En medio de la actual crisis no han tardado en aparecer las voces de los que aprovechando la situación buscan sacar tajada y ganar nuevas posiciones en la lucha por el control económico y social. Han sido las voces de la patronal (CEOE, CEN, Confebask, Cebek, Adegi, SEA), el Banco de España, la banca, algunos […]
En medio de la actual crisis no han tardado en aparecer las voces de los que aprovechando la situación buscan sacar tajada y ganar nuevas posiciones en la lucha por el control económico y social. Han sido las voces de la patronal (CEOE, CEN, Confebask, Cebek, Adegi, SEA), el Banco de España, la banca, algunos gobiernos, como en nuestro caso el de Navarra en la presentación de IV Plan de Empleo, organizaciones internacionales como el FMI o diferentes partidos, fundaciones y Think Tanks al servicio del poder establecido los que han vuelto a sacar a la palestra su batería de recetas para afrontar la presente crisis dirigidas todas ellas a una mayor desregulación de las relaciones laborales y aumento del poder y beneficio del capital:
· reducción de salarios,
· abaratamiento del despido,
· ejecución libre de ERE-s, sin control administrativo alguno,
· reforma de los servicios de empleo y la privatización del INEM,
· reducción de las cotizaciones,
· rebajas fiscales para empresas, capital y rentas altas,
· privatización de servicios públicos.
Se trata sin duda de una nueva avanzadilla que busca profundizar en los logros de la ofensiva neoliberal iniciada en los años 80 con Thatcher y Reagan tras la grave crisis de los 70. Aquella crisis y la posterior ofensiva neoliberal dinamitó los cimientos del estado de bienestar y supuso la modificación de la correlación de fuerzas entre los poderes económico y políticos y los movimientos de contrapoder. Modificación que propició importantes cambios en el propio sistema económico y en las relaciones laborales. Sustrato ideal donde se ha incubado la actual debacle económica y social.
Hemos vivido más de una década de ensoñación (pleno empleo, creación de riqueza, gran crecimiento económico…) en la que de modo enmascarado se ha consolidado y acentuado la desregulación del empleo, la desprotección laboral y social, se han agravado los desequilibrios sociales, la injusticia en el reparto de la riqueza, el desmantelamiento de la, ya de por sí débil, estructura pública de bienestar, y la privatización de los servicios.
Durante este periodo los beneficios empresariales y del capital han crecido de modo exponencial, debido en parte al aumento de la producción pero sobre todo por la desorbitada inversión especulativa. Unido a ello, con la complicidad de partidos políticos y gobiernos, se han ofrecido recortes fiscales a las empresas y a las rentas más altas con la consiguiente merma recaudatoria y la perdida de peso y disminución del gasto público. La política neoliberal adoptada por los gobiernos europeos centrados en controlar el déficit y la obsesión de los gobiernos vascos por el déficit cero, incluso superávit, ha hecho que desaparezca la deuda pública y ésta se traslade al ámbito privado, es decir a los trabajadores y trabajadoras y a las familias.
Además, en esta coyuntura se ha potenciado sobremanera la cultura del consumo, se ha privatizado y mercantilizado el tiempo libre, el espacio público e incentivado el crédito y la propiedad (hipotecada de por vida). De este modo, la deuda de las personas y familias ha crecido hasta límites insostenibles.
Este periodo de crecimiento también a supuesto la incorporación de más «mano de obra» pero en peores condiciones laborales. El crecimiento económico se ha realizado incrementando el número de asalariados pero a costa de la perdida de peso de las rentas de trabajo y de la precarización del empleo.
El resultado no es únicamente la precarización de todos los ámbitos de la vida, sino incluso una auténtica socialización de la pobreza sostenida por un fuerte colchón y solidaridad familiar. La ideología del éxito, imperante en nuestra cultura, que nos obliga a triunfar o al menos mostrarnos triunfantes, oculta a menudo esta cruda realidad. Sentimos incluso vergüenza de nuestros fracasos y nuestra precariedad. Pero esa fachada se sostiene sobre las arenas movedizas del consumo low coast y del crédito y endeudamiento permanente.
