Hay hechos que valen por ríos de tinta, miles de imágenes o infinidad de bytes. Revelan la verdadera cara de una persona o un grupo social. En el estado norteño de Pará, hace apenas un par de semanas, la autoridad local del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), otorgó tierra a los mandantes […]
Hay hechos que valen por ríos de tinta, miles de imágenes o infinidad de bytes. Revelan la verdadera cara de una persona o un grupo social.
En el estado norteño de Pará, hace apenas un par de semanas, la autoridad local del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), otorgó tierra a los mandantes del asesinato en mayo de 2011 de José Cláudio Ribeiro y Maria do Espíritu Santo, una pareja de luchadores por la tierra y la ecología.
José Rodrigues Moreira, principal acusado de haber ordenado la muerte de ambos asentados, pilares de la resistencia contra el avance de las empresas madereras en la floresta amazónica, estaba inscrito en el INCRA como aspirante a colono. Y también su esposa, Antonia Nery de Souza. Una sociedad de hecho.
El pasado 14 de diciembre de 2012, el superintendente local del INCRA, Edson Luis Bonetti, firmó una resolución otorgándole a Antonia Nery el mismo lote por el cual su esposo mandó matar a José Cláudio y a Maria.
No se trata de un «error por inadvertencia» o de una «omisión fortuita», sino de una cruel confirmación: consorcios de empresarios madereros y latifundistas continúan disponiendo de la vida, la naturaleza y hasta la memoria de las personas en «territorios liberados de ley federal».
No sólo pretenden ser la ley y el orden contra quienes les oponen resistencia, también permanecer impunes y llenan de temor a quienes quieren resistir pero aún no se atreven.
Consultado por La Rel, Francisco de Assis da Costa, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en la Agricultura (FETAGRI) de Pará, explicó que «No se trata de un hecho aislado ni novedoso. Es un ejemplo más de una política sistemática de protección y, en este caso, premiación de alguien que ordenó el asesinato de dos campesinos indefensos.
Es un premio y un mensaje para toda la sociedad del sureste de Pará. Ese mensaje dice: ‘Hacemos lo que queremos, cuando queremos'».
Según Da Costa, la FETAGRI ya había advertido hace tiempo mediante notas oficiales tanto a las autoridades locales y federales del INCRA como al Ministerio Público de que esta señora, esposa del mandante de los asesinatos, aún permanecía en la lista de aspirantes a colonos.
«Por eso esto nos toma por sorpresa. Pensábamos que el alto grado de exposición del caso haría recular a los consorcios. Pero nos equivocamos. La realidad superó a la más absurda ficción», dijo Da Costa.
La reacción de la FETAGRI, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y de numerosas organizaciones sociales no se hizo esperar y la información adquirió rápidamente repercusión nacional.
Hace apenas un par de días, tres meses después de la adjudicación del lote, el INCRA decidió tomar cartas en el asunto destituyendo a Edson Luis Bonetti, superintendente del organismo en la región.
Francisco da Costa, por su parte, estimó que «No es suficiente destituir a un funcionario corrupto. Se trata de una política deliberada para favorecer a los consorcios de madereros y latifundistas. Hasta que no se modifique en profundidad esa política y se instrumente una reforma agraria integral, estas cosas seguirán ocurriendo.
Nosotros continuaremos denunciando y luchando -agregó-. Por ejemplo, ahora hemos advertido que en el lote adjudicado al mandante de los asesinatos había varias familias viviendo allí desde hace años. La Policía se presentó y los conminó a abandonar rápidamente sus tierras, cuando se sabe que la adjudicación no es legítima».
Da Costa señaló además que los campesinos acampados en diversos predios de la zona, y que reclaman tierra para vivir y producir, son objeto permanente de amenazas, insultos y provocaciones por parte de particulares y de policías.
La última ironía de este episodio es que ahora el Ministerio Público debe buscar la vía legal adecuada para anular la adjudicación que fue hecha en términos reglamentarios. Desde ya, la fiscalía advierte que «no será sencillo».
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.