Una medición de la fundación Transparencia Internacional ubica a varios países de América Latina como altamente corruptos. Una matriz política sostenida por el «primer mundo».
Días atrás se conoció el Índice de Percepción de la Corrupción 2007 (IPC), que presenta todos los años la institución Transparencia Internacional (TI). En el informe la mayoría de los países de América Latina, figuran dentro del grupo con alto grado de corrupción.
El IPC establece una medición del grado de corrupción existente entre funcionarios públicos y políticos, que califica con diez a un Estado considerado como «limpio» y con cero para un Estado considerado «corrupto».
Según la medición, Chile y Uruguay figuran como los países menos corruptos del subcontinente, ubicados en la posición 22 y 25, y con 7 y 6,7 puntos respectivamente, dentro de una lista que incluye a 179 países.
Entre los Estados que se ubicaron dentro de una franja de «corrupción grave» Transparencia Internacional ubicó a Costa Rica (en el puesto 46 con 5 puntos), Cuba (puesto 61 con 4,2 puntos), El Salvador (puesto 67 con 4 puntos), Colombia (puesto 68 con 3,8 puntos) y Brasil, México y Perú (puesto 72 con 3,5 puntos).
Ocho países están por debajo del nivel 3, que TI considera como indicio de «corrupción desenfrenada». Argentina y Bolivia (en el puesto 105, con 2,9 puntos), Guatemala (puesto 111 con 2,8 puntos), Nicaragua (puesto123 con 2,6 puntos), Honduras (puesto 131 con 2,5 puntos), Paraguay (puesto 138 con 2,4 puntos), Ecuador (puesto 150 con 2,1 puntos), Venezuela, (puesto 161 con 2 puntos), y último se encuentra Haití, en el puesto177 con 1,6 puntos.
Según Transparencia Internacional «El cuarenta por ciento de los países con puntaje inferior a 3, señal de que la corrupción es percibida como desenfrenada, son clasificados por el Banco Mundial como países de bajos ingresos».
Si bien se debe ser prudente a la hora de analizar estos datos -hay que señalar que Transparencia Internacional recibe fondos, entre otros, del gobierno de Estados Unidos-, las estadísticas muestran, una vez más, que la matriz de corrupción sigue presente en América Latina. Incluso aquellos países que han dado un giro sustantivo en su política, intentando purgar los elementos de viejos Estados burocráticos o al servicio de una clase hegemónica fosilizada, no han logrado soltarse de la amarras de la corrupción.
Un ejemplo es el de Venezuela, cuyo proceso de Revolución Bolivariana lleva casi diez años y, a pesar de connotados esfuerzos, aún no ha podido librarse de ese núcleo de corruptela y burocracia, herencia de los años del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Si bien fuentes oficiales venezolanas (también de Ecuador) refutaron los datos de TI por considerarlos tendenciosos, ni siquiera desde el propio gobierno niegan la existencia de corrupción en distintos estamentos. El país bolivariano se encuentra de cara a una difícil lucha contra una naturalizada corrupción.
La mayoría de los medios de comunicación del mundo publicaron las estadísticas de Transparencia Internacional, pero las declaraciones de su presidenta, Huguette Labelle, pasaron desapercibidas. «Los países con bajos puntajes deben asumir estos resultados con seriedad y actuar desde ya para fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Pero la acción de los países con puntajes altos es igual de importante, en particular a la hora de hacer frente a las actividades corruptas en el sector privado», afirmó Labelle.
De la misma forma, en el apartado denominado «aspectos más destacados del índice», TI explica la clave para acabar con la corrupción en el mundo: «se necesitan esfuerzos concertados entre países ricos y pobres para detener el flujo del dinero ilícito y hacer justicia para los más pobres».
Que estas declaraciones hayan pasado desapercibidas no es una casualidad. La versión hegemónica sobre la corrupción la asocia a la ética, a la transparencia, e incluso a la ineficacia del Estado, pero en ningún momento se explica que la matriz de la corrupción es un modelo sostenido por el denominado «primer mundo», para incluir al sistema el dinero asistemático o «en negro».
Días atrás, Víctor Ego Ducrot explicaba que, en general, no queda claro «que esa corrupción trasciende los límites de lo ético, puesto que la misma forma parte y está implícita -es casi inevitable- en los métodos de construcción política del neoliberalismo, como lo son el vaciamiento de los espacios públicos y la conversión de lo político en ámbitos de apropiación privada» («La «maldita corrupción» como matriz política» APM 9/7/07).
En este sentido, puede entenderse a la corrupción como una acción sistemática de la cual no sólo participan los componentes internos de los Estados, sino empresas privadas e incluso los países hegemónicos. Ejemplos sobran.
Quizás el más documentado de todos sea la participación del City Bank, empresa de capitales estadounidenses, en el lavado de dinero del narcotráfico en México o en el caso IMB- Banco Nación en Argentina, tal cual lo desarrolla el periodista Andrés Oppenheimer en su libro «Ojos vendados, Estados Unidos y la Corrupción en América latina».
Por su parte, Víctor Ego Ducrot en «El color del dinero», explica de modo exhaustivo cómo Estados Unidos se apropia de las masas dinerarias provenientes del narcotráfico para su reciclado desde los paraísos fiscales.
El periodista señala que «las corporaciones financiaras actúan como socias de la Casa Blanca, tanto en Medio Oriente como en Sudamérica, contando siempre con el entramado de corruptelas domésticas, funcionales en términos estratégicos, más allá de los proclamados discursos «políticamente correctos» y distractivos que Washington emite «contra» la corrupción en los países dependientes».
«Dicho de otra forma: hubiese sido imposible la imposición de los modelos neoliberales en la región sin la asistencia orgánica de los sistemas políticos de corruptelas políticas domésticas, llámense éstas Carlos Menem, Alberto Fujimori, Jamil Nahuad, Alvaro Uribe o Gonzalo Sánchez de Lozada», afirma Ducrot.
La participación de los países denominados del «primer mundo» en las redes de corrupción de los países pobres, no exime a los mismos de buscar alternativas a esa matriz política. Mientras perdure la corrupción como modelo, es imposible que se avance hacia el desarrollo y la equidad social. En ese sentido, acabar con las corruptelas locales, significará distanciarse un paso del proyecto hegemónico de Estados Unidos y comenzar a construir un presente político propio.