Quien pretenda entender la situación de Grecia exclusivamente desde la economía se encontrará con que no puede entender casi nada: varios planes de rescate y miles de millones de euros inyectados desde que comenzó la crisis; el gobierno político de la economía intervenido desde que se implantaron esos planes de rescate; las condiciones de vida […]
Quien pretenda entender la situación de Grecia exclusivamente desde la economía se encontrará con que no puede entender casi nada: varios planes de rescate y miles de millones de euros inyectados desde que comenzó la crisis; el gobierno político de la economía intervenido desde que se implantaron esos planes de rescate; las condiciones de vida de la población en una espiral de deterioro sin freno ni suelo sobre el que aterrizar; la Eurozona hablando de prevenir riesgos de contagio, como si en Grecia hubiera una epidemia de ébola, en lugar de preocuparse de sanar de una vez por todas una economía a la que ha aplicado coactivamente una medicina que está terminando con el enfermo.
Nada de esto puede explicarse desde la economía porque lo que cualquier economista que no introdujera sesgos políticos o juicios morales en su análisis está obligado a reconocer es que la deuda pública griega es impagable y que, por lo tanto, necesitará tarde o temprano de una reestructuración; y que, además, no ha existido en la historia ningún caso de acumulación de superávits primarios tan grande y prolongada en el tiempo como para poder enjugar la deuda pública griega y llevarla a los niveles que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Y si todo lo anterior lo sabe cualquier economista la cuestión que hay que dilucidar es cómo el Fondo Monetario Internacional, es decir, la misma institución que reconoció que había sobreestimado el efecto contractivo de la austeridad en Grecia, ha sido capaz de forzar la ruptura del acuerdo al que prácticamente se había llegado en la última reunión del Eurogrupo. Una ruptura provocada porque le seguían pareciendo insuficientes las medidas de austeridad ofertadas por el gobierno griego y que sí parecían suficientes al resto.
La explicación a todo ello no cabe buscarla, entonces, en el terreno de la economía sino en el de la política o, si se quiere, en la dimensión de política concentrada y difusa que puede atribuirse actualmente a la economía en la Eurozona.
Y es que al Fondo Monetario Internacional, en tanto que agente no europeo de la Troika, le ha correspondido forzar al gobierno griego a aceptar una propuesta que no sólo superaba el límite de lo aceptable -si es que existe algo aceptable a estas alturas en la gestión de la crisis griega- sino que lo traspasaba ampliamente y lo situaba en el terreno de lo humillante. Forzar la ruptura de unas negociaciones por apenas mil millones de euros sólo porque introducían la posibilidad de que el acuerdo viniera de la mano de una nueva reestructuración de deuda -cuando, además, todos los agentes implicados saben que ésta deberá darse- es un acto de irresponsabilidad que sólo se entiende si se tiene en cuenta la voluntad de torcer el brazo a Grecia y provocar la caída de su gobierno.
Con lo que no contaban era con que Tsipras no es Papandreu. Mientras que éste no se atrevió a convocar un referéndum para que el pueblo griego decidiera si aceptaba o no las medidas de recorte impuestas por la Troika, al primero no le ha temblado el pulso para convocarlo.
El problema es que el escenario es terriblemente delicado; de ahí la mayor dosis de sinrazón de la posición de la Troika que, en estas horas, no termina de dar el paso definitivo y cortar las negociaciones, sucediéndose sin cesar los mensajes de llamada a la calma y a continuar el diálogo por parte de diferentes miembros del Eurogrupo. Algo que, por otra parte, se contradice con la coacción ejercida al denegar a Grecia la prórroga para atender el pago al FMI de 1500 millones de euros que vence el próximo martes.
A ese elemento de incertidumbre se une el hecho de que el sistema bancario griego depende de las líneas de liquidez del Banco Central Europeo que, de momento y en reunión de este domingo, ha decidido prolongar pero que a partir del martes, y si Grecia incumple su pago al FMI y queda fuera del programa de rescate, debería cortar. Esto supondría, inmediatamente, la quiebra del sistema bancario griego.
Para hacer frente a esa eventualidad y permitir que el sistema bancario aguante hasta la celebración del referéndum el gobierno griego ha decidido actuar preventivamente y declarar el cierre de los bancos y de la Bolsa, imponiendo fuertes restricciones a la retirada de fondos de los bancos.
De esta forma, y como ocurrió con el caso de Chipre hace no tanto, la unión monetaria acaba de fracasar estrepitosamente al forzar a Grecia a instalar controles de capitales, algo que contradice su propia naturaleza y que demuestra la fragilidad de un proyecto europeo en el que los avances en lo monetario se han distanciado tanto de lo político que ha perdido su esencia y su norte.
Pero lo que no cabe olvidar, en ningún caso, es que el control de capitales es un movimiento defensivo del gobierno griego frente a la presión de las instituciones europeas. De alguna manera, es la única forma que tiene Tsipras de garantizar que los ciudadanos griegos puedan votar el próximo día cinco y conocer por la voz de las urnas qué es lo que desean. Todos son conscientes de que ninguno de los resultados es fácil de gestionar pero, al menos, la decisión del gobierno griego vendrá avalada por la voluntad de su pueblo. No puede haber nada más democrático en la cuna de la democracia.
Alberto Montero Soler (Twitter: @amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y responsable de Economía del Consejo Ciudadano de Podemos. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.