En las últimas dos décadas, con sus atajos «progresistas» o «inclusivos», el neoliberalismo prosiguió su trayectoria imparable en virtud, justamente, del carácter intangible de su objeto idealizado: la absoluta mercantilización de cualquier intercambio o interacción social. En la práctica, nunca se da por concluida la tarea de «liberalización» económica: tanto el concepto como el programa […]
La perennidad o larga duración del neoliberalismo en el Brasil es fruto de acuerdos financieros-monopolistas y de apropiaciones decurrentes que fueron siendo renovadas desde los años 1990. El neoliberalismo, como práctica política, en contradicción con su matriz teórica originaria, siempre fue una regulación selectiva disimulada. Al revés de encontrar rótulos más o menos decurrentes con las readecuaciones entre los capitales, sus fracciones y representaciones, debemos observar de qué forma las actuales prácticas de liberalización y de posterior re-regulación, constituyen un modo específico de acumulación concentrador, financierizado y transnacionalizado.
El capitalismo globalmente financierizado, gestionado por medio de variaciones neoliberales, no se siente apremiado por ninguna pauta transformadora, demarcada por un mínimo que sería la reforma y por el máximo, que sería la revolución. En lugar de reforma se habla de ajuste; y se hace la readecuación de las posiciones de poder consolidadas en el arreglo oligopólico. En lugar de revolución, se habla de terrorismo; y se hace la guerra total contra todo lo que se le asemeje.
La enorme caldera hirviendo de la crisis, desintegra padrones de seguridad social o de soberanía nacional. Solapado, el Estado como esfera distinta de la mercantil, pasa ahora al desmonte de la sociedad a través de programas de erradicación de las últimas fuentes y formas de socialización de la riqueza y del poder. El tratamiento es de choque y por tiempo indeterminado.
La reivindicación del «libre mercado» o del «mercado autorregulado», más que una panacea, sirve para alinear -política e institucionalmente- una estrategia de «destrucción creativa masiva» en un contexto de fragmentación y destrucción de la subjetividad de la clase trabajadora y de sus referencias de identidad.
En el caso brasilero, es crucial comprender como el proyecto democratizador, oriundo de un conjunto de movilizaciones sociales de los años 1980, fue siendo neutralizado en el marco de un proyecto de neo-liberalización, que puede así enraizarse y redefinir la forma societal y la forma política del Estado. Puestas en marcha las etapas de desregulación y re-regulación, durante los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, fue necesario adoptar un «freno de caricias» social y político a partir de 2002.
¿Con Lula y el PT, habría sido posible confluir hacia alguna forma de «neoliberalismo inclusivo»? Esta definición sugeriría una compleja y delicada articulación entre políticas macroeconómicas neoliberales y una racionalidad micropolítica fundada en tecnologías de inclusión social.
En cuanto las empresas brasileras y extranjeras y sus colegiados (la sociedad civil burguesa) avanzaron rápidamente hacia fórmulas de mediación de conflictos y de composición de intereses (re)sistematizando conflictos y plataformas críticas y componiendo estrategias de gestión del «riesgo social», el Estado actuaba decididamente dentro del mercado financiero como contraparte. Las empresas, así, extendieron su ingeniería a lo social, en doble y en recíproca racionalización de la dominación.
No podía ser otro el diferencial de la cotización político-económica formada en los Gobiernos Lula y Dilma hasta mediados de 2013, presentado por fundaciones empresariales internacionales y por el Banco Mundial como ejemplo de combinación de eficacia y efectividad en la implementación de liberalización y de estímulo a la inversión del sector privado.
El hecho de haber sido creadas, en el Brasil, las condiciones para la construcción de una izquierda adiestrada, hizo que la derecha desapareciese, siniestramente, pasando ella misma a ser la demarcadora, en cada momento, de los límites del llamado «centro», lo que sería, subsecuentemente, de lo «razonable» y lo «necesario».
El reconocimiento oficial de los excesos del neoliberalismo original, como receta única y la validación, en la secuencia, de un neoliberalismo inclusivo, hicieron tentadoras las interpretaciones teleológicas, más todavía si vislumbramos qué tipo de neoliberalismo asciende a partir de 2016.
Cuando los referentes inclusivos son incorporados para estabilizar dinámicas e institucionalidades neoliberales, éstas se vuelven incuestionables. De la despolitización del primer neoliberalismo se evoluciona hacia la política de la despolitización del segundo; lo que deja el camino abierto para la evacuación de la política, en la tercera y última versión.
¿Cómo llevar a cabo una ruptura con el orden neoliberal, priorizando desgastes parciales a través de sus líneas de menor resistencia, permaneciendo las de mayor resistencia? A través de brechas, lo máximo que podría ocurrir era un reformismo incremental, tolerado en la medida en que se reforzase y suplementase lo que era central en el modelo. Lo que se obtuvo al fin y al cabo de dos gobiernos autodenominados «pos-neoliberales» fue la consolidación del núcleo -la ciudadela del capital concentrado y financierizado- y ajustes estabilizadores temporales en sus bordes.
La temporalidad de esa composición quedó patente luego de dilapidada la fuerza social acumulada en décadas de lucha. La señal primera de ese agotamiento fue emitida a partir de las manifestaciones de 2013, donde quedó latente la incapacidad de los sectores progresistas y de izquierda para establecer algún nivel de interlocución con el nuevo conjunto de ansiedades e insatisfacciones populares que se asomaban.
