1. Estado de excepción con competencia electoral Entender el ascenso de la extrema derecha en Brasil implica comprender la complejidad del proceso histórico que constituye a esta formación social. La actual disputa electoral a punto de instalar a un ex-capitán del ejército como Jair Bolsonaro al frente del Ejecutivo, no puede disociarse del estadio histórico […]
1. Estado de excepción con competencia electoral
Entender el ascenso de la extrema derecha en Brasil implica comprender la complejidad del proceso histórico que constituye a esta formación social. La actual disputa electoral a punto de instalar a un ex-capitán del ejército como Jair Bolsonaro al frente del Ejecutivo, no puede disociarse del estadio histórico que atraviesa a la sociedad brasileña, al menos a partir de la crisis de la economía mundial de 2008.
El golpe de Estado de 2016 y la instauración del Estado de excepción permanente que le ha sucedido, puso en crisis la democracia liberal y las condiciones de participación y representación política formales. Asistimos con ello a la crisis terminal del orden político pos-dictadura y de sus instituciones, el poder Ejecutivo, el poder Judicial, el Legislativo. Este es el marco de las elecciones de octubre de 2018.
El gobierno Temer (2016-2018), apenas un preludio pálido de lo que sería un gobierno Bolsonaro, agudizó las formas autoritarias del régimen político brasileño, desplegando en distintos momentos fuerzas militares. El programa económico ‑denominado «Puente para el futuro»-, de las fuerzas que promovieron el golpe, sometió a Brasil a los dictados del neoliberalismo más ortodoxo, lo que condujo a la exacerbación de la crisis económica, política y social.
Brasil cristaliza una versión extrema de las condiciones del conflicto político. Un proceso original y agudo de los conflictos de clase y luchas sociales en este periodo de post-crisis global. Junto a Venezuela, Brasil registra la ofensiva más intensa del gran capital en los países latinoamericanos. Y el imperialismo estadounidense está en el centro de la ofensiva.
Es la complejidad del movimiento histórico inmerso en la espiral de una crisis económica y sus impactos sociales, políticos y culturales -dentro del Estado de Excepción vigente-, lo que conjuga la fuerza electoral de Bolsonaro.
Con Lula en prisión, el ex capitán puede huir -y lo hace- de al menos cuatro de seis debates para la campaña presidencial en este segundo turno. La fuerza electoral de la extrema derecha reside en el Estado de Excepción permanente. Un Estado instaurado por fuerzas golpistas: capital financiero internacional, poderosas fracciones industriales y comerciales del capital extranjero, gran capital industrial nacional (FIESP, CNI), las fracciones del agronegocio, las alturas del poder Judicial, clase media alta, medios de comunicación, y el corrupto bloque de partidos políticos que apoyó el impeachment (PMDB, PSDB, etc.).
La inmensa mayoría de la sociedad brasileña no es fascista. Apoyado en el Estado de excepción, existe un fuerte voto «antisistema» que se ha orientado al hombre que mejor expresa lo más obscuro del sistema, es decir, neoliberalismo extremo con tutela militar. Procesos ligados al Estado de excepción y a las condiciones en que éste se ha impuesto, han llevado al elector hacia la alienación de su voto a favor del candidato fascista. En Brasil, desde 2014, la operación Lava Jato una magna investigación judicial vinculada a Estados Unidos (Lawfare) y dirigida parcialmente contra actos de corrupción de funcionarios del gobierno Lula y Dilma, y del PT en lo particular, ha sido un exitoso laboratorio mediático para deslegitimar a los gobiernos del PT.
La avalancha electoral a favor del ex capitán tiene esta raíz. Ésta se asocia a la exacerbación de la crisis económica, del desempleo, de inseguridad pública que experimenta la sociedad, además de las campañas ilegales de fake news propagadas por distintos medios y contratadas por decenas de empresas. Dentro de este cuadro, el discurso de ley y anticorrupción, fuerza y orden, recuperación económica y solución del desempleo, encontró gran eco en una sociedad que sólo unos meses atrás tenía en su mayoría a Lula como su mejor alternativa electoral. El Estado de excepción no abolió ni postergó la competencia electoral, no obstante, sí modificó las condiciones y orientó el curso de esta competencia. Bajo estas condiciones, la sociedad salió a votar. Los «mercados» celebran día con día. La moneda local, altamente dependiente del capital extranjero, puede apreciarse relativamente, incluso bajo amenazas de la FED sobre nuevas alzas en sus tasas de interés.
