Autoridades venezolanas profundizan hoy investigaciones sobre la muerte de 10 personas en la frontera con Colombia, que cada vez más apunta a una acción realizada por grupos irregulares armados del país vecino. En declaraciones a Prensa Latina, el diputado por el estado Táchira Julio García Jarpa no descartó que se trate de un episodio de […]
Autoridades venezolanas profundizan hoy investigaciones sobre la muerte de 10 personas en la frontera con Colombia, que cada vez más apunta a una acción realizada por grupos irregulares armados del país vecino.
En declaraciones a Prensa Latina, el diputado por el estado Táchira Julio García Jarpa no descartó que se trate de un episodio de la segunda etapa de la penetración paramilitar en Venezuela, luego de una primera definida como la infiltración.
Según esa hipótesis, la segunda etapa -tras la infiltración- es la limpieza de otros grupos irregulares para tomar la posesión de un territorio.
El fenómeno del paramilitarismo ha sido importado a Venezuela a través de una frontera de más de dos mil 200 kilómetros, considerada de las más dinámicas de América Latina y complicada desde el punto de vista geográfico.
Con amplias zonas de difícil acceso, montañas, bosques y poblaciones indígenas que por tradición se mueven entre los territorios de ambos países, la zona se convirtió en una región de creciente influencia delictiva.
A ello se suma, según han denunciado autoridades y diputados, la utilización de los irregulares con fines políticos por parte de los gobiernos opositores de los estados fronterizos Zulia y Táchira que funcionan como protectores o asociados.
Según revelaciones de medios de prensa locales, el secuestro el 11 de octubre y posterior asesinato de 10 personas (la mayoría colombianos) en Táchira es parte de esa complicada trama.
Interrogado sobre recientes declaraciones del gobernador del estado, Cesar Pérez Vivas, el diputado venezolano calificó de operación propagandística recientes declaraciones de ese funcionario quien dijo conocer la ubicación de los campamentos de paramilitares.
García Jarpa llamó la atención sobre la realización de un crimen de tal magnitud durante el mandato de Pérez Vivas, pues anteriormente se había registrados asesinatos, pero no un asesinato colectivo de tal magnitud.
Precisó que en opinión de los diputados de ese estado «el magnicidio y la desestabilización van de la mano con el paramilitarismo. Hemos dicho que han penetrado y esta es una acción de grupos irregulares»
Este puede ser ya el conflicto por la toma de posesión de esos grupos, precisó García Jarpa para quien la situación integra una aspecto político (desestabilización) y otro comercial (contrabando de droga y gasolina).
Lo cierto es, apuntó, que en el gobierno de Pérez Vivas se ha incrementado la presencia de grupos irregulares, hasta tal punto que ya no es el «sicariato» (uso de sicarios) común sino son las muertes colectivas y él es la primera autoridad civil del estado.
Hemos dicho que está vinculado al paramilitarismo y ahora se ven las consecuencias con el desborde de las rivalidades de grupos irregulares gracias a las bondades que han conseguido en el estado Táchira.
García Jarpa confirmó a Prensa Latina que en estos momentos hay en la frontera grupos del Ejército haciendo rastreos, tal como anunció el presidente Hugo Chávez.
En su opinión toda la situación irregular en la frontera está vinculada al Plan Colombia y la presencia creciente de tropas de Estados Unidos y la facilidad que dan al narcotráfico.
Nosotros (Táchira) somos la entrada, recibimos la mayor presión porque somos la frontera más viva, el primer impacto, pero también puede aparecer en el centro, en Zulia, apuntó el diputado.
La hipótesis del ajuste de cuentas entre grupos es manejada por fuentes citadas en medios locales, que incluso dejan abierta la posibilidad a una posible vinculación con el caso de un contingente de paramilitares que intentó asesinar al presidente Chávez.
Al respecto El Correo del Orinoco cita una versión atribuida a organismos de seguridad e inteligencia de Táchira y afirma que al menos uno de los informes presentados alude al caso de los paramilitares detenidos hace cinco años en una finca cerca de Caracas.
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=132244&Itemid=1