Eso es precisamente lo que ha quedado de manifiesto en las primeras fases de la crisis, todavía en periodo de desaceleración, especialmente en los estados y países cuyo mercado laboral está más desregulado. Es el caso del Estado español, dentro de cuyo modelo laboral se sitúa también el modelo laboral de Hego Euskal Herria, y el caso de EE.UU. En 2008 en Hego Euskal Herria, en periodo de desaceleración pero con un crecimiento del 2% en el PIB, se han perdido 34.000 puestos de trabajo, casi todos ellos en el último trimestre (incremento de 2,9 puntos en la tasa de desempleo). En el Estado español se han perdido más de 1 millón de empleos (incremento de 5,7 puntos en la tasa de desempleo), con un crecimiento del 1,2%. Y en EE.UU., donde el PIB ha crecido un 1,3% durante el 2008, se han destruido 3,5 millones de empleos (el peor dato tras la II Guerra Mundial con un incremento de 2 puntos en la tasa de desempleo). Resulta llamativa la comparación de la evolución del desempleo en la misma coyuntura económica respecto a otros países cuyo mercado laboral cuenta con mayores garantías y medidas de protección, caso de los países del norte de Europa (incremento de 0,5 puntos en la tasa de desempleo medio en la UE-27 con un crecimiento de 0,8% del PIB).
Lo que esconden tras de sí estos datos pone en cuestión en primer lugar el propio modelo productivo. Se sigue creando gran riqueza pero incluso en esta situación parte importante de la sociedad queda fuera de ella. ¿Cuanto tiene que crecer, cuanto tiene que producir este tipo de economía para que todos puedan participar, al menos en el umbral mínimo, de ella? ¿Es sostenible? ¿Hasta cuando? Dónde están los límites sociales y ecológicos? Se produce riqueza, pero ¿para quién? ¿dónde queda esa riqueza? Además de cuestionar el modelo productivo y abrir el debate sobre una economía sostenible, estos datos sacan a relucir el injusto reparto de la riqueza y sus consecuencias, y permiten retomar cuestiones como la necesidad de incrementar notablemente los salarios, la reducción y el reparto de jornada laboral, la renta básica de ciudadanía universal, etc.
Y en segundo lugar ponen de manifiesto el tipo de empleo que se ha creado durante este periodo de crecimiento en los países cuyo mercado laboral está fuertemente desregulado y la vulnerabilidad de estos países, de su tejido económico y de sus trabajadores, a la hora de afrontar las más mínimas dificultades económicas. La tasa de temporalidad en Hego Euskal Herria se sitúa de modo estructural en torno al 30%, duplicando la media de la UE-27 (14%). Y la tasa de temporalidad en la población juvenil alrededor de un escandaloso 70%. El 90,9% de los contratos que se realizaron en 2008 fueron temporales.
Esta precariedad se ve agravada debido a la debilidad del estado de bienestar construido o, mejor dicho desmantelado, durante estas últimas décadas. Resulta especialmente grave el hecho de que más de 1 de cada 3 desempleados de Hego Euskal Herria (45.810 personas) no cobre ningún tipo de prestación, y que casi uno de cada cinco que lo cobra (23.061 personas) únicamente percibe prestaciones no contributivas de alrededor de 400€ al mes. A estos desoladores datos hay que sumar las muchas personas que a modo de autónomos y falsos autónomos se han quedado sin empleo por la fuerte externalización y subcontratación fomentada durante estos años de crecimiento, y que ahora carecen de prestación por desempleo.
Los efectos de este modelo de empleo y el desempleo generado son devastadores tanto desde un punto de vista humano y social como desde un punto de vista económico. Al desastre personal, familiar y social que supone la pérdida del empleo se le suma la repercusión negativa del desempleo en la economía capitalista debido a la disminución del consumo y la demanda, la paralización de la economía y el agravamiento de la crisis. Círculo vicioso del que no resulta fácil salir.
Es en este contexto en el que se enmarca la actual ofensiva neoliberal de la patronal y de los banqueros con la complicidad de los políticos y gobiernos de turno, proponiendo como solución la doctrina del dogma neoliberal: flexibilización y reforma laboral, disminución de salarios, abaratamiento del despido, reducción de las cotizaciones, ERE-s libres, flexibilización laboral y rebajas fiscales.