El gran capital financiero internacional hegemonizó el golpe de Estado parlamentario de 2016. En su discurso de posesión del gobierno interino, Michel Temer señaló: «Es imprescindible, reconstruir los fundamentos de la economía brasileña… restaurar el equilibrio de las cuentas públicas, trayendo la evolución del endeudamiento del sector público de vuelta al nivel de sustentabilidad…» (Folha de Sao Paulo, [en línea], 12/5/2016).
La disputa de las corporaciones financieras -representantes del neoliberalismo ortodoxo y su política monetaria y fiscal- con los gobiernos Lula y Dilma son conocidas. Los ataques a Guido Mantega, secretario de Hacienda de Lula y Dilma, y la imposición de Joaquim Levy en el segundo gobierno Dilma, en aquella secretaria, son un ejemplo. No obstante la profunda financiarización de la economía brasileña.
Lo menos conocido es la posición de la burguesía brasileña en el proceso golpista. Durante los gobiernos del PT, las fracciones industriales, del agronegocio, mineras, bancos privados nacionales, grandes constructoras, entre otros sectores, fueron beneficiadas como nunca con sus elevadas tasas de ganancia, crecimiento y expansión local e internacional. El lulismo impulsó, vía Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el fortalecimiento de una burguesía brasileña con intereses distintos al capital financiero. Los intereses de estas fracciones continuamente chocaban. Por ejemplo, la contracción del gasto, disciplina fiscal y elevadas tasas de interés que impulsan las corporaciones financieras frenan el impulso a la economía local y los sectores industriales, comerciales, tienden a rechazarlas. Un signo que marcó a los gobiernos del PT fue precisamente el crecimiento de una burguesía neodesarrollista frente a la política neoliberal ortodoxa del gran capital financiero [1]. Y ello en un cuadro de política social, crecimiento y distribución de renta que acercó el apoyo de los trabajadores y de las clases populares a los gobiernos lulistas. La gran región del Nordeste brasileño es prueba de ello y el PT vuelve a jugarse ahí la elección presidencial.
La crisis mundial de 2008 y sus impactos en la crisis económica brasileña quebrantó el relativo equilibrio de los compromisos del gobierno y su política policlasista. La profundidad de la crisis local y mundial canceló las condiciones de conciliación de clases.
Salvo excepciones, en Brasil se discute de modo insuficiente el papel de Estados Unidos en la ofensiva que ha llevado al Estado de Excepción. Sostenemos que el imperialismo estadounidense tiene poderosos intereses económicos, políticos y geoestratégicos para de-construir el curso histórico-estructural y las relaciones de fuerza en Brasil.
La política exterior y subimperialista que llevaron a cabo los gobiernos del PT encontraba distintas confrontaciones con los intereses imperialistas. Estos gobiernos se opusieron al ALCA, rechazaron la cesión de la base militar de Alcántara (Estado de Maranh ã o) a EU, priorizaron las relaciones Sur-Sur, fortalecieron el Mercosur, desarrollaron relaciones económicas con China, las cuales llevaron a grupos económicos brasileños (energía, minería, alimentos, construcción, etc.) a fortalecer sus relaciones con el país asiático. Se apoyó la creación de Unasur, se desarrollaron relaciones en los sectores de energía e infraestructura en América del Sur, se fortaleció la presencia brasileña en África, Medio Oriente, y sobre todo, se profundizaron las relaciones con China y Rusia con la conformación del BRICS. Estas últimas relaciones significan una afrenta a la hegemonía mundial estadounidense. Los nuevos mercados, fuentes y destinos de las inversiones que establecieron los gobiernos del PT no correspondían en ningún caso a los intereses de Estados Unidos. Desde Obama hasta ahora, Brasil ha sido, como otros países de América Latina, parte de la nueva ofensiva geopolítica del imperialismo estadounidense dirigida por los golpes de Estado «de nuevo tipo».
