El desplome de un edificio en el centro de São Paulo hace casi un mes, donde había una ocupación popular del movimiento por vivienda, generó un debate sobre las ocupaciones de edificios vacíos en las ciudades. Pero para Erminia Maricato, profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de São […]
Rute Pina.- Se observan muchos avances en las políticas públicas urbanísticas a partir de los años 80. Pero cuando se mira la distribución de la ciudades, de los inmuebles y de la concentración de propiedad agraria, la situación es diferente. ¿Qué falló en ese proceso?
Erminia Maricato.- Se puede afirmar que durante el lulismo, como se conoce el período de los gobiernos de Lula y Dilma hubo una distribución de la renta. El coeficiente de Gini y el índice de Desarrollo Humano (IDH) lo demuestran claramente. Hubo un incremento del salario mínimo por encima de la inflación, el Bolsa Familia, el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf).
Pero en las ciudades, la distribución de la renta se enfrenta con el costo de vida que, en general, no se tiene en cuenta y es poco debatido por la izquierda, por el movimiento obrero, por los economistas.
Si hay un incremento en los precios de los inmuebles y en las tarifas de transporte público, todo aumento de ingreso puede ser tragado por el costo de vida urbano. Y fue lo que pasó, especialmente con el boom inmobiliario de 2009 a 2015.
El costo de vida en las ciudades se volvió mucho más caro porque la vivienda es una mercadería especial, diferente de otras mercaderías debido a dos características solamente.
La primera porque depende del capital financiero, de un financiamiento a la producción y al consumo. Si uno no heredó un inmueble y necesita una vivienda, necesita también un financiamiento al consumo que pagará por décadas, de modo general.
En segundo lugar, debido a la relación entre vivienda y suelo urbano en el caso de las ciudades. El precio de las viviendas depende de la localización. Algunos atributos dan precio a los inmuebles o a la tierra urbana: servicio de agua, de alcantarillado, alumbrado público, acceso al transporte público, a escuelas, a servicios privados, red de abastecimiento, servicios de salud, educación. Todo eso forma el precio de la vivienda urbana.
Hay una disputa feroz en torno a los inmuebles en las mejores localizaciones, que producen una renta diferencial, en general, especulativa.
Según mis cálculos, entre 2009 y 2015, el Estado y los bancos invirtieron en el mercado inmobiliario cerca de US$ 220 mil millones en siete años. Producimos, solo para la población de baja renta, más de 400 millones de viviendas con un subsidio muy alto. Entonces ¿por qué se incrementó el déficit habitacional? ¿Por qué se incrementaron el precio de la vivienda, del alquiler, el tiempo de transporte y el precio de las tarifas?
Para colocar esa cantidad de gente que vive en los conjuntos habitacionales en las periferias urbanas hay que extender la red de abastecimiento de agua, alcantarillado, recolección de basura, alumbrado público, transporte. Todo eso cuesta dinero. Esa extensión de la ciudad tiene un precio, pagado por toda la colectividad y que valoriza los terrenos vacíos situados en el camino.
Esas personas están alojadas, pero desde el punto de vista de la ciudad vivimos un nuevo apartheid urbano, una nueva segregación.
Rute Pina.- Usted defiende que fue ese proceso urbano lo que estaba ocurriendo en junio de 2013 y la izquierda no comprendió eso. ¿Cómo analiza usted las manifestaciones de junio cinco años después?
Erminia Maricato.- Marx no escribió sobre las ciudades, entonces las izquierdas no consiguen pensar las ciudades. Eso es muy triste. Los economistas también tienen poca tradición de pensar esas cuestiones.
Lo que hay en el período de 2009 a 2015 es una gran alza en los precios de los inmuebles. En la ciudad de São Paulo, hubo un incremento de 240% en este período. El precio de los inmuebles y los alquileres aumentó mucho más que los sueldos.
Hubo una inversión en el mercado inmobiliario residencial de casi US$ 220 mil millones. Si se suma al Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), son más de US$ 24 mil millones para construir obras que no fueron definidas por la necesidad popular.
Lo que define la necesidad de las masas urbanas es una investigación que llamamos de «Origen y Destino». Ella demuestra el trayecto de los viajes diarios en nuestras ciudades, el costo, de dónde sale y hacia dónde va. En las obras del PAC de Movilidad, una parte se orientó por las necesidades sociales; pero la otra gran parte se orientó por el lobby de lo que llamo «Máquina del Crecimiento» – capitales inmobiliarios, grandes contratistas, capital de construcción de edificaciones, financistas, terratenientes, que decidieron el destino de las inversiones.
Se trata de una lucha sorda por el dinero público. No hubo una discusión técnica y más amplia para decidir las obras principales y su localización en el territorio -porque eso iba a incidir en el enriquecimiento de los propietarios.
El gobierno federal tenía la buena intención de hacer una contratendencia a la baja del PIB [Producto Interno Bruto] a partir de la crisis de 2008.
Salimos de ese período de mucha inversión con un incremento del déficit habitacional, alza en los precios de los inmuebles, incremento del precio de alquileres, de transportes pero especialmente – y nadie habla sobre eso – incremento de la concentración en la propiedad urbana, inmobiliaria y agraria. Eso fue crucial para un proceso de empeoramiento de las condiciones de vida en la zona urbana a partir de 2009. En 2019 estábamos en la mitad de ese proceso y no tengo dudas de que en el futuro vamos a tener muchos problemas.
