Europa insiste en sus metas de fortalecimiento interno, autodefensa y agresividad económica, pese a la frustración de no haber aprobado la «Constitución Europea» vía plebiscito y a pesar de los recientes obstáculos para la aprobación del Tratado de Lisboa. En plena crisis económica mundial, atribuye la responsabilidad a los bancos, al sistema financiero internacional y […]
Europa insiste en sus metas de fortalecimiento interno, autodefensa y agresividad económica, pese a la frustración de no haber aprobado la «Constitución Europea» vía plebiscito y a pesar de los recientes obstáculos para la aprobación del Tratado de Lisboa. En plena crisis económica mundial, atribuye la responsabilidad a los bancos, al sistema financiero internacional y también a los inmigrantes.
El tema de la inmigración deja de ser polémico para los representantes europeos que, en consenso, aprueban políticas y principios de endurecimiento a la inmigración alegando motivos humanitarios y económicos. Curiosamente la población europea creció 0,48% en 2007, llegando a 497,5 millones de habitantes y cuatro quintos de este crecimiento se debe a los inmigrantes. Europa recupera su déficit poblacional y se proyecta al futuro gracias a esta población que, irónicamente, recibe la factura por la crisis.
La llamada «Directiva del Retorno», aprobada en el primer semestre de este año, se revela como una verdadera ley de expulsión de los inmigrantes, violando derechos fundamentales consagrados en pactos internacionales y contrariando los avances en materia de derechos humanos dentro del sistema europeo. También llamada Directiva de la Deportación o de la Vergüenza , la normativa establece, en última instancia, la criminalización de la inmigración y genera indignación y rechazo por parte de los gobernantes latinoamericanos y africanos.
Como medidas complementarias e igualmente xenófobas, ese jueves 25 de septiembre, el Consejo de Ministros de la Unión Europea (EU) aprobó formalmente el Pacto Europeo de Inmigración, tomando como referencia la política sobre inmigración desarrollada por Nicolas Sarkozy en Francia y que tiene como slogan «endurecer la lucha contra a inmigración ilegal y promover la inmigración legal». El documento todavía precisa ser ratificado en la Cúpula de líderes de la EU el 15 y 16 de octubre.
El texto final del Pacto posee cinco ejes principales: 1) la necesidad de organizar la inmigración legal de acuerdo con las prioridades y necesidades de Europa; 2) el combate a la inmigración irregular y la expulsión de los irregulares (según el Consejo, mas de ocho millones de personas); 3) el fortalecimiento del control de las fronteras; 4) la construcción de un sistema de asilo equilibrado entre los países del bloque; 5) y el aumento de colaboración global para con los países de origen.
Cada Estado-miembro deberá tomar en cuenta al resto del bloque al aprobar sus políticas en este tema y cada regularización deberá ser hecha caso por caso (ejemplifican con los matrimonios de conveniencia), evitando decisiones generales en el marco de las legislaciones nacionales.
Para atender el criterio de prioridad y necesidad de Europa, los ministros de Trabajo y del Interior de la EU ultimaron un acuerdo para crear el blue card, un instrumento que selecciona inmigrantes de alta calificación a semejanza del green card estadounidense. Los requisitos para la obtención del blue card incluyen cinco años de experiencia profesional, exigencia de un diploma o título equivalente y la necesidad de contratación con un salario mínimo superior en 1,5 veces al salario medio del país receptor, lo que en el caso de España excede los 33.000 euros brutos anuales. La condición de inmigración calificada será válida por un período de uno a cuatro anos y los titulares tendrán prácticamente los mismos derechos que los trabajadores europeos.
Las puertas de Europa seguirán abiertas para los «calificados», pero los ilegales serán perseguidos como criminales que amenazan el crecimiento equilibrado del continente. Al inicio del 2012 serán implantadas las visas con información biométrica y el registro electrónico de entradas y salidas, instrumentos que comprobarán la estadía ilegal y servirán para ordenar los procesos de detención de personas por «crimen de inmigración».
Las medidas dejan de ser un enunciado de principios y objetivan criterios que pasarán a tener validez en pocos años, trayendo consecuencias inéditas no solo para los inmigrantes irregulares, que serán expulsados, sino también para la relación de política externa de Europa con el resto del mundo, dando oportunidad, naturalmente, a que se aplique el principio de la reciprocidad.
Texto original en portugués: www.cartamaior.com.br
Traducción: Insurrectasypunto