Otra cuestión de gran relevancia se refiere a la política energética que llevó a cabo Petrobras bajo los gobiernos petistas. Al impulsar una política proteccionista que favoreció mucho más a la burguesía brasileña neodesarrollista y en menor medida a los trabajadores petroleros y de la cadena de producción del sector (explotación, refinación, astilleros, maquinaria pesada, ingeniería, construcción,), el capital internacional (petroleras trasnacionales, corporaciones de construcción, industria naval internacional, equipos, etc.), fundamentalmente de Estados Unidos y Europa rechazaban por completo esa política. Es dentro de este cuadro que se expandió el ataque a Petrobras con la operación Lava Jato, cuyo protagonismo principal ha residido en el juez Sergio Moro, vinculado a Washington. Al más puro estilo neoliberal, los medios inclinaron la crítica a la corrupción en Petrobras con la deslegitimación del carácter público de la empresa y de sus distintas funciones (explotación, refinación, etc.,) por parte de la empresa estatal, así como de su enorme política de compras en beneficio de empresas brasileñas. El crecimiento de Petrobras, sobretodo en los gobiernos Lula llevó a la elevación de sus inversiones, mismas que incrementaron a su vez el desarrollo de la investigación. Fue así que se presentó el descubrimiento en 2006 de las reservas del petróleo y gas en aguas profundas conocidas como las áreas del Pre-sal. Fue mediante esta política proteccionista mantenida por Petrobras en los gobiernos Lula, que se amplió la participación estatal en los ingresos nacionales producto de la explotación del petróleo. Se creó también, el Fondo Social del Pre-sal, un fondo de ingresos orientados al sector social de Salud y Educación. El viraje de Petrobras a partir del gobierno golpista, prueba el rechazo del gran capital al «nacionalismo» de la empresa pública con los gobiernos petistas.
El conjunto de estos elementos señalan el interés geoestratégico de Estados Unidos en un «cambio de régimen» en Brasil, promovido por Obama y más agudamente con el gobierno Trump.
El gobierno de excepción de Michel Temer, no representó de ningún modo una solución a la crisis económica, política y social, antes bien, la agravó. En dos años de gobierno interino desmanteló buena parte de la política social de los gobiernos del PT (distribución de renta, educación, salud, vivienda, electricidad, agua, etc.), reestructuró la economía política de tipo neodesarrollista y aproximó a ésta con los intereses del gran capital internacional. Dirigidas a disminuir el déficit fiscal, las políticas de ajuste no hicieron sino disparar los niveles de desempleo y subempleo en el país, y agravaron la recesión económica. Una de las principales acciones de este gobierno fue la aprobación del proyecto de enmienda constitucional (PEC-55) en diciembre de 2016, en la que se impone el congelamiento del gasto público en educación y salud en un periodo de 20 años (cinco gobiernos presidenciales). En contraste, no se discuten modificaciones al gasto del Estado en relación al endeudamiento público, que año con año transfiere cerca del 50% del presupuesto público federal a la renta financiera. Se aprobó una Reforma Laboral anti-obrera que tiene por centro la prioridad de «lo negociado entre las partes sobre lo legislado», además de oficializar las peores condiciones de precarización del trabajo y deteriorar los derechos laborales y las condiciones salariales. La reforma previsional logró ser paralizada por la resistencia popular. Bolsonaro y su partido (PSL) han declarado la inminencia de esta reforma; los recortes a la educación pública son orientados hacia la privatización de ésta, como mandatan organismos financieros internacionales para controlar el déficit fiscal. Además, fue aprobada la nueva ley de «tercerización total», la cual permite a las empresas tercerizar la totalidad de sus actividades y funciones, de tal modo que una empresa puede tener grandes ganancias sin tener registro o contratación de un solo trabajador. Y ello sea tanto en el sector privado o público. Se flexibilizaron las normas de explotación minera y de protección al medio ambiente, iniciándose con ello una nueva fase de explotación y devastación de recursos naturales. Se ha dado reversa a las demarcaciones de tierras de indígenas ampliándose el dominio del latifundio. Se desarrolló un agresivo programa de privatizaciones de empresas estatales. Fueron desmanteladas las políticas proteccionistas que priorizaban las políticas de contenido local. El BNDES y Petrobras son atacados y reestructurados en beneficio del gran capital internacional. Se dio fin a la política de compras de contenido local en Petrobras. Fue desmantelada la industria naval brasileña. Se ha dado paso a la privatización y entrega de las reservas del Pre-sal, las cuales garantizaban una parte de sus ingresos a la educación y salud pública. Tan sólo una de las áreas más ricas del Pre-sal denominada Cess ã o Onerosa , se ha aprobado el 70% de su entrega a petroleras trasnacionales, y continúan profundizándose las licitaciones para la explotación petrolera para el capital trasnacional. En clave geopolítica, el gobierno Temer se ha alineado con los intereses estadounidenses en contraste al ascenso de un mundo multipolar.
