El viernes negro transformó la vida económica de la nación. Aparece Recadi en el deceso del gobierno de Luis Herrera Campíns. El presidente Lusinchi continuó con el organismo de control cambiario. Los jueces dijeron a que los altos funcionarios de un gobierno era muy difícil comprobarles un delito. El Fiscal General de la época colgó los guantes.
Miércoles 21 de marzo de 1990. En reunión plenaria de la cámara alta del Congreso Nacional de Venezuela, la parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el Estado Zulia, Lolita Aniyar de Castro, finaliza su exposición -donde aborda el tema de la corrupción- solicitando a los Senadores: se abra una investigación contra el ex presidente adeco y Senador vitalicio (condición que atribuía la constitución de 1960 a los ex mandatarios), Jaime Lusinchi.
Aniyar de Castro pidió: «que se nombre una Comisión Especial que investigue su grado de responsabilidad política, civil o administrativa, en relación con la malversación del Patrimonio Nacional, en virtud de sus atribuciones constitucionales, con especial referencia al caso Recadi«. (1)
Se revivía, con este discurso, el bochornoso tránsito de uno de los casos de corrupción irresoluta, que naufragaba en las aguas del olvido nacional desde 1983.
UN PARTO LLAMADO RECADI
Estamos en 1983, finaliza el quinquenio del presidente Luis Herrera Campíns (COPEI). Luego de una reunión donde participó el gabinete de ministros y los representantes del Banco Central de Venezuela, presidido entonces por el «búfalo» Leopoldo Díaz Bruzual; se llegó a la conclusión de que había que romper con la libre convertibilidad de la moneda y se asumió un programa de cambios diferenciales.
De esta forma, el gobierno nacional instituye un apéndice del Ministerio de Hacienda, para que administre la vuelta a un sistema cambiario que, 20 años antes, estaba en manos del Banco Central de Venezuela.
Es así como el «domingo 20 de febrero, el Presidente Luis Herrera Campíns dicta un decreto de suspensión de la venta de divisa extranjera durante los días lunes 21 y martes 22. Esta medida fue extendida posteriormente hasta el día 25 de febrero; y el día 22, por decreto presidencial, se establece un control diferencial que permite el cambio de 4,30 bolívares por dólar sólo para los gastos corrientes, envío a estudiantes del exterior, amortización de las deuda pública interna y la privada externa y para las operaciones de la industria petrolera, del hierro y otros renglones«. (2)
Nace, en medio de una turbulencia nacional denominada por los medios de comunicación como Viernes Negro: La Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, que pasaría a los anales de la historia nacional por sus siglas, Recadi. Esta organización manejó a sus anchas todas las divisas que circularon por las cuentas bancarias desde 1983 y hasta 1989, sin que nada -al menos hacia el conocimiento público- diera cuenta de la oscura procesión que se movía por dentro.
FLOTANDO EN CADA GOBIERNO
Jaime Lusinchi (AD) toma posesión de la presidencia de la república el 2 de febrero de 1984, bajo el llamado proselitista de: «pueblo, pongamos al país en marcha«. El testigo en las riendas del poder nacional se lo entrega Herrera Campíns. De esta manera y por cuarta vez consecutiva, la presidencia pasa de adecos a copeyanos y viceversa… era la época de esplendor del pacto de Puntofijo.
Recadi, a lo largo de este período accióndemocratista, continuaba siendo utilizado por funcionarios públicos, empresarios, políticos y particulares para traficar influencias, otorgar y recibir privilegios, ventajas económicas, evadir leyes, responsabilidades, lucrarse en grupo e individualmente de las mayorías populares. El nombre de Blanca Ibáñez, secretaría privada del presidente Lusinchi será uno de los más relacionados con este caso.
No fue, sino con el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, cuando se tomó la decisión de liquidar a Recadi el 10 de febrero de 1989. Un mes más tarde, la ebullición de aquel hervidero de corrupción, alcanzaría luz pública en los espacios del Congreso Nacional.
