio certificado de defunción.
* Profesor Titular del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas, Universidad de São Paulo (USP)