El gobierno autoritario de Michel Temer también aplicó importantes mudanzas respecto a la política de derechos sociales, por ejemplo, respecto a los movimientos de lucha por los derechos de los negros, feministas, LGBT , juveniles, indios, quilombolas, los cuales advierten de una profunda regresión autoritaria en el caso de un gobierno de extrema derecha con Bolsonaro al frente.
Por distintas razones, la dinámica de la «contrarrevolución preventiva» que atraviesa al estado de excepción puede arrastrar a éste a experimentar una grave metamorfosis política. Sobre las contradicciones existentes entre la defensa de las necesidades y derechos colectivos de las clases trabajadoras y populares con el conjunto de intereses que persigue el gran capital, muchos plantean la aproximación real de una deriva hacia el fascismo y la dictadura con un gobierno Bolsonaro.
En el primer lustro de la década de los sesenta, fueron las distintas fracciones burguesas del bloque en el poder quienes se adentraron en una disputa por la hegemonía política que dirigiera los principales ejes de la acumulación del capital. La amenaza de las fuerzas populares y de los intereses de una burguesía nacionalista con influencia en el gobierno Goulart, llevó a la burguesía dependiente y subordinada a defender y profundizar las relaciones con el imperialismo estadounidense e imponer junto con éste la hegemonía con el brazo militar. En la actualidad, el grueso de las distintas fracciones de la burguesía local e internacional conforman un bloque unificado, lo que se registró en el golpe a la ex presidenta Dilma en 2016, y que también registramos en la presente elección. No obstante, es necesario señalar que existen importantes contradicciones entre el bloque golpista y ya ha habido muestras de que pueden profundizarse fuertes fisuras en su seno (por ejemplo, la fracción industrial frente a la fracción financiera, el Ejecutivo frente al Judicial, etc.). La dinámica que adopte el conflicto político y el programa económico del próximo gobierno nos permitirá observar hasta dónde podrán abrirse sus contradicciones y la forma que impacten en las relaciones estatales.
En Brasil, sobreviven con gran fuerza los aparatos represivos de seguridad que se fortalecieron a lo largo de cinco gobiernos militares en 21 años de dictadura (1964-1985). El papel de los cuerpos militares en el régimen dictatorial fue dominante y sólo detentó el poder con la burguesía monopolista. La «transición democrática» que experimentó la sociedad brasileña constantemente fue tutelada por las fuerzas militares. Los gobiernos del PT abdicaron de reformas políticas estructurales que pusieran fin a las posiciones dominantes de las fuerzas armadas y de sus aparatos de seguridad e inteligencia. Ahora, de modo creciente los militares ocupan posiciones en el gobierno Temer, incrementan su presencia en el Congreso mediante elecciones democráticas de excepción, y mediante éstas, genuinos representantes directa e indirectamente de las fuerzas armadas y del gran capital están muy próximos a ocupar la presidencia y vicepresidencia.
El gobierno Temer fracasó. No sólo por agravar la crisis económica en Brasil. Sino porque no logró imponer las reformas que los grandes capitales demandan. Es el fracaso del gobierno Temer lo que explica el gran apoyo a Bolsonaro por parte de las clases dominantes. Éstas acreditan que un gobierno extremista es la garantía para establecer las reformas estructurales favorables al «mercado». De este modo, el programa económico del candidato de extrema derecha es el neoliberalismo radical. Según la correlación de fuerzas actual, un nuevo gobierno de extrema derecha podría «legitimarse» mediante elecciones democráticas (de excepción) y desplegar así los recursos de la fuerza pública.
