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Cruel connivencia

Fuentes: viapolitica

Àlex Tarradellas

Una niña de 15 años, acusada de «intento de hurto», es obligada a dividir el espacio de un encarcelamiento precario con más de 30 hombres durante más de 20 días. Sufre todo tipo de violencia y abuso sexual, pide ayuda y, cuando los que pasan cerca de la prisión oyen sus gritos, no pasa nada. Pequeña, con menos de 1,40m, tiene los cabellos encaracolados cortados con machete para disfrazar su presencia entre aquellos que de ella se sirven antes de las comidas. Eso es Brasil, año 2007, tercer milenio. Más concretamente, ciudad de Abaetetuba, a cerca de 130 km de Belém, capital del Estado de Pará.

El detalle más cruel es que L., la víctima, fue enviada y mantenida en esa sucursal del infierno por representantes legítimos de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia en su comunidad: la Policía Civil que la arrestó sin haber practicado delito grave, la comisaria y la jueza que permitieron su ingreso en el sistema penitenciario, incumpliendo completamente la protección a que L. tiene derecho por el Estatuto de la Infancia y la Adolescencia (ECA), legislación en vigor en el país desde 1990, el Consejo Tutelar que tardó en actuar en su auxilio, eso sin hablar de todos los no hicieron nada a sabiendas del hecho, desde los vecinos y habitantes de la ciudad a las autoridades municipales, estatales y federales.

Una vez más, una historia indignante y absurda de violación de derechos humanos básicos que implica la vida de una adolescente en situación de conflicto con la ley gana repercusión en los medios de comunicación nacionales y las autoridades e instituciones son perseguidas para dar explicaciones. Las respuestas y disculpas son las mismas de siempre. La gobernadora Ana Júlia Carepa (PT), como bien observó Jânio de Freitas, en el artículo «O país das jaulas» [El país de las jaulas] (Folha de S. Paulo, 25/11/2007), «no faltó, pero, con la vieja palabra tranquilizadora y dignificante, como es propia de gobernantes: «El gobierno del estado no contemporiza con la violación de los derechos humanos y va a apurar los hechos con rigor»». Así de fácil, como si la propia gobernadora tampoco fuera responsable por lo que ocurrió. Incluso admitió públicamente que ya tenía conocimiento de que situaciones como ésa sucedían con mujeres en las prisiones paraenses hace algún tiempo. Como afirma Jânio de Freitas, esas prisiones no tienen celdas y sí jaulas «donde quien no es fiera al entrar encuentra todos los motivos para salir transformado en fiera». Y se pregunta: «¿Hasta qué punto las prisiones brasileñas se diferencian de aquellas típicas de los regímenes más bárbaramente criminosos?»

Al leer en el cuaderno Cotidiano de la misma Folha de S. Paulo que «todos sabían que la niña estaba en medio de los hombres», me hago la inevitable pregunta formulada por la reportera Laura Capriglione, enviada por el periódico de Pará: «Si era tan flagrante la identidad femenina y casi infantil de L., ¿por qué nadie lo denunció antes?» La respuesta dada por la tía de uno de los presos que convivieron con L. y que ya fueron transferidos a penitenciarías próximas es simple y lógica: «Miedo a morir. Aquí todo el mundo tiene miedo», dice ella. «Si la comisaria pone una niña en la celda con los hombres y la jueza la mantiene allí, ¿quién soy yo para denunciarlo? Además, ¿denunciar para qué?»

Entonces recuerdo que la promulgación del ECA (Ley federal nº 8.096, del 13 de julio de 1990) introdujo en Brasil un amplio conjunto de normas de protección a los niños y adolescentes, que tuvieran «reconocido su estatus de ciudadanos», en consecuencia de la Doctrina Jurídica de Protección Integral consagrada anteriormente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de la Infancia. Un hecho conmemorado en su momento con el orgullo y la emoción de las grandes conquistas sociales que resultan de la articulación de muchos grupos y segmentos. También recuerdo que ya pasaron más de 17 años, y recorro mentalmente una lista enorme de elementos de divulgación y movilización, de materias periodísticas y publicaciones, de personas, instituciones y redes que, juntas, asumieron la tarea de «sacar el ECA de la letra fría del papel» para transformarlo en «una realidad» país adentro. ¿Por qué aún no ha sucedido eso? ¿Por qué el sistema permanece inalterado en su perversidad en tantas regiones del país?

«Sólo tener buenas intenciones no basta». Es sólo a través de la acción que nuestras intenciones se materializan y demostramos realmente quienes somos, construimos nuestro ser y expresamos nuestra indignación en una práctica capaz de influenciar la sociedad». Los autores de esta frase, Jung Mo Sung y José Cândido da Silva, citados en la publicación «A ética na prática do Conselho Tutelar» [La ética en la práctica del Consejo Tutelar], un material de divulgación elaborado por la Red de Consejos Tutelares de Maranhão en 1999, indican una respuesta posible. Quizá nos sobren buenas intenciones y nos falten actitudes e iniciativas. O quizá, como propone el periodista y consultor en derechos humanos y seguridad pública, Marcos Rolim, en su artículo «Capitães-do-mato» (publicado también en Zero Hora de 25/11/2007), la raíz del problema sea bastante más profunda: «A pesar de las garantías constitucionales y de todas las conquistas legales, hay un sentido común y una falta de sensibilidad en el interior de aquello que podríamos llamar «brasilidad» que mantiene como el nazismo una «afinidad electiva». En otras palabras, todos estamos formados en una tradición cultural que incluye «entre otras vertientes, obviamente» un fuerte componente antihumanista».

Recién salida de la prisión, L. está tan feliz por poderse alimentar sin tener que pasar antes por sesiones de tortura que mal consigue evaluar la profundidad de las marcas de la violencia que sufrió y que, seguramente, la acompañarán por el resto de su existencia. Su caso, así como otros tantos que continuaron siendo denunciados, muchas veces anónimamente, de hecho confirman la noción de que nada cambia en cualquier país del mundo cuando se alteran las leyes y el sistema social, sin que se modifiquen los valores, las creencias y las actitudes de aquellos que forman parte de la sociedad.

 


Fuente: http://www.viapolitica.com.br/noticia_view.php?id_noticia=202

Artículo original publicado el 25/11/2007 Sobre la autora

Àlex Tarradellas es miembro de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar a sus autores y la fuente.

URL de este artículo en Tlaxcala: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=4288&lg=es