Narciso y la crisis La economía se presenta como una disciplina económica respetable. Es la única de las ciencias sociales que tiene un Premio Nobel. La sofisticación matemática de los modelo s económicos, su elegancia formal, la dotan de un aura de seriedad innegable. El crecimiento económico experimentado en los dos últimos siglos le confieren […]
Narciso y la crisis
La economía se presenta como una disciplina económica respetable. Es la única de las ciencias sociales que tiene un Premio Nobel. La sofisticación matemática de los modelo s económicos, su elegancia formal, la dotan de un aura de seriedad innegable. El crecimiento económico experimentado en los dos últimos siglos le confieren legitimidad social, ya que en gran medida la historia del capitalismo industrial coincide en el tiempo con el desarrollo de la disciplina. Las instituciones económicas supranacionales son presentadas como centros de aplicación de los avances científicos a escala planetaria. Las recetas económicas se consideran parecidas a las recetas médicas, pensadas para curar a las sociedades enfermas y vigorizar al resto.
Una mirada en profundidad percibe que bajo esta fastuosa representación existen muchos puntos de fractura. El análisis económico dominante (lo que en la profesión llamamos «economía neoclásica») es objeto de numerosas y acertadas críticas por las diversas corrientes heterodoxas (marxistas, sraffianos, institucionalistas, poskeynesianos, feministas, ecologistas políticos…) y por científicos de otras disciplinas (como los psicólogos cognitivos, los ecólogos, etc.). El crecimiento económico no ha garantizado el bienestar material básico al conjunto de la humanidad, y resulta cada vez más evidente que se ha sustentado en una depredación a corto plazo de un conjunto de bienes naturales irreemplazables. Las instituciones económicas como el FMI o la OCDE no solo han fallado repetidamente en sus previsiones, sino que a menudo han propiciado la aplicación de políticas que han generado mayores males que los que pretendían paliar. Pero todas estas críticas y fracasos no parecen haber afectado ni al pensamiento económico dominante, ni a las políticas que se practican ni al discurso de las élites. Los economistas, sus instituciones y los políticos que los apoyan son como Narciso, tan admiradores de sus propias ideas y modelos que parecen incapaces de llevar a cabo una revisión crítica de las mismas. Narciso acabó ahogado por su incapacidad para mirar otra cosa que no fuera su imagen reflejada en el agua. Por desgracia, el comportamiento de estos narcisos recae en millones de personas que no tienen la culpa de su egolatría, su incompetencia y su falta de sentido colectivo.
Los últimos sucesos son relevantes. El Fondo Monetario Internacional anuncia un importante cambio en sus previsiones económicas para el próximo año. Donde antes había estancamiento ahora se anuncia recesión. Se reconoce que las políticas de ajuste, que ellos mismos recomiendan, son las causantes de este cambio de previsiones, pero nadie asume ni el error anterior ni plantea en serio la revisión de sus políticas. Lo mismo ocurre en la Unión Europea, donde la troika sigue proponiendo «ajuste, ajuste, ajuste» sin importarle los costes sociales que provocan ni tomar nota de los efectos que dichas políticas están provocando en la dinámica económica. Siguen defendiendo el mantra de aligerar el Estado como vía para recuperar la economía, cuando la evidencia empírica existente muestra que los países con mayor peso de lo público están capeando mejor la crisis que aquellos donde este es más débil. Recientemente el ETUI (el Instituto de los Sindicatos Europeos, con sede en Bruselas) ha publicado un estudio sobe Letonia, el primer país al que se aplicó una política de ajuste diseñada por el FMI y la troika [1]. Un plan de ajuste basado en un fuerte recorte del gasto público y de los salarios privados, justificado para que mejorara la competitividad externa del país y las exportaciones tiraran de la economía; más o menos lo que ha constituido el modelo de ajuste que la ortodoxia económica lleva años propugnando. A pesar de que la economía letona está especialmente conectada con alguna de las economías que menos han padecido la crisis (los países escandinavos y Polonia), no hay evidencia alguna de que haya obtenido una mejora sustancial de la competitividad ni de que haya conseguido aumentar sustancialmente su cuota de mercado exterior. Lo único que parece haber mejorado la economía ha sido la emigración del 10% de su fuerza de trabajo y su traducción en remesas monetarias. Algo que también ha ocurrido en países como El Salvador o Ecuador. Ni el modelo ha cumplido sus previsiones ni parece posible que la economía europea fuera a ser capaz de absorber la emigración del 10% de la fuerza de trabajo de los países del Sur de Europa. El caso letón, aunque limitado, es significativo porque constituye un ejemplo de libro de un país que «hizo los deberes» sin calcular el coste social. Es lo mismo que constatamos día a día en Grecia, Portugal, España.