En consecuencia de eso, la señal siguiente, dada en las elecciones de 2014, ya traía embutida una agenda subterránea que debería ser seguida, a despecho de cual fuese la opción del electorado. Dilma fue electa y simultáneamente impedida de gobernar en los marcos negociables antes vigentes. La nominación, en 2015, de un interventor del mercado financiero (Joaquim Levy) en la condición de Ministro-Jefe del área económica, como primer acto de gobierno, ya era una demostración de que la ruptura institucional estaría «en abierto» a partir de allí.
Con la ruptura institucional de 2016, las intermediaciones ofrecidas por el PT y su coalición no son descartadas, pero ensuciadas, lo que quiere decir que los márgenes para acuerdos poli clasistas, incluso los más rebajados, fueron prácticamente suprimidos. Para que la burguesía brasilera y sus tutoras extranjeras volviesen a dormir tranquilas, ya no bastaba garantir la curva ascendente del plus-valor: era preciso imponer sacrificios a la fuerza social organizada que podría amenazarlas.
El vaciamiento de las elecciones presidenciales, y de la propia figura presidencial, a lo largo de esos años, se dio en la razón directa de la unidad burguesa en el Brasil. Sabiendo que el tamaño y profundidad del saqueo define el grado de unidad entre facilitadores y socios del pillaje, el gobierno Temer apostó en el desdoblamiento de la fórmula. La recompensa incalculable ofrecida a los mercados fue la constitucionalización del ajuste fiscal, con el congelamiento de los gastos primarios por lo menos en dos décadas, lo que implicó un enterramiento programado de los servicios públicos esenciales como saneamiento, salud y educación y su consiguiente privatización.
Las fuerzas alineadas a la derecha en el Brasil no buscaron pulverizar solo un liderazgo y un partido, sino su ahogamiento histórico, como si de eso emanase la expresión posible de la izquierda, o de cualquier lucha social. No es la máquina electoral-administrativa -que el PT erigió a semejanza de los partidos del orden- lo que fue puesto en el centro del blanco.
Contrarrevolución preventiva y permanente
Esa es apneas la parte visible y estigmatizadora, que se mezcló con los conglomerados privados y sus representaciones de alquiler. En verdad, fueron las prácticas clasistas y emancipadoras venidas de abajo, con autonomía y pluralidad, que pasaron a tener su existencia en cuestión. Lo que quieren expurgar es la representación social de la lucha de los trabajadores y la legitimidad de sus conquistas históricas.
El clamor selectivo que se orquestó por algunas cabezas, ocultaba una revancha burguesa tardía contra conquistas populares iniciadas en los años 1980. Esa contrarrevolución sin revolución se volvió una operación de rollo comprensor sobre conflictividades y alteridades potenciales. En la lógica de la conversión de pillaje y super-explotación en competitividad nacional, se disolvió cualquier pretensión de regulación de los procesos de monopolización de sectores y mercados.
Con el vaciamiento de las instituciones de mediación en función de la cristalización de agendas privadas consensuadas, a ejemplo de las contrarreformas puestas una y otra vez en el Brasil, la política -como contestación de comandos inequívocos- desapareció de la escena, esto es, del sistema oficial de representación. La proscripción de la controversia sobre los fines -más allá de los medios que puede y debe llevar al buen funcionamiento del mercado- inviabiliza la política democrática, o cualquier política vinculada a propósitos potencialmente comunes o mayoritarios.
Es necesario descifrar sin más perplejidades, la unidad burguesa y pro-burguesa forjada en torno de la estrategia de «más capitalismo» para todos los subsumidos o en vías de subsumirse. Una crisis continua y sin colapso promueve «movimiento», pero no con perspectiva redistributiva, sino en la dirección opuesta, considerando que la flexibilidad intrínseca a la nueva institucionalización de los mercados desregulados es aquella que permite restaurar y después expandir grados y ritmos de acumulación de capital. Su itinerario es la destrucción de los referenciales colectivos de organización y de las garantías objetivas y subjetivas de los derechos sociales y políticos de la clase trabajadora en el Brasil.
En el discurso oficial de los mercados (Foro de Davos, Banco Mundial y FMI), la esterilización de los espacios de percepción de los embates de clase que todavía podrían imponer obstáculos a la «política económica necesaria» y la aprobación de la «inaplazable» reforma de la Previsión Social, sería una demostración de plena madurez institucional del país, aunque Estado y sociedad estén descomponiéndose en un cuadro de guerra civil latente. Para que lo que legalmente constituido sea tolerado, o sea, para que no haya rupturas institucionales propiamente dichas, las voces del ultra-liberalismo exigen demostraciones seguidas de acefalía gubernamental
Tales demostraciones, muy pródigas en el gobierno Bolsonaro, balizan las condiciones actuales de la gobernabilidad, o sea, del «gobierno único» posible en un país bajo intervención tácita de la banca financiera y de las corporaciones transnacionales que en él establecen lazos territoriales.
Traducción: Correspondencia de Prensa.
Luiz Fernando Novoa Garzon es sociólogo y doctor en Planeamiento Urbano y Regional, profesor de la Universidad Federal de Rondônia.