El Pacto del Euro es la vía elegida por los jefes de Gobierno de la UE para ejecutar su Plan de Gobernanza Económica. Este implica, entre otras cosas, recortar los salarios y el gasto social, erosionar los modelos de protección social e introducir mayor precariedad laboral. Consagrando constitucionalmente el corsé del Pacto de Estabilidad, el […]
El Pacto del Euro es la vía elegida por los jefes de Gobierno de la UE para ejecutar su Plan de Gobernanza Económica. Este implica, entre otras cosas, recortar los salarios y el gasto social, erosionar los modelos de protección social e introducir mayor precariedad laboral. Consagrando constitucionalmente el corsé del Pacto de Estabilidad, el del euro impone un control del déficit (3% del PIB) y de la deuda pública (60%) y, con ello, el carácter procíclico de la política económica. Con él se aplicará una mayor regresión fiscal y una jibarización del sector público. Así, los países miembros ven reducidos los márgenes de su soberanía popular y de las políticas económica, social y laboral, al tener que adaptarlas a unos criterios institucionalizados que, de no haber fuertes conmociones políticas y sociales, serán prácticamente irreversibles.
Con el Pacto del Euro, los rescates financieros de Grecia, Irlanda y ahora Portugal conllevan un mayor proceso, si cabe, de socialización de deudas. Especialmente de la deuda privada, que representaba en España, con datos de 2010 del Banco de España, el 87% del total. Este endeudamiento que lastra a la economía, con las bajadas de impuestos y rescates a la banca, ha hecho elevarse la deuda pública. También entraña una transferencia de rentas: los acreedores -especialmente los grandes bancos centroeuropeos- verían devueltos sus préstamos -oxigenando su solvencia-; mientras, las nuevas deudas contraídas por los estados rescatados por la UE serán pagadas por el conjunto de la ciudadanía -a costa de menores servicios públicos y derechos sociales- y la población asalariada -en forma de más paro, contrarreformas laborales, y de menores ingresos y derechos laborales-.
Esas recetas abocan a la depresión económica y nos someten a la dictadura de los acreedores; y quienes habían sido responsables de la crisis, serán beneficiarios. No se corregirán, sino al contrario, las mismas políticas que han profundizado la divergencia y desarrollo desigual en Europa. Y las deudas públicas aumentarán. ¿Quién salva entonces a quién? Las gallinas quedan encerradas con el zorro.
No hay alternativa fácil. Nos presentan dos opciones: rescate y medidas de ajuste, o ataque de los mercados sobre la deuda pública. ¿Cómo romper este trágico dilema? La pequeña Islandia desobedeció: rechazó las medidas de ajuste social, no ha devuelto la deuda a los acreedores, ha encausado a los responsables de la crisis, ha nacionalizado la banca, ha rechazado los «rescates» planteados por sus acreedores, ¡y está saliendo de la recesión! Además, mientras que los tipos de interés de la deuda pública emitida por Grecia e Irlanda han subido después de sus respectivos rescates, los de Islandia han experimentado un significativo descenso.
La Confederación Europea de Sindicatos, en contra del Pacto del Euro, propone una emisión de Eurobonos que alivie los abusivos diferenciales de primas de riesgo. También plantea que el Banco Central Europeo apueste por una política monetaria sensible a la creación de empleo, y por que se desarrolle una mayor cooperación entre los estados miembros.
Los sindicatos del sur de Europa van más allá, exigiendo una mayor regulación de los mercados financieros, un impuesto sobre las transacciones financieras, la creación de una agencia europea de la deuda -embrión de un tesoro público europeo- y un mayor presupuesto público para la UE. Estas medidas serían eficaces para cortar la sangría recesiva, dado que desbloquearían el cortocircuito financiero existente; permitirían además sentar algunas bases para una reforma progresista más ambiciosa.
Pero atajar la crisis en beneficio de la mayoría exigiría incluso medidas de mayor calado y audacia: rechazo a las medidas de ajuste y a la socialización de la deuda privada; auditoría pública sobre las partidas de gasto financiadas con deuda pública y de las condiciones en que se emitió y adquirió esta; reestructuración y quitas de la deuda contraída de modo socialmente rechazable -de forma que los acreedores carguen con el peso principal de la crisis-; recuperación de la banca pública; y refiscalización de las rentas del capital, invirtiendo los nuevos ingresos públicos en iniciativas de utilidad social y de transición energética sostenible, con efectos de reactivación económica y generación de empleo.
Es preciso un cambio profundo en la política europea que impulse, no sólo una firme regulación de los mercados financieros, sino también la armonización fiscal internacional basada en impuestos directos y progresivos, así como una equiparación de derechos sociales y salariales al alza. La gestión del déficit y la deuda debería prefigurarse con un criterio que garantice políticas de inversión contracíclicas en la recesión que vivimos, algo que impide el Pacto del Euro.
Hay que encontrar un camino hacia una alianza supranacional que tense a la UE, que se oponga y desobedezca el Pacto del Euro y que se apoye y coordine políticamente para empezar a construir otra Europa. De lo que se trata, en suma, es de presionar con base y criterios firmes para conducir las políticas de la UE a favor de la mayoría social que representa a la clase trabajadora, en una orientación diametralmente opuesta a lo que es cada vez más una Europa al servicio de las grandes oligarquías financieras.
El artículo lo firman Daniel Albarracín, Bibiana Medialdea, Bruno Estrada, Manuel Garí y Nacho Álvarez
Fuente: http://blogs.publico.es/