Las promulgan una y otra vez como si se tratara de un mantra que hipnotiza hasta crear el clima adecuado en el que parecen ser las únicas salidas posibles.
Un análisis más profundo y la propia lógica capitalista, sin embargo, nos invita a pensar todo lo contrario. La praxis real así lo demuestra.
La reducción de salarios lejos de incentivar la contratación y el empleo lo que inmediatamente produce es el incremento de los beneficios empresariales. Beneficios que no tienen por qué derivarse a la contratación de nuevos trabajadores, ni a la inversión en innovación que mejore la competitividad, que de hacerse tampoco asegura el incremento de empleo sino que a menudo lo reduce. La praxis nos dice, sobre todo en los últimos años, que el incremento de beneficios se dedica más bien a la inversión financiera especulativa.
En referencia a los salarios no está de más recordar que el salario no es ninguna donación del patrón sino, al contrario, el pago de la mínima parte del valor total producido por el trabajador para que éste tenga la motivación suficiente de volver al trabajo. El resto del valor producido por el trabajador se lo apropia el empleador lo que le permite el beneficio y la acumulación de capital por apropiación del trabajo ajeno. Capital que a su vez invierte en la creación y apropiación de mayor beneficio y acumulación de capital. Al patrón le interesa, por tanto, pagar el mínimo posible para tener sometidos y controlados a los trabajadores y elevar al máximo su beneficio.
De este modo, y viendo las característica de la presente crisis, difícilmente la reducción aún mayor de los salarios presenta ninguna alternativa. Lejos de suavizar la crisis tendría un efecto agravante. Los bajos salarios y la precariedad laboral son precisamente algunos de los factores más importantes que inciden negativamente en la productividad y competitividad de las empresas. Pero además, en el actual sistema económico capitalista, el aumento de los salarios es uno de los más importantes activos para revitalizar una economía deprimida. El aumento salarial da mayor poder adquisitivo a los trabajadores que son los que menor capacidad de ahorro tienen y gastan la práctica totalidad de sus ingresos en los bienes necesarios para vivir, aumentando así la demanda y activando la economía.
Si los defensores del capitalismo no promulgan estas medidas no es por razones económicas sino porque estas medidas dan mayor poder a la clase trabajadora y reducen su control sobre la mano de obra.
El abaratamiento del despido para la creación de nuevos puestos de trabajo es otra de las falacias neoliberales. No resulta fácil comprender cómo una medida dirigida a que el despido sea más fácil y menos costoso se intente vender como solución a la creación de empleo. Difícilmente un empresario vaya a contratar a alguien que no necesite solamente porque el despido sea más barato, o que deje de despedir a alguien que no le produce el beneficio esperado por el hecho de que su despido no sea barato.
Conviene recordar que 1 de cada 3 contratos, al ser contratos temporales, carecen de indemnización, al igual que los despidos por causas disciplinarias, y que, por tanto, la petición de la patronal y de la banca es la equiparación a la baja del resto de los despidos, sean estos objetivos o improcedentes (capricho del empresario). Es decir, que el despido además de ser libre, como ya lo es, sea gratuito.
De lo que realmente se trata es de poder deshacerse de los trabajadores y trabajadoras que no le interesen al empresario con los costes más bajos posibles y agravar la vulnerabilidad del trabajador y extender la amenaza del despido, con el consiguiente aumento de poder y control del empresariado sobre la plantilla y los trabajadores.
En la misma línea se sitúa la insólita petición del presidente de la patronal española (CEOE) para que las empresas puedan ejecutar Expedientes de Regulación de Empleo sin el ya de por sí escaso y laxo control administrativo muestra en su crudeza la dimensión de la ofensiva neoliberal. Lo que Díaz Ferrán pide es, sencillamente, que dejen en manos de la patronal la regulación de mercado laboral, mayor desregulación de las relaciones laborales y adecuación de la plantilla y de las condiciones laborales en función de las ansias de beneficio y poder de los empresarios. Quieren convertir el trabajo y a los trabajadores en mera mercadería de usar y tirar. No conviene olvidar que actualmente la patronal y muchas de las empresas tratan de utilizar los ERE-s con esta finalidad. Con el problema de que necesitan el visto bueno de la administración pública para su ejecución. Este mínimo control es el que en esta ofensiva tratan de desbaratar.
