A medio camino para llegar a las metas del milenio fijadas por la ONU, algunos indicadores de desarrollo siguen siendo esquivos para muchos países de América Latina y el Caribe. Retos a los que se suma otro: fortalecer la capacidad estadística para medir los avances.
En septiembre de 2000, todos los países miembro de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se comprometieron a alcanzar en 2015 ocho grandes Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM), entre ellos, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal y promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Otros objetivos acordados fueron reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida y otras enfermedades graves, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Para medir los objetivos se dispusieron 18 metas y 48 indicadores, iguales para todos los países, y acordaron presentar por lo menos un informe del estado de avance o retroceso en 2005.
Ningún país cuenta con información sobre la totalidad de los indicadores ODM, sin embargo la mayoría de las naciones presenta algún instrumento de medición relacionado cuando carece del dato exacto, según reveló un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuyos resultados preliminares fueron dados a conocer a fines de año en Santiago.
La autoevaluación de cada país, incluida en la investigación, sobre la capacidad estadística para el seguimiento de los ODM también fue reveladora: 52 por ciento de las naciones consideran que es débil o baja, 30 por ciento que es buena, media o aceptable, y sólo 18 por ciento que es alta o fuerte.
En los extremos se ubica República Dominicana, al reconocer que 99 por ciento de su capacidad estadística es baja o débil, y Chile, que considera que 93 por ciento de su trabajo es fuerte. En general, las áreas más débiles son el seguimiento y el análisis estadístico, así como la destreza para aplicar los resultados a políticas y planes de asignación de recursos.
La investigación de la Cepal es parte del proyecto «Fortalecimiento de la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para monitorear el cumplimiento de los ODM», financiado por la Cuenta del Desarrollo de la ONU (2005-2007).
El estudio también comparó los informes de seguimiento de los ODM de 34 países de América con las bases de datos de la ONU y concluyó que sólo 11 por ciento de las series eran iguales, 25 por ciento distintas o no comparables y el resto no tenía información disponible.
«Solamente en 11 por ciento de los casos las series de cifras son iguales entre informes nacionales y la base de datos internacional. Es un porcentaje muy bajo, pero hay muchas salvedades. No creemos que necesariamente tengamos que alcanzar la igualdad», ya que depende de lo que se monitoree, explicó a IPS Simone Cecchini, oficial de la División de Desarrollo Social de Cepal y uno de los autores del estudio.
El investigador puso como ejemplo el cálculo de la extrema pobreza. «El Banco Mundial tiene una medida global, utilizada para los ODM, que es el porcentaje de personas que viven con menos de un dólar diario, la cual es necesaria para comparar a todos los países del mundo, pero que no es relevante para América Latina, porque es una línea muy baja», dijo Cecchini.
«Ahí es importante usar los datos de la Cepal, que son series nacionales comparables en la región, diferentes a la información que manejan internamente los países», acotó.
No obstante, advirtió que la disponibilidad de datos es aún insuficiente y que la ONU posee registros más acabados que las propias naciones.
Cecchini atribuye esta situación a la escasez de presupuestos financieros y de personal capacitado. «Como las oficinas nacionales de estadísticas no tienen gran visibilidad política, no logran tener los recursos suficientes para hacer la evaluación del desarrollo», sostuvo.
Sin embargo, advirtió que la región está comprometida con los ODM, ya que todos los países han cumplido con sus informes nacionales, algunos elaborando más de uno. «La situación de América Latina es mejor que la de los pequeños estados insulares del Caribe, porque los sistemas estadísticos nacionales son más desarrollados», particularmente en América del Sur, donde se destacan Argentina, Brasil y Chile.
En el estudio de la Cepal, entre los países que en su autoevaluación arrojan un promedio de baja o débil capacidad estadística en los informes de seguimiento, se encuentran varios países centroamericanos, como Guatemala y Nicaragua.
Según declaró a IPS el director del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, Sigfrido Lee, este país se ha caracterizado, últimamente, por el menosprecio de la información estadística.
Durante el conflicto armado interno que azotó al país por más de tres décadas desde 1960, muchos datos eran secreto de Estado y otros, objeto de manipulación. Luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996, esa nación inició su reconstrucción, pero la desconfianza persiste.
«Proveemos la información básica, pero para satisfacer las necesidades es necesario incrementar el presupuesto. Estamos creando estructuras estadísticas para generar datos con la periodicidad requerida», indicó Lee, quien advirtió que sólo en 2012 se realizará el próximo censo general.
En Nicaragua, en tanto, se registra una excesiva dispersión en el manejo de la información en varias instituciones estatales, y hace falta asignar a una entidad la responsabilidad sobre las estadísticas de las llamadas metas del milenio, según María Rosa Renzi, responsable de los ODM en Nicaragua del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
«Dado que el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos es una institución muy debilitada en materia de recursos, incluso en el posicionamiento jerárquico dentro de la misma estructura gubernamental, y no puede cumplir con su papel», por eso «los datos oficiales siempre tienen un margen de duda», agregó la funcionaria a IPS.
Sin embargo, para Cecchini «la situación es bastante buena en términos de disponibilidad de datos en las áreas de medición de la pobreza, la educación, la igualdad de género, la mortalidad infantil y la salud materna», pero «se notan problemas muy grandes en las áreas de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), acceso a la tecnología y protección ambiental».
Además, falta información para indicadores específicos como «la brecha de pobreza o el porcentaje de población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria», así como para el desempleo juvenil, puntualizó.
«Cuando la información no está en ningún lado, hay que mejorar la fuente primaria, los censos, las encuestas de hogares, los registros administrativos, los sistemas de monitoreo específicos, por ejemplo, para el medio ambiente», indicó el experto.
Cecchini espera que se mejore la transparencia de los informes, los que deberían detallar la metodología y las fuentes de información utilizadas, y avanzar en la homogeneidad de indicadores, siguiendo las prácticas exitosas.
A su juicio, la clave es la coordinación entre las dependencias que recolectan la información y elaboran los informes y el grado de protagonismo que tenga la oficina nacional de estadística.
Pero en algunos países no toda la información es reportada a la entidad oficial a cargo de las estadísticas nacionales, como es el caso de Venezuela, donde los programas sociales creados por el gobierno Hugo Chávez no fueron implementados dentro de la estructura estatal y, por tanto, no cuentan con la metodología de medición de esa estructura.
Ello ocasionó que el año pasado, cuando entidades internacionales como la Cepal o la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación presentaron cifras sobre indicadores sociales en Venezuela, el gobierno de Chávez protestara airadamente y pidiera correctivos que incorporasen el impacto positivo de esos programas, en particular en salud y educación.
«Creemos que se puede mejorar la coordinación a nivel nacional», declaró Cecchini, citando los casos de México, donde se designó a una persona en cada ministerio para encontrar los datos, los que son derivados a la presidencia del país, y de Paraguay, donde se ha impulsado el trabajo mancomunado de los encargados de cada sector para construir una base de datos.
* Aportes de José Adán Silva (Nicaragua), Paco Fion (Guatemala) y Humberto Márquez (Venezuela)