Existe en nuestro país un monopolio de la cultura económica por parte de la doctrina neoliberal que es casi absoluto y que se reproduce por parte de los medios de mayor difusión (tanto prensa, como radio y televisión, tanto públicos como privados), así como por los establishments políticos, y ello a pesar de que los […]
Existe en nuestro país un monopolio de la cultura económica por parte de la doctrina neoliberal que es casi absoluto y que se reproduce por parte de los medios de mayor difusión (tanto prensa, como radio y televisión, tanto públicos como privados), así como por los establishments políticos, y ello a pesar de que los datos existentes muestran el error, cuando no la falsedad, de sus supuestos. Así, un argumento generalizado que es ampliamente utilizado por el Gobierno Zapatero, por el Sr. Mariano Rajoy, presidente del mayor partido de la oposición en España, y por el Sr. Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, es que los recortes realizados en nuestro Estado del Bienestar son necesarios porque durante estos años hemos estado gastando en él más de lo que la economía puede permitirse. En otras palabras, se aduce que no tenemos recursos suficientes para financiar el Estado del Bienestar que tenemos.
Otro argumento semejante es el indicado también por el Sr. Mariano Rajoy y por el Sr. Artur Mas, ambos dirigentes de coaliciones conservadoras-liberales, de que hay que reducir el Estado del Bienestar para salvarlo, como si este Estado del Bienestar estuviera demasiado obeso. Estos argumentos neoliberales se reproducen hasta la saciedad a pesar de que los datos existentes cuestionan la certeza y credibilidad de tales argumentos. Uno de estos datos es que el Estado del Bienestar en España y en Catalunya es el menos extenso de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. Su gasto público social por habitante (que cubre los gastos de las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales y otros) es el más bajo de la UE-15. Adelgazarlo puede significar un enorme debilitamiento del ya insuficientemente financiado Estado del Bienestar, lo cual hace difícil de entender el deseo de seguir recortándolo, a no ser que lo que se intente sea debilitarlo todavía mas para sustituirlo por los servicios privados. Hay intereses financieros, económicos y corporativos que están presionando a los partidos políticos en esta dirección y son influyentes en los partidos que están pidiendo que tales servicios se reduzcan todavía más para, según ellos, salvarlos
El segundo dato que cuestiona el argumento de que «nos gastamos más en el estado del bienestar de lo que podemos gastarnos», es que, en realidad, España y Catalunya se gastan mucho menos de lo que podrían gastarse por el nivel de riqueza que tienen. España ya es tan rica como el promedio de los países de la UE-15, el grupo de países más ricos de la UE. Su PIB per capita es ya el 94% del PIB per capita promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio de la UE-15. Si en lugar del 74% fuera el 94% del promedio del gasto público social por habitante del promedio de la UE-15, España se gastaría 66.000 millones de euros más en su Estado del Bienestar de lo que se gasta. Estos recursos, pues, existen en España. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge.
Una situación incluso más acentuada ocurre en Catalunya, donde el PIB per cápita ya es superior al promedio de la UE-15 (110%) y, sin embargo, el gasto público social per cápita es sólo el 73,3% del promedio de la UE-15. El argumento que utiliza el gobierno Mas es que tal déficit de gasto público social se debe al déficit fiscal de Catalunya con España. Pero, aunque no existiera tal déficit (que existe y debería corregirse) el gasto público social por habitante continuaría siendo más bajo del que le corresponde por su nivel de riqueza. De nuevo, el problema de la subfinanciación del Estado del Bienestar en Catalunya (y en España) se debe a que el Estado (tanto central como autonómico) no recoge los recursos, y ello a pesar de tener la capacidad de recogerlos, lo cual aplica, no sólo al estado central de España, sino también a sus CCAA, incluyendo Catalunya.
El hecho de que no los recoja se debe a lo que solía llamarse «poder de clase», es decir, la resistencia de los súper ricos, de los ricos y de las rentas superiores, a pagar los impuestos que pagan sus homólogos en la UE-15. Así, mientras la gran mayoría de las personas que están en nómina pagan impuestos semejantes a sus homólogos en la UE-15 (un trabajador de la manufactura, por ejemplo, paga ya en impuestos el 84% de lo que paga su homólogo en la UE-15), los ricos pagan mucho menos. El fraude fiscal está generalizado en este sector de la población y alcanza la cifra -según estimaciones del sindicato de inspectores de Hacienda- de 88.000 millones de euros. En realidad, los impuestos de este sector han ido descendiendo en los últimos quince años, siendo ello responsable del déficit público estructural del Estado español. Tal déficit quedó oculto con el aumento de los ingresos al Estado, consecuencia del elevado crecimiento estimulado por la burbuja inmobiliaria. Cuando tal burbuja estalló, apareció el tamaño de tal déficit estructural de una manera clara. Este déficit, pues, es consecuencia de la reducción de los ingresos al Estado, en lugar de -como señalan los analistas neoliberales- un excesivo gasto público.