No conviene olvidar que de la totalidad de los empleos perdidos en este último años el 54% se ha producido por finalización del contrato temporal, el 40% debido a despidos improcedentes y únicamente el 3% se producido por la ejecución de algún ERE. Es decir, la patronal no necesita de ERE-s para despedir a sus trabajadores, ya lo hace sin ningún coste en la mayoría de los casos y pagando en el resto. En muchos de los casos, los ERE-s se utilizan, más bien, para lograr la desregulación de las relaciones laborales y neutralizar los convenios colectivos.
Si se acepta que los empresarios puedan realizar EREs que no precisen de autorización administrativa, se esta dejando en sus manos la posibilidad de regular las relaciones laborales y de utilizar esta vía para abaratar y facilitar el despido. La patronal conseguiría la rebaja de todas las indemnizaciones a 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y se quitaría de encima la necesidad de justificaciones y tramites judiciales para los despidos improcedentes u objetivos.
Dentro de esta ofensiva que busca desregular completamente el mercado laboral y ejercer un fuerte control sobre él, se sitúa la propuesta de reforma de los servicios de empleo y la privatización del INEM realizada por la CEOE a petición de Agett, patronal de las grandes empresas de trabajo temporal. Aprovechándose del enorme desempleo que ellos mismos han generado, sacan a relucir las deficiencias del servicio público de empleo, su saturación y la excesiva burocratización, solicitando que las empresas de trabajo temporal (ETT-s) pasen a gestionar el mercado general de empleo, así como los cursos de formación y la orientación profesional «para agilizar el mercado laboral sin coste alguno para el estado».
Más allá de la conveniente reforma y agilización del servicio público de empleo, esta nueva propuesta de privatización de un servicio público, afecta a un ámbito clave y estratégico, ya que la patronal, además de ampliar su área de negocio, pasaría a controlar la totalidad del mercado laboral y orientar su funcionamiento en base a sus propios intereses. Se trataría de un fuerte y directo control sobre la clase trabajadora, en la totalidad de su itinerario laboral: en la contratación, en el desempeño de su trabajo, a la finalización del mismo y en la gestión de las prestaciones. El poder coercitivo del empresariado se extendería más allá del ámbito actual de la empresa a todo el ámbito e itinerario laboral de las personas.
Aunque viniendo de donde viene no sorprenda en demasía, resulta completamente desvergonzada la exigencia de reducir lo que los empresarios llaman «gastos no productivos» que vienen a ser las cotizaciones que protegen y dan cobertura a los trabajadores y trabajadoras en situaciones de baja, permisos especiales, desempleo o jubilación. Conviene recordar a estos señores que estos «gastos no productivos» no son otra cosa que la parte de nuestra nómina que los trabajadores destinamos a nuestra protección social. Lo que la patronal quiere decir con esta petición es que nos quiere pagar menos por nuestro trabajo, que quieren reducir aún más nuestros salarios.
Especialmente grave resulta esta exigencia en medio de la crisis actual con un desempleo fuertemente creciente, en la que, como ya se ha citado, más 1 de cada 3 desempleados no recibe ningún tipo de prestación. Las reducción o eliminación de las medidas de protección social no sólo no solucionaría la crisis sino que agravaría en extremo sus consecuencias y su virulencia.
Esta protección social, además de dar cobertura a las personas en situación más vulnerable en nuestra sociedad, es parte fundamental de la salida de la actual coyuntura. Las personas y familias que quedan fueran de estas medidas protectoras salen del sistema económico con lo que crece el circulo vicioso. Sólo asegurando unos ingresos mínimos para todos pueden salir estas personas de esta situación, posibilitando el acceso a los bienes necesarios para vivir con dignidad y contribuir también, de este modo, a la activación de la economía
Las medidas propuestas por la patronal únicamente traerían consigo una mayor desregulación de la relaciones laborales unido al desmantelamiento del ya de por sí escaso estado de bienestar, aumento de la pobreza, incremento del desempleo y un estado de vulnerabilidad creciente en el que la clase trabajadora y, por tanto, la mayoría de la población, estaría aun más sometida y más a merced del empresariado y del capital.
