Las organizaciones ciudadanas de Costa Rica están seguras de impedir la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) con movilizaciones sociales iguales o mayores a las que en el año 2000 revirtieron la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad y Telecomunicaciones (ICE). […]
Las organizaciones ciudadanas de Costa Rica están seguras de impedir la ratificación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) con movilizaciones sociales iguales o mayores a las que en el año 2000 revirtieron la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad y Telecomunicaciones (ICE). En esa ocasión, centenares de miles de costarricenses paralizaron al país, y las protestas terminaron hasta que fue derogado el decreto legislativo que permitiría la inversión privada en el monopolio estatal de electricidad y telefonía, una de las empresas públicas más eficientes de América Latina y del mundo, con más del 90% de cobertura urbana y rural a nivel nacional. Algo similar sucedió dos años después, cuando el expresidente Abel Pacheco firmó un contrato con una compañía transnacional que pretendía explorar petróleo y gas natural en la costa atlántica. Esta vez, las protestas obligaron a la Corte Suprema de Justicia a declarar inconstitucional el proyecto, por ser incompatible con el desarrollo sostenible. «El TLC, así como la privatización del ICE y la exploración petrolera, lo vamos a derrotar en las calles, con movilización popular», asegura Jorge Coronado, dirigente del Encuentro Popular, una convergencia de organizaciones campesinas, ecologistas, comunitarias y estudiantiles que, junto a la poderosa Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), encabeza la resistencia al acuerdo comercial.
TLC destruirá modelo ‘de bienestar’ costarricense
El activista social costarricense estuvo recientemente en El Salvador, invitado por el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) para conversar sobre la privatización de los servicios públicos y el comportamiento de las empresas transnacionales, en donde destacó los beneficios que goza la población de su país al mantener el suministro de los servicios básicos bajo la responsabilidad del Estado. Esta situación terminaría con la implementación del CAFTA porque el gobierno costarricense sería obligado a abrir los monopolios estatales de servicios públicos a las corporaciones estadounidenses, especialmente el ICE y el Instituto Nacional de Seguros (INS). El TLC también completaría la privatización de la banca en la que, si bien ya existe participación privada, el Estado mantiene una posición de privilegio. «La mayoría de la población sabe que el TLC acabará con un Estado que durante más de 50 años ha dado salud y educación gratuita y ha suministrado agua potable, electricidad y telefonía a precios bajos, con buena calidad y una cobertura casi total en todo el país. Costa Rica es un modelo que ha funcionado, a pesar de las reformas de ajuste estructural que se hicieron y del permanente acoso de las élites neoliberales», sostiene Coronado. Este convencimiento de amplios sectores está fortaleciendo la unidad de la organización ciudadana y está generando una conciencia nacional. «En la Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC, interactuamos movimientos de resistencia al libre comercio, sectores empresariales nacionalistas, expresidentes de la República y hasta partidos tradicionales de derecha», manifiesta.
«Vamos a paralizar todo el país»
«Todas las organizaciones, sectores y personalidades de la Coordinadora hemos decidido paralizar el país, tomándonos las calles, las ciudades, los puertos, aeropuerto, el edificio legislativo, todo. Para esto sólo estamos esperando el momento oportuno: cuando el TLC pase de la Comisión de Asuntos Internacionales, donde se encuentra en este momento, a discutirse en el pleno del Congreso», sostiene Coronado. Este luchador social prevé dos posibilidades: la primera es que la presión social cambie la posición de algunos de los legisladores que avalan el TLC y con esto se frustre su aprobación y, la segunda, que el acuerdo comercial sea aprobado y luego derogado cuando la resistencia ciudadana lo haya derrotado en las calles con el paro nacional. «Hace dos semanas les dimos una demostración: durante dos días paralizamos parcialmente el país y nos manifestamos frente al Congreso, para advertirles sobre lo que se les vendrá encima cuando intenten hacer la votación en el pleno. Durante estas protestas se realizaron bloqueos en 30 lugares de las siete provincias y se paralizaron el ICE, la Caja Costarricense del Seguro Social y el 70% de las escuelas y colegios a nivel nacional» afirma.
«En Costa Rica, el TLC no pasará»
Durante esta jornada de resistencia social también se paralizó por completo el muelle del emblemático Puerto de Limón, en la costa atlántica, por donde sale la mayor parte de las exportaciones costarricenses, especialmente las que tienen como destino el mercado europeo. «Esta ha sido la primera vez, en la resistencia contra el TLC, que actuamos a nivel nacional. Después de las protestas contra ‘el combo del ICE’ (así se le llamó al paquete de leyes que pretendían acabar con el monopolio estatal de electricidad y teléfonos), no habíamos realizado un esfuerzo grande de movilizaciones y bloqueos a escala nacional», sostiene. Coronado señala que el gobierno y los sectores neoliberales que aprueban el acuerdo comercial han tratado de minimizar las protestas de finales del mes de octubre. «Pero se llevarán una sorpresa cuando la mayoría de costarricenses en las calles ratifiquemos la decisión de que, en Costa Rica, el TLC no pasará», advierte. Costa Rica es el único país centroamericano que no ha ratificado el CAFTA, mientras El Salvador fue el primero. Después lo hicieron Honduras, Nicaragua y Guatemala. Según datos confirmados recientemente por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Costa Rica es el país de la región que ha tenido mayor crecimiento económico: 6%, mientras la economía salvadoreña continúa en el último lugar con 3.5%. Costa Rica, además de no privatizar los servicios públicos y no ratificar el CAFTA, tampoco ha dolarizado su economía. Estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que éste es el país que recibe la mayor parte de la inversión extranjera directa que viene a Centroamérica, mientras El Salvador es el que recibe el menor porcentaje, muy abajo de Nicaragua, Honduras y Guatemala.