Hay otras maneras de reducir el déficit
Otra falsedad neoliberal es el argumento de que es necesario bajar el déficit a base de reducir el gasto. Se ignora que otra manera de reducir el déficit es aumentando los impuestos y, muy en especial, los de los grupos más adinerados que se beneficiaron de los recortes impositivos en los últimos quince años. Por cada recorte hay una alternativa que ni siquiera se considera. Así, por ejemplo, David Lizoain, un economista que ha estado analizando en detalle el presupuesto de la Generalitat de Catalunya, ha mostrado que, en Catalunya, los recortes sociales podrían haberse evitado mediante el mantenimiento del impuesto de sucesiones (400 millones de euros) y de patrimonio (538 millones); el establecimiento de un impuesto ecológico (de 5 euros por viaje aéreo en el Aeropuerto de El Prat), que hubiera recogido 150 millones, e impuestos finalistas en salud, que podrían haber alcanzado la cifra de 1.000 millones de euros (tal como hizo el gobierno de la provincia de Ontario en Canadá). Es más, la gravación de los beneficios exorbitantes de la banca (tal como aconsejó el Gabinete de estudios del Fondo Monetario Internacional) hubiera conseguido 600 millones de euros para Catalunya. Y así un largo etcétera. Con estos fondos podría haberse creado empleo y estimulado el crecimiento económico. El hecho de que se recorte el Estado del Bienestar en lugar de subir estos impuestos, se debe a que las rentas superiores tienen más poder político y mediático que las clases populares.
Lo mismo ocurre en España. Según los cálculos del Observatorio Social de España (basados en el criterio de David Lizoain) los ingresos la Estado podrían incrementarse en 16.731 millones si se creara un impuesto finalista para la sanidad (6.900 millones); si se gravaran los excesivos beneficios y sueldos de la banca (2.948 millones); si se estableciera un impuesto de sucesiones (2.552 millones), o un nuevo impuesto de solidaridad, como ha hecho Francia, que representa el 0.17% del PIB (1.841 millones); si se hiciera depender la multa del nivel de renta del multado, tal como se hace en Finlandia (862 millones) y si se aumentara la gravación de las rentas más elevadas (643 millones). Y no digamos la eliminación del fraude fiscal que, tal como indiqué en un párrafo anterior, alcanza la enorme cifra de 88.000 millones de euros.
Las propuestas de Rubalcaba
Es positivo que el candidato del partido gobernante, el Sr. Rubalcaba, haya abierto la posibilidad de iniciar una nueva manera de resolver los problemas creados por la crisis proponiendo un aumento de impuestos de manera tal que los fondos generados como resultado de tal medida pudieran utilizarse para crear empleo. Tales medidas son necesarias y urgentes, tal como han estado enfatizando los partidos a la izquierda del PSOE, marginados antidemocráticamente por los mayores medios públicos y privados de información. El problema con tales medidas es, sin embargo, que son tardías e insuficiente, pues el problema existente en España (que es el desempleo y la falta de crecimiento económico) requiere unas medidas mucho más sustanciales (con una reforma fiscal profunda) de las consideradas por tal candidato. Como he indicado en varias ocasiones (ver mi sección Política Económica en www.vnavarro.org) si España tuviera la política fiscal de Suecia, el estado español ingresaría 200.000 millones de euros más de los que recibe, con los cuales se podría, además de reducir el déficit, crear cinco millones de nuevos puestos de trabajo, permitiendo que el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar (muy poco financiados en España) pasara del 10% que tiene ahora al 24% que tiene Suecia. Ello permitiría eliminar el desempleo, crear una gran demanda, estimular la economía y corregir el enorme déficit social de España. Que esto no ocurrirá se debe a razones políticas y al sesgo neoliberal que existe en la mayoría de las instituciones mediáticas y políticas del país, tanto en España como en sus CCAA, incluyendo Catalunya.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University