Una plantación de maíz en Chiapas, en el sur de México. Crédito: Pie de Página
MÉXICO, 25 feb 2020 (IPS) – Un reporte recien publicado por la Cepal muestra que México está entre los países de América Latina y el Caribe que menos crédito destinan a lo agrícola, y con eso confirma lo que ya nos habían indicado otras instituciones: la exclusión financiera en el sector rural mexicano es prácticamente total. Las implicaciones de esto son muy graves, y se ven en todas las dimensiones.
Sin ir muy lejos, sin acceso a los servicios financieros la gente tiene que recurrir a otras formas de ahorro que no siempre son las ideales, y sin acceso al crédito formal no queda más remedio que recurrir a un usurero, y se hace imposible invertir en cualquier cosa -incluyendo la transición a una economía más sustentable.
El reporte de Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) muestra que, mientras en la región se destina en promedio en torno a seis por ciento del crédito a la producción agrícola, en México ese rubro no llega ni a dos por ciento, lo que ubica al país en el tercer peor lugar del continente, solo mejor que Brasil y Trinidad y Tobago.
Entretanto, el último Reporte de Inclusión Financiera nacional muestra que la banca comercial “tiene una concentración de sucursales notoria en municipios mayores a 50 mil habitantes”, mientras que solo en 14 por ciento de los municipios rurales tienen alguna presencia de la banca múltiple.
Al mismo tiempo, apenas un poco más de la tercera parte de los adultos del país (37 por ciento) tiene una cuenta de captación, mientras que, por ejemplo, en Perú ese porcentaje llega a 43 por ciento, en Honduras a 45 por ciento y en Colombia a 46 por ciento.
Así las cosas, la población del campo debe recurrir a mecanismos informales de ahorro y de crédito. Por ejemplo, una forma muy socorrida de ahorrar y obtener algún rédito por la inversión es comprar ganado. Una ternera terminará por crecer y a la larga será una vaca que habrá ganado en precio, con lo que puede decirse que esa inversión generó un cierto interés.
Sin embargo, no es difícil ver lo riesgoso de la inversión, que puede ser robada, puede enfermar o puede simplemente perderse.
Por el otro lado, donde no hay acceso al crédito formal la gente debe recurrir a otros mecanismos para invertir o para cubrir sus emergencias. Es ahí donde entran en juego los usureros, por ejemplo, o la venta de emergencia de los pocos activos que se habían logrado acumular.
La transición hacia la sustentabilidad, en esas condiciones, se hace imposible.
Un productor agrícola que quiera certificarse como orgánico debe producir según esos estándares durante dos años antes de poder acceder a los beneficios de la certificación.
Sin acceso al crédito, esa transición se hace muy difícil, como se hacen imposibles otro montón de actividades muy deseables, desde la silvicultura hasta la inversión en sistemas silvopastoriles de producción ganadera.
Hasta ahora una solución que se ha impuesto en el país -en gran medida para no imponer más regulaciones al sector bancario- ha sido apostar por la banca de desarrollo y, en algunos casos, por algunos mecanismos de microfinanzas o de finanzas populares, pero ni el rango de productos que ofrecen es suficiente ni su alcance geográfico el necesario.
Una solución que han construido algunas organizaciones de productores es construir sus propios intermediarios financieros. Findeca, por ejemplo, ha servido para que miles de cafetaleros tengan acceso al crédito que requieren para arrancar cada ciclo productivo.
Otra posibilidad que se ha construido desde la sociedad civil ha sido la formación de pequeñas sociedades financieras. La Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, por ejemplo, agrupa en torno a 150 pequeñas sociedades financieras comunitarias y otro tipo de intermediarios construidos desde abajo, que han dado algún alivio a las poblaciones de su entorno.
Nada de eso, sin embargo, basta ni bastará nunca. Hacen falta medidas de fondo.
En India, hace ya mucho tiempo, se impuso la obligación a la banca múltiple de abrir cuatro sucursales en municipios de baja inclusión financiera por cada sucursal que se abriera en municipios con alta inclusión. El resultado en pobreza fue verdaderamente notable. ¿No se podría hacer algo así en México?
Eugenio Fernández Vázquez, consultor ambiental en el mexicano Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.
Este artículo fue publicado originalmene por Pie de Página.
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