El autor muestra en este artículo cómo dos medidas tan diferentes y aparentemente inconexas, (el fondo de rescate de la Unión Europea y el ajuste anunciado en España) tienen un origen común y un mismo objetivo: seguir asegurando y fortaleciendo la rentabilidad del capital.
El pasado lunes día 10 la Unión Europea anunciaba la aprobación de un mecanismo que supuestamente debía rescatar a la economía griega de los ataques que estaba sufriendo y, sobre todo, debía asegurar la estabilidad del Euro. Al día siguiente el diario español Público abría su edición impresa con un candido titular que rezaba: «La UE pone freno a los especuladores»; afirmando en el antetítulo: «La política gana a los mercados (por una vez)». Sin embargo, si la política había ganado a los mercados, ¿por qué, entonces, el IBEX-35 lograba ese mismo día la mayor subida de su historia (siguiendo al resto de índices bursátiles de Europa y EE.UU. que también celebraban el acuerdo)? La respuesta ha tardado menos de dos días en llegar y se encuentra en el paquete de medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno del PSOE: disminución del sueldo de los funcionarios, congelación de las pensiones, recorte de las ayudas a la dependencia y a la maternidad/paternidad, reducción de la ayuda al desarrollo y una sustancial contracción de la inversión pública, que se unen a la subida del IVA y el recorte de gasto público anunciados hace meses. ¿Qué vínculo concreto hay entre éstas y aquél?
En primer lugar, el núcleo del «Mecanismo de Estabilización Financiera» aprobado por los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea consiste en la posibilidad de movilizar hasta 750.000 millones de euros hacia la compra de los títulos de deuda pública de cualquiera de los Estados miembros que se encuentren con problemas para financiar su deuda pública en los mercados financieros. De esos 750.000 millones de Euros la Comisión Europea podrá aportar hasta 60.000 millones en forma de préstamos, respetando el límite puesto al presupuesto comunitario; 440.000 millones serán aportados, en su caso, por el resto de Estados miembros que, a su vez, habrán obtenido los recursos mediante la emisión de eurobonos con garantías públicas; y, por último, el FMI llegará a aportar hasta 250.000 millones, es decir, un tercio del total del fondo de estabilización creado.
De este modo, la participación del FMI toma un carácter más que simbólico. El montante de los recursos potencialmente prestables que tendrá origen en sus arcas asegura a los inversores el cumplimiento de las condiciones puestas al país que necesite la ayuda para darle el préstamo. Por otro lado, esas condiciones serán similares a las aplicadas en los planes de ajuste estructural que se impusieron durante las tres últimas décadas a lo largo y ancho de África, América Latina y Asia. No en vano, para obtener la financiación el Estado del que se trate deberá presentar un plan de ajuste fiscal detallado que asegure la rápida reducción de su déficit. Pero no sólo eso, sino que, como segundo paso, también deberá asegurar la puesta en marcha de toda una serie de las denominadas «reformas estructurales». En aquéllos países éstas consistieron básicamente en la desregulación del mercado laboral, las privatizaciones, la liberalización general de la economía y su apertura externa, es decir, el recetario neoliberal básico.
En realidad, un paquete de medidas de ajuste como éste ya se había aprobado la semana anterior en Grecia. Como adelantábamos en nuestro anterior artículo (1) el razonamiento con el que se trataba de justificar su adopción partía de constatar la imposibilidad de utilizar la devaluación de la moneda para mejorar la competitividad de la economía. A partir de aquí se afirmaba que sólo era posible lograrlo a través de una «devaluación interna» de los precios y los salarios (2). La «devaluación» de los salarios se llevaría a cabo a través de la aprobación de los dos tipos de medidas de ajuste ya citadas: las de reducción del déficit público y las reformas estructurales. En primer lugar, con la excusa de tratar de disminuir los diferenciales de interés pagados por la deuda pública, se tendría que recortar el salario indirecto (es decir, el gasto social) y el salario diferido (las pensiones). En segundo lugar, con la excusa de incrementar la competitividad de la economíam se tendría que actuar sobre el salario directo a través de la aprobación de una nueva reforma laboral que disminuyese la protección a los trabajadores y, gracias a ello, las remuneraciones. Obviamente se olvidaba que el otro componente de los precios lo componen los (intocables) márgenes de beneficio, cuya disminución podría igualmente ayudar a mejorar la competitividad.
