En vísperas de la cuarta Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea, a celebrarse en la capital austriaca este viernes, el bloque europeo aplica sus políticas de comercio e inversiones como agresivos instrumentos de dominación económica al servicio de sus grandes corporaciones transnacionales, afirmaron analistas independientes. «La UE se esmera en aparecer como […]
En vísperas de la cuarta Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea, a celebrarse en la capital austriaca este viernes, el bloque europeo aplica sus políticas de comercio e inversiones como agresivos instrumentos de dominación económica al servicio de sus grandes corporaciones transnacionales, afirmaron analistas independientes.
«La UE se esmera en aparecer como una potencia que profesa la paz mundial y el desarrollo de los países del Sur, y como una alternativa a los Estados Unidos», dijo a IPS el politólogo Stephen Schmalz, de la alemana Universidad de Marburgo, y experto en relaciones entre Europa y América Latina.
«En realidad, la UE ha puesto en práctica una estrategia global dirigida hacia América Latina que consiste en forzar numerosos acuerdos de libre comercio y de inversiones con las distintas regiones del continente americano favorables a las multinacionales europeas», afirmó Schmalz.
«En la cumbre de Viena, estos tratados ocuparán el frente de la escena», añadió.
Jefes de Estado y de gobierno de unos 60 países de Europa, América Latina y el Caribe se reunirán en Viena este viernes 12 de mayo, en la cuarta cumbre entre las dos regiones. Estas conferencias comenzaron en Río en 1999, prosiguieron en Madrid en 2002, y en Guadalajara, México, en 2004.
Tras conseguir la aprobación de sendos acuerdos de asociación de los gobiernos de México y de Chile, la UE impulsa tratados de libre comercio con América Central, con la Comunidad Andina de Naciones (CAN, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) así como con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Estos acuerdos están calcados sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (conocido por sus siglas en inglés Nafta), entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, sobre todo en las limitaciones que impone a los Estados miembros para legislar en materias de protección del ambiente y de los derechos de los trabajadores, según Schmalz.
Tales limitaciones a la soberanía nacional en América Latina favorecen a las multinacionales europeas, dijo. Además, los tratados de libre comercio prevén la reducción gradual de los aranceles latinoamericanos sobre productos agrícolas e industriales, hasta su desaparición total en pocos años, en detrimento de los pequeños y medianos productores de la región, afirmó.
La comisaria de Relaciones Exteriores y de Política Europea de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, declaró que la UE esperaba concretar en Viena «el éxito de los dos acuerdos de asociación con México y Chile, las negociaciones avanzadas con Mercosur y (…) acuerdos de asociación con la Comunidad Andina y América Central».
En un documento de estrategia a propósito de la cumbre de Viena, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, también subraya la importancia que le concede a los tratados bilaterales de libre comercio con las regiones latinoamericanas. «Durante los próximos años, la Comisión trabajará para establecer una asociación estratégica reforzada mediante una red de Acuerdos de Asociación y de Libre Comercio en la que participen todos los países de la región, y profundizar los acuerdos vigentes con México y Chile», indica el documento publicado en diciembre de 2005. El documento añade que «próximamente llegaremos al final del ciclo con los futuros acuerdos de asociación con las subregiones (el Mercosur, la CAN, y América Central) y con el Acuerdo de Asociación Económica con los países del Caribe».
Según estadísticas europeas oficiales, el comercio entre la UE y América Latina aumentó en 2005 en 13 por ciento respecto de 2004, rozando los 150.000 millones de dólares, un récord en la historia del intercambio bilateral. A primera vista, América Latina aparece como ganadora en estos flujos comerciales, con un superávit anual de casi 10.000 millones de dólares, a pesar de que la UE continúa resistiendo presiones internacionales para abrir sus mercados a productos agrícolas pero también industriales provenientes de los países en desarrollo, especialmente de esa región americana. En realidad, las exportaciones europeas hacia América Latina aumentaron en 13,7 por ciento, mientras sus importaciones de productos latinoamericanos solo lo hicieron en 12,4 por ciento. Otros aspectos a ser tratados en Viena son la cooperación para el combate del tráfico de drogas, del crimen organizado y del terrorismo, así como en cuestiones de migración, de ciencia y tecnología, y de energía, entre otros.
Además de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno, están previstas una reunión de ministros de Asuntos Exteriores este jueves, cumbres subregionales que se desarrollarán el sábado, así como el Foro Empresarial, el mismo viernes, que reunirá a directores generales empresariales de ambas regiones.
Para Olivier Hoedeman, miembro del no gubernamental Observatorio Europeo de las Multinacionales (CEO por sus siglas en inglés), un posible debate entre representantes de gobiernos latinoamericanos como el de Bolivia, y de autoridades y de empresarios de Europa sobre la estatización de servicios públicos podría ser uno de los momentos fuertes del foro empresarial.
El CEO observa y critica la expansión internacional de las empresas privadas europeas.
«La nacionalización del gas en Bolivia (anunciada el 1 de mayo) constituye un golpe duro a algunas de las multinacionales más poderosas e influyentes de Europa», dijo Hoedeman a IPS. Entre estas compañías aparecen la francesa Total y la española-argentina Repsol YPF.
Hoedeman recordó que Bolivia ha estado al frente de debates similares sobre la estatización de otros servicios públicos en América Latina, como el agua.
Hoedeman afirmó que la UE continúa utilizando políticas de comercio e inversiones concebidas durante la década de 1990, sin tomar en cuenta los radicales cambios políticos ocurridos en el continente americano durante los últimos 10 años, motivados por el descontento popular con los gobiernos defensores de privatizaciones y de políticas económicas neoliberales en general, caracterizadas por la apertura a las importaciones y el desmantelamiento del Estado.
La UE es la principal fuente de sostén del proyecto de privatización de los servicios públicos en los países en desarrollo contenido en el llamado Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que discute la Organización Mundial del Comercio desde hace seis años.
«Este modelo apoyado por la UE sigue la lógica de las multinacionales europeas, concebida hace más de 15 años, y que ha fracasado en sociedades de los países en desarrollo, como en los casos del agua en Argentina y Bolivia», dijo Hoedeman.
El gobierno boliviano rescindió en 2005 el contrato a la corporación francesa Suez Lyonnaise des Eaux, tras protestas de pobladores que reclamaban por tarifas altas y mal servicio.
Aguas Argentinas, también controlada por Suez, estaba envuelta desde 2002 en un litigio contra el Estado argentino por aumento de tarifas y por diversos incumplimientos en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. El gobierno rescindió su contrato este año.
«Pero la UE parece no darse cuenta de este fracaso y de los cambios políticos ocurridos en América Latina, e insiste en defender la privatización y el neoliberalismo,» añadió Hoedeman.