El 23 F de 2019 es un momento de clímax en el debate político de la izquierda anticapitalista venezolana, latinoamericana y caribeña. Unos apostaban por la insurrección popular para salir de lo que consideran un gobierno burgués. Otros señalan que nadie quiere a Maduro y que por lo tanto no tiene legitimidad y hay que […]
El 23 F de 2019 es un momento de clímax en el debate político de la izquierda anticapitalista venezolana, latinoamericana y caribeña. Unos apostaban por la insurrección popular para salir de lo que consideran un gobierno burgués. Otros señalan que nadie quiere a Maduro y que por lo tanto no tiene legitimidad y hay que ir a una nueva elección; en esa línea política se reúnen con Guaido y piden hacer lo propio con Maduro, catalogándolos a ambos como iguales. Están también, los que defienden la posibilidad aún abierta de una radicalización anticapitalista en Venezuela. Respetando todos estos puntos de vista, a partir de mi experiencia estaré escribiendo una serie de breves análisis para tratar de explicar y entender, qué es lo que realmente ocurre en Venezuela.
Brevísima reseña histórica
La crisis actual se inicia en el año 1983 con el llamado viernes negro. Es decir, la etapa de crisis del régimen burgués en Venezuela está comprendida entre 1983 y 2019. Para comprenderlo debemos acudir a la herramienta de análisis que es la historia.
La burguesía venezolana es sui generis porque se constituye desde 1936 alrededor de la disputa por la renta petrolera. Entre 1908-1935 bajo la dictadura militar se produce una entrega casi total de la industria petrolera al capital foráneo, pero esto se da bajo la figura de concesiones a venezolanos o de mediaciones a través de funcionarios locales. Los márgenes de ganancias que este mecanismo genera despiertan el interés de sectores locales que comienzan a organizarse para derrocar a la dictadura y entrar en la disputa del negocio petrolero.
La llamada generación del 28 no es otra cosa que la expresión política de esta realidad. Un sector comienza a aproximarse a la socialdemocracia (lo que sería luego Acción Democrática), otra al liberalismo (se conformaría posteriormente como Unión Republicana Democrática) y finalmente la democracia cristiana (con COPEI). El Partico Comunista Venezolano nacería en estrecha vinculación con la III Internacional, sin que le antecedieran las dinámicas de organización y fraccionamiento propias de la I y II Internacional. Es decir, la burguesía venezolana y sus representaciones políticas se constituyen alrededor de la disputa por la renta petrolera.
El petróleo y la industria petrolera organizan los campos de la lucha de clases; Acción Democrática (AD), Socialcristianismo (COPEI) y liberalismo (URD) serían experimentos de la naciente burguesía rentista, mientras que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) intentaría ser la representación de la clase trabajadora, eso sí, bajo la orientación del estalinismo en expansión.
Las representaciones políticas de la burguesía emergente (lo que serían luego AD, COPEI y URD) acelerarían la organización de sus fuerzas políticas y sindicales (AD a través de Luis Beltrán Prieto Figueroa constituye el sindicato del magisterio y otros más), mientras que el PCV organiza al movimiento obrero petrolero y genera la primera huelga petrolera del país, eclosionando el proletariado como sujeto social en el país. Bajo la orientación de la Komitern el PCV tendría un papel de instancia de control de la clase obrera, hasta que comenzó a perder aceleradamente su influencia en la década de los cincuenta.
Se producen gobiernos democráticos burgueses y golpes de Estado incesantes entre 1936 y 1958, porque era muy precaria la capacidad de negociación política de las nuevas representaciones partidarias, a pesar de su evidente sumisión a los intereses del capital internacional. Toda la inestabilidad giraba alrededor de cómo se sostenía la relación del gobierno con la alianza entre el capital internacional y la burguesía nacional alrededor de la industria petrolera.
