Junto a la implementación de la Responsabilidad Social empresarial, la rentabilidad económica ha pasado a ser un criterio de los programas de cooperación con el Sur.
La mercantilización de la cooperación al desarrollo se ha asentado en los valores emanados de lo que llamamos la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), un concepto acuñado por la comunidad internacional en 1999 en el seno del polémico Foro Económico Mundial de Davos. A la vez, se lanzaba la iniciativa Pacto Mundial con el fin declarado de promover la adopción por las empresas de políticas económicas y socialmente responsables y de garantizar la canalización de recursos privados para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desde entonces, las organizaciones sociales no han cesado de señalar la ineficiencia del Pacto Mundial para reducir las violaciones de derechos laborales, sociales y ambientales cometidas por las empresas transnacionales. También denuncian que este paradigma «onusiano» de la RSC ha servido de coartada a la comunidad internacional para no desarrollar un sistema normativo vinculante que acabe con la impunidad del sector empresarial.
Quizás el resultado más perverso del Pacto Mundial es que ha facilitado que las corporaciones ganaran un peso sin precedente en el diseño de las políticas de cooperación al desarrollo de Naciones Unidas, con una intencionalidad no disimulada de emular a los gobiernos recalcitrantes a adoptar los postulados neoliberales de apertura de mercados y privatización de servicios. Tan estratégica es esta cruzada que, para presidir la Fundación Pacto Mundial, se apuntó al ex presidente del grupo Shell, una transnacional cuyas prácticas en Nigeria y otros lugares distan mucho de ser ejemplos de buena praxis.
Fundación Carolina, en España
En octubre de 2000, la cooperación española se dotó del instrumento institucional que más ha hecho en los últimos años por difundir y promover la RSC. El gobierno de Aznar creó la Fundación Carolina con la misión explícita de promover las relaciones culturales y la cooperación, principalmente con la comunidad iberoamericana. Como reza su página web, la Fundación Carolina es una institución «única en el sistema de cooperación al desarrollo, por la participación conjunta de actores públicos y privados«. Tanto es así que en su patronato, al lado de la directora de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y los ministros Salgado y Sebastián, guardan asiento los presidentes de Telefónica, el Banco Santander, Repsol YPF, BBVA o Aguas de Barcelona, empresas que han sido acusadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos de violar los derechos laborales, sociales y medioambientales de comunidades enteras en América Latina, además de limitar la soberanía de los gobiernos de este continente.
El apoyo público a empresas
La RSC y las alianzas público-privadas constituyen una poderosa arma para la internacionalización de las empresas españolas. Así lo entendieron éstas cuando crearon sus fundaciones asociadas, a través de las cuales ejecutan proyectos de cooperación al desarrollo que no dejan de ser elementos de negociación muy eficaces para acallar las protestas de comunidades afectadas, ganarse la confianza de las autoridades de las regiones donde actúan y realizar con ello una barata campaña de publicidad y un rápido lavado de imagen. En algunos casos, la contradicción es tal que estas fundaciones reciben para ello dinero público de Ayuda Oficial al Desarrollo.
Si bien el III Plan Director de la cooperación española sitúa a las empresas entre los agentes del sistema de la cooperación al desarrollo, no nos engañemos: el objetivo social de las empresas transnacionales no es -ni será nunca- la reducción de la pobreza ni la eliminación de las desigualdades en el mundo, sino una mejor cotización en bolsa y la generación de más beneficios para sus accionistas.
En este contexto de creciente legitimación del sector empresarial por los representantes gubernamentales tropezamos con una frecuencia creciente con declaraciones que equiparan la cooperación al desarrollo con una actividad económica cualquiera. Se establece como criterio para su mantenimiento la rentabilidad económica financiera de los programas de cooperación con el Sur. De este discurso dominante dictado por el sector empresarial se hace eco el propio comisario de Desarrollo de la UE, Piebalgs, cuando dice que cada euro concedido en concepto de ayuda al desarrollo deberá devolver por lo menos diez euros o más en inversiones.
http://www.diagonalperiodico.net/Cuando-la-solidaridad-pasa-a-ser.html
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