La crisis de PDVSA está atravesada por la corrupción endémica de una burocracia parásita y corrupta, estatal y militar, que hace negocios con la burguesía nativa e imperialista en detrimento de la petrolera.
El presidente de PDVSA, el General Mayor Manuel Quevedo, admitió por primera vez la falta de inversión en los mejoradores del mayor reservorio de crudo, la Faja Petrolífera del Orinoco, así como en otras áreas, al «precisar» la situación de la mayor industria y de donde se obtienen prácticamente todas las divisas que ingresan al país.
Pero acto seguido pasó a echarle la culpa a los «vicios» y las «mafias» que han operado en PDVSA: «Es verdad, se dejaron de invertir los recursos, estas mafias que se instalaron en la Faja petrolífera del Orinoco y que hoy andan huyendo». Al mismo tiempo sostuvo que dichas «mafias» están detrás también del abandono de los campos de producción de crudo liviano en importantes áreas del occidente del país. Es decir, que la corrupción es la explicación por la falta de obras de infraestructura y otros problemas.
La hipocresía del gobierno es grande porque esa corrupción tiene larga data. Bajo el chavismo se desarrolló toda una burocracia estatal, antiobrera y antipopular, con intereses propios, enquistada en las grandes empresas del Estado en un país completamente rentista -renta manejada en su totalidad por el personal del Estado-, y en los más altos cargos. Una burocracia parásita y corrupta, que mantiene el control de las grandes empresas del Estado en función de intereses materiales propios. Este es el caso de PDVSA, atravesada por mafias y corrupción desde hace años.
Es de considerar que la corrupción ha sido también una de las formas de «acumulación de capital» de la burguesía venezolana, mediante la apropiación de la renta petrolera. Ese proceso es inseparable de lo que ha sido el chavismo como régimen político, que dio continuidad al mecanismo sostenido con cada régimen político anterior por medio del cual al calor de su relación con el Estado surgían o se fortalecían determinados sectores de la burguesía parasitaria, o surgían «nuevos ricos», a partir de sus propias posiciones en el Estado. Lo decimos en el sentido que Marx hablaba del rol que tuvieron el fraude, el robo y la corrupción, en la formación de las grandes fortunas que se volcaron luego al circuito de valorización del capital, es decir, una visión en que la corrupción constituía una transferencia de plusvalía entre fracciones de la clase dominante (Capítulo 23 del tomo I de El Capital); aunque es claro que el centro para Marx está puesto en la explotación del trabajo, de allí a cómo se reparten el botín los de arriba es otra cuestión. Por eso, esto no es una particularidad del chavismo como quiere hacer ver la oposición de derecha.
Por eso es una impostura del gobierno de Maduro su «lucha contra la corrupción», y también por eso es superficial la explicación para evadir su responsabilidad: en el estado actual de PDVSA tiene que ver no la corrupción individual de tal o cual persona, sino toda una casta, de la que forman parte Maduro y los mismos militares, y eso por supuesto también ha tenido consecuencias en la falta de inversión en la industria petrolera. Como la empresa es pública, una manera de «acumular capital» de sectores de la burocracia estatal y sus socios privados es la corrupción, generando intereses propios, una de las explicaciones de la desinversión en la industria son los negocios de la burocracia en función de sus intereses, algunos negocios «legales» y otros no.
Pero recalcamos, esto no es propio solamente del chavismo, bajo un país capitalista dependiente y rentista por excelencia -una renta controlada y administrada desde el Estado por la particularidad del rentismo petrolero venezolano-. Es por eso que buena parte del dinero proveniente de la corrupción sale del país; en Venezuela por fuga de capitales se calcula en más de 500.000 millones de dólares sin contar aquí los montos por las diversas vías «ilegales».
