La ONG Derechos Digitales denunció a través de su web que » la Policía de Investigaciones no cumple con la ley y viola sistemáticamente el derecho a la vida privada de las personas». Tras solicitar en octubre pasado a la Policía los procedimientos utilizados por el organismo, la ONG descubrió que «para nuestra sorpresa, la […]
La ONG Derechos Digitales denunció a través de su web que » la Policía de Investigaciones no cumple con la ley y viola sistemáticamente el derecho a la vida privada de las personas». Tras solicitar en octubre pasado a la Policía los procedimientos utilizados por el organismo, la ONG descubrió que «para nuestra sorpresa, la Policía de Investigaciones no tiene instructivos ni manual de procedimientos», afirmó el abogado Alberto Cerda.
En su reclamo, Cerda ejemplifica diferentes casos en los que la Policía infringió el derecho a la vida privada desde 2004. Ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inconstitucional el uso de información de las bases de datos policiales por parte de un funcionario para denostar a un apoderado de un establecimiento educacional. Para peor, se trataba de información errónea y desactualizada.
En 2008, otro caso llamó la atención después de que la PDI amenazara al administrador de Huelga.cl para que entregara información de un usuario del sitio, pese a no contar con una orden judicial para ello. Tras reclamar en tribunales, la policía abandonó su solicitud. Dos años después algo similar ocurrió con LoserPower. «La Policía de Investigaciones persiste en infringir el derecho a la vida privada al acceder ilegalmente a la información retenida por los prestadores de servicio de Internet», dice Cerda.
También se señala que en 2009 la PDI fue mencionada en un Reporte de Derechos Humanos, por monitorear el funcionamiento de Internet supuestamente para investigar delitos.
Este es un tema que no es menor – mientras en Estados Unidos se discute la polémica ley CISPA, que permitiría a las policías ingresar a datos privados bajo el pretexto de combatir el crimen, en Chile no parece haberse tomado en serio este tema.
«El resguardo del orden público es una meta de la actividad policial que ciertamente todos compartimos. Sin embargo, la actividad policial debe conducirse con apego a la ley. Violar la privacidad de las personas, sin ajustarse a las exigencias legales, pone a los funcionarios policiales no en el rol de garantes, sino que en el banquillo de los acusados», declara Cerda.
Link: Reincidencia Policial: PDI no respeta el derecho a la vida privada (ONG Derechos Digitales)