El próximo 7 de octubre se realizará en Costa Rica un referéndum vinculante para que la población decida si se aprueba o no el Tratado de Libre Comercio (CAFTA por sus siglas en inglés) con EE.UU. En el resto de países centroamericanos el tratado ya entró en vigencia y sólo en Costa Rica una acérrima […]
El próximo 7 de octubre se realizará en Costa Rica un referéndum vinculante para que la población decida si se aprueba o no el Tratado de Libre Comercio (CAFTA por sus siglas en inglés) con EE.UU.
En el resto de países centroamericanos el tratado ya entró en vigencia y sólo en Costa Rica una acérrima oposición ha impedido que éste se apruebe.
Esta es la primera vez que la nación centroamericana empleará el mecanismo del referéndum y será sobre un espinoso tratado que fue cuestionado desde sus primeras rondas de negociación, lo cual ha polarizado a la sociedad costarricense.
SI o NO
El bloque que apoya el CAFTA está compuesto, principalmente, por la oligarquía tradicional -de la cual forma parte el gobierno presidido por Oscar Arias Sánchez-, sectores agroexportadores, industrias maquileras y empresarios vinculados con transnacionales.
Mientras que el grupo opositor está integrado por campesinos, educadores, organizaciones sociales, sindicatos, sectores estudiantiles, docentes y administrativos de las cuatro universidades públicas y grupos indígenas, entre otros.
Otro sector costarricense parece desconocer o dudar sobre las ventajas que pregonan los del «sí» o los males que auguran los del «no» sobre el complejo TLC, siglas que lleva meses rechinando en los oídos costarricenses.
En la Asamblea Legislativa, una alianza de cuatro partidos conforma una mayoría mecánica de 38 diputados que apoyan el CAFTA.
Este bloque ha modificado reglamentos legislativos, impuesto resoluciones y realizado negociaciones dudosas para acelerar el trámite del CAFTA y de las trece leyes de implementación que acompañan sus miles de folios.
La agenda de implementación también es controversial porque estaría rompiendo los monopolios estatales de seguros y telecomunicaciones. Además de que Costa Rica suscribiría convenios de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), entre otras medidas irritables.
Sin embargo, dichos proyectos en este momento están varados en el plenario del Congreso y en comisiones, a la espera de conocer el resultado del referéndum que será decisivo para que continúen en la corriente legislativa o que pasen a archivarse. Aunque el gobierno está empeñado en continuar su discusión, aun cuando la población decidiera abortar el tratado.
Cabe destacar que de la alianza que promueve el CAFTA (tanto el partido del gobierno, Liberación Nacional, como Unidad Social Cristiana) sufren un desgaste político a raíz de varios casos de corrupción que han salido a la luz pública en la última década con acusaciones y encarcelamientos de ex presidentes de dicha nación, como el sonado caso de Miguel Ángel Rodríguez que en el 2004 tuvo que renunciar a la secretaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentarse ante la justicia costarricense.
Por otro lado, se oponen en el congreso tres partidos que suman 19 diputados que han insistido en la denuncia constante de irregularidades en el trámite del tratado, así como las consecuencias económicas y sociales que éste podría facturar en caso de aprobarse.
CAMPAÑA Y DESINFORMACIÓN
Durante estos meses el presidente Arias ha asumido una fuerte campaña a favor del «sí al TLC» con un tono populachero.
El mandatario ha asegurado en diferentes medios y actividades públicas que de no aprobarse el tratado se perderá 300 mil empleos y que si Costa Rica queda fuera muchas personas terminarán suicidándose. También afirmó que con el tratado los costarricenses cambiarán sus Hyundai por Mercedes Benz.
Muchas de estas manifestaciones las ha hecho en giras por diferentes zonas del país acompañadas de la entrega de bonos de vivienda, ayudas económicas o inauguración de obras públicas. Esto ha sido calificado por la oposición como compra de votos.
Con ese mismo matiz se ha pautado propaganda en la televisión costarricense donde un conocido y adinerado entrenador de fútbol asegura que el tratado es necesario para que sus hijas puedan ir a la universidad.
Hasta el momento, el presidente Arias se ha rehusado a debatir en público sobre las supuestas ventajas de empleo e inversión que lloverán con el TLC en el país del trópico húmedo.
En la Asamblea Legislativa fueron rechazadas mociones para que éste expusiera su punto de vista en la Comisión de Asuntos Internacionales, lo que ha generado dudas con respecto a si Arias conoce realmente el texto del CAFTA.
La polarización alrededor de este tema ha llegado hasta las salas de redacción de los medios de comunicación que han caído en un claro sesgo y parcialidad en sus informaciones.
Los principales medios en este país han utilizado sus páginas, frecuencias y pantallas para desacreditar a los sindicatos, sectores universitarios y minimizar el impacto de marchas de los opositores (como la marcha del 24 de febrero que reunió a más de cien mil manifestantes en la principal avenida de San José) o en otros casos han copado su agenda informativa de frivolidades para no abrir a discusión una decisión que se supone será trascendental en la vida de los costarricenses.
Estos medios están estrechamente vinculados con empresas de funcionarios del gobierno y hasta del presidente Arias o con grupos transnacionales que están interesados en la apertura de servicios como las telecomunicaciones, sector que está anclado a la figura de monopolio estatal.