El fenómeno de Venezuela es que la burguesía nacional no disputa la producción de petróleo, si no se organiza alrededor de la renta. La burguesía venezolana se conforma con las sobras que le dejan mediante: 1) la figura de porcentaje mínimo que les otorgan por la mediación para obtener concesiones para la extracción y exportación del crudo fundamentalmente a través de compañías norteamericanas; 2) licencias para importación de alimentos, bienes y servicios terminados; 3) licencias para el montaje de fábricas de ensamblaje; 4) en estos dos últimos casos se complementa con el otorgamiento por parte de los gobiernos de divisas (dólares) provenientes de las regalías petroleras y que se les oferta a precios preferenciales (dólar a precio preferencial); 5) facilidades para la compra de tierras generando nuevos latifundios que se utilizan en el mercado como valores.
La importación de alimentos es una parte central de la estrategia de constitución de la burguesía, pero ello choca con la importante producción agropecuaria existente en ese periodo. La mayoría de actores políticos asociados a la reestructuración burguesa impulsan un discurso de la ciudad como sinónimo de progreso y, el campo como analogía de incultura, barbarie y atraso. Ello procura promover la migración masiva de campesinos a la ciudad, el abandono de la tierra para que perdiera valor nominal en el mercado y la caída de la producción agropecuaria para facilitar la constitución de una demanda de alimentos que justificara los mecanismos de importaciones. Esta dinámica constituyó rápidamente una franja de burguesía especulativa importadora sustentada a partir del acceso a dólares preferenciales provenientes del petróleo.
Por mucho que construyeran un lenguaje ideológico las representaciones políticas burguesas entre 1936 y 1958 no generaban la confianza de los Estados Unidos en materia petrolera. Por ello, los intentos de apertura democrática de ese periodo eran interrumpidos por dictaduras. Quien mejor logra entender las narrativas que debía construir y los imaginarios que deberían socializar en la nueva etapa para ser representaciones de la burguesía en ese momento fue Rómulo Betancourt, líder de AD, quien se perfila ya como un teórico y propagandista contra el peligro comunista continental y nacional. En ese periodo escribe dos obras claves, con la clara intención de mostrarle a los norteamericanos que un gobierno bajo su tutela respetaría y ampliaría la dependencia de la industria petrolera con el capital internacional; sus textos Venezuela: una factoría petrolera(1954) y Venezuela, política y petróleo(1956) alcanzarían ese propósito. La revolución democrático burguesa (1958) acompañada del resurgir de las rebeliones populares, coloca a Betancourt como presidente del país (1959-1964), inaugurando el ciclo de democracia representativa burguesa.
Entre 1958 y 1973 se produce una reestructuración y constitución de la burguesía venezolana, la cual se constituye y consolida alrededor de la disputa por los dólares provenientes de la industria petrolera. Se intensifica la promoción sistemática de la migración del campo, la importación de rubros alimenticios, artículos, mercancías y partes crece aceleradamente y la tierra comienza a ser comprada como título valor, más que como espacio para la producción. La importación es el núcleo de estructuración capitalista en esa etapa, como mecanismo de apropiación de la renta petrolera.
La elevación de los precios del petróleo y la aspiración de funcionarios, dirigentes y burguesía emergente por apropiarse de la renta petrolera, eliminando cualquier posibilidad de crecimiento fuera de ese círculo genera la nacionalización del petróleo en 1976. El sector burgués que funciona alrededor de la nacionalización del petróleo intenta vincularse al capital trasnacional pero no tiene capacidad competitiva, por lo nuevamente se auto asume como compradores de partes para ensamblar productos en el país, más que como socios minoritarios en empresas y corporaciones capitalistas internacionales. Ese modelo le resultaba útil y eficiente al mundo capitalista del momento.
La reestructuración capitalista de los ochenta que se presenta con el formato de globalización neoliberal requiere de burguesías nacionales vinculadas al capital trasnacional como socios y no como simples clientes. Era evidente el derrumbe de la URSS y tanto el Banco Mundial, el BID como la Internacional Socialista coinciden, cada uno con su lenguaje, en la necesidad de promover en América Latina una reforma del Estado, que en realidad procuraba generar una reestructuración capitalista para abrirle paso a la integración de las burguesías nacionales con el capital trasnacional.
El trotskismo logra constituir un partido político, el PST, que expresaba los intentos de integración internacional del lambertismo y el morenismo, y que contaba con una importante representación en la clase obrera fabril del sector textil, metalúrgico, así como en el movimiento estudiantil.