Y para colmo, solicitan además rebajas fiscales e incentivos para las empresas. Es decir, que además de impedir una justa distribución de la riqueza por medio de unos salarios justos, pretenden menguar la redistribución desvirtuando e invirtiendo la política fiscal redistributiva. Ejemplo claro de esta ofensiva sin límites es el hecho de que al día siguiente de rebajar el impuesto de sociedades en Gipuzkoa del 32,5% nominal al 28%, el presidente de la patronal guipuzcoana, Adegi, anunció que su objetivo era la rebaja hasta el 24% y la eliminación del impuesto de patrimonio.
La mala distribución y redistribución, lejos de ser una solución, es una de las causas principales de la gravedad con la que nos está afectando la presente crisis. La pérdida de peso de los salarios, unida a las rebajas fiscales para las empresas, el capital y las rentas más altas ha disminuido gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que a su vez ha mermado la demanda y paralizado la economía del sistema capitalista.
Precisamente la merma recaudatoria que han supuesto las rebajas fiscales para los más ricos (500 millones de euros en 2007 en Hego Euskal Herria) junto con la política de déficit público cero, cuando no superávit, ha provocado una importante reducción del gasto público. De modo especial en ámbitos como la educación, la sanidad, o la atención a la tercera edad y personas necesitadas, ámbitos que junto a otros paulatinamente se han ido privatizando. Este ahorro del gasto y deuda pública se ha trasvasado al endeudamiento privado de las personas y familias. Endeudamiento totalmente indiscriminado que afecta nuevamente con especial gravedad a los sectores sociales con menor poder adquisitivo y menor protección.
A esta situación hay que añadir el gravísimo fraude fiscal que anualmente deja de recaudar miles de millones de euros. Dinero que se les regala a los beneficios empresariales y del capital y a las rentas mas elevadas. A modo de datos escandalosos solamente citar que en la CAPV las rentas de trabajo declaran una media de 20.109€ mientras que la rentas empresariales declaran 11.208€, o que más de la mitad de las empresas no pagan él impuesto de sociedades porque dicen no tener beneficio o tener pérdidas.
No podemos aceptar, por tanto, las recetas neoliberales de rebajas fiscales para afrontar la crisis y el desempleo, y menos aun sus propuestas privatizadoras de los servicios públicos; mas bien al contrario. Únicamente con unas políticas que graven de modo especial y progresivo las rentas más altas, los beneficios empresariales y del capital y combatan el fraude fiscal podrán aligerar la crisis y alumbrar el camino de salida. Sólo de este modo se logrará aumentar la recaudación pública que permita la inversión en más y mejores servicios públicos para todas y todos, en especial para los más excluidos y necesitados de ellos.
Es además necesario reorientar el gasto hacia los servicios públicos de atención a las personas en lugar de primar las infraestructuras físicas. Servicios públicos que además de incidir directamente en el bienestar de la sociedad son las que más y mejor empleo generan.
Las propuestas de la patronal en cuanto a política fiscal como en la orientación de la inversión pública, dirigida en gran medida hacia grandes infraestructuras o industrias productivas, más que señalar la salida de la crisis la agravan, y responden, sobre todo, a los intereses particulares de una minoría privilegiada por encima del interés general que dicen defender.
La conclusión es que las propuestas y recetas de la patronal y de la banca, lejos de buscar la salida de la crisis la conducen a un callejón sin salida. Es más, al igual que en anteriores crisis buscan salir de ella con una mejor correlación de fuerzas. La reducción de salarios, el desempleo, la precariedad laboral, etc. además de engordar los beneficios empresariales busca aumentar el poder y el control sobre los y las trabajadoras haciendo más vulnerable su resistencia y capacidad de organización y lucha. Se trata de un verdadero golpe de estado a la justicia social, a la democratización de la economía y al, ya de por sí raquítico, estado de bienestar.
Xabi Irastorza Garmendia
Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa
ELA Euskal Sindikatua