Por otra parte, medios alternativos de las universidades públicas, iniciativas ciudadanas en Internet y otros medios pequeños defienden una clara posición en contra del tratado y centran su agenda en denunciar irregularidades y las desventajas en caso de que entre en vigencia.
En este sentido se ha criticado y puesto entredicho medidas y resoluciones de organismos como el Tribunal Supremos de Elecciones (TSE) y la Sala Constitucional de ese país.
Ésta última determinó, ante una consulta de la Defensoría de los Habitantes y otra de un grupo de diputados, que el CAFTA no tiene roces con la Constitución.
Así lo determinaron cinco magistrados de dicha sala. Mientras que otros dos consideraron que el tratado sí presenta roces constitucionales en varios apartados como el relacionado con el sistema de arbitraje internacional.
Éste es uno de los aspectos más cuestionados ya que el Estado se estaría obligando a participar en arbitrajes internacionales en caso de que se presente una demanda por parte de un inversionista, esto incluso sin haber agotado las vías legales internas.
Cabe resaltar que un grupo de especialistas en derecho constitucional -a pedido de la Universidad de Costa Rica (UCR)- advirtió en un documento más de una decena de inconstitucionalidades que presenta el TLC.
De momento la Sala no se ha pronunciado sobre posibles vicios inconstitucionales en lo que se refiere propiamente al trámite del expediente legislativo del tratado.
En este sentido, existen dudas sobre la forma en que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa condujo el análisis y debate del CAFTA, así como la inclusión de declaraciones interpretativas al texto que no tienen ninguna validez jurídica.
El 12 de diciembre del 2006, dicha Comisión dictaminó el Tratado bajo la protesta de sectores opuestos que fustigaron por la falta de tiempo para convocar a más instituciones y personas que se refirieran al tema y para analizar más declaraciones interpretativas que fueron desechadas automáticamente.
En el caso del TSE -organismo encargado de organizar y fiscalizar la consulta popular del 7 de octubre-pesan cuestionamientos sobre su parcialidad.
Algunas de sus resoluciones han sido confusas y no cuenta con los mecanismos para ejercer controles de equidad en cuanto la pauta de información o propaganda en los medios de comunicación.
Estas erratas del TSE han generado un clima de tensión en cada bando con acalorados debates o deletéreas acusaciones.
Ni siquiera la pregunta que se imprimió en las papeletas deja claro si se estaría aprobando o rechazando el CAFTA y su agenda de implementación o si la votación es sobre tres informes que dictaminó la Comisión de Asuntos Internacionales.
Por otra parte, la campaña del «No al TLC» se ha centrado en la emotividad patria y en reiterar las consecuencias de dicha apertura comercial sobre el modelo de desarrollo solidario que beneficia a los costarricenses desde hace cinco décadas con servicios de educación gratuita, seguro social y bajas tarifas en electricidad y telecomunicaciones.
Según los opositores, el CAFTA desarmará este modelo solidario ya que se prevé un impacto en las medicinas genéricas, la educación, la soberanía, el poder judicial y en el ambiente. Esto sumado a la apertura de los monopolios estatales de telecomunicaciones y seguros. También se ha cuestionado la inclusión en las listas de desgravación arancelaria varios tipos de armas de guerra y hasta de órganos humanos.
Distintos sectores han criticado el trabajo que realizaron los negociadores costarricenses durante la administración del ex presidente Abel Pacheco (2002-2006) al incluir temas en el TLC que fácilmente generan combustión en la opinión pública.
Estos negociadores renunciaron a sus cargos después de concluir las rondas de negociación y formaron una organización privada que ha gastado miles de dólares en promover el CAFTA.
Dicha entidad se ha negado rotundamente a revelar la procedencia de esos dineros.
De momento el TSE trata de concretar acuerdos entre los líderes de los movimientos que integran el «No» y el «Sí» para bajar los ánimos y evitar enfrentamientos. Sin embargo, la pasividad para fiscalizar la equidad y acceso a la información sobre el tratado sigue siendo motivo de conflicto.
Esta situación ha generado preocupación en diferentes personalidades costarricenses como el ex presidente Luis Alberto Monge (1982-1986) que ha manifestado dudas sobre la transparencia electoral para el referéndum de próximo 7 de octubre.
Cabe destacar que a un mes del referéndum se filtró en un medio de comunicación un memorando escrito por el vicepresidente de Costa Rica Kevin Casas y el diputado del PLN Fernando Sánchez con comprometedoras sugerencias al presidente Arias para infundir una campaña de miedo en la población Costa Rica.
En dicho documento Casas y Sánchez sugieren que se condicione el presupuesto de las municipalidades y que se estimule el miedo a la pérdida de empleo, la injerencia extranjera en el movimiento del «No» y «el ataque a las instituciones democráticas», entre otras.
Varios sectores pidieron la renuncia de los dos funcionarios por considerar el documento una evidencia clara de corrupción.
Algunas de las sugerencias que plantea el documento coinciden con la campaña pautada por el movimiento del «Sí».
A pesar de que en pocas semanas los costarricenses definirán si entra en vigor o no el CAFTA el tema seguirá dando de que hablar por las réplicas que pueda dejar el resultado.
El 7 de octubre del 2007 ya está impreso en los anales de la historia costarricense.
Jeymer Gamboa es periodista y productor audiovisual.
Colabora con el Semanario Universidad de ese país.
Actualmente reside en Buenos Aires.