Dar alas a los buitres o cortárselas es una cuestión de voluntad política. Buitres entendidos como fondos usureros. El ejemplo lo tenemos no muy lejos de aquí, en un país que está en el corazón de la Unión Europea como es Bélgica. Bélgica disfruta, desde el año 2015 de una Ley contra los fondos buitre. En el Estado español… ¿Cuánto dinero público podríamos destinar al “interés general” con una ley similar a la belga contra los fondos buitre?
Pero antes de analizar la ley belga, veamos qué son exactamente los fondos buitre, según el Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (CADTM):
Los fondos buitre son sociedades privadas que compran la deuda de estados en dificultades a un precio muy por debajo de su valor original y luego reclaman el pago al 100% de dicho valor más intereses y penalizaciones. Alimentándose de las dificultades financieras de los países, registran beneficios que representan por término medio entre tres y veinte veces su inversión, lo que equivale a rendimientos del 300% al 2000% [1].
La Ley belga contra los fondos buitre, redactada con la experiencia del CADTM, del CNCD-11.11.11 y su homólogo flamenco, fue aprobada por el Parlamento belga el 12 de julio de 2015 [2].
Es una ley muy sencilla que consta de tan solo tres artículos:
El primero indica que esta ley regula una cuestión referida en el artículo 74 de la Constitución belga.
El segundo, el más importante, dice:
Art. 2. Cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o deuda de un Estado, sus derechos respecto al Estado deudor se limitarán al precio pagado para redimir dicho préstamo o dicha deuda.
Cualquiera sea la ley aplicable a la relación jurídica entre el acreedor y el Estado deudor, ningún título ejecutivo puede obtenerse en Bélgica y ninguna medida cautelar o de ejecución forzosa podrá ser tomada en Bélgica a petición del susodicho acreedor a fin de recibir un pago en Bélgica si este pago le da una ventaja ilegítima tal como lo define la ley.
La búsqueda de una ventaja ilegítima se deriva de la existencia de una desproporción manifiesta entre el valor de recompra del préstamo o deuda pedido por el acreedor y el valor nominal del préstamo o deuda, o también entre el valor de recompra del préstamo o deuda por el acreedor y las sumas cuyo pago demanda.
Para constituir una ventaja ilegítima, la evidente desproporción referida en el apartado 2 debe completarse con al menos uno de los siguientes criterios:
– El Estado deudor se encontraba en un estado de insolvencia o de suspensión de pagos comprobada o inminente en el momento de la recompra del préstamo o crédito.
– El acreedor tiene su sede en un Estado o territorio.
– El acreedor hace uso sistemático de procedimientos legales para conseguir el reembolso del préstamo o préstamos que haya recomprado anteriormente.
– El Estado deudor es objeto de medidas de reestructuración de su deuda, de las cuales el acreedor se niega a participar.
– El acreedor ha abusado de la situación de debilidad del Estado deudor para negociar un acuerdo de reembolso claramente desequilibrado.
– Devolución de las cantidades reclamadas por el acreedor tendría un impacto adverso identificable sobre las finanzas públicas del Estado deudor y pueda poner en peligro el desarrollo socio-económico de su gente.
– El reembolso integral de los montos reclamados por el acreedor tendría un impacto adverso identificable sobre las finanzas públicas del Estado deudor y podría poner en peligro el desarrollo socioeconómico de su población.
Y el tercer artículo simplemente añade que esta ley se aplica cuando se apliquen los tratados internacionales, el derecho de la UE o los tratados bilaterales.
La aprobación de la ley belga no evitó que NML Capital Ltd., uno de los fondos buitre por antonomasia, propiedad del multimillonario estadounidense Paul Singer, la llevara a los tribunales en 2018 con la intención de tumbarla. Cosa que no consiguió. El 31 de mayo de 2018 el Tribunal Constitucional belga rechazó el recurso que solicitaba la anulación de la ley contra las actividades de los fondos buitre, protegiendo así esta ley única a nivel mundial. Fue una victoria de los pueblos del mundo contra un actor voraz de las finanzas desreguladas [3].
La lucha contra la especulación sobre las deudas públicas, pero también sobre las deudas privadas, sobre las que prosperan los fondos buitre, se extendió al Parlamento Europeo, que en su resolución de 17 de abril de 2018 pidió a los estados miembros de la UE que adoptaran leyes contra la especulación de los fondos buitre basadas en la legislación belga [4].
El especulador buitre más agresivo del mundo carroñea en el Estado español
¿Quién es exactamente Paul Singer? Paul Singer es el magnate que está detrás de algunos de los fondos buitre más agresivos del mundo, como el mencionado NML Capital o Elliott. En su trayectoria figura el haber carroñeado con la deuda soberana de países como Argentina, Perú o la República del Congo. También practica la usura con empresas privadas en dificultades, a las que luego reclama el pago a través de los tribunales. Lo mismo picotea en Twitter que da el pelotazo en el AC Milan o destila veneno en Bayer-Monsanto.
En el Estado español Paul Singer ha buitreado con créditos fallidos del banco rescatado con dinero público Bankia y del Santander, con la plataforma de recobro de deudas Gesif, con la gestora de autopistas de peaje Abertis, con la multinacional de infraestructuras, energía y agua Abengoa, con las atracciones de Parques Reunidos y ha llegado a tener a la mismísima Telefónica (la que fuera operadora pública) en el punto de mira.
