En un artículo reciente (E. Silva, 08/11/2013) se caracterizaban las nuevas medidas económicas tomadas por el gobierno bolivariano como una ‘huida hacia adelante’, considerando las exigencias coyunturales planteadas por la insurrección económica de la capa oligopólica de la alta burguesía y su política de acciones violentas contra el aparato de Estado. En lo fundamental se […]
En un artículo reciente (E. Silva, 08/11/2013) se caracterizaban las nuevas medidas económicas tomadas por el gobierno bolivariano como una ‘huida hacia adelante’, considerando las exigencias coyunturales planteadas por la insurrección económica de la capa oligopólica de la alta burguesía y su política de acciones violentas contra el aparato de Estado. En lo fundamental se señalaba que eran la continuidad de un accionar táctico vacilante y pendular evidenciado desde el inicio del nuevo gobierno en abril de este año, evitando tomar acciones que afecten directamente al Estado Mayor dirigente de la ‘guerra económica’ declarada y limitándose a una reingeniería institucional, por lo demás necesaria desde hace mucho tiempo y reclamada por muchos economistas críticos.
El desarrollo del ‘operativo’ sobre empresas que venden directamente al consumidor o a otras empresas en la más variada gama de productos en las principales ciudades del país y los espectaculares resultados logrados, no altera los términos generales del análisis efectuado y sus conclusiones. La puesta en práctica de este plan de control masivo y nacional de las cadenas de abastecimiento de los bienes de consumo, ha tenido efectos inmediatos, entre los cuales está la puesta en evidencia del real saqueo por parte de estos empresarios privados a las arcas del Estado y al bolsillo de los consumidores. La magnitud del despojo de los ingresos populares y de la clase media puede medirse a partir de tasas de ganancia entre 400 y 1.200% y permite apreciar la enorme alteración generada en el sistema de precios del mercado interno. Tales tasas sólo se las permiten transnacionales farmacéuticas, a nivel internacional. Estas fracciones del capital comercial importador pueden calificarse sin riesgo de exageración más que de ‘lumpenbuguesía’, de una auténtica ‘burguesía delirante’. Probablemente los resultados de esta intervención del Estado mejorarán los índices de escasez del mes de diciembre, aunque dicho esfuerzo llega tardíamente y su impacto en la desmesurada tasa de inflación de cerca de un 50% anual, será mínimo. El gobierno tardó siete meses en reaccionar frente a la escasez, tanto de bienes de consumo básico masivo como de información pública sobre personas, entidades y mecanismos que operaron para permitir masivas importaciones fraudulentas. Se debe recordar que éstas ocurrieron durante el 2012 como resultado de la gestión del SITME y cuyo movimiento pudo ser seguido trimestralmente por los funcionarios del Banco Central. No obstante, recién a fines de ese año la autoridad advirtió el enorme y anormal traspaso de divisas hacia el exterior y su impacto sobre el monto de reservas operativas. Como se sabe, la devaluación de febrero del 2013 fue el efecto ‘necesario’, según las autoridades, de tal situación pese a que el precio internacional del petróleo rondaba sobre los cien dólares el barril.
No cabe hacer pronósticos ni tampoco optar por apreciaciones pesimistas respecto a las posibilidades de éxito de tal incursión decembrina y pre electoral del Gobierno en el mercado de bienes de consumo. Es probable que se logre estabilizar el sistema de precios y cabe hacer votos optimistas en tal sentido, más aún cuando se han anunciado medidas tendentes a regular la tasa de ganancias de los distintos sectores productivos por medio de Leyes Habilitantes recién aprobadas. El Ejecutivo, por tanto, haciendo uso de los aparatos de Estado, ha intervenido coactivamente en el mercado para poner freno a una especulación desenfrenada e inducida, medida largamente esperada por el conjunto de los consumidores, e intentar incidir en el proceso de acumulación del capital privado, para estabilizar el proceso económico.
Menos que examinar el curso inmediato de aplicación de las decisiones tomadas, interesa llamar la atención al desarrollo del contexto que las ha antecedido, el que se ha caracterizado por la lentitud de reacción de las altas autoridades económicas y los zigzagueos tácticos correlativos a una estrategia evasiva de las máximas autoridades políticas. Tales comportamientos deben ser examinados desde un punto de vista más amplio que el de una simple evaluación de eficiencia o ineficiencia política o económica de autoridades individuales, para intentar comprender la evolución del proceso político global dentro del que se insertan. La hipótesis que se va a sostener aquí es que el proyecto bolivariano se enfrenta a un cambio sustancial en el proceso político global, cuyos caracteres de fondo deben ser adecuadamente conceptualizados y sopesados políticamente en las decisiones coyunturales del gobierno. En este sentido, no tiene ningún sentido descalificar las medidas económicas señalando que son erróneas, como lo ha planteado con buena intención algún crítico, porque se fundarían en la creencia de que el Estado no puede intervenir y controlar todo el movimiento de precios en el mercado, o porque ellas reflejan un comportamiento de la cúpula bolivariana que tiende a ‘no ver la realidad’. En realidad, las medidas son correctas, pero tardías e insuficientes en el contexto económico, aunque su profundización está dentro del margen de las posibilidades políticas.