Se produce la crisis de los precios del petróleo a comienzos de los ochenta, y con ella la primera gran devaluación de la moneda venezolana, abriéndose la etapa de crisis burguesa 1983-2019.
Caracterizar la etapa
La burguesía venezolana se organiza en dos grandes bloques. El primero, agrupado en Fedecámaras que expresa fundamentalmente el vínculo con la industria petrolera y el negocio de las importaciones. El segundo, agrupado en Pro Venezuela que expresa los intentos de un sector por montar fábricas en el país de ensamblaje y en contados casos de innovación tecnológica propia como lo fue el caso de la industria alimenticia Polar, con la harina pre cocida. Este segundo sector participa en la disputa por la renta petrolera, pero intenta generar producción nacional a partir de este proceso.
Un sector de la izquierda construye el discurso según el cual Pro Venezuela era la burguesía nacionalista. Se plante alianzas con este sector, e incluso llegan aún más lejos incorporando a la dirección de sus partidos a representantes del capital representado en Pro Venezuela. La ultra izquierda en proceso de pacificación, fundamentalmente de origen maoísta, poco a poco va asimilando este discurso de burguesías nacionalistas.
En 1983 la caída de los precios del petróleo hace que el modelo rentista del orden burgués en Venezuela entre en crisis. No hay suficiente plata para alimentar a la burguesía parasitaria. La pugna comienza a expresarse en los negocios que giran alrededor de las representaciones políticas de AD y COPEI. El Movimiento Al Socialismo (MAS) que se había escindido del PCV en los setenta, se asume abiertamente como la representación más importante de la burguesía nacional y, otros factores como Causa R que en sus orígenes exploró la relación con el propietario de un importante medio de comunicación (Jorge Olavarría) giran progresivamente hacia estas definiciones.
Los medios de comunicación son impulsados como árbitros de la reforma del Estado y como propagandistas de la crisis de eficacia y legitimidad de los partidos políticos. Era evidente que desde los Estados Unidos se procuraba un debilitamiento del papel de AD y COPEI, con el propósito de impulsar la agenda neoliberal (eliminan de derechos sociales que eran muy importantes en Venezuela) y producir una integración de las burguesías locales con el capital trasnacional. Debilitar a AD y COPEI era parte de la estrategia de reestructuración burguesa.
La disputa por la renta petrolera flexibilizó y eliminó importantes conquistas sociales, otras como las pensiones pasaron a ser irrisorias. La clase trabajadora de Venezuela sufrió sobre sus hombros los oscuros efectos de la reestructuración burguesa en marcha.
La Internacional Socialista promueve con el aval del capital trasnacional y EE UU, las candidaturas de Salinas de Gortari y Carlos Andrés Pérez para que cumplan el papel de puntas de lanza en la reestructuración burguesa en la región. Salinas de Gortari encontraría menos resistencia de la cúpula política e iniciaría la transformación que posibilitó el surgir de una burguesía trasnacional de la cual el señor Slim es una de sus cabezas visibles. En Venezuela no ocurrió lo mismo. AD y COPEI se unen para enfrentar al liquidador de sus intereses a Carlos Andrés Pérez. La situación era irresistible a nivel del pueblo y se produce el Caracazo, el 27 y 28 de febrero de 1989. Este despertar profundizaría la crisis de reestructuración burguesa iniciada en 1983 y daría inicio al ciclo bolivariano de la misma. No obstante, poco tiempo después se derrumba la URSS y la desmoralización se apodera de casi todas las izquierdas.
Se producen las insurrecciones militares de febrero y noviembre de 1992 con Chávez como líder visible. Los militares insurrectos eran una mezcla de todos los discursos de la época, nacionalistas, anti partidos, opuestos a la dominación extranjera y con algunas simpatías por las izquierdas. Algunos señalan que sectores del socialcristianismo, especialmente Rafael Caldera y militares como el General Italo del Valle Aliegro (ministro de la Defensa) fungieron como alentadores de las intentonas golpistas para profundizar la crisis y facilitar el reordenamiento burgués. Ello profundiza la crisis de gobernabilidad. El parlamento intenta resolver la crisis con la conformación de un nuevo liderazgo político que les permitiera a la burguesía venezolana seguir manteniendo el control de la renta petrolera. Se destituye a C. A. Pérez y se nombra a Ramón J. Velásquez como presidente de transición.