Rute Pina.- La crítica al desarrollismo es uno de los puntos que surge en algunos análisis sobre los gobiernos de Lula y Dilma y debe ser tema para la izquierda en las próximas elecciones. ¿Cómo un proyecto desarrollista debe tener en cuenta los límites de las ciudades?
Erminia Maricato.- Mira, el desarrollo es mejor que el neoliberalismo. El neoliberalismo mira a las ciudades pensando donde hay oportunidades de negocios, no considera las políticas públicas y sociales. Es la privatización de los bienes públicos, de los comunes y del presupuesto público especialmente. Esa privatización es mucho peor que un desarrollismo equivocado,
En Brasil, nuestro desarrollo industrial produjo urbanización. Pero la urbanización no incorporó a las masas en un proceso de derecho a la ciudad. Al contrario, gran parte de nuestras ciudades fue construida por la propia población, fuera de la legislación urbanística, en las horas de ocio. Se oculta mucho ese hecho, incluso en los cursos de urbanismo, donde se discute por horas la legislación sobre división de zonas mientras que el espacio de residencia de la clase obrera crece sin interferencia del Estado.
Hay que discutir nuevamente el desarrollismo, qué ha pasado en Latinoamérica mientras los países del capitalismo central vivían el estado de bienestar [welfare state]. De hecho, Brasil fue uno de los países que más creció en el mundo entre 1940 y 1980.
Pero hay que comprender que existe algo en el centro de la cuestión política urbana, que es la función social de la propiedad. La ciudad es una construcción colectiva. Si hay libertad total para la propiedad, usufructo y abuso, no hay ninguna oportunidad de volver a esa construcción colectiva sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.
La fiebre por los muros en nuestras ciudades, incluso durante el boom inmobiliario, aumentó mucho. Los terrenos cerrados, muchas veces llamados condominios, son ilegales según una ley federal de 1979 [la Ley 6.766]. Se puede observar incluso que conjuntos habitacionales populares son amurallados. Todo eso produce una ciudad insegura.
Entonces, en el corazón de la política urbana está el control sobre el uso y la ocupación del suelo para preservar lo que es más frágil ambientalmente, impedir una especulación brutal y exponencial como ocurrió durante el boom inmobiliario.
El mayor problema no es la ausencia de recursos para inversión. El mayor problema es la aplicación de la función social de la propiedad prevista en la Constitución Federal, en la Ley Federal, en el Estatuto de la Ciudad, previsto en todos los planes maestros que he leído y conozco. Entonces ha llegado el momento de que el Poder Judicial lea, comprenda y respete la legislación urbanística, incluso el Ministerio Público.
La función social de la propiedad tiene una importancia paritaria con el derecho a la propiedad en la Constitución. Al contrario de lo que se cree, cuando se ocupa un edificio vacío, se está cumpliendo su función social. Ha llegado el momento de acabar con esa hipocresía de criminalizar a los movimientos sociales. Hay cerca de 70 ocupaciones en el centro de la ciudad de São Paulo que prestan un servicio a la sociedad.
Rute Pina.- Los medios hablan mucho sobre la irregularidad de las ocupaciones y ahora inclusive el Poder Público está inspeccionando los edificios. Pero pocos recuerdan, por ejemplo, que los lotes cerrados son irregulares. ¿Por qué?
Erminia Maricato.- Cabe recordar que en Brasil hay una tradición de fraudes en los registros de la propiedad. En Pará y Amazonas [en la región Norte] es común encontrar diversos registros de propiedad sobre el mismo pedazo de tierra.
La historia de la propiedad privada en Brasil tiene que ver con el proceso de liberación de los esclavos. La mano de obra era una propiedad privada de los productores agrícolas y la tierra pertenecía a Corona portuguesa hasta 1850. Entre 1824 y 1888 hubo un momento que algunos consideran como liberación de mano de obra y privatización de tierra.
En realidad, como sabemos, la mano de obra esclava no fue exactamente liberada. Y la privatización de la tierra se vincula a un proceso largo de confirmación de tierras que estaban ocupadas por esos productores. La demarcación sobre quienes son los propietarios de tierra en Brasil se arrastra hasta hoy.
Como en el caso de Pará, por ejemplo, donde Ariovaldo Umbelino, el geógrafo que más ha estudiado este tema, demostró que los registros de propiedad de las tierras en Pará equivalen a un territorio cinco veces mayor que el territorio del estado. Incluso en São Paulo se puede ver la superposición de los límites de propiedad dentro de la ciudad.
Considerando la tradición poco rigurosa en la aplicación de la legislación urbanística, se puede entender porque los terrenos cerrados se multiplicaron en Brasil en los últimos 20 años.
Estoy llamándolos terrenos cerrados cuando la mercadería es un terreno, un pedazo de tierra, que puede servir como infraestructura, pero donde no hay nada construido sobre la tierra.
El terreno cerrado es el producto más lucrativo del mercado inmobiliario en los últimos años. Entonces, se impuso sobre la ley. Y así convivimos con la legislación.
En Brasil hay una legislación urbanística muy avanzada. El Estatuto de la Ciudad, la Ley de Movilidad Urbana, el Estatuto de la Metrópoli, la Legislación de Residuos Sólidos. Son leyes consideradas exitosas en todo el mundo. Pero hay una completa contradicción entre la ley y la realidad en Brasil.
Traducción: Luiza Mançano, para Brasil de Fato.