En Pará, un ejemplo clásico muestra el poder que las empresas multinacionales tienen sobre los gobiernos. Con siete años de estar en funcionamiento en el Puerto de Santarém, la terminal granelera de Cargill recién ahora tuvo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) discutido en una audiencia pública, ocurrida el último día 14. O sea, la […]
En Pará, un ejemplo clásico muestra el poder que las empresas multinacionales tienen sobre los gobiernos. Con siete años de estar en funcionamiento en el Puerto de Santarém, la terminal granelera de Cargill recién ahora tuvo el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) discutido en una audiencia pública, ocurrida el último día 14. O sea, la terminal de la Cargill, según señala Greenpeace, fue inaugurada sin la presentación del EIA y la realización de debates en audiencias públicas.
De acuerdo con Raquel Carvalho, de la Campaña de la Amazonia de Greenpeace, la audiencia es una parte del proceso de licenciamiento y sirve para que la Secretaría del Estado de Medio Ambiente (Sema) recolecte informaciones que le ayudarán a realizar el parecer que concederá o no la licencia del proyecto.
Raquel destaca que la audiencia sobre el estudio de la terminal contó con personas a favor y en contra del emprendimiento. «La comunidad está muy polarizada. De un lado, están los sojeros atraídos por las tierras baratas y la infraestructura para la salida del grano; del otro, están las comunidades que ya ocupaban el lugar, personas vinculadas a la agricultura familiar, para quienes la expansión de la soja es una amenaza», afirma.
La integrante de Greenpeace comenta además que el Ministerio Público de Pará presentó en la ocasión, un análisis revelando varias fallas en el estudio. «El MP va a entrar con una investigación policial para averiguar si hay fraude en los datos. Los [datos] presentados en el Estudio de Impacto Ambiental no se corresponden con la realidad», destaca.
Para Raquel, lo importante es verificar los efectos de la obra. «Ahora es el momento de analizar la extensión de los impactos para ver cómo pueden ser mitigados o recompensados», declara. Además, la agrónoma muestra su preocupación por los impactos que la ampliación de la terminal podrá causar. Esto porque la Cargill, cuya terminal de Santarém ya tiene un depósito con capacidad para 60 mil toneladas de grano, anunció que ampliará el emprendimiento con un nuevo depósito para otras 30 mil toneladas.
Según informaciones de Greenpeace, la construcción de la terminal de la Cargill en Santarém aumentó la demanda por tierras para la producción de soja en la región. Prueba de ello es que, de acuerdo con datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), la producción de soja en Pará no ocupaba más de 2,3 mil hectáreas entre 1999-2000. En 2003-2004, cuando la terminal ya estaba en operación, el número de hectáreas para la siembra de soja saltó hacia 35 mil.
«Dos años después, la soja estaba siendo plantada en 79 mil hectáreas -prueba de que el Puerto de la Cargill de hecho contribuye a la conversión desenfrenada del uso del suelo», señaló la organización en un reportaje divulgado el último miércoles.
En la noticia divulgada, Greenpeace destacó además la relación que hay entre la expansión de la soja en la región y la deforestación. «Entre 1999 y 2006, la deforestación en el estado saltó de 510 mil a 880 mil hectáreas anuales. En Santarém y Beltierra, municipios donde la ocupación de la soja no pasaba de las 50 hectáreas en 2000 y donde crecía tanto floresta virgen como floresta secundaria en avanzado estado de regeneración, se talaron árboles en poco más de 80 mil hectáreas», afirmó.
Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=20&cod=49514
Traducción: Daniel Barrantes