Chávez desde la cárcel se convierte en un referente ético y político para los sectores populares. La clase trabajadora y el pueblo en general, que había llevado sobre sus hombros el peso de la crisis de reestructuración burguesa, a la par que aumenta su combatividad en las calles comienza a convertir a Chávez en su representación política. Se construye un fenómeno antropológico inédito en la política venezolana en el cual existen dos Chávez, uno el de la imagen construida por el pueblo que tiene cada día más atributos rebeldes, revolucionarios y socialistas y, el Chávez que está en la cárcel de Yare quien corre detrás de ese imaginario, con la clara intención de asumirlo.
La mayoría de la izquierda mira para otro lado. Surgen dos candidaturas con opción de triunfo electoral en 1993, la de Caldera (líder socialcristiano y fundador de COPEI) apoyado por el MAS y el PCV, entre otros y, Andrés Velásquez de la Causa R (con representaciones de la llamada burguesía nacional en sus filas). La mayoría de la izquierda apoya a Caldera en lo que se denominó el chiripero (desde el MAS hasta el PCV y buena parte de las bases de la ultra izquierda). La mayoría consideran que va a ser imposible volver a levantar la idea socialista por décadas.
El PST vive una crisis disolutiva profundizada entre otras causas por la deserción y fuga hacia la derecha de su principal dirigente Alberto Franchesqui.
Al salir de la cárcel Chávez comienza a aglutinar el descontento acumulado por el pueblo por la crisis social y económica iniciada en 1983. Sectores de la burguesía nacional ven en Chávez una posibilidad de conjurar la revolución popular. El capital trasnacional ve en Chávez a un posible Torquemada que les permita hacer las reformas que le han sido esquivas. La izquierda anticapitalista ve la nueva situación como una hendija por la cual puede surgir la revolución socialista. Chávez se convierte en un arcoíris con opción de poder. Las elecciones presidenciales de 1998 lo llevan al sillón de Miraflores.
Pero ¿que se plantea Chávez en ese momento? Chávez presenta la Agenda Alternativa Bolivariana (ALB) de la cual destacan tres elementos 1) la noción de capitalismo humano; 2) la intención de redireccionar el papel de la industria petrolera como organizador de la economía y la política venezolana; y 3) la decisión de reconstituir y ampliar la agenda social destruida desde el inicio de la etapa de crisis burguesa abierta en 1983.
La candidatura electoral de Chávez tiene la ambivalencia de representar dos posibilidades de salida a la crisis iniciada en 1983. Una por la derecha de reconstitución burguesa y otra por la izquierda de ampliación de derechos de la clase trabajadora y de garantías sociales para el pueblo. Chávez no se plantea el socialismo. Pero Chávez no es un fenómeno personal, sino que expresa la corriente histórica social por la transformación social, el espíritu insumiso del 27 de febrero y los sueños de justicia social. Chávez empalma con el pueblo, pero su narrativa comienza a mostrar que es prisionero de la caracterización respecto a la existencia y conveniencia de una burguesía nacionalista, que en realidad es una de las fracciones en disputa por la renta petrolera. Esta burguesía acompaña a Chávez de cerca, incluso a través del señor Luis Miquilena como intermediario público, pero también por sectores de izquierda, de los derechos civiles, de las organizaciones sociales.
La izquierda sumida en una crisis profunda de identidad ante la pérdida del horizonte socialista, ve en Chávez una tabla de salvación. Ya había apoyado en su mayoría a un socialcristiano y a un sindicalista (Andrés Velásquez de Causa R) con vínculos con el empresariado. La izquierda radical apoya a Chávez consciente de esta realidad, apostando a una radicalización del proceso producto de la insurgencia de las masas que habían eclosionado en febrero de 1989.
El periodo Chávez-Maduro forma parte de la misma etapa iniciada en 1983. Corrientes subterráneas que determinan el curso, mientras la mayoría solo ve la crispación superficial de las olas
Es imposible distinguir cualitativamente los periodos de Chávez y Maduro, porque ambos expresan tensiones en la lucha de clases en medio de una crisis del común del régimen burgués que se inicia en 1983 y que aún hoy no concluye, así como vertebradores de la reestructuración sui generis iniciada en 1999.