No comparto la visión de los que piensan que la crisis ha sido una mera conspiración para derribar al Estado del bienestar. Las crisis son consustanciales a la historia del capitalismo. Cuarenta años de neoliberalismo habían generado tal cantidad de problemas irresueltos y de estructuras inadecuadas que hacían bastante probable que la crisis tuviera lugar. Lo que resulta evidente es que, una vez iniciada, la combinación de intereses de las élites dominantes y de doctrinarismo intelectual está conduciendo a una regresión social sin precedentes. Las élites están cegadas por la bondad de su modelo y por las ganancias a corto plazo que el ajuste les proporciona. Pero el final de la historia no está escrito. Como Narciso, corren el peligro de ahogarse en su propio sueño. Aunque el principio de precaución nos obliga a no esperar sentados, a activar el proceso mediante acciones diversas -culturales, reivindicativas, políticas, propositivas- para acelerar el cambio. Y empezar por mostrar la evidencia de la distancia que media entre sus propuestas y su plasmación real constituye un elemento básico para construir la crítica.
Política del saqueo: postal de Catalunya
Es un hecho conocido que las políticas de ajuste contienen casi siempre una política de privatizaciones que beneficia a grupos privados. En teoría, la venta de bienes públicos se justifi ca no solo por la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, sino también porque se supone que la gestión privada mejorará la eficiencia del sistema. Es otro de los «mantras» de la ideología neocapitalista que en muchos casos está lejos de probar su veracidad. En la práctica, más bien parece que estas «desamortizaciones» a lo que sí han contribuido es a enriquecer a unos pocos. Casi siempre, los gobiernos en dificultades malvenden sus activos y entregan «monopolios naturales» (empresas que desempeñan actividades económicas donde es difícil que pueda funcionar un mercado competitivo) que garantizan rentas abundantes y seguras. Los planes de privatización y ajuste iniciados en la década de los ochenta y la liquidación de la economía burocrática de Europa del Este son prolijos en experiencias nefastas.
En España también sabemos bastante de esta historia. Las privatizaciones del sector eléctrico, de Telefónica o de la banca pública, lejos de propiciar una mejora sustancial de la calidad de vida de la gente han sido fuente de grandes negocios para unos pocos. La crisis actual propicia un escenario novedoso favorable a una nueva oleada de privatizaciones que suponen otro saqueo de bienes públicos en favor de unos pocos.
Catalunya, con un gobierno que es más papista que el papa en materia de neoliberalismo, presenta una nueva colección de ejemplos de lo que significa la privatización. Algo que no debería sorprender de un Govern cuyo conseller de Economia i Universitats es el principal promotor de una escuela privada de economía -la Barcelona Graduate School of Economics- que desarrolla sus cursos en centros públicos y que ha obtenido una generosa financiación estatal. La política de privatizaciones sigue, además, una línea de promoción de los intereses privados a partir de instituciones públicas construido por los gobiernos de CiU, especialmente en la sanidad pública.
