El gobierno de Estados Unidos demandó a una de las grandes calificadoras internacionales de riesgo, Standard & Poor’s, por una suma de 5000 millones de dólares. La presentación fue por otorgar altas valoraciones a productos financieros que implicaban elevado riesgo, considerando ese comportamiento como un fraude de parte de esas compañías. Vuelve así a escena […]
El gobierno de Estados Unidos demandó a una de las grandes calificadoras internacionales de riesgo, Standard & Poor’s, por una suma de 5000 millones de dólares. La presentación fue por otorgar altas valoraciones a productos financieros que implicaban elevado riesgo, considerando ese comportamiento como un fraude de parte de esas compañías. Vuelve así a escena el debate sobre el rol de las calificadoras de riesgo en el mercado financiero, y la responsabilidad que tuvieron en el origen de la crisis financiera internacional, en 2008.
Son muchos los errores que estas agencias cometieron durante los últimos años. Basta recordar algunos de ellos:
– El rol que tuvieron en la crisis asiática de 1997, cuando a último momento bajaron bruscamente las calificaciones de los países de la región, ratificando acontecimientos ya conocidos por los participantes del mercado.
– Cuando mantuvieron con la más alta de las calificaciones a Lehman Brothers hasta el momento de su quiebra.
– Cuando sostuvieron la máxima calificación a productos estructurados que pasaron a ser activos tóxicos de un día a otro.
A partir de la última crisis internacional resultó evidente la necesidad de modificar la regulación y supervisión de los mercados financieros alrededor del mundo y del mercado de agencias calificadoras en particular. Si bien en sus metodologías estas agencias citan un conjunto muy amplio de variables a tener en cuenta para la determinación de sus calificaciones, en momentos de crisis en el mercado financiero la evidencia empírica muestra que las bajas de rating se producen luego de ocurridos los acontecimientos y sin ningún tipo de conexión con el marco analítico que sus metodologías plantean en teoría. Se observa, en la dinámica reciente de recortes en las calificaciones de países europeos, por ejemplo, que luego de incrementos abruptos en las primas de riesgo, medidas a través de la evolución de los precios de los títulos, ocurre el recorte en la calificación. Es decir, no cumplen con su función de anticipar acontecimientos a partir de análisis pormenorizados de los emisores y sus instrumentos, sino que se acomoda a la realidad a medida que los hechos van ocurriendo. Además, según ellas mismas declaran, las calificaciones dadas a conocer responden a análisis de largo plazo, mientras que la dinámica descripta demuestra que responden sistemáticamente a circunstancias coyunturales.
Por citar un ejemplo, según la agencia internacional Fitch Ratings, la calificación soberana para Grecia era A -fuerte capacidad crediticia- en enero de 2008, y pasó a ser CCC -alta probabilidad de incumplimiento- en julio de 2011.
Estas agencias internacionales presentan varias características no deseables para una actividad de este tipo. Una de las más destacables es el conflicto de intereses, esto es, califican a quien las contrata para que lo haga y presentan fuertes vínculos adicionales con estos clientes. Considerando que se trata de empresas privadas movilizadas exclusivamente por el lucro, con regulaciones muy laxas, y operando en un mercado monopólico, no debe sorprender que ocurran situaciones en donde las agencias compitan por otorgar la mejor calificación posible, de manera de satisfacer al contratante y lograr vender el servicio.
Para comprender el comportamiento de estas agencias es importante analizar quiénes son. Las tres grandes agencias a nivel mundial son Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Todas ellas operan actualmente en la Argentina. Las dos primeras son empresas norteamericanas, cuyas calificaciones tienen fuertes implicancias sobre las conductas de emisores, inversores y gobiernos. Estas corporaciones, de accionistas mayormente estadounidenses, acumulan un porcentaje muy elevado del negocio (ver cuadro).
Las empresas que componen los paquetes accionarios de estas calificadoras forman parte de la industria financiera y muchas de ellas se dedican a gestionar carteras de inversión. Se destaca el caso del conglomerado Berkshire Hathaway, dedicado a la administración de valores, propiedad del conocido inversor Warren Buffet. Considerando las participaciones accionarias de cada una de las compañías, se puede concluir que se trata de un monopolio. Son muy claros los conflictos de interés, teniendo en cuenta que estas empresas no sólo se dedican al servicio de calificación de valores, sino que también registran ingresos provenientes de asesoramiento y diseño de emisiones de títulos.
En el ámbito del G-20, en los debates relacionados con la necesidad de regulación de los mercados financieros, se han planteado varias alternativas que apuntan a solucionar las fallas que el mercado de calificadoras presenta, pero no logran hacerse eco, debido a los intereses que estas compañías defienden. Un caso interesante a tener en cuenta es el de la agencia calificadora china Dagong Global Credit Rating, que elaboró metodologías innovadoras frente al análisis clásico de las tres grandes.
Argentina
Hoy en nuestro país se está reglamentando la nueva ley de mercado de capitales, que apunta a recuperar la función principal del mismo, como canalizador de ahorros excedentes hacia inversiones productivas de largo plazo. Regido por una lógica de valorización financiera, que dominó la escena económica argentina a lo largo de los últimos treinta años, los mercados de capitales no lograron desarrollarse, enredados en una lógica especulativa y cortoplacista. Esto fue consecuente con una lógica de minimización del rol del Estado y de maximización del mercado como articulador de las relaciones económicas y financieras.
A partir de la puesta en marcha de un modelo económico productivo es que se torna necesario contar con un mercado de capitales a la altura de las circunstancias. Por tal motivo, el principal objetivo de la ley de Reforma del Mercado de Capitales aprobada por el Congreso de la Nación a instancias del Poder Ejecutivo, es el de fortalecer la capacidad de regulación y supervisión del Estado sobre el mercado, promoviendo su apertura, competitividad y orientación hacia la economía real, con la dinámica necesaria para cumplir con los objetivos de de-sarrollo económico. El artículo 57 de la nueva ley les quita la exclusividad a las sociedades anónimas para acceder al mercado dentro de la categoría Agentes de Calificación de Riesgo y plantea el acceso de nuevas agencias en manos de universidades públicas, planteando un caso testigo a nivel internacional, con muy interesantes perspectivas a futuro.
Tras los evidentes fracasos evidenciados, las metodologías de las agencias internacionales continúan siendo las mismas, y la filosofía detrás de los análisis responde a una lógica de modelo económico neoclásico, que no se condice con la realidad actual de economías como la argentina.
En un mercado financiero como el nuestro, analizar riesgos a través del seguimiento exclusivamente de variables financieras tradicionales genera una visión sesgada e incompleta de la realidad. Existen factores estructurales, sociales, políticos, institucionales, que deben tenerse en cuenta al momento de evaluar. Asimismo, el análisis macroeconómico de las escuelas de pensamiento ortodoxas lleva a conclusiones erróneas de los procesos, al no responder a la realidad de las economías en cuestión. Por último, las relaciones de las empresas calificadoras con los actores del sector privado y su búsqueda del lucro como fin último generan no sólo conflictos de intereses, sino que han motivado comportamientos especulativos intencionales
* Economista de la graN maKro y docente UNM.
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-6596-2013-02-13.html