En otros términos, se trata de que el telón de fondo de la actual coyuntura se distingue por una característica emergente: la lucha de clases está experimentado un giro como consecuencia tanto del agotamiento de un ciclo de luchas políticas, como de la inauguración de otro nuevo, situación en la cual en el frente económico, que ha pasado a ser decisivo en la generación de hechos políticos, la burguesía oligopólica ha tomado la iniciativa en una dimensión que va más allá del actual enfrentamiento. Esta fracción nuclear de la burguesía venezolana sólo está utilizando a sus fracciones medias en una batalla que le permite medir la capacidad de respuesta de la dirección del movimiento bolivariano. Su objetivo estratégico, por tanto, no se subordina a la próxima batalla electoral de diciembre. Esto es consecuencia de un cambio de ciclo histórico-político en el cual el proyecto bolivariano ya enfrenta, y deberá abocarse en el futuro, problemas muy diferentes de los que enfrentó el liderazgo de Chávez, que no son los derivados de un cambio de perfil productivo o de mantención o intensificación del crecimiento económico. Es necesario, por tanto, aclarar brevemente cuáles fueron los rasgos de ese ciclo agotado y luego considerar aquéllos que aparecen como centrales en ese nuevo ciclo histórico.
El hecho central es que la muerte de Chávez cerró el proceso de construcción de ‘nación’ en Venezuela, al incorporar económica y políticamente vastos segmentos sociales a un tejido integrador por medio de la expansión de una nueva institucionalidad estatal y paraestatal. El surgimiento de nuevas referencias de identidad nacional y de participación política para los sectores populares, el fortalecimiento de centros nacionales de decisión política y económica, conforma una situación histórica distinta a la de la segunda mitad del siglo XX. Ello fue posible por el desarrollo de un proceso revolucionario nacional y popular democrático, surgido a partir de la dirección de sectores medios radicalizados y populares, como consecuencia de la crisis del capitalismo venezolano a partir de la década de los setenta. El intento de hacer recaer esa crisis sobre la clase obrera, la pequeña y mediana burguesía y las correspondientes ‘clases medias’, que generó un levantamiento urbano de masas y pronunciamientos militares, culminó finalmente en el desarrollo de un movimiento de objetivos inéditos en la historia venezolana.
Cuando se comparan la experiencia venezolana con las de la Unidad Popular en el Chile del 70 al 73, se olvida que el programa político de esta coalición se pronunciaba claramente por una ‘transición’ al ‘socialismo’, dando por sentado que el problema de construcción de ‘nación’ había sido resuelto históricamente. Dicha meta se propuso por Chávez después de acceder al gobierno a través de elecciones y como resultado de una maduración ideológica personal hacia el año 2004. Parte de su genialidad política radicó en la intuición de que la tarea de construcción nacional no iba a poder consolidarse sin una transformación económica en profundidad. Es por ello que nunca se planteó el problema de la ‘toma del poder político’, a lo que condujo la situación chilena y que resolvió finalmente su burguesía. Aún más, el mismo proceso bolivariano de cambios fue inicialmente un movimiento nacional ‘populista’, impulsado por sectores radicales de la pequeña burguesía acompañados de segmentos de la mediana burguesía, conjunto de alianzas en la cual históricamente los sectores populares, campesinos y obreros todavía siguen jugando un papel secundario de masa de apoyo, aunque por primera vez hayan sido beneficiarios de la redistribución del ingreso petrolero. El contraste con la experiencia de la Unidad Popular no puede ser mayor, en tanto en ésta su programa político y en su base social la clase obrera y el campesinado jugaban un rol básico en la movilización y sustentación del ‘gobierno popular’. En el caso venezolano, el componente nacionalista y la movilización popular lograron aislar políticamente al componente no nacional de la burguesía interna y sellar una alianza cívico-militar, que ha sido básica en la construcción de ‘nación’ en el ciclo que culminó con la muerte del Chávez.
