Desde el último semestre del año 2012, en Venezuela se vienen agudizando las contradicciones sociales y económicas heredadas de una formación social y económica dependiente. Estas contradicciones se manifiestan en un conjunto de prácticas sociales y económicas que se reproducen como estrategias de captación de la renta petrolera (acaparamiento de productos regulados, contrabando de extracción, […]
Desde el último semestre del año 2012, en Venezuela se vienen agudizando las contradicciones sociales y económicas heredadas de una formación social y económica dependiente. Estas contradicciones se manifiestan en un conjunto de prácticas sociales y económicas que se reproducen como estrategias de captación de la renta petrolera (acaparamiento de productos regulados, contrabando de extracción, especulación de divisas extranjeras, entre otras). Aunado a estos nudos críticos internos, la crisis del mercado petrolero ocasionada por la sobreoferta de petróleos convencionales y no convencionales, la desaceleración económica del capitalismo global y la presencia de factores de desestabilización del mapa geopolítico mundial (conflicto de Sudán, desmembramiento de Libia, asedio armado a Siria, guerra civil en Ucrania, activación del Estado Islámico, entre otros), configuran un nuevo reposicionamiento de las relaciones estratégicas y geoeconómicas de Venezuela como potencia energética en el mundo (Zibechi, 2014). Esta situación demanda, a lo interno de nuestro país, una profundización en la búsqueda de nuevas relaciones productivas, así como un relacionamiento externo basado en la complementariedad y fortalecimiento de procesos de integración regional y del tipo Sur-Sur orientados hacia una diversificación exportadora y una sustitución de importaciones en el mediano plazo.
La situación socioeconómica actual de Venezuela se encuentra ante el agotamiento de un modelo de desarrollo que subsiste con un tipo de cambio en la moneda sobrevalorado, el cual sirvió para favorecer la inclusión de los grupos sociales más empobrecidos del país y reducir las desigualdades sociales. Este tipo de cambio sobrevalorado se mantuvo durante mucho tiempo, gracias a los altos precios petroleros que predominaron entre los años 2004-2014, a excepción del período de precios bajos del crudo entre los años 2008-2009, por motivos de la crisis financiera del capitalismo (Clavijo, 2015: 1 y 2). Sin embargo, por otra parte, favoreció el incremento de productos importados en el mercado nacional, dejando en dificultades los procesos productivos que pudieran contribuir al incremento del PIB no petrolero. De allí que sea necesario reconstruir un aparato productivo con una intervención del Estado en alianza estratégica con sectores privados y los movimientos comunales, con perspectiva exportadora y de largo plazo.
Para iniciar un proceso de reindustrialización, es necesario un tipo de cambio más cercano a una economía postpetrolera que a una dependiente del ingreso petrolero, a la vez que se deben implementar una serie de políticas integrales que no sólo permitan el financiamiento adecuado y oportuno, sino la formación de capacidades y talento humano para la investigación e innovación socioproductiva en sectores estratégicos contemplados en la Ley del Plan de la Patria (2013-2019). El avance de un nuevo modelo socioproductivo que cumpla las funciones de sustituir importaciones de materias primas, bienes de capital y de consumo, debe propiciar una praxis ecoproductiva que contemple la equidad intra e intergeneracional, a fin de satisfacer las necesidades básicas y la sustentabilidad ambiental de la producción industrial. Al respecto, sólo un proceso de reindustrialización y recuperación de la producción agrícola -bajo principios ecosocialistas- podría hacer viable la construcción de una sociedad más justa en el siglo XXI.
La exigencia de una producción más limpia y socialmente responsable será una realidad cuando se diseñen políticas ambientales que regulen eficazmente los patrones de producción y consumo, e impulsen la aplicación, diseño e innovación de ciencia y tecnología para reducir los procesos entrópicos. En esta nueva situación, las universidades y centros de investigación deberían estar prestos a fortalecer las experiencias ecoproductivas y ampliar los conocimientos necesarios, apropiados y apropiables para una transformación productiva sustentable a pequeña, mediana y gran escala. De esta manera, la necesidad social y la responsabilidad ambiental demandan una nueva praxis científica y tecnológica ante un mundo donde las desigualdades sociales son agravadas por las políticas neoliberales del capitalismo global y los efectos ambientales de este modo de producción tan devastadores, como el calentamiento global, la contaminación de las aguas, la pérdida de suelos productivos y la erosión genética. Efectos que han sido banalizados a través de los medios de comunicación y de algunos líderes políticos, a pesar de las grandes amenazas para la supervivencia humana en nuestro planeta y, por supuesto, en nuestra patria.
