Me pregunto si en los informes sobre el déficit tarifario (así se denomina la argucia de las eléctricas y del Gobierno socialista para haber aprobado «responsablemente» la mayor subida de la luz en treinta años) se incluyen como «otros déficit» los millones de euros que las compañías energéticas no abonan al Estado por utilizar el […]
Me pregunto si en los informes sobre el déficit tarifario (así se denomina la argucia de las eléctricas y del Gobierno socialista para haber aprobado «responsablemente» la mayor subida de la luz en treinta años) se incluyen como «otros déficit» los millones de euros que las compañías energéticas no abonan al Estado por utilizar el agua de todos para producir la electricidad que luego nos venden a precio de oro. Me temo que no, porque en el marco de los notables esfuerzos del ministro Sebastián por conseguir su futura silla en algún consejo de administración de estas empresas-sanguijuela, el «déficit fluvial» no merece ni una nota a pie de página, a pesar de tratarse de un asunto diagnosticado.
Los productores de la electricidad argumentan -y el Ejecutivo les sigue la corriente- que existe un supuesto desfase entre ingresos y costes del sistema eléctrico que se arrastra desde el año 2000, un déficit con el que se pretende terminar en el año 2013 a golpe de facturazo, y que cifran en 20.000 millones de euros. Pero -y esto no se dice- estas mismas empresas pagan entre 10 y 20 millones de euros al Estado por utilizar el caudal de los ríos, cantidad ridícula si tenemos en cuenta que con el uso de ese bien público, en unas centrales amortizadísimas, ganan mil millones de euros anuales, obteniendo «beneficios caídos del cielo» (windfall profits), cuya misma existencia las empresas eléctricas niegan. La energía hidráulica supone casi el 20% de la electricidad en España.
Porque ¿hay alguien tan ingenuo que piense que las constructoras hubieran adquirido acciones del sector eléctrico si no tuvieran garantizados cuantiosos beneficios y un mínimo riesgo?; como hicieron Acciona, que irrumpió en Endesa; o ACS, en Iberdrola, hace cinco años, empresas que están rentabilizando rápidamente sus inversiones con la colaboración gubernamental. En los últimos diez años varias compañías eléctricas se encuentran entre las que más se han revalorizado; ACS un 326%, Red Eléctrica, un 261%, o Iberdrola, un 77%, siendo además la Bolsa Española la más rentable del mundo.
La subida energética del próximo año, que afecta a 20 millones de usuarios, cuadriplica la inflación del 2010. Y es que el sistema de fijación de precios de la electricidad -vigente desde que en 1997 lo reformara el PP-, atenta directamente contra los intereses del consumidor, ya que las empresas subastan la electricidad en función de la demanda, comenzando por las energías que menos costes tengan, como la nuclear o la hidráulica, con generación eléctrica ya amortizada. Lo que falta se completa con carbón y gas, que son más caras. Como resultado: al final todas cobran el precio más alto, y la energía hidroeléctrica, sin apenas costes y con presas construidas hace décadas -algunas en tiempos de Franco-, se cobra al precio del gas; como ejemplifica la subasta de diciembre, que elevó la parte del recibo liberalizada, la que recoge los precios de la energía, por encima del 20%.
La solución a este abuso trimestral pasaría por cobrar a las compañías un impuesto sobre las centrales hidroeléctricas y por el uso del agua pública, y al mismo tiempo reformar con urgencia el perverso sistema de cálculo de precios. Pero obviamente para eso deberíamos tener -objetivo harto complicado- un Gobierno al servicio de los ciudadanos y no de las empresas.
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