En este artículo el autor reflexiona sobre los movimientos que la cúpula del ejército brasileño está haciendo con el objetivo de conseguir la impunidad -y el ascenso- del militar Mauro Cid, ex secretario de Bolsonaro, haciendo un balance que sobre esto implicaría que el ministro de defensa no actuase.
El Alto Mando del Ejército elude las Leyes y las normas militares con el objetivo de proteger al multidelincuente Mauro Cid, quien fuera secretario privado del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro. La cúpula uniformada solo simula el compromiso con la legalidad, pero en realidad actúa para proteger al teniente coronel, asegurar su impunidad y su ascenso al rango de coronel.
El informe del periodista Cézar Feitosa con “generales escuchados (en off) por Folha” (de Sao Paulo) relata que “la cúpula del Ejército espera que el Ministerio Público Federal presente una denuncia contra el teniente coronel Mauro Cid, antes de abril.
Cid, de 44 años, fue secretario particular de Jair Bolsonaro durante su mandato como presidente (2019-2022), el que llevaba su teléfono móvil y le hacía todo tipo de gestiones. Alcanzó un acuerdo con la policía para colaborar en varias investigaciones que salpican a su ex jefe y a otras personas. El ultraderechista y militar en la reserva lo eligió para ese puesto de máxima confianza porque Cid es hijo de un general amigo.
Es considerado clave para desentrañar asuntos de enorme calado como el papel de miembros de las Fuerzas Armadas en las maniobras e intentos de dar un golpe de estado en enero de 2023 y los intentos de vender joyas valoradas en millones de dólares que el gobierno de Bolsonaro recibió como obsequio de la familia real saudí.
Según esta versión militar, si Mauro Cid no es declarado culpable por la justicia civil hasta el 30 de abril, no habrá impedimento para su ascenso en la carrera. Por las reglas actuales, Cid podría ser impedido de su ascenso solo si se convirtiera en acusado en la corte, alegan.
En esencia, el Alto Mando trabaja por la impunidad de Mauro Cid, de la misma manera que lo hace en relación con todos los oficiales y militares involucrados en diversos delitos, ilícitos, desviaciones, esquemas de corrupción y, por supuesto, en los atentados contra el estado de derecho.
Hay que recordar que los militares siguen impunes y prácticamente impusieron una amnistía tácita a sus propios. Desde los atentados de 8 de enero de 2023, hace más de un año, apenas tres militares fueron juzgados.
Uno de ellos, el coronel retirado Adriano Camargo Testoni, participante activo en la depredación del Palacio de Planalto, fue castigado con solo un mes y 18 días de prisión. Y en régimen abierto. El castigo, sin embargo, no fue por su participación en la invasión del Planalto, sino por haber insultado a sus superiores que no proporcionaron intervención militar.
El caso de los otros dos militares que el Comando del Ejército afirma que fue condenado por participación el 8 de enero es también otra burla. Uno de ellos fue encarcelado durante tres días, y el otro fue “castigado” con una advertencia. Es un absoluto disparate en relación con la condena de más de 17 años impuesta por el Tribunal Supremo a los extremistas por los delitos de amenaza de deposición violenta del gobierno y la abolición del estado de derecho.
La complacencia de la cúpula del Ejército con Mauro Cid es tan o más vergonzosa que en los casos mencionados. Y tiene un toque de astucia. Los comandantes cruzaron sus brazos en el caso, prevaricaron y apostaron por la lentitud del poder judicial para responsabilizar a la justicia civil por la impunidad que, en el fondo, programaron para obtener la misma condena de Mauro Cid.
Mauro Cid es un acusado confeso. Hizo una declaración de culpabilidad y se hizo cargo de los crímenes cometidos. Esto sería suficiente para que el Comandante del Ejército, el Fiscal Militar y la Justicia Militar iniciaran investigaciones penales y lo llevaran a juicio. A pesar de esto, sin embargo, la cúpula del Ejército espera la acción del Ministerio Público Fiscal de abril.
De conformidad con el Decreto-ley No 3038/1941, Mauro Cid está sujeto a la declaración de indignidad del oficial, debido a la práctica, al menos, de los delitos que él mismo confesó: de malversación, en el caso del robo de joyas y bienes de la Unión por contrabando y venta en los Estados Unidos [ind. IV del artículo 1]; y de falsedad documental, en la falsificación de vacunas para la familia.
Corresponde a la Fiscalía Militar promover la declaración de indignidad o incompatibilidad para la oficialidad [incisión II del artículo 116 de la Ley complementaria No 75/1993]. En el artículo 7, el Decreto-Ley 3038 establece que la ley 3038 establece que la ley declara indigno del funcionario, o con él incompatible, perderá su rango y su patente, excepto para su familia el derecho a percibir sus pensiones, como si hubiera muerto.
Esta absurda situación demuestra que el Tribunal Militar Superior, el Ministerio Público Militar y los demás órganos de la justicia militar siguen siendo excrecencias de la dictadura que deben ser extinguidas, porque sirven para proteger a los malos militares que cometen crímenes.
El ministro de Defensa, José Múcio Monteiro, tiene la obligación legal de actuar. Si permite que la cúpula del Ejército siga transgrediendo las normas para proteger a Mauro Cid, estará validando como criterio valorado para el ascenso de la carrera militar a aquellos militares con una trayectoria criminal de acuerdo con lo previsto en el Código Penal brasileño.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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