La gestión del agua [2]
Hasta ahora, donde la situación está más avanzada es en la gestión del agua. El agua en Catalunya ha sido un negocio desde hac e años. No es casualidad que el mayor grupo privado de gestión del agua en España, Agbar, tenga su origen en la Sociedad General de Aguas de Barcelona, que gestiona el servicio en la capital catalana desde 1889. Ahora asistimos a una vuelta de tuerca en dos frentes. En primer lugar, la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa pública encargada del suministro del agua en alta, desde los pantanos donde se toma el agua hasta las zonas metropolitanas. La justificación es la deuda que mantiene ATLL, una deuda provocada fundamentalmente porque la compañía se vio forzada a realizar importantes inversiones a cuenta de la Generalitat y esta no aportó los fondos a los que estaba obligada. Ahora la deuda es la coartada para la privatización. Para hacerla atractiva, la Generalitat ha ido rebajando el precio de licitación, asumiendo la deuda, facilitando los plazos de pago y garantizando un importante aumento de tarifas que garanticen el beneficio. Según los cálculos de la propia Generalitat, el ganador pagará unos 300 millones de euros y tiene garantizado un beneficio de 1.800 millones. Si todo ello ya era de por sí escandaloso, esta semana se ha sabido que la empresa que resultaba mejor puntuada para quedarse con ATLL era el grupo Acciona (de la familia Entrecanales), pero un sector del propio Govern trata de alterar el resultado y dar por ganador al grupo Agbar.
Pero si esto ya es de por sí escandaloso, es peccata minuta frente a la segunda operación, la creación de una empresa metropolitana en el área de Barcelona para la gestión de agua en baja (suministro a hogares y negocios) y del saneamiento.
La historia de este segundo caso es enrevesada. Hace años, El País publicó una información según la cual Agbar gestionaba el agua de Barcelona sin tener contrato. En 2010, en un pleito privado el juez sentenció que la empresa no tenía derecho a su demanda porque operaba en una situación de irregularidad legal. Potencialmente esto abría una situación peligrosa para Agbar, pues corría el peligro de perder el contrato sin indemnización alguna (por ejemplo, abría la posibilidad a una remunicipalización). La respuesta de la empresa se dio en una doble vía: por una parte sobre el propio Consejo General del Poder Judicial, con el que acordó promover una fundación para tratar los problemas jurídicos de la gestión del agua, y, por otra, activando su densa red de conexiones con los políticos locales para llegar a una solución que le garantizara seguridad jurídica. Esta política en la sombra ha resultado a la postre rentable. Finalmente, la Corporación Metropolitana de Barcelona ha acordado crear una empresa conjunta con Agbar (de la que esta controlará el 80%) para la gestión en toda el área. Nada más y nada menos que un regalo a Agbar que de un plumazo le resuelve todos sus problemas legales, realizado con total discreción, sin ni siquiera convocar un concurso al que se pudieran presentar potenciales competidores. El apagón informativo ha sido total. Se llegó a silenciar una rueda de prensa de ICV-EUiA donde se denunciaba la operación. Cuando, desde la junta de la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona preguntamos a altos dirigentes socialistas por el tema, nos dijeron no saber nada (faltaba una semana para la aprobación inicial). La opacidad informativa ha sido básica para tapar lo que en cualquier lugar es un escándalo.
Ambas operaciones presagian un fuerte incremento del precio del agua que pagarán los particulares y la pérdida total de control público en la gestión de un elemento tan esencial como el agua.
Aunque ninguna de las dos operaciones está cerrada y existe una cierta respuesta no solo de activistas sino también de alcaldes que las ven como un ataque a sus intereses (algunos ayuntamientos cuentan con empresas públicas de gestión del agua, algunas mucho más eficientes que las gestionadas por Agbar, y la mayoría han aportado patrimonio que ahora pasará a manos de las empresas beneficiarias), es bastante probable que ambas operaciones acaben por fructificar. Y, según cómo acabe el concurso de ATLL, puede que toda la gestión del agua quede en manos de un monopolio privado, bajo control del grupo francés Suez Environment (y una participación minoritaria del privatizado CaixaBank).
La sanidad en venta
La sanidad siempre ha sido un negocio privado o, como es tá ahora de moda decir, un «partenariado público-privado». La obsesión convergente por la sanidad privada ya supuso en el pasado una aportación millonaria de las arcas públicas a procesos fallidos o fraudulentos, como el del Hospital General de Catalunya o la Aliança.