Periodo Chávez
Desde el lanzamiento de la candidatura presidencial de Chávez (1996), su gran asesor económico era Luis Miquilena y su referente en materia petrolera es Bernand Mommer. Para poder concretar su ecléctico programa de gobierno Chávez requiere una modificación de la Constitución, por ello levanta las banderas del proceso constituyente. Miquilena venía de la fracción política burguesa vinculada a URD (Pro Venezuela), mientras que Mommer con un pasado izquierdista internacional había estado muy vinculado al Partido de la Revolución Venezolana (PRV dividido del PCV) que existió en los setenta y ochenta del siglo XX. Mientras la orientación económica capitalista del primero queda reflejada en la Agenda Alternativa Bolivariana (1996), la del segundo es explícita en su libro Venezuela, Políticas y Petróleo: el ingreso fiscal y la pobreza (1999).
La orientación burguesa de Miquilena aparece reflejada en las tres claves de ALB que son a) decisión política de poner fin al Pacto de punto Fijo (expresada en Fedecámaras, AD, COPEI, la CTV) e iniciar una reestructuración de la relación política de la burguesía con el Estado y sus representaciones políticas; b) desarrollar un capitalismo humano que lograra atender la agenda social de millones de venezolanos golpeados por la crisis burguesa abierta en 1983; c) producir un reordenamiento de la propiedad de la tierra, que como explicaría Marx es la fuente primaria de acumulación, pero en Venezuela, era una forma de titulación del capital especulativo burgués proveniente de la importación con divisas provenientes de la renta petrolera; d) construir una reingeniería política y social con base al petróleo, dándole continuidad a su papel rector abierto en 1936.
En este último aspecto Chávez señalaría en la Agenda Alternativa Bolivariana (1996, pág. 33) la base productiva fundamental del modelo de acumulación y desarrollo de Venezuela seguirá́ siendo, al menos para las primeras décadas del próximo siglo, el petróleo.
Lo que pasa inadvertido en un primer momento, es el intento de un nuevo sector político en constituirse en ricos, no propiamente en burgueses, mediante el acceso a la renta petrolera por dos mecanismos: otorgamiento de dólares preferenciales y corrupción. El problema es que las mayorías populares presionaban cada vez más por un gobierno de amplias libertades y agenda social, asumiendo el chavismo como su representación contra las viejas burguesías de Fedecámaras y Pro Venezuela.
El caballo de Troya de la fracción política que quería constituirse en nueva burguesía hegemónica estaba representado entre otros por Mommer y los sectores vinculados al viejo PRV, especialmente Rafael Ramírez (quien sería luego y durante casi todo el periodo de Chávez Ministro de Petróleo y presidente de PDVSA), quien actuaba con la fracción denominada Esperanza Patriótica.
Miquilena representaba los intereses de la vieja burguesía nacionalista agrupada en la llamada Pro Venezuela constituida entre 1958 y 1999. Otras fracciones políticas provenientes del maoísmo, especialmente de Bandera Roja, la OR, así como del MAS-MIR (en esa etapa alejado de su ideología socialista inicial), y de la disidencia de la Causa R, competían por acceder a una parte del botín de la reestructuración que dejaría la reingeniería. Ello lo justificaban con el discurso de aprovechar la etapa para construir organización revolucionaria que lidere el creciente descontento popular.
Los militares nacionalistas que apoyaron las insurrecciones de 1992 (4F y 27N) no eran socialistas y apuntalaban la reestructuración burguesa de carácter nacionalista y con agenda social amplia. A estos militares en su mayoría les parecía lógico que el Estado fomentara la creación de una nueva burguesía protegida desde el Estado, que fuera nacionalista. Los pocos sectores anticapitalistas en las Fuerzas Armadas veían en febrero del 1989 y los alzamientos militares de 1992 una posibilidad de abrir paso a una situación revolucionaria con Chávez en el poder.
