Es necesario apostar por una reforma fiscal más progresiva, reforzar las políticas de protección social y perseverar en la inversión en sanidad y educación
La covid-19 ha creado una explosión de desigualdad en el mundo. Un enorme aumento de la brecha entre los súper ricos y el resto de la población. Nunca antes se había visto un fenómeno de tal magnitud. En este sentido, se podría decir que la pandemia está siendo una oportunidad para los milmillonarios, un buen negocio, vaya. Colectivamente, los diez hombres más ricos de la tierra han duplicado sus fortunas en estos dos años, a un ritmo de 1.300 millones de dólares al día, mientras que el ingreso del 99% de la humanidad se habría deteriorado. Es un aumento sin precedentes de la riqueza en la cima de la sociedad, y, de alguna manera, éste debería ser uno de los temas principales del debate público.
Ahora bien, la pregunta clave es ¿por qué?, ¿cómo es posible que esto haya sido así? Y la respuesta no debería sorprendernos: pues porque las condiciones objetivas de organización de la vida social y económica tanto a nivel global como en el ámbito de los estados-nación están planteadas para que suceda de ese modo. O, dicho en otras palabras, “la desigualdad es una opción política”. Los gobiernos, en interacción con el resto de actores socioeconómicos, podrían, si así lo quisieran, minimizar esta explosión de desigualdad. Podrían impulsar políticas orientadas al reequilibrio de las cargas tributarias (la auténtica prueba de fuego), empezando por gravar a los superricos con el fin de recuperar parte de esas ingentes ganancias experimentadas durante la crisis sanitaria. Los milmillonarios acaban pagando menos impuestos que las personas asalariadas y autónomas o las pymes. Para eso se dotan de equipos asesores que les orientan en ingeniería fiscal y en el desarrollo de prácticas fiscales agresivas. Es de sentido común exigir a estas personas que cumplan con sus obligaciones ciudadanas para utilizar después esos recursos en el fortalecimiento del Estado del Bienestar.
En Oxfam Intermón lo vemos con nitidez: toca reintegrar la riqueza extrema en la economía real para abordar las desigualdades, y hacer que las reglas del juego sean más equitativas para todos.
España no escapa a esta tendencia mundial. A pesar de los esfuerzos del actual Gobierno, cuyas recetas han caminado por una senda distinta a la de la Gran Recesión de 2008-2014, la desigualdad sigue creciendo en nuestro país. Lo acaba de dejar muy claro la última radiografía realizada por los profesores Luis Ayala y Olga Cantó, quienes señalan que esta gran desigualdad persiste en el tiempo y hace que nuestro país sea más vulnerable ante posibles shocks económicos, ya que la desigualdad crece rápidamente cuando la economía está en recesión y se reduce poco cuando se expande. Si esta dinámica no se revierte, la pobreza en España, caracterizada por ser transitoria pero recurrente, corre el riesgo de cronificarse. Tomemos un par de datos como botón de muestra. Entre marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia a nivel global, y finales de noviembre de 2021, la riqueza de los 23 principales milmillonarios españoles ha crecido un 29%. En paralelo, a finales del año pasado (2020), el 7% de la población española (3,3 millones) se encontraba en situación de carencia material severa. En un año de pandemia (entre finales de 2019 y finales de 2020), el número de personas en situación de carencia material severa aumentó en más de un millón de personas (1.093.275). Entre los segmentos sociales más afectados encontramos a las mujeres, la juventud y las personas migradas.
La pobreza en España, caracterizada por ser transitoria pero recurrente, corre el riesgo de cronificarse
Con un panorama así, la pregunta que cabe hacerse es qué podemos hacer, y para responder a esta pregunta, quizá merezca la pena desplegar primero una idea que desde Oxfam Intermón nos parece necesaria. No se trata de volver a la “supuesta normalidad pre-pandemia”, porque ya entonces España era campeona en desigualdad dentro de la Unión Europea. Se trata más bien de aprovechar la ventana de oportunidad que se avecina durante los próximos años para avanzar hacia una transformación justa. Esto es, generar colectivamente un horizonte que ataque las causas de esa desigualdad, que siente las bases de un nuevo proyecto de país donde las personas, los territorios, el medio ambiente, el empleo productivo, la igualdad de género, los derechos sociales, sean el verdadero corazón de las políticas públicas. Una senda que asuma, con valentía, los desafíos que debemos encarar como sociedad.
Y para ello hay ya muchas propuestas encima de la mesa. Sin ánimo de exhaustividad, desde Oxfam Intermón y otras muchas organizaciones de la sociedad civil, se han venido planteando últimamente en la esfera pública una serie de asuntos clave. De lo que se trata es de debatir en serio, su necesidad, su viabilidad y su concreción estratégica.
Hablar de transformación
justa implica apostar políticamente por una reforma fiscal más progresiva,
no escatimar esfuerzos en este campo. Implica garantizar que los fondos de
recuperación de la Unión Europea sean una oportunidad real y efectiva para
reducir las desigualdades, para combatir los efectos del cambio climático y
beneficiar a la población que se encuentra en peores condiciones. Implica
reforzar las políticas de protección social, pues durante la pandemia se han
demostrado esenciales a la hora de reducir las brechas que lastran nuestro
potencial en momentos de recuperación económica. Implica continuar apostando
por ampliar la cobertura y reforzar los sistemas de garantía de rentas
(mejorando, desde luego, el Ingreso Mínimo Vital).
Pero una transformación justa para todos y todas también tiene que ver con
perseverar en la inversión en sanidad y educación públicas entendidas como
derechos básicos, así como apostar por un sistema de provisión de
vivienda donde prime el derecho a un hogar antes que el negocio especulativo.
Es vital un cambio en el modelo productivo capaz de generar una
nueva estructura ocupacional y una mejora en la calidad del empleo que ofrezca
oportunidades y esperanzas a los más jóvenes; además de poner en el
centro de la organización social y económica la vida, articulando un auténtico
sistema de cuidados. Tenemos la oportunidad de asegurar los derechos sociales
de las personas migrantes a través de procesos de regularización y de poner
todos los esfuerzos institucionales para hacer real la igualdad de género; así
como materializar una agenda coherente contra los efectos del cambio climático
y contribuir a una política internacional multilateral orientada a la Justicia
Global y el acceso universal a las vacunas.
Y todo ello dentro de un marco de democracia económica (tal como formulara, entre otros, el sociólogo norteamericano Erik Olin Wright) que afecte tanto a la economía mercantilizada como a la no mercantilizada. Y como telón de fondo, la necesidad colectiva de activar un amplio proceso de modernización de nuestras instituciones, impulsando la participación ciudadana y la colaboración público-social.
Nadie dijo que fuera fácil volver a construir las bases de convivencia de un país después de una pandemia. La transformación justa no puede ser un simple aggiornamiento (“que todo cambie para que nada cambie”), sino una hoja de ruta democrática e inclusiva de la que nos dotemos como sociedad para reorganizar nuestra vida en común. Y para ello será necesario activar todas nuestras potencias, ya sean institucionales como de autoorganización ciudadana. Exigir una mayor valentía a nuestros gobiernos si de verdad quieren impulsar agendas ambiciosas de lucha contra la desigualdad. Como decía aquella canción de Luis Eduardo Aute: “Nos va la vida en ello”.
Ernesto García López. Programa Desigualdad 0. Oxfam Intermón.