El programa económico de Bolsonaro es la agenda del gran capital internacional. Significa la humillación de la soberanía nacional y la regresión de las condiciones de dependencia a un régimen neocolonial con enormes transferencias de riqueza al exterior, vía deuda, programa privatizador radical, entrega de riquezas naturales (hidrocarburos, electricidad, agua, biodiversidad), creciente repatriación de ganancias con cargo en la regresión de la valorización salarial, entre otras vías.
El desmantelamiento de Electrobras, Petrobras, extranjerización del Pre-sal, una mayor liberalización comercial y financiera (privatización de la banca pública de desarrollo), y la elevación de importaciones asociada a una desindustrialización profunda seguida del deterioro de la investigación científica pública, podrán agudizar una mayor dependencia tecnológica y subordinación a la división internacional del trabajo en la nueva etapa de la revolución tecnológica-industrial 4.0. Con la renovada fuerza política del agronegocio, la economía se orienta al crecimiento de las exportaciones de bienes de bajo valor agregado, sustentadas en las mayores condiciones de explotación del trabajo, el fortalecimiento del latifundio, la sobre-explotación de la amazonia, el deterioro ambiental, lo que agravará los problemas de la economía brasileña.
Esta reestructuración regresiva al extremo se presenta dentro de un cuadro creciente de desmantelamiento de políticas sociales, depresión del mercado interno y agresión contra los movimientos de lucha social. El congelamiento del gasto público en salud y educación por dos décadas, la ofensiva de privatización de la educación pública, la eliminación de las condiciones de valorización salarial, el deterioro de las condiciones de lucha económica y sindical, reformas laborales anti-obreras, políticas de precarización y tercerización laboral, reforma previsional, eliminación y reducción de programas de vivienda, electricidad, distribución de renta (bolsa familia), abandono de los servicios públicos, tasa «única» del Impuesto Sobre la Renta, etc. La eliminación de estos derechos son imperativos de políticas de austeridad personificadas por Paulo Guedes, quien presidiría el ministerio de Hacienda en un virtual gobierno Bolsonaro. Sobre esta base se acentúan las amenazas a los movimientos sociales en defensa de los derechos sociales, de los negros, ambientales, pro aborto, feministas, LGBT, quilombolas, indios, así como la amenaza real del candidato extremista de tipificar como delito de «terrorismo» las reivindicaciones y estrategias de lucha del MST, MTST, entre otros.
La pregunta es, ¿bajo qué condiciones de la lucha política y sobre qué forma de régimen político podría establecerse el programa económico y antisocial del gran capital y el bloque bolsonariano? Hasta hoy, este bloque (no exento de contradicciones) está conformado por fracciones financieras, aparatos militares y judiciales, iglesia evangélica, líderes del agronegocio exportador, medios de comunicación, industria del armamento, fracciones industriales (FIESP), clases medias altas, trabajadores desencantados, ciudadanía anti-pt y anti-corrupción, grandes mineras, partidos políticos.
En efecto, votar Haddad significa hoy algo más que votar por el PT. Como señala Joao Pedro Stédile, en caso de que logre imponerse una nueva etapa de la contrarrevolución, hay que ir a las bases y preparar las condiciones de lucha y resistencia política.
Notas
[1] Ver, Armando Boito Jr. Reforma e crise política no Brasil. Editora Unicamp-Unesp. 2018.
[2] Ver, https://www.defense.gov/News/
[3] Ricardo Antunes, «A direita veio para ficar no panorama político do Brasil? NÃO» . Folha de Sao Paulo, 14/10/2018.
[4] Hablar de un «gobierno militar» coloca toda la significación en la concentración del poder por los militares. No obstante, puede hablarse de un Estado de seguridad nacional en el que la toma de decisiones se concentra en un órgano superior en el que confluyen los aparatos militares con los aparatos económicos detentados por las fracciones burguesas monopolistas, dejando fuera del orden político al Legislativo y al poder Judicial.
[5] Ver, Jorge Beinstein, «Las nuevas dictaduras latinoamericanas», 16/03/2018, https://beinstein.lahaine.org/
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