Los Bolivarianos en el gobierno
Chávez gana las elecciones y asume el gobierno en febrero de 1999; cumpliendo con su promesa convocó al proceso constituyente para generar un nuevo marco constitucional que posibilitara la reestructuración con la cual se había comprometido. Muchos de quienes hoy acusan a Maduro de impulsar políticas capitalistas, eran furibundos defensores de Chávez o mantenían una posición crítica de acompañamiento, aunque todos sabían que Chávez era un reestructurador del modelo burgués con posibilidades de abrirle cauce a las fuerzas revolucionarias. La ilusión de la izquierda anticapitalista era que ello pudiera derivar en el inicio de un proceso revolucionarios desde el pueblo, al estilo del emerger de las masas en 1989.
La Constituyente creo una nueva Carta Magna (1999) aprobada mediante referéndum que se constituía en el marco jurídico para iniciar la reestructuración burguesa pero también la reconstitución de la agenda social amplia como premisas para intentar resolver la crisis iniciada en 1983. Las primeras leyes sectoriales de impacto estaban referidas al manejo de la industria petrolera y la tenencia de la tierra. La suerte estaba echada.
La vieja burguesía agrupada en Fedecámaras y representada por AD y COPEI se dio cuenta que esta reestructuración los alejaría del manejo de la renta petrolera y afectaría sus intereses económicos y políticos y en consecuencia comenzó a conspirar seriamente, a través de sus contactos en y con Washington. La llamada burguesía nacionalista agrupada en Pro Venezuela, cuyas caras más visibles eran Luis Miquilena, el Movimiento al Socialismo (MAS) -que desde su surgimiento en los setenta apostó por el progresismo de este sector y otros actores- coincidieron con la agenda conspirativa del anterior sector, introduciendo el gusano de la traición en las propias filas del chavismo.
Las primeras disputas callejeras generadas por la reestructuración burguesa de esa etapa fueron las realizadas contra la Ley de Tierras, por la autonomía de la estatal PDVSA y contra el peligro comunista en educación por la influencia del sector de izquierdistas que acompañaban a Chávez.
Se produce el golpe de Estado del 2002 que retira de la alianza que lidera Chávez a los sectores de Fedecámaras que estaban larvando al interior del chavismo, al sector de la llamada burguesía nacionalista agrupada en Pro Venezuela y liderada por Miquilena y a numerosos militares que venían del modelo político que se quería cambiar, pero también otros a quienes les asustaban las posibles derivaciones anticapitalistas de la reestructuración burguesa en marcha.
EE UU y los gobiernos involucrados con capitales en la industria petrolera vieron con preocupación la reestructuración burguesa no controlada por ellos. Se reabre un periodo de inestabilidad política como el ocurrido entre 1936 y 1958, el cuál aún no se cierra. EE UU aspira a que los nuevos gobernantes les demuestren a ellos y las naciones imperialistas europeas que no son un riesgo a la lógica del capital.
El golpe de Estado de 2002 construido desde EE UU, el cual saca a Chávez del gobierno por tres días. Chávez es rescatado de las garras de los golpistas por el pueblo humilde, que por primera vez desde 1983 veía la posibilidad de una agenda social que le diera un bienestar económico. Ese pueblo que se lanzó a las calles a salvar a Chávez había sufrido sobre sus hombros, condiciones materiales de vida, los estragos de la crisis burguesa iniciada en 1983 y ahora veía una luz al final del túnel. Por ello, salieron de manera decidida a recatar a Chávez. Se abre una situación revolucionaria desde los sectores populares que apunta hacia una salida revolucionaria.
Al retomar al poder Hugo Chávez inicia la reestructuración en tres direcciones básicas. La primera, control de la industria petrolera para administrar la renta petrolera. Segunda, iniciar un proceso de revisión de la propiedad de la tierra ociosa que fungía como títulos de valores. Tercero la construcción de una inmensa agenda social bajo el formato de Misiones, fuera del aparato formal del Estado con el propósito de lograr un efecto rápido en la socialización de una parte de la renta entre los sectores más deprimidos económica y culturalmente, lo cual se logró. Pero Chávez siente la presión callejera por radicalización anti capitalista del proceso.