LA PRIMERA PIEDRA
Carlos Tablante quién para el 26 de marzo de 1989 actuaba como Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados del parlamento venezolano, denunció «aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, utilización de dólares preferenciales para fines distintos a los declarados, sobre facturación de importaciones y soborno» (3) en la oficina del Régimen Cambiario Diferencial. Rafael Salazar, general de resguardo nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación (FAC) hoy Guardia Nacional (GN) lo acompañó en la denuncia.
El diputado de la tolda naranja, acusó a un grupo de empresas, denominadas de la siguiente manera:
Distribuidora Nueva Zelandia C.A.
Maquinarias Royal C.A.
Maquinarias Europa, C.A.
Maquinarias Victoria y
Maquinarias Onix. Agregó que todas las mencionadas «pertenecen a los ciudadanos chinos Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing, ambos con domicilio social falso y actividades comerciales totalmente desconocidas«, dijo Tablante.
El recién estrenado presidente de la república, Carlos Andrés Pérez (CAP), quién tomó posesión en medio de una faraónica ceremonia propia de la Venezuela Saudita y con un importante respaldo popular, reaccionó como era de esperarse por parte de un hombre curtido en las arenas del pacto de puntofijo, solicitó el jueves 23 de febrero de 1989 -según aparece reseñada en una nota del diario El Nacional al día siguiente- a los ministros de la Secretaría, Hacienda y Relaciones Interiores, «abrir una rápida, exhaustiva y determinante investigación sobre un posible fraude a la Nación, derivado de la sobrefacturación de importaciones con dólares preferenciales, autorizados por Recadi a varias empresas del sector privado durante 1988, y cuyo monto podía ascender a 2.500 ó 3.000 millones de dólares«.
Las primeras flechas hicieron blanco en los últimos directores de Recadi, Ana Teresa Herrera Balduz y Edgalia Bastardo de Leandro, pero también impactaron en las empresas verificadores internacionales: Société Généralé Surveillance Caleb Brett, Bureau Veritas .
A pesar de que el ex presidente Lusinchi envió un fax a los medios de comunicación, defendiendo sus actuaciones frente a Recadi, varios dirigentes políticos se sumaron a los petitorios de investigación, entre ellos Antonio Ledezma de AD, Humberto calderón Berti y el socialcristiano Douglas Dáger que expresó una especie de profecía: «Recadi amenaza con quedarse en el puro escándalo y los peces gordos impunes«.
No obstante las primeras denuncias parecían tener alguna acogida en los predios judiciales, por orden del juez Luis Guillermo La Riva, del Tribunal Superior de Salvaguarda, se impuso auto de detención y prohibición de salida del país a los únicos seis detenidos por el caso Recadi: Livio Pernetz, representante de la empresa verificadora Caleb Brett; Nina Giovanna Calazza Pocaterra, empleada de la Société Généralé Surveillance; y los empleados del Banco Italo Venezolano: Lola Consuelo Ardila, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeño y Angelo Tiso Meola, a pesar de contar con una lista de 90 personas.
Andrés Velásquez, diputado del partido la Causa Radical y miembro de la Comisión Especial del Congreso, adelantó «las investigaciones quedarán en nada, no sólo por el débil piso moral de nuestras instituciones, sino porque además Estados Unidos presiona para que se deje en paz a las empresas privadas que supuestamente estarían involucradas«.
¿CULPABLES?
Cuando avanzaban las investigaciones, se produjo una declaración por parte del juez Guillermo Urbina Cabello quién aseguró «En estos casos, cuando están implicados sobre todo altos funcionarios públicos, es muy difícil, por no decir imposible, comprobarles la comisión de un acto de corrupción, porque son personas generalmente universitarias, ilustradas y con cierta cultura que además, para cometer estos delitos, se asesoran por abogados, auditores, contabilistas, economistas… son los llamados ladrones de cuello blanco» ¿Qué podíamos esperar los venezolanos de los administradores de justicia?