Últimamente este fondo buitre, Elliott, ya opera en cuatro hospitales públicos de Madrid: Los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz (FJD), Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba. ¿Cómo es posible? Sucede que esos cuatro hospitales públicos madrileños, junto con más de dos centenares de centros sanitarios que ocupan cerca de 8.000 camas y emplean a más de 40.000 profesionales entre otros activos, están gestionados por la mayor red sanitaria privada de España, Quirónsalud, cuya matriz es el gigante alemán Fresenius. El pasado mes de octubre trascendió que el buitre Elliott Investment Management había tomado una participación minoritaria en Fresenius. La gestión de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso la sufren los madrileños en los centros de salud y la protestan sus profesionales y sus pacientes en las calles [5].
Privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas
Como hemos visto, los buitres no se limitan a especular con deudas públicas, sino también con deudas privadas que a menudo las Administraciones Públicas cómplices ya sean europeas, nacionales, regionales o locales, se encargan de socializar. En el Estado español tenemos buenos ejemplos de ello. Uno de los más sangrantes es el de la SAREB. La creación del banco malo formó parte del rescate a la banca española en 2012 que Luis de Guindos, actual vicepresidente del BCE, dijo que no nos iba a costar ni un euro y ha terminado costando al Estado 101.500 millones de euros, según cálculos de medios especializados como elEconomista [6].
El año 2012, a causa del rescate a la banca, el déficit público español escaló al 10,6%, el más alto de la UE, y la deuda pública se infló del 69,3% del PIB en 2011 al 84,2% en 2012 [7], siendo la que más rápido creció entonces entre los Veintisiete. Mucho más recientemente Bruselas obligó a incluir el desastre de gestión del banco malo en el cómputo de la deuda pública, lo que la hizo aumentar en cerca de 35.000 millones de euros, con lo que alcanzó el 120% del PIB en 2020, en plena pandemia de Covid-19 [8]. Aquí vemos cómo, por voluntad política, las deudas privadas se convierten en públicas. Y los buitres juegan un papel en ese proceso. Los activos inmobiliarios del banco malo han pasado por las garras de buitres como Cerberus, Lone Star, Intrum o doValue y más recientemente, Blackstone y KKR [9].
Hemos empezado hablando de la ley belga contra los fondos buitre y su regulación de un artículo de la Constitución de aquel país. En el Estado español conocemos el caso de cómo, cuando hay voluntad política, se puede modificar la Constitución. Eso fue lo que sucedió en 2011, meses antes del rescate a la banca, cuando PSOE y PP se pusieron de acuerdo para cambiar con agosticidad el artículo 135, y así priorizar absolutamente el pago de “los intereses y el capital” de los créditos de la deuda pública.
Por cierto, dicha modificación del artículo 135, no sólo da alas a los buitres, sino que contradice la figura del interés general, que está protegida a lo largo de toda la Constitución Española, desde el 47, que se refiere al derecho a una vivienda digna y adecuada en el Título I, hasta el 128, que dice literalmente: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. La segunda parte de este artículo contempla “la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. Dicho de otro modo: Para cortar las alas a los buitres, por ejemplo a través de una ley similar a la belga, solo hace falta tener voluntad política [10].
Notas:
[1] Naciones Unidas, Informe del Comité consultivo del Consejo de los derechos del hombre , 20 de Julio de 2016,33 sesión , Documento nº A/HRC/33/54
[2] El Estado belga. (27 de febrero de 2017). Ley relativa a la lucha contra las actividades de los “fondos buitre”. CADTM. 14572
[3] CADTM. (1/06/2018). El Tribunal Constitucional belga emite su veredicto: Victoria total contra el fondo buitre NML Capital. Ver online: https://www.cadtm.org/El-Tribunal-Constitucional-belga-emite-su-veredicto-Victoria-total-contra-el
[4] Resolución del Parlamento europeo de 17 de Abril de 2108 sobre la mejora de la deuda de los países en desarrollo. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0104+0+DOC+PDF+V0//FR
[5] Martín, F. (31/12/2022). Elliott, el fondo buitre más agresivo del mundo, ya opera en cuatro hospitales públicos de Madrid. CADTM.org. 21282
[6] Díaz, E. (14/12/2021). El coste para el Estado del ‘rescate’ bancario se eleva a 101.500 millones. ElEconomista.es. https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11520847/12/21/El-coste-para-el-Estado-del-rescate-bancario-se-eleva-a-101500-millones.html
[7] Bolaños, A. (22/04/2013). El rescate a la banca eleva el déficit público al 10,6%, el mayor de la UE. El País. https://elpais.com/economia/2013/04/22/actualidad/1366622193_338129.html
[8] Europapress. (31/03/2021). La deuda pública escala al 120% del PIB en 2020 y marca su récord con 1,35 billones. Europapress. https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-deuda-publica-escala-120-pib-2020-marca-record-135-billones-20210331105258.html
[9] SAREB. La adjudicación de los nuevos contratos de servicing de Sareb. SAREB.es. https://www.sareb.es/la-adjudicacion-de-los-nuevos-contratos-de-servicing-de-sareb/
[10] Martín, F. (20/06/2018). El artículo 135 contradice la figura del “interés general” protegida en la Constitución. CADTM.org. 16308
Fátima Martín es periodista, miembro del CADTM del Estado español. Es coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente está desarrollando el periódico ’online’ FemeninoRural.com.
Fuente: http://www.cadtm.org/Cuanto-dinero-publico-podriamos-destinar-al-interes-general-con-una-ley-similar