Coincidiendo -¡qué casualidad!- con el desembarco de las constructoras en el sector eléctrico, el Gobierno del PSOE anuncia una «dolorosa» subida -en palabras del propio ministro de Industria- de las tarifas eléctricas; el mayor incremento de los veinte últimos años. La primera alza de las facturas está prevista para enero a modo de regalo de […]
Coincidiendo -¡qué casualidad!- con el desembarco de las constructoras en el sector eléctrico, el Gobierno del PSOE anuncia una «dolorosa» subida -en palabras del propio ministro de Industria- de las tarifas eléctricas; el mayor incremento de los veinte últimos años. La primera alza de las facturas está prevista para enero a modo de regalo de Reyes; mientras que la segunda probablemente se produzca en el mes de julio. Las tarifas serán revisadas trimestralmente y se realizarán «ajustes» si los precios de las materias primas fluctúan de forma significativa; o lo que es lo mismo, nos podríamos encontrar con la sorpresa de que la luz suba cada tres meses, aunque inicialmente lo haga en igual medida que el IPC.
Según el Gobierno «socialista», se cumplen así dos objetivos; reducir el denominado déficit tarifario y concienciar a los consumidores (a golpe de pistola, claro está) de los precios reales de la energía. Quizás se le haya olvidado al Ejecutivo mencionar el último y quizás principal propósito: compensar a las empresas constructoras que han venido adquiriendo acciones de las eléctricas en los últimos tiempos, entre ellas Acciona, que ha irrumpido en Endesa; o ACS, que ha hecho lo propio en Iberdrola, y que ahora pretenden rentabilizar rápidamente sus inversiones. Nunca un exprimidor dio para tanto.
Cuando el Gobierno habla del llamado déficit tarifario omite que las empresas españolas que cotizan en Bolsa, incluidas eléctricas y constructoras, ganarán en el 2006 un 33% más que el año anterior; que ya son cuatro años consecutivos batiendo record de beneficios, o que la Bolsa española sobresale entre las más rentables del mundo. Los espectaculares beneficios generados por el sector del ladrillo en los últimos años, y que ahora se desvían con codicia al energético, son los cimientos del injusto disparate en el que se ha convertido el mercado inmobiliario español, un mercado que impide el acceso a la vivienda a una cuarta parte de la población, según ha alertado la propia ONU, calificando de especulación desenfrenada y corrupción extrema lo que sucede en nuestro país.
En este contexto socioeconómico no es de extrañar que, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 45% de los ciudadanos se sienta poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia, probablemente desilusionados al percibir que sus representantes no defienden como debieran los intereses de la mayoría; o que, según el mismo sondeo, con unas cifras de crecimiento económico que rozan el cuatro por ciento anual y de las que se vanagloria el ministro de Economía, la confianza de los españoles en su futuro económico se encuentre bajo mínimos: más de un treinta por ciento opina que su situación será peor el próximo año. Quizás los españoles estén advirtiendo por fin que cuando se corea que la economía española evoluciona favorablemente en realidad sólo se habla de la economía de algunos.