Este tribunal cerró la averiguación penal contra la empresa Interamericana de Aviación y su presidente, Julio Mendoza Silva, «por considerar que hasta el presente no se ha ocasionado ningún daño al patrimonio público en el otorgamiento de dólares preferenciales«. Esta decisión en el caso Recadi, fue la primera que se tomó en contra o a favor de algún particular.
Pero habría que anotar el gol de la honrilla y demostrar que aunque con prerrogativas y atenuantes, la justicia criolla verdiblanca podría mostrar visos de funcionamiento. Sólo Ho Fuk Wing, un nombre poco familiar, pagó los platos rotos, este ciudadano resultó el único detenido que purgó condena por el caso Recadi. Lo más increíble fue que su detención se produjo por accidente tras cometer una infracción de tránsito. Fuk Wing pasaría a engrosar el imaginario popular como «El chinito de Recadi«.
Los titulares de la prensa nacional evidenciaron el descontento del país por la ignominia propinada por una corte de jueces cómplices, miembros de las famosas tribus judiciales que eran nombradas por los partidos políticos.
«Fallo apresurado«, «Se cumplió la profecía de Pérez, delitos sin delincuentes«, «Un golpe a la democracia«, «Inadmisible que Recadi queda impune«, «Una emboscada contra la justicia«. Lolita Aniyar, Senadora del MAS, la misma que pidió iniciar las averigüaciones hizo su condena: «la Corte ha consagrado la impunidad»
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
El entonces Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, colgó los guantes por parte del gobierno nacional, parecía inmóvil ante la historia patria, dijo: «Pasa el tiempo y no se hacen progresos en el caso Recadi«.
Los actores políticos de este caso, apenas uno de los más emblemáticos en la larga lista de hechos de corrupción jamás sancionados, no hicieron más que quejarse por la decisión y pasar la página a este capítulo de la historia.
Aquellos en quienes recayó la representación popular, protestaron, pero en las páginas de los medios… Hoy, esos mismos representantes de lo que fue el establecimiento de la cuarta república, enfilan sus voces contra el presidente Chávez, sin haber siquiera purgado sus culpas con las responsabilidades del pasado.
ALGUNOS DATOS FINALES
Ingresos y egresos de divisas de Venezuela |
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Período 1983-1988 |
|||
(Millones de dólares) |
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Período considerado |
Ingreso de divisas |
Egreso de divisas |
Saldo |
1983/1988 |
86.765 |
90.169 |
-3.404 |
1983/1985 |
49.625 |
45.748 |
3.844 |
1986/1988 |
37.140 |
44.383 |
-7.243 |
|
<$1B> Las administraciones de RECADI en el período 1983/1989 |
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Período |
Presidente de la República |
Ministro de Hacienda |
Director de Recadi |
|
83/84 |
Luis Herrera Campíns |
Arturo Sosa |
Fernando Hernández |
|
83/84 |
Luis Herrera Campíns |
Arturo Sosa |
Miguel Rodríguez Molina |
|
84/86 |
Jaime Lusinchi |
Manuel Azpúrua |
Francisco Maldonado Cisneros |
|
84/86 |
Jaime Lusinchi |
Manuel Azpúrua |
Oscar Páez Bohórquez |
|
86/89 |
Jaime Lusinchi |
Manuel Azpúrua |
Héctor Meneses |
|
86/89 |
Jaime Lusinchi |
Héctor Hurtado |
Ana Teresa Herrera Balduz |
|
86/89 |
Jaime Lusinchi |
Héctor Hurtado |
Edgalia Bastardo de Leandro |
|
1989 |
Carlos Andrés Pérez |
Eglée Iturbe de Blanco |
Eva Morales |
*** Fuentes:
(1) El Nacional
(2) Efemérides venezolanas.com
(3) Diccionario de Corrupción en Venezuela. Vol.3