A pesar de ello, se trataba de justificar las injustificables medidas finalmente tomadas en economías como la griega, que estaban siendo devoradas literalmente por la acción de los, tantas veces nombrados, «especuladores». Lo que no esperábamos era que tan repentinamente los gobiernos del PSOE en España y del Partido Socialista de Portugal se apresurasen a aprobar paquetes de ajuste similares. ¿Cómo se explica esta prisa o, mejor, cómo puede explicar esto PRISA cuando las deudas públicas española y portuguesa respecto a sus PIB (64,9% y 85.8% respectivamente para 2010) se encuentran tan por debajo de la griega (124,9%), de la italiana (118,2%), o, en el caso de España también de la francesa (83,6%), de la inglesa (79,1%) e incluso de la alemana (78,8%)? Ciertamente, resulta muy difícil de hacerlo. Sólo sabemos que éste ha sido el precio a pagar para que los jefes de gobierno de países como Alemania u Holanda aceptasen la puesta en marcha de un Mecanismo de Estabilización Financiera que salva al Euro con la condición de asegurar la rentabilidad del capital, única clase social a la que la moneda única beneficia.
Porque si alguien se cuestiona que esto último sea así deberá explicar, entonces, un hecho que es aún más inexplicable que el de que el ajuste se haya puesto en marcha en un país con uno de los niveles de deuda pública más bajos de toda la UE. En efecto, más allá de ello, es necesario preguntarse también ¿por qué, además, se ha hecho recaer ese ajuste sobre las rentas de los trabajadores (aquí, obviamente, incluyo a los pensionistas) cuando existían otras opciones igual de eficaces para acabar con el déficit? Como ya hemos dicho muchas veces (y no nos cansaremos de repetir), mientras los salarios no han parado de perder participación en la renta nacional, los beneficios empresariales han seguido una tendencia a aumentarla desde hace al menos treinta años, es decir, desde que el neoliberalismo comenzó a imponerse como única política económica, a lo largo y ancho del mundo. No sólo eso, sino que en plena crisis, en España, al igual que en muchas otras economías, dicha participación del capital en la renta no ha dejado de crecer, desde el 43% en que se encontraban en 2007, hasta casi el 45% al que según los datos de AMECO (base de datos de la Comisión Europea) llegaron el pasado año 2009.
A pesar de todo ello, ZP no tuvo ningún rubor en afirmar en su intervención en el Congreso de los Diputados que «hasta ahora, (…) los empresarios que han visto frustradas o reducidas sus aspiraciones han pagado con creces su peaje en esta crisis. No es a ellos a los que quepa demandar solidaridad, sino a la inversa, ofrecérsela» (3). Partiendo de esta absoluta mentira, quería justificar el hecho de que no haya tomado absolutamente ninguna medida, ni siquiera de cara a la galería, que afecte a los más favorecidos. En efecto, después de una legislatura y media ahondando en una política fiscal regresiva, ni en plena crisis se han atrevido a plantear una subida del IRPF a las rentas más altas, una subida del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades a las empresas, o una recuperación del Impuesto de Patrimonio para las grandes fortunas. Todas ellas son medidas que tienen una capacidad recaudatoria suficiente como para disminuir ampliamente el déficit público, objetivo que era el supuestamente buscado.
Sin embargo, si la hoy más que nunca necesaria respuesta social, sindical y política no lo impiden (y ahora mismo no parece que vaya a ser así), en vez de ver su aprobación, a lo que asistiremos muy pronto será a la puesta en marcha de la segunda fase del ajuste: la de las reformas estructurales y, más concretamente, la de la reforma laboral.
Si todo esto es una victoria de la política sobre los mercados, mejor no nos preguntemos qué ocurrirá cuando éstos ganen.
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(1) Molero Simarro, Ricardo: «¿Se va a convertir la Unión Europea en el nuevo FMI?», en Economía Crítica y Crítica de la Economía, número 10, marzo de 2010:
http://economiacritica.net/web/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=38
(2) Un proceso que ya se había llevado a cabo en Letonia a finales de 2009 y que hace apenas un par de semanas se emprendía también en Rumania.
(3) Discurso del Presidente del Gobierno en la comparencencia para informar de la reunión extraordinaria del Eurogrupo en relación con el rescate de Grecia y la situación de los mercados financieros. Congreso de los Diputados, 12 de mayo de 2010 (página 13 del documento).
http://economiacritica.net/web/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=38