Descendientes de antiguos esclavos de la comunidad Rio dos Macacos, en el nororiental estado brasileño de Bahía, denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) agresiones de militares de la base naval Aratu, que ocupa sus tierras. Uno de los líderes del quilombo y su hermana, Ednei Messias y Rosimeire dos Santos, aseguraron que […]
Descendientes de antiguos esclavos de la comunidad Rio dos Macacos, en el nororiental estado brasileño de Bahía, denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) agresiones de militares de la base naval Aratu, que ocupa sus tierras.
Uno de los líderes del quilombo y su hermana, Ednei Messias y Rosimeire dos Santos, aseguraron que fueron golpeados por efectivos militares el 6 de este mes, delante de las hijas de ella, antes de ser detenidos cuatro horas, hasta que organizaciones humanitarias lograron su liberación.
Ednei Messias, de 28 años, dijo a IPS que el incidente fue el último episodio de las frecuentes amenazas e intimidaciones que soportan las 70 familias residentes en el quilombo, como se denominan a Brasil a las remotas comunidades colectivas donde se asentaron esclavos afrodescendientes que lograban fugarse u obtenían la libertad.
Organizaciones humanitarias presentaron el viernes 10 el caso ante el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre Afrodescendientes y otras tres entidades del foro mundial. También preparan la documentación para denunciar la agresión ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
En Rio dos Macacos luchan hace cinco décadas por que se les otorgue el título de propiedad de su tierra, ubicada en la península São Tomé de Paripe, en los límites de los municipios de Simões Filho y Salvador, capital de Bahía.
Existen datos de la existencia del quilombo desde hace 150 años y vestigios de esclavos refugiados allí desde hace 238 años. En Brasil, la esclavitud solo se abolió en 1888, décadas después de su independencia de Portugal, en 1822.
El área de 300 hectáreas es centro de una disputa judicial y territorial desde los años 60 cuando durante la dictadura militar (1964-1985) fue ocupada por las Fuerzas Armadas, que establecieron allí una base naval y una villa para los uniformados y sus familias.
Hace dos años, la justicia falló a favor de la comunidad, pero el Estado apeló la sentencia y mientras los quilombolas (habitantes de quilombo) siguen forzados a atravesar la villa para ir y venir a la comunidad.
«La violencia es constante, nos quitan el derecho de ir y venir de la comunidad, incluso las ambulancias muchas veces no pueden entrar para prestar auxilio médico», dijo dos Santos.
Él y su hermana Rosimeire, de 35 años, denunciaron que fueron agredidos por militares navales con golpes, puñetazos y amenazas con armas de fuego. Ella además fue víctima de agresiones sexuales.
Todo comenzó cuando fueron abordados por efectivos de la villa naval, al volver de un municipio cercano, donde matricularon a las hijas de Rosimeire, de 17 y seis años, para el próximo curso escolar.
«Un sargento, que ya nos había amenazado antes, y otros cinco hombres armados rompieron con fuerza la puerta de mi automóvil y empezaron a golpearme. A mi hermana también le pegaron mucho, hasta dejarla semidesnuda. Las niñas estaban aterrorizadas», relató Ednei Messias.
Los dos hermanos fueron liberados solo cuando funcionarios de la gubernamental Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial y abogados de movimientos afrobrasileños comparecieron en el lugar.
Paradójicamente, la base naval de Aratu es el destino preferido de los presidentes brasileños para descansar en el receso de año nuevo. La mandataria Dilma Rousseff estuvo en el lugar hasta el día 5, la víspera de la denunciada agresión.
«No confiamos más en el gobierno. No se entiende que, en el Brasil actual, la tortura siga ocurriendo como en tiempos de esclavitud. Todavía estamos luchando por nuestra carta de libertad», argumentó a IPS la mujer agredida, quien estuvo hospitalizada tras la agresión.
«Ya no salgo con mis hijas porque temo que me maten en su presencia. Nos decían que cuando se sacasen el uniforme nos iban a reventar nuestra cabeza con balazos», recordó.
«Dos hombres se pusieron sobre mí, uno colocó mi cabeza entre sus piernas, con mis pantalones ya bajados y mis senos al descubierto. Fue una humillación total, con un arma en mi cabeza me escupían el rostro», relató aún con angustia Rosimeire dos Santos.
Después reflexionó que en Rio dos Macacos «puede producirse una verdadera masacre», si no se pone fin a la violencia cotidiana que soportan.
«Nuestro territorio no se vende, no se cambia y tampoco se negocia. Soy de aquí, nací, crecí y es aquí, donde mi madre tiene enterrada a nuestra familia», subrayó emocionada.
En la Relatoría Técnica de Identificación y Delimitación, concluida en agosto de 2012 por el estatal Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, se constató que los pobladores de la comunidad descienden de esclavos de haciendas que producían azúcar para el ingenio de Aratu durante el periodo colonial.
Pero la comunidad sigue sin obtener la titularidad de sus 300 hectáreas, a la que tienen derecho por ser remanente de quilombo.
En octubre de 2012, un tribunal federal falló a favor de la desocupación del área por la marina, pero el proceso está bloqueado mientras se resuelve una apelación presentada por la estatal Defensoría Pública.
Esta entidad pidió el día 8 a la marina esclarecer con urgencia lo sucedido con los hermanos Dos Santos.
Al día siguiente, un grupo de movimientos sociales lanzó un manifiesto contra las agresiones a los residentes de la comunidad, en que defiende el reconocimiento del quilombo y su tierra.
También exigió la construcción de una ruta de acceso al quilombo que no atraviese la villa naval, para evitar el agresivo control militar de la entrada y salida de sus residentes.
El día 10, tres de esas organizaciones denunciaron el caso ante tres relatorías especiales de la ONU: La de la Esfera de los Derechos Culturales, la de la Vivienda Adecuada, sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, además del Grupo de Trabajo sobre Afrodesciendentes, que visitó el país en diciembre.
«En esta comunidad no se nota que se acabó la dictadura militar», se quejó ante IPS la abogada Marisa Viegas, de Justiça Global, una de las organizaciones denunciantes. «Los militares siguen actuando de forma represiva contra los residentes y estos no pueden mantener mínimas condiciones de vida», añadió.
Esta organización acompaña el caso de Rio dos Macacos desde hace una década.
Según Viegas se atacó a dos personas que defienden los derechos humanos del quilombo.
Viegas apunta que los derechos culturales, de vivienda y de libertad están en jaque en esa comunidad y que los quilombolas sufren con la restricción de sus derechos porque no pueden circular libremente, ni tampoco recibir visitas o construir viviendas adecuadas.
La Constitución brasileña reconoce el derecho de las comunidades quilombolas, recordó la activista. «Pero en la práctica se está haciendo lo contrario, al presionar para que la gente se vaya» de ellas, denunció.
Viegas dijo que el Estado incumple compromisos internacionales de no violar, ni dejar que se violen, los derechos de los pobladores de los quilombos. «En este caso es el propio Estado quienes los viola, lo que es doblemente grave», dijo.
Un comunicado de la Armada indicó que se realiza una investigación sobre la denuncia con el auxilio del Ministerio Público, «para determinar los hechos, circunstancias y responsabilidades».
Además, la institución resaltó que la investigación será hecha «con transparencia e imparcialidad». Añadió que los militares acusados del ataque a los hermanos Dos Santos están preventivamente separados de sus funciones.