La desigual globalización de la economía mundial que impulsa las privatizaciones en todos los sectores, está provocando que millones de hectáreas de tierras de las naciones del Tercer Mundo sean compradas por las compañías transnacionales y los países ricos. Políticas que favorecen esa nueva forma de neocolonialismo han sido impuestas por naciones desarrolladas mediante organismos […]
La desigual globalización de la economía mundial que impulsa las privatizaciones en todos los sectores, está provocando que millones de hectáreas de tierras de las naciones del Tercer Mundo sean compradas por las compañías transnacionales y los países ricos.
Políticas que favorecen esa nueva forma de neocolonialismo han sido impuestas por naciones desarrolladas mediante organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial con el fin de acaparar grandes extensiones de terrenos para garantizar negocios y la alimentación de sus poblaciones en detrimento de los pueblos en desarrollo.
Estas silenciosas transacciones, incrementadas en los últimos años, salieron a la palestra pública tras la publicación de un informe que elaboraron expertos internacionales, por encargo de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Un violento suceso acaecido en la Amazonía peruana en junio último alertó al mundo sobre lo que ocurre con las tierras del Sur.
Mediante la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Lima y Washington, el gobierno de Alan García entregó grandes extensiones a varias corporaciones extranjeras para la prospección y explotación de petróleo y minerales en la Amazonía.
Las protestas estallaron en diferentes ciudades del Cusco y Junin que se saldaron con el asesinato, por la represión policial de más de 40 indígenas awajún y wampi.
En la Amazonía occidental, con una de las diversidades culturales y biológicas más ricas del universo, sobreviven numerosos grupos étnicos, los cuales tratan de impedir la privatización de sus hábitats, aguas y bosques.
Las compañías comienzan con los desalojos masivos de los habitantes y tras descubrir minerales o crudo, inician grandes movimientos de tierra, construcciones de caminos, perforaciones e instalaciones de redes de tuberías con los consecuentes desastres naturales.
Momentáneamente, el presidente peruano Alán García, se vio obligado a detener las entregas de tierras vírgenes a las transnacionales pero las amenazas de privatizaciones aún subsisten.
El informe de la FAO denuncia que el incremento de las compras masivas de terrenos en los diferentes continentes, aumenta el riesgo de que más pobres sean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra, al agua y por último, a la vida.
Las compra-ventas se realizan entre compañías y gobiernos sin tener en cuenta a las comunidades afectadas y en la mayoría de los casos van acompañadas de expropiaciones pues las legislaciones locales no protegen el derecho de los pueblos originarios.
En los últimos tiempos, alrededor de 30 millones de hectáreas cultivables y de reservas boscosas ubicadas en naciones pobres, equivalente a la mitad de Europa, han sido adquiridas por países ricos y compañías transnacionales.
Uno de los ejemplos más desafortunados es el de la empresa sudcoreana Daewoo Logistic que firmó un contrato con el gobierno de la isla de Madagascar para la obtención por 99 años, de 1,3 millones de hectáreas que utilizaría en la producción de maíz y aceite de palma destinados a biocombustibles, a cambio de infraestructura y empleos.
Debido a que dicho gobierno sucumbió ante protestas populares Daewoo se vio obligada a cancelar el acuerdo, pero según se ha conocido, su sucesor intenta reajustarlo a otras zonas de la isla.
Sudcorea también ha adquirido 700 000 hectáreas en Sudán con los mismos fines y se prepara para incursionar en países del continente africano. Otras de sus compañías, la Hyundai, realiza transacciones por 6,5 millones de dólares en terrenos en Siberia oriental.
Ávido de alimentos y de tierras cultivables debido a la aridez del país, una de las naciones más interesadas en esas negociaciones es el rico estado de Arabia Saudita y, según Grain, Organización No Gubernamental (ONG), ha comprado con esos fines grandes extensiones en Etiopía, Sudán, Indonesia y Tanzania.
La transnacional Benetton se ha adueñado de 900 000 hectáreas en Argentina, mientras que otras empresas norteamericanas, chilenas y europeas han adquirido también terrenos en esa nación sudamericana que se han ofertado a muy bajos precios. La Federación Agraria Argentina denunció que 10 % del territorio nacional está en poder de extranjeros.
Corporaciones japonesas no quieren quedarse atrás y la Mitsui negoció 100 000 hectáreas en Brasil para cosechar soya en los estados de Bahía, Minas Gerais y Maranhao detenidos a alimento y biocombustibles.
Las producciones obtenidas servirán para alimentar a las poblaciones de las naciones desarrolladas, mientras en los países pobres el hambre atacará con más fuerza a sus habitantes.
Las tierras adquiridas están ubicadas en zonas muy fértiles, ricas en flora, fauna y agua, además de contar con puertos navegables cercanos.
Con esta nueva variante de colonización en el siglo XXI, la miseria aumentará entre millones de personas de las naciones pobres que verán cómo por la intensa explotación de sus ancestrales tierras los acuíferos se secarán, la ecología se arruinará y la contaminación proliferará.
Son los efectos de la globalización salvaje y neoliberal.