La política exterior del gobierno del presidente Chávez apunta, parece ya no caber duda, a una integración latinoamericana cuyos fundamentos sean la soberanía y autodeterminación de los pueblos; la solidaridad y complementariedad social, política, económica y cultural; la cooperación con otros pueblos del Sur; la promoción de un escenario multipolar y plural que incida democráticamente […]
La política exterior del gobierno del presidente Chávez apunta, parece ya no caber duda, a una integración latinoamericana cuyos fundamentos sean la soberanía y autodeterminación de los pueblos; la solidaridad y complementariedad social, política, económica y cultural; la cooperación con otros pueblos del Sur; la promoción de un escenario multipolar y plural que incida democráticamente en la toma de decisiones; la defensa del ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo, al menos, de menor impacto; el rechazo a cualquier intento de sometimiento externo, principalmente a las pretensiones de dominación estadounidenses pero también a aquellas agresiones que provengan de cualquier otro país, incluida la cercana y siempre un poco más problemática de lo que uno quisiera, Colombia.
Desde lo que denominamos el pensamiento crítico o «progresista», difícilmente podría uno oponerse a una política internacional semejante, aun cuando pudiera pedírsele, en alguna que otra cosa, un poco más de músculo, de empuje, o se pregunte uno por qué otros países latinoamericanos más o menos cercanos a Venezuela no terminan de asumir la ALBA, o de aceptar la entrada plena de nuestro país al Mercosur. Ello responde, lógicamente, a lo ilógico de la política latinoamericana, específica en cada caso; a las fuerzas en pugna que enfrentan, por ejemplo, Lula da Silva, Cristina Fernández o Fernando Lugo en sus respectivos congresos. Pero decía que, en líneas generales, la política externa del gobierno del presidente Chávez es, acaso, una de las más coherentes de su gestión, diga lo que diga la derecha.
Las más recientes cumbres de Mercosur, Alba y Copenhague servirían de ejemplo suficiente, sin tener que retomar discusiones previas como la posición cuasi unánime de Unasur frente al golpe de Estado en Honduras, que ha hecho movilizar por los países del cono Sur a la descarada diplomacia de Washington, o la anterior condena a la agresión del gobierno de Uribe contra Ecuador, al violentar su soberanía incursionando en su territorio para bombardear un campamento de las FARC.
Sin embargo, no ocurre lo mismo a lo interno. Mira uno hacia adentro y las contradicciones saltan a la vista. La eficacia y la eficiencia del Estado crecen de forma inversamente proporcional a la multiplicación de ministerios, entes públicos, planes de desarrollo, iniciativas públicas de inclusión y misiones. El «Poder Popular» que tan rimbombante suena en el nombre de los ya casi incontables y siempre mutantes ministerios no es más que un vacío semántico, político, ideológico, pero sobre todo pragmático. Y no hablo del poder popular real, concreto, apenas mal atendido por las instituciones del estado, salvo, quizá, honrosas excepciones, sino de esa entelequia en la que lo han querido convertir haciendo un uso indiscriminado de los términos, en un intento del poder instituido por absorberlo.
El aparato mismo del Estado aparece hoy más burocrático que nunca durante los 10 años de gobierno; la incapacidad para solucionar problemáticas como las de vivienda, servicios básicos o seguridad ciudadana abren distancias cada vez mayores entre los «funcionarios» públicos y la gente. El maltrato al ciudadano común en casi todas las instituciones del estado es ya, más que queja cotidiana, lamento continuado. A pocos venezolanos se les oye decir, agradecidos como si de un favor se tratara, que en este o aquel organismo público le solucionaron el problema, le dieron pronta respuesta o al menos fue bien atendido. El descontento, muéstrenlo o no las encuestas oficiales, se deja sentir en la calle, en las conversaciones con los amigos, en las reuniones entre militantes, en el pueblo en general.
Lo que pasa en simple. Mientras se sostiene un discurso socialista, de inclusión, de lucha contra la pobreza, desde el que se caracteriza al pueblo no sólo como partícipe y protagonista, sino como «soberano», se siguen nombrando ministros, viceministros, directores generales y jefes de división con un pensamiento descaradamente de derecha. Y son ellos los que ponen en práctica la política, son ellos los que le dicen a los trabajadores qué hacer y que no y cómo; son ellos los que trazan, no las grandes líneas políticas, sino la concretas prácticas políticas cotidianas, el día a día de la política pública, ésa que deberían llegar a la gente, a los de abajo, y que entorpece más bien la relación comunidad – estado.