Los caracteres específicos del capitalismo rentístico venezolano explican el balance de clases histórico, en el que la dependencia de la acumulación privada de capital del Estado para acceder a la renta petrolera, generó una burguesía incapaz de sostenerse por su propio esfuerzo productivo. Esta debilidad económica ha sido también la de su clase obrera, y este aspecto es un hecho político central a tomar en consideración. El control del Estado por la burguesía oligopólica durante la cuarta república, utilizó como clase de apoyo en el orden de dominación a una pequeña burguesía, representada en sus clases medias burocráticas civiles y militares, cuya capa más conservadora orientada a la burguesía nutrió al partido Copei. Y la más populista, orientada a la manipulación de la clase obrera y sectores populares urbanos y rurales, a Acción Democrática. Todo esto es suficientemente conocido y explica el origen y trayectoria inicial del proyecto bolivariano chavista en sus vertientes nacionalistas y populistas.
Lo anterior quiere decir que, en lo fundamental, el ciclo político agotado tras la muerte de Chávez, transcurrió dentro de una correlación de clases histórica en la que el enfrentamiento capital-trabajo estuvo en un segundo plano, privilegiando la tarea de construcción de un estado-nación que la cuarta república no pudo emprender, aunque algunos de sus líderes lo visualizaran. Esa tarea pudo impulsarla el liderazgo de Chávez concitando un apoyo nacional sobre la base de una alianza policlasista, que ya con posterioridad a la crisis del 2008-2009 reveló grietas. Sólo la conducción de Chávez logró sortear esas dificultades, generadas a su proyecto político por el agotamiento de la radicalización de segmentos de la pequeña burguesía. Sus capas más favorecidas por la redistribución del ingreso -constituida a partir de sectores populares en ascenso social con muy bajo nivel político- claramente giraron hacia la derecha con posterioridad a su muerte, probablemente en búsqueda de un alero político que permitiera un mayor ascenso social. Otros estratos optaron por una acomodación conservadora penetrando transversalmente el ‘chavismo’ político, los que han sido identificados popularmente como la ‘boliburguesía’. El proyecto bolivariano bajo la conducción de su líder, generó su propia base de sustentación, pero finalmente también elementos incipientes de descomposición.
En todo caso, más allá del comportamiento ambivalente de la pequeña burguesía, queda claro que en el proceso nacional popular impulsado por el ‘chavismo’ esta capa social experimentó una autonomización política frente al conjunto de la burguesía, desarticulando el ‘bloque de clases en el poder’ que había caracterizado el anterior régimen político durante cincuenta años. El consiguiente aislamiento político de la burguesía oligopólica de este proceso de cambios, limitó su ejercicio del poder por medio del Estado sobre el conjunto de las clases subalternas, aunque ello no ha significado la pérdida de su poder económico y del control del sistema de dominación, lo que Chávez planteó con toda claridad en su Programa de la Patria.
La pequeña burguesía burocrática se ha constituido por fin en capa política dirigente abandonando su antiguo papel de simple clase de apoyo activa al sistema de dominación vigente, a diferencia del papel histórico que tuvo la pequeña burguesía chilena a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. La alianza fáctica con los sectores populares obreros y campesinos, su aislamiento de la burguesía oligopólica por el carácter no nacional de ésta y la consiguiente fractura en el bloque de clases que sustentó el Estado de la ‘cuarta republica’, han permitido la emergencia de una forma de Estado nacional popular, frenándose hasta el momento cualquier posibilidad tanto de ‘diálogo’ con la Oposición burguesa como de constitución de una ‘oposición democrática’. Como se sabe, el proyecto de ‘nación’ de la burguesía oligopólica atenta básicamente contra la situación de clase de la pequeña burguesía burocrática y sus estratos productivos, por los objetivos y consecuencias previsibles en la aplicación de la política económica neo-liberal, lo que no obsta para que dentro del conjunto de este sector social no haya desplazamientos, visibles electoralmente, hacia el polo político burgués. Desde el ángulo del sistema de alianzas que subyace al proyecto bolivariano, tal ambivalencia se debe básicamente a la debilidad de la clase obrera, con una correlación de fuerzas en cuyo espacio de maniobra Chávez trazó una línea demarcatoria para la ‘expedición’ bolivariana, de la misma manera como Hernán Cortés al iniciar la conquista de México, quemando las naves de su expedición, trazó con su espada una línea que separaba a los que lo seguirían de los que se quedarían atrás. Son las implicaciones políticas de tal objetivo ‘socialista’ las que están presentes en la actual coyuntura y las que marcarán el proceso venezolano en este nuevo ciclo.