El reto de superar el estado de cosas insostenible del capitalismo rentista y dependiente requiere un fortalecimiento de la organización comunal y un nuevo relacionamiento productivo entre el sector privado y el Estado, que vaya más allá de las tradicionales facilidades a la inversión productiva y se traduzca en nuevas fuentes de divisas para el país y una nueva estructura económica autogestionaria. En este contexto, la transformación de la arquitectura financiera de la región latinoamericana debe apalancar los emprendimientos ecoproductivos nacionales en cooperación con los países sudamericanos (Mercosur y Banco del Sur, principalmente), de la ALBA y Petrocaribe, con miras a ampliar la diversificación en la participación del sector externo de la economía. Por tal motivo, la crisis pudiera ser asumida con audacia para idear una nueva sociedad y una nueva economía con sujetos menos alienados y en equilibrio dinámico con la naturaleza.
Actualmente, la organización de varias comunas con clara orientación agroecológica (por ejemplo, la Comuna Agroecoturística «Alto Tuy» del estado Aragua) eclosionan como flores de una posible primavera ecoproductiva. El éxito de sus sujetos comunales emergentes dependerá del nivel de autogestión que vayan conquistando en la lucha por una apropiación social de la naturaleza y del trabajo, cada vez más politizada en la ética ecosocialista y la construcción de un Estado comunal. Pero no se debe descuidar que la transformación del Estado es contradictoria y la ruptura con el Estado burgués no tendría sentido sin la movilización comprometida de los colectivos sociales y de productores, ante las fuerzas de la inercia burocrática que reproducen la racionalidad parasitaria y rentista. Por supuesto, el tránsito hacia el ecosocialismo en Venezuela no se haría sólo con la práctica agroecológica, sino con la articulación de la gestión ambiental en todas las experiencias comunales socioproductivas tanto de carácter artesanal como de carácter industrial.
La dinamización de las comunas convoca a una revisión de los procesos burocráticos, con el fin de acelerar e impulsar con eficacia estas instancias de integración comunitaria y productiva en todo el país. También el Estado debe promover el intercambio entre las comunas, para lo cual podría conformar directorios, ferias, encuentros y ruedas de negocios que faciliten la conformación de y el acceso a un mercado socialista de factores productivos como a su respectivo mercado socialista de servicios y bienes de consumo, tanto nacionales como foráneos. La comunicación derivada de esos mercados robustecería la autonomía de las comunas y su sostenibilidad económica. He allí el germen de una nueva cultura productiva y sustentable, donde los venezolanos confrontarían las dificultades de vivir una caída de los precios petroleros, aprendiendo, a la vez, una nueva praxis postrentista que no sólo favorezca al ser humano en lo personal, sino que lo revincule a su ambiente como parte de un todo integral y complejo.
Referencias:
Clavijo, S. (Febrero 18 de 2015). Los ciclos petroleros mundiales: ¿Qué esperar para 2015-2016?. Bogotá: ANIF Centro de Estudios Económicos. Consultado el 29 de julio de 2015 en: www.anif.co
Ley del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 (2013). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6118 Extraordinario, 04-12-2013.
Zibechi, R. (Diciembre 8 de 2014). «Crisis del mercado petrolero: Choque a la vista». AlbaTv. Consultado el 29 de julio de 2015 en: http://www.albatv.org/Crisis-del-mercado-petrolero.html
Notas
Héctor Bello Silva es Profesor Asistente de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Doctorando en el Programa de Fromación Avanzada en Ciencias para el Desarrollo Estratégico (Área de conocimiento: Gestión de políticas públicas). Correo electrónico: [email protected]
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