Solo recientemente se ha podido sacar a la luz el saqueo a que ha sido sometida parte de la sanidad pública catalana por parte de sus gestores y las empresas concesionarias de servicios o constructoras de nuevos centros. La mayoría de estas irregularidades fueron descubiertas por la Sindicatura de Comptes hace unos años, pero, como se trata de un órgano colegiado, los pactos entre CiU y PSC impidieron que salieran a la luz. Ahora sabemos que se ha producido un sistemático drenaje de fondos, y están imputados varios de los principales directivos de la sanidad público-privada.
Lo que ahora se prepara es un paso más en esta estrategia de saqueo. Esta vez la información proviene de fuentes de segunda línea, y lo que dicen estas fuentes es que se está preparando una operación de privatización directa del Hospital Clínic de Barcelona, el antiguo hospital universitario de la ciudad. El Clínic lleva largo tiempo con problemas económicos y ha acumulado una deuda importante [3]. También ha sido pionero de una privatización a la carta, pues cuenta con un área de atención especial para enfermos de pago. Allí, por ejemplo, fueron atendidos el rey Juan Carlos y la multimillonaria Alicia Koplowitz; por lo que se ve, las listas de espera flexibles forman parte de esta atención especial. Ahora lo que se está preparando es una operación de privatización pura y dura en que la Generalitat asumiría la deuda y cedería a bajo precio el hospital. Entre las personas que parecen impulsar el proceso se encuentran el propio director del hospital y empresarios locales ligados al sector de la asistencia geriátrica (Raventós Negra, parte de la familia propietaria de Codorniu). Se habla incluso de capital catarí, en los últimos tiempos muy activo en la ciudad. De hecho, hace tiempo que entre los grandes proyectos estratégicos de las élites locales figura el de convertir la ciudad en un centro sanitario para los ricos del mundo, y el Clínic constituiría un centro de prestigio para vertebrar esta política. El déficit y la necesidad de apuntalar la sanidad pública con ingresos adicionales pueden ser la coartada para justificar esta política de regalo de patrimonio público al sector privado. Se trata de una acción impopular que de momento parece haber retrasado la operación hasta pasadas las elecciones (también en esto la derecha local se parece a la de Madrid), pero el peligro, para el Clínic y para otros centros, está ahí desde que la aprobación el año pasado de la llamada «ley ómnibus» autoriza al Gobierno catalán a vender o alquilar parte de los centros sanitarios públicos a operadores privados. Aparte de un negocio redondo, esto permitiría a las empresas privadas ofrecer unos servicios de calidad que hasta ahora todo el mundo sabía que estaban en la sanidad pública.
A la crisis llega mos con políticas corruptas en materia urbanística y de gestión de servicios públicos. La crisis es ahora la coartada para transferir a precio de saldo el poco patrimonio público que quedaba. Hace años Marx teorizó el concepto de «acumulación primitiva de capital» para mostrar que el despegue del capitalismo se había producido por un proceso de concentración de riqueza por medios políticos (en las colonias y en las metrópolis), por un cambio en las reglas del juego que, por ejemplo, había permitido pasar a manos privadas los terrenos comunales. Ciento cincuenta años después, resulta evidente que este tipo de procesos no son solo la prehistoria del capitalismo, sino que forman parte sustancial del modelo de acumulación de la era neoliberal. En este sentido, las políticas de amiguitos del Govern de Mas son rabiosamente modernas.
Notas
[1] R. Janssen, «Does austerity work after all?», ETUI Policy Brief 9/2012.
[2] Toda la información correspondiente a este proceso puede consultarse en la página web de la Plataf orma Aigua és Vida. La plataforma agrupa a una serie de organizaciones cívicas y ecologistas de Catalunya opuestas al actual proceso de privatización.
[3] La información solo la ha publicado el periódico digital eldiari.cat y firma la información el periodista Alfons Quintà.
Fuente: http://www.mientrastanto.org/