Hay, pudiera decirse, una fuga del chavismo a todo nivel que amenaza convertirse en estampida. Con ello no estoy diciendo, ni mucho menos, que pudiera darse de forma alguna un acercamiento de esta «disidencia» a la derecha. La oposición canalla no sacará frutos de la crisis interna por la que atraviesa hoy la «revolución bolivariana» y las razones están marcadas con sangre y hambre en la historia reciente de Venezuela. Hablo, sí, de una izquierda crítica del chavismo que piensa ya en la construcción de una vía distinta de participación e, inclusive, de confrontación con esa «boliburguesía» enquistada en el poder, con ese «nido de alacranes» sobre en el que reiteradamente se le ha advertido al presidente Chávez que se encuentra sentado. Esa disidencia hacia la izquierda, ya cuestiona, directa y abiertamente las decisiones que a lo interno ha tomado el propio Chávez respecto a muchos aspectos de su política interna; pero, sobre todo, la rotación entre ministerios y otros cargos públicos de las mismas caras ampliamente rechazadas por los venezolanos de todo tipo, incluso a nivel electoral.
La disfuncionalidad estatal, que fue una de las primeras señales de que algo estaba fallando y empezó a generar el clima de descontento, dio paso a los escándalos de corrupción, que profundizaron las distancias entre «las bases» y la pseudo-dirigencia chavista. Hoy, la cosa va más lejos. La persecución, detención ilegal, encarcelamiento y hasta asesinato de líderes sociales, indígenas, campesinos, sindicales, comunicacionales, críticos del estado-gobierno, crea una confrontación definitivamente más profunda y una crisis que, de ideológica, pasa a ser abiertamente política. Los casos de Sabino Romero en Zulia, detenido por enfrentar a las mafias que se esconden tras la Comisión Presidencial para la Demarcación de las Tierras Indígenas, cuyos intereses coinciden con los de las grandes trasnacionales del carbón; la sentencia contra Carlos Chancellor en el estado Bolívar, el asesinato de Mijail Martínez, hijo del líder social Víctor Martínez por las denuncias contra los grupos parapoliciales en Lara, son algunos de los casos que dejan entrever una confrontación mucho mayor entre una élite política abiertamente corrupta y antisocialista que ha hecho metástasis con el gobierno «revolucionario» y los líderes sociales, los militantes de base, la gente misma.
La debacle del chavismo, más allá del liderazgo de Chávez, que pudiera o no sobrevivir a una crisis que pareciera agravarse con el curso de los días, podría conducir a una radicalización desde abajo del proceso revolucionario, que impulse y ejecute ella misma las transformaciones necesarias y urgentes. Pero también podría derivar en un debilitamiento paulatino del compromiso y la conciencia política y social alcanzada hasta ahora, principal logro del «proceso», que devenga apatía y permita no sólo el regreso de la derecha más recalcitrante, sino que imposibilite cualquier proyecto político progresista en un futuro próximo.
Ante la evidencia de esta crisis, el gobierno se ha apresurado a destapar algunas ollas y disminuir la presión que amenaza con ahogarlo en las próximas elecciones parlamentarias. Como siempre, el presidente Chávez debió salir a dar la cara ante el país y se puso su más cerrado uniforme discursivo para enfrentar el desfalco bancario, dejando que «rodaran» algunas cabezas cercanísimas, como la de Jesse Chacón, aunque ello más bien dejara bien parado al ex ministro, incluso para sectores de la derecha más recalcitrante como Julio Borges. Pero ello no garantiza más que un respiro, insuficiente para pasar la crisis asmática que agobia al «proceso».
Si bien las medidas tomadas por el presidente Chávez han capitalizado a su favor la credibilidad en su persona, ello no termina de conjugar a favor de su gobierno, que aparece como un armatoste insostenible y del que nadie entiende por qué Chávez sigue con su peso a cuestas, a sabiendas de que éste constituye el peso muerto que ya no sólo no le permite avanzar, sino que lo arrastra con él hacia el fondo.
¿Y si se hunde, dónde quedará el proyecto de integración latinoamericana? No podemos negar la importancia estratégica, política y económica que representa Venezuela para el proyecto de integración y liberación de América Latina ¿Cómo sobrevivirían, aislados, los gobiernos de Correa en Ecuador, de Morales en Bolivia, de Ortega en Nicaragua, por nombrar sólo algunos de los más cercanos y dejando por fuera de esta preocupación a Cuba, que sin duda ha sobrevivido a crisis mucho mayores y buscaría las formas de seguir haciéndolo, pero que igualmente recibiría un duro golpe si llegase a caer la revolución bolivariana? Lo que se está jugando en Venezuela, aunque suene grandilocuente, es el destino de nuestra América. En eso no parecen detenerse los burócratas depredadores del entorno presidencial y el resto de funcionarios altos, medios y bajos del gran aparato roto del estado.
La salida a la actual crisis de la revolución bolivariana pasa no sólo por un examen político del entorno presidencial, sino principalmente por un examen del propio Chávez, que debe ir de vuelta a la calle a reencontrarse con el descontento popular que lo erigió líder del proceso. O Chávez oye al pueblo, o el proceso se hunde.
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