¿Pero acaso no fue también un mecanismo de «corrupción» la emisión de bonos de PDVSA por parte del gobierno, que a nivel nacional podían ser comprados en bolívares a tasas preferenciales y eran comerciables en dólares en el exterior? Se decía que serviría para aliviar la creciente demanda de divisas de empresas y «personas» particulares del país, y para que el gobierno «levantara recursos» para pagar deuda pública y financiar proyectos nacionales. Estos mecanismos fueron permitiendo la «acumulación», de la que hablamos antes, y el fortalecimiento de burguesías medias y grandes, el surgimiento de otros grupos económicos, y de la alta burocracia estatal.
Pero estos bonos de miles de millones de dólares que bajo este mecanismo engordaba a grupos económicos, y al mismo tiempo la fuga de capitales, una vez llegado su vencimiento tuvieron que ser pagados por el Estado a los grandes acreedores sangrando aún más al país vía las reservas internacionales y la venta de activos o volviendo a hipotecar empresas como Citgo, y peor aún en tiempos de crisis cuando caían los precios del petróleo y la infraestructura en la industria decaía. Así se dan estos mecanismos perversos, pues esos capitales podrían haber sido destinados a la inversión pero fueron a engordar a sectores burgueses viejos y nuevos, y a la alta burocracia.
El Mayor General Quevedo, quien también es ministro de Petróleo, habla cínicamente ahora de «limpiar tanta burocracia, tanta corruptela que dejaran sembrada en la Faja petrolífera del Orinoco». Lo hace como si se tratara de algo reciente, o de una cuestión de individuos, y como si ellos no fueran gobierno y responsables durante todo el período anterior. Así como existe la teoría de la guerra económica para dar explicación de la catástrofe económica que vive el país, la explicación ahora está centrada en las «mafias» y la «corrupción» cuando siempre han existido y por décadas. Para todo hay explicación ajena menos para asumir la responsabilidad en la fuerte crisis del sector petrolero.
Con miles de millones de dólares pagados en concepto de deuda externa (otro robo a la nación), la fuga de capitales y la corrupción (en el sentido que lo hemos explicado, no en la corrupción individual en la que se escuda el chavismo), la realidad concreta es que el gobierno enfrenta problemas de «inversión». En palabras más simples, que enfrenta problemas de liquidez, para poder invertir lo suficiente en la industria como para evitar la caída del bombeo así como el de la producción.
Como es de conocimiento público, la producción de PDVSA, la principal fuente de divisas del país, ha caído a cerca de un mínimo en 33 años, llegando a niveles de 1,4 millones de barriles diarios de producción, en medio de una brutal crisis económica, y cuyo escenario se complica tras las acciones de Conoco Phillips para embargar activos y el peso de su deuda con acreedores.
Según los planes iniciales del chavismo y con la constitución de las empresas mixtas desde el 2007, buscando incentivar la producción de la mano de grandes transnacionales petroleras, se esperaba que para el año 2019 se estaría produciendo alrededor de seis millones de barriles diarios, de los cuales cuatro millones provendrían de la Faja Petrolífera del Orinoco. Hoy la Faja produce escasamente entre unos 750.000 barriles diarios con la posibilidad de que sigan cayendo esos niveles de producción.
De allí que se ha llegado a niveles de la poca capacidad de inversión mínima necesaria para mantener su propia operatividad enfrentando además PDVSA serias medidas restrictivas que le impiden acceso a «mercados y financiamiento», pues se encuentra severamente endeudada, particularmente con China, Rusia e India. En el caso de China por ejemplo con préstamos que tienen hipotecada toda una producción por largos años, es decir, que por dichas exportaciones no se recibe un centavo, pues se está pagando una deuda.
Es de recalcar que el gobierno de Maduro, en medio de la crisis económica y el fuerte endeudamiento del país, tuvo la opción de reinvertir en la industria petrolera los miles de millones que terminó pagando a los grandes acreedores internacionales por concepto de deuda externa tanto de la República como de PDVSA. De la misma forma también optó por dejar hambrear al pueblo mientras satisfacía a los pulpos financieros internacionales. Es decir que fue una clara opción dejar de invertir en la producción petrolera y dejar que llegara a la situación crítica actual.
