Venezuela acaba de realizar el último ensayo general para las elecciones del próximo 28 de julio. En tren de transmitir seguridad y tranquilidad a la comunidad internacional, a los observadores y, sobre todo -lo más importante- al pueblo venezolano, el pasado domingo 30 de junio, entre las 7 y las 19 hs. se simuló un día electoral a fin de comprobar que todos los mecanismos estén aceitados para que el resultado electoral sea inobjetable.
Del simulacro participaron las diferentes coaliciones políticas que protagonizarán las elecciones nacionales: la oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y las opositoras Plataforma Unitaria Democrática, Esperanza por el Cambio, Primero Venezuela, Arepa Digital, Alianza del Lápiz, Soluciones para Venezuela, Centrados en la Gente, Acción Democrática y Confederación Nacional Democrática.
Preparándose para el evento, el 20 de junio pasado, 8 de los 10 candidatos a presidente, imbuidos de un claro espíritu democrático, firmaron un pacto en el que se comprometían a reconocer el resultado de las elecciones. Entre los firmantes se encuentra el presidente Nicolas Maduro Moros y casi todas las coaliciones electorales, pero se negaron a firmarlo los dos candidatos que se encuentran radicalizados frente la propuesta de convivencia democrática: Edmundo González Urrutia -el delfín de María Corina Machado- y Enrique Márquez -exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, curiosamente, apoyado por el Partido Comunista Venezolano-.
Las personas que participaron de este precalentamiento incluyeron a funcionarios y veedores, pero, sobre todo, tuvo como protagonistas a civiles que ejercerán su derecho al voto y que, a pesar de la lluvia en varios estados, esperaron estoicamente haciendo las filas correspondientes para acceder a los cuartos oscuros y practicar el voto tal cual se hará el 28J. Las elecciones venezolanas siempre han respetado la voluntad popular, y en esta ocasión, las personas que trabajaron supervisando el proceso, dieron cuenta de la eficiencia y la transparencia con que estará garantizado el escrutinio, a fin de que las falacias que se instalan desde los poderes concentrados mediáticos, siempre opositores al gobierno de Maduro, se descascaren para poder evitar un desconocimiento del resultado general.
Venezuela, como todos saben, es sindicada por gran parte de los partidos liberales y demócratas progresistas como una dictadura. No obstante, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, se realizaron, entre elecciones municipales, regionales, presidenciales, constituyentes y referéndums, más de 30 actos comiciales -incluido el del 10 de enero de 2022- en el que, en el Estado de Barinas, el estado en el que nació Hugo Chávez, ganó las elecciones el opositor Sergio Garrido, nada más ni nada menos que contra el excanciller de Hugo Chávez -y su yerno- Jorge Arreaza. Estando vivo Hugo Chávez, el oficialismo perdió el referéndum por la reforma constitucional en el año 2007, cuyo resultado fue reconocido de inmediato por el entonces presidente. Además, la constitución de Venezuela contempla una serie de posibilidades de llamados a referéndums y elecciones de revocación de mandato como pocas otras constituciones tienen. No conozco ninguna dictadura que reconozca derrotas electorales ni que permitan campañas electorales en su contra, algo que al menos 7 de las 9 coaliciones que enfrentan al gobierno están haciendo.
Lo que más desea el gobierno es que se acate la voluntad popular, algo que, como decía, fue refrendado por el pacto de reconocimiento realizado por 8 de las 10 placas electorales. En la cumbre de la CELAC Social, realizada en Tegucigalpa entre el 27 y el 29 de junio, el vicecanciller de Venezuela, Rander Peña, expresó la preocupación sobre este tema en particular, y alertó sobre las amenazas a la democracia proveniente de aquellos que se negaron a firmar el acuerdo -sobre todo la de González Urrutia, la segunda en intención de voto-, y sobre los intentos de sabotaje que se están incubando desde la embajada argentina por parte de los siete sediciosos que están alojados allí en calidad de asilados políticos, dignidad internacional que el gobierno de Maduro respeta, al contrario de lo que hizo el gobierno de Noboa en Ecuador al irrumpir por la fuerza para secuestrar al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas. El vicecanciller Peña, también subrayó que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió que ese grupo refugiado en la embajada, ya no de la Argentina, sino del tipo de política exterior beligerante que hace el gobierno de Milei, está planificando actos de sabotaje que incluyen atentados al sistema eléctrico y destrucción del puente sobre el río Orinoco. Los autodenominados “legionarios”, según el mismo Rodríguez, están financiados y azuzados por personal de la embajada mileiniana1 -ya no argentina- y tienen previsto desconocer los resultados.
El gobierno de Venezuela hace todo lo posible por que el país sea reconocido como un país democrático, pero cuando la principal dirigente opositora se vincula con un gobierno que reniega de la democracia real y vindica a las dictaduras a través de una operación discursiva falaz que se apropia de la palabra libertad -y la resignifica- y denomina a sus seguidores como libertarios, y se entromete arbitrariamente en procesos electorales en detrimento de la soberanía de otros Estados, resulta muy dificultoso poder refutar las posverdades que se instalan desde el aparato mediático comunicacional-digital.
María Corina Machado -esa principal dirigente a la que aludía en la oración anterior-, el enlace con la embajada argentina, está inhabilitada para competir en las elecciones presidenciales de este año, pero el motivo por el cual se la inhabilitó supera con creces a aquellos motivos por el cual se operó a través del lawfare contra Lula en Brasil. A Lula lo acusaron de tener un departamento mal habido y de corrupción, cargos que desestimó la Corte Suprema de Brasil y que no solo le permitieron recuperar la libertad, sino convertirse nuevamente en presidente de Brasil. En el caso de Machado, las múltiples acusaciones -desde pertenecer a un esquema de corrupción, tomar las firmas Citgo y Monómeros, de organizar el festival en la frontera que encubría una avanzada golpista denominado “Cucutazo”, de impedir la llegada de vacunas, de accionar el bloqueo de recursos, y de ser responsable de una ola migratoria al haber solicitado sanciones para el país2- tienen que ser dirimidas por la justicia, pero de lo que no cabe duda, y alcanzaría en cualquier país democrático para lograr una inhabilitación, tiene que ver con apoyar el intento de Juan Guaidó de constituirse en presidente apócrifo de Venezuela. De hecho, se aprovechó del fracaso del expresidente de la asamblea, para cuestionarle “no haber sacado a Maduro”3 del gobierno, razón por la cual se constituyó en la contendiente con mayores posibilidades para ser candidata.
La pregunta es de carácter comparativo: ¿alguien puede imaginar que en cualquier país del mundo cualquier asambleísta puede declararse presidente de la nación sin que medie el sufragio para que pueda ser elegido, sin que esa acción sea considerada un intento de Golpe de Estado? ¿Por qué a una persona que vulnera la constitución de un país debe permitírsele ser candidata a cualquier cargo electivo? ¿Acaso las democracias no castigan a aquellos que la intentan vulnerarla? Venezuela ha demostrado una voluntad democrática fácilmente ratificable a través de sus permanentes sometimientos a la voluntad popular -tienen más votaciones desde el año 98, que años transcurrido hasta el presente-, y a través de prácticas previas para detectar cualquier falla de antemano, de simulacros electorales como el del domingo 30 de junio, que involucran al Estado y a la/os ciudadana/os para asegurarse entre ellos y ante el mundo que son un país democrático. Y si eso no es democracia, ¿la democracia dónde está?
Notas:
2 – https://talcualdigital.com/jose-brito-contraloria-inhabilito-a-maria-corina-machado-por-15-anos/
Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/venezuela-desafios-ante-un-nuevo-proceso-electoral