Por lo pronto, la burguesía oligopólica y sus representantes políticos nacionales e internacionales han trazado, a su vez, otra línea de demarcación: oposición frontal al proyecto bolivariano. Es cierto que ella ha apelado ya a un golpe de estado y a una paralización de la industria petrolera en el año 2002 pero, en la actual coyuntura ha optado por la declaración abierta y la realización de una guerra económica e insurrección política: una ‘guerra total’ por la ‘toma del poder político’. Negarse a ver esta realidad es como negarse a ver el legado negativo del ciclo político ya agotado: la ausencia de una política de fortalecimiento de la clase obrera intrínseca a una estrategia económica que privilegió las transformaciones agrarias, cuyo proletariado y campesinado tienen el menor peso en la composición social de las fuerzas de apoyo al Gobierno nacional popular.
Podría discutirse si en términos reales una política de industrialización intensa y selectiva estaba o no políticamente presente en Chávez, o si su ausencia fue de neta responsabilidad de su dirección económica. En todo caso, para efectos de una lectura adecuada del nuevo ciclo del proceso político, debe considerarse que existe suficiente evidencia de que la alta dirección chavista sufrió de ‘autismo político’ a fines del 2001, lo que permitió que el golpe de Estado de abril del 2002 se diera sin ninguna resistencia previa. Como también existe evidencia de que la dirección económica sufrió de autismo en el enfrentamiento de la crisis fiscal y cambiaria resultante de la caída del precio del petróleo en el 2007. Algunos análisis económicos confiables han señalado que la decisión de devaluación en esa oportunidad operó sin considerar la posibilidad del endeudamiento externo, para el que existían condiciones adecuadas. Lo que habría permitido transitar la coyuntura sin generar una caída del PIB en el 2008-2009 y sin hacer recaer los costos en los sectores populares y medios. ‘Autismo’ que igualmente ocurrió en el 2012, año en el que se escaparon 20.000 millones de dólares a vista y paciencia de la dirección económica, cuyas consecuencias han marcado todo el inicio del gobierno de Maduro. Tales fenómenos de ‘no ver la realidad’, ya porque no se quiere o porque no se puede -al decir de un crítico- no se pueden minimizar ni negar, pero son explicables dentro de la ilusión de estar al margen de las clases polares, que genera la dinámica social de la pequeña burguesía burocrática y que la orienta socialmente a confundir deseos con realidades.
Lo que también parece ser evidente es la ausencia de una política efectiva de industrialización como eje económico central, situación que está en la base de los puntos de vista que sostienen el fracaso de la estrategia económica oficial en diversificar la estructura productiva y el aumento de la dependencia de importaciones. A ello se une la imposibilidad de la política cambiaria de eliminar la evasión de capital hacia el exterior, lo que ha contribuido a fortalecer la capacidad de resistencia del capital financiero interno. Todo lo cual ha permitido mantener el potencial político antagonista de la burguesía, como a mantener el fraccionamiento y la debilidad de la clase obrera urbana.
El nuevo ciclo político, entonces, se inaugura dentro de esta correlación de fuerzas de clase en la cual encuentra su explicación la actual insurrección económica de la alta burguesía. Esto significa que el conflicto capital-trabajo podría pasar ahora a un primer plano, dadas las exigencias políticas que implica asumir un horizonte histórico de construcción socialista, por su potencial disruptivo del proceso de acumulación privada de capital. Por ello su estrategia económica neo-liberal encubierta para salir del ‘chavismo’ es claramente antagónica, contra revolucionaria y refundacional: su aplicación comportaría el rediseño del capitalismo venezolano a las conveniencias del capital financiero transnacional.
Es el nuevo papel que la clase obrera podría tener en la consolidación de la ‘nación’ y las transformaciones que puede sufrir el Estado en esta nueva etapa, las que son las preocupaciones de clase centrales de la burguesía venezolana. Preocupaciones que no están ajenas a los segmentos de la pequeña burguesía al interior del movimiento bolivariano, que son evidentes por la reticencia burocrática a impulsar formas de control obrero de la producción en algunas empresas estatales. En este sentido, no es del todo correcta la apreciación de que en el conflicto actual la lucha es por el control de la renta petrolera. En verdad, el problema para la burguesía venezolana es retomar el control del poder político para imponer un nuevo sistema de dominación. Es cierto que existe una agenda política subversiva elaborada desde el exterior, pero ella se adecúa a un cuadro interno de fuerzas y dentro del cual se explican las vacilaciones de la alta dirección chavista. Lo que aparece más claro en la política de esta última es su confusión en la definición de una política de alianzas, en la que el papel de la clase obrera sigue indeterminado y la incorporación de la pequeña y mediana burguesía productiva y de servicios es considerada solo empíricamente. Esto es decisivo al momento de definir una estrategia económica, ausencia que explica las vacilaciones y las insuficiencias de las decisiones recientes.