Los grandes pulpos transnacionales del petróleo, prácticamente el mismo linaje de los que hace casi un siglo se han llevado los hidrocarburos, además de los nuevos «socios» de Rusia y China, son parte de la industria petrolera, en muchos casos con 40% de las acciones -con mucho más en el sector del gas, pudiendo llegar al 100%-, y no han desarrollado tampoco las inversiones necesarias, se han atenido a las inversiones que hiciera el Estado. Todos estos grandes conglomerados petroleros, que forman parte de la élite del capital imperialista, de las empresas más ricas del mundo, son responsables también del estado de la industria petrolera nacional, de la desinversión y su mal estado.
Es por eso que si por «mafias» el ministro de Petróleo también se refiere a las transnacionales, tiene completa razón, estas han operado en función de los acuerdos con el Estado y el robo lo han hecho «legalmente». Pero no, con las transnacionales el plan es abrirse cada vez más y acentuar esta política, en un proceso de apertura (en línea privatizadora) de mejores condiciones incluso cambiando normativas de la Ley de hidrocarburos. Es lo que llaman «nuevo modelo con mayoría del sector privado», es decir, incrementando el robo. Recordemos que para agosto del 2016 ya se comenzaba avanzar en la línea de mayor apertura con las transnacionales y hacia el sector privado petrolero. Es cuando el entonces ministro de petróleo Eulogio Del Pino declaraba que «en la Faja del Orinoco, tenemos firmados acuerdos con 20 empresas mixtas con una modalidad que rige esta nueva estrategia que estamos llevando adelante porque son compañías en la cual la parte privada tiene 80% y PDVSA 20%».
Estas son las razones centrales de los bajos o casi nulos niveles de inversión en la principal industria del país. Pero hay que recalcar que la cuestión de la corrupción desde el gobierno solo se hace pública cuando es del interés de la alta burocracia chavista ya sea para tapar sus reales medidas económicas y políticas o para desplazar grupos en las disputas de poderes, así como para otorgarle un mayor control de sectores claves de la economía a los militares sobre los que se sustenta el gobierno de Maduro. Lo hacía también Rafael Ramírez que estuvo al frente de la industria petrolera casi todo el período del gobierno de Chávez, y a quien ahora Maduro le lanzó todos los dardos. El chavismo es el perro que se muerde la cola. (Se puede leer aquí, aquí y aquí).
Al contrario de las orientaciones del gobierno de Maduro de continuar con la política de la mano de los transnacionales, además de incentivar los niveles de corrupción -más allá de su hipócrita discurso-, o de las políticas que plantean como salida la oposición derechista de abrazarse también a las transnacionales, el FMI y el imperialismo, en lo que hay que avanzar es en una verdadera nacionalización de toda la industria petrolera sin ningún tipo de indemnización, 100% estatal y bajo control de los trabajadores.
Según expertos petroleros, para dar pasos serios en la recuperación de la producción petrolera en lo inmediato, existen dos vías: en la Faja, petróleo pesado, construir cinco mejoradores, unos 125.000 millones de dólares. Otra es tradicional, en la parte norte-costera, 19.000 pozos que no están produciendo, 50.000 millones de dólares. «El Estado no tiene esos recursos, por tanto, hay que abrirse más al capital transnacional, o privatizar partes de PDVSA, o endeudarse mucho más», dicen los economistas burgueses. Una salida anti-nacional, anti-popular y pro-capitalista. Pero hay 500.000 millones de dólares afuera, provenientes de la renta petrolera pública, fugados por la burguesía nacional y la burocracia corrupta. Esos recursos deben volver al país, a su legítimo dueño que es el pueblo venezolano. Los responsables de esto deben ser conminados a repatriarlos de inmediato, so pena de ser expropiados sus bienes para que sean bienes públicos y bajo control de los trabajadores, con participación de las comunidades, no en manos de los burócratas del gobierno ni los militares, que son los mismos responsables de toda esta situación.