En todo caso, se advierte que la elaboración de una política de alianzas y de una estrategia económica de fortalecimiento de la clase obrera está muy lejos de plantear el problema de la ‘construcción’ del socialismo. Esto supone enfrentar y resolver el problema de la ‘toma del poder político’ para iniciar la transformación de las relaciones de producción, tareas que se presentan lejanas dentro del actual contexto que sólo puede ser de ‘transición al socialismo’. Tal ‘transición’ puede ser, en el caso venezolano, de construcción de una economía post capitalista, como fase en la que la acumulación capitalista se desarrolla de forma subordinada a una acumulación estatal bajo control obrero, por la situación de debilidad relativa en que se encuentra la dirección bolivariana y los caracteres de la correlación de fuerzas. Por esto, el papel que pueda cumplir el presidente Maduro dentro del ciclo político que comienza a desenvolverse dependerá de su habilidad para la construcción de un sistema de alianzas que permitan eliminar el poder económico de la capa oligopólica de la burguesía y fortalecer la capacidad política de la clase obrera. Es claro, por tanto, que el rol histórico de su presidencia no pasa por mantener la continuidad del accionar político y económico del Chávez histórico, puesto que las condiciones y tareas que él emprendió ya pertenecen al pasado. La continuidad pasa por mantener el objetivo estratégico del socialismo sobre la base del impulso hacia otro sistema de alianzas de clase basado en una estrategia económica distinta, más allá de las preocupaciones de coyuntura sobre la política cambiaria o de abastecimientos, que solo cifran la esperanza de cambio social a partir de un crecimiento sostenido del producto interno. La regulación real del proceso de acumulación de capital privado a través de medidas que permitan la participación directa del Estado en el flujo real y nominal de importaciones de bienes de consumo, intermedios, de capital, y el fortalecimiento de una economía estatal que lidere una industrialización selectiva, son claramente posibles dentro del actual ciclo político de consolidación nacional. En términos de opciones históricas, el tránsito capitalista al ‘neodesarrollo’, privilegiando un capital productivo nacional privado como eje de la acumulación, ya no es viable, no sólo porque la estrategia económica neoliberal no lo contempla -su eje es el capital transnacional- sino porque su burguesía es intrínsecamente débil: su núcleo oligopólico entrelazado con el capital extranjero es importador. No tiene más alternativa frente al capital extranjero que la subordinación económica, y éste exige como garantía de una asociación futura la propiedad del petróleo que, como ya se sabe, es su verdadero objetivo.
Si la hipótesis central sostenida en este análisis es correcta, que el nuevo ciclo histórico de consolidación nacional lleva a la burguesía a plantearse el problema de la ‘toma del poder político’ y no el de la ‘toma del gobierno’ por los medios de la democracia convencional -lo que no obsta para que si obtiene este último no intente también, fácticamente, conseguir el primero- se desprenden varias conclusiones. Primero, que hace rato la burguesía abandonó la posibilidad de construir una ‘oposición democrática’, viejo anhelo socialdemócrata largamente esperado desde hace catorce años, lo que ni el mismo Chávez logró conseguir pese a sus esfuerzos conciliatorios, que fluctuaron desde el perdón a los participantes e ideólogos del golpe de estado del 2002, hasta la búsqueda pública de alianzas con los grupos económicos liderados por el grupo Mendoza.
Segundo, que ‘la continuación de la política por otros medios’, obliga al Gobierno a la adopción de una ‘estrategia de guerra’ en el frente económico, puesto en este nuevo ciclo histórico la ‘lucha de clases’ se convierte en ‘guerra de clases’. La que no declaró ni el Gobierno ni la clase obrera y en la que la burguesía no busca concesiones parciales, sino que la rendición total.
Tercero, la estabilización del mercado interno y la regularización de la acumulación privada de capital en el área de la distribución dependerán no sólo de la creación de una institucionalidad eficiente de control de costos y precios de venta, sino que de los supuestos políticos de alianzas de clase en que se asiente. Esto significa que deberá coordinar las tareas políticas de un ‘control popular’ de la comercialización, complementario a la actuación de los aparatos económicos de Estado frente al gran capital mayorista importador, con la actuación normada del mediano y pequeño capital comercial. Asimismo, el avance hacia un Nuevo Orden Económico Interno no podrá ser impulsado sin una profunda reingeniería en la institucionalidad económico burocrática estatal superior, ni éste Nuevo Orden construirse sin resolver problemas de estrategia política y económico en el nuevo contexto histórico.
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