Los años 2002 y 2003 se produce un reordenamiento de los actores encargados de la importación de alimentos, bienes, servicios que constituyen más del 90% de lo que se consume en el país. Familiares y personas cercanas a los Políticos y militares, como en el periodo de Gómez, reciben autorizaciones para importar y dólares preferenciales para ello. Si bien las concesiones petroleras no se otorgan a ciudadanos, la intermediación de funcionarios comienza a ser clave en la industria petrolera. La primera reestructuración se refiere a colocar en manos de contratistas venezolanos los servicios de la industria petrolera, que en muchos casos son subcontratados, pero la extracción petrolera comienza a sentir las tensiones entre neo estatización o apertura a capitales internacionales emergentes (chinos, rusos, de la India y Turquía, etc.). El problema para el capitalismo global es que el modelo de reestructuración burguesa de Chávez no promueve la integración de la burguesía venezolana al capital trasnacional en condición de socio minoritario, sino que replica el proteccionismo centrado en las importaciones del periodo 1958-1998, solo que ahora con nuevos actores.
Estaríamos en presencia de la génesis de una nueva burguesía, aunque ello no hubiese sido formalmente declarado. Incluso, así no hubiese sido la intención de Chávez, la realidad del manejo de volúmenes gigantescos de capital para la importación generaba mecanismos de ganancia y acumulación que estaban en la estructura constitutiva de la burguesía venezolana en todo el siglo XX. La vieja burguesía no desaparece, sino que con su capital se convierte en factor permanente de conspiración contra el gobierno de Chávez a través de las viejas representaciones y otras nuevas (Primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Al Bravo Pueblo, entre otras). A esta nueva burguesía, como a la que le precedió es difícil monitorearla al ojo ciudadano, porque es especulativa, no monta fábricas; sus rasgos más evidentes son el estilo de vida burgués.
Paralelamente, la izquierda radical y el pueblo que iba mejorando su nivel económico y cultural, se comienzan a reencontrar generando nuevas experiencias y posibilidades. Se comienza a hablar de formas de poder popular para avanzar en el carácter rebelde, anticapitalista de la revolución bolivariana, algo que no había estado planteado en el programa inicial de Chávez. El imperialismo arreció, como lo hiciera en las décadas del cuarenta y el cincuenta, contra la estabilidad del gobierno venezolano. Ello obligó a Chávez a buscar nuevos referentes
En 2003-2004 el sector que expresaba Mommer y el equipo político del cual era parte lograron colocar a Rafael Ramírez, primero como Ministro de Petróleo, luego como presidente de PDVSA, y en ambas responsabilidades. Mommer que había estudiado el papel de AD y Rómulo Betancourt en la construcción de hegemonía capitalista a través del petróleo, vio llegar su momento estelar. El control del Banco Central de Venezuela (BVC) necesario para la liquidación de divisas a precio preferencial para los importadores cerró el círculo de pasos institucionales para esa reestructuración.
Una cosa quería la burguesía y los reestructuradores y otra el pueblo. Las bases chavistas se fueron radicalizando como resultado del triunfo de 2002. El caracazo y el rescate de Chávez habían hecho que el movimiento popular, los trabajadores y los sectores de izquierda se reencontraran con ánimo de abrirle paso a una revolución más allá de los límites del capital.
Chávez es consciente de este giro y decide colocarse al frente del mismo, planteando en reuniones cerradas a finales de 2004 y de manera abierta en 2005, que el rumbo del proceso Bolivariano debería ser socialista. Entre 2005 y 2009 se da la extraña paradoja que a la par que se construyen novedosas formas comunales de poder de base, control de fábricas y redistribución social de la renta petrolera, también se acelere el emerger de una nueva burguesía no productiva, importadora, que acumula capital, propiedades y tierras. Para acelerar el proceso de apropiación de la renta se flexibilizan controles en la administración pública lo cual da paso al emerger de formas osadas de corrupción, lideradas tanto por civiles (de toda orientación política) como de militares.
Chávez intenta una reforma constitucional para abrirle paso jurídico a una forma no claramente definida de socialismo del siglo XXI. La reforma constitucional no logra el apoyo electoral de las mayorías, evidenciando que la idea socialista no había construido aún hegemonía social, fundamentalmente por el temor a que tocara las pequeñas propiedades (viviendas, abastos, parcelas)
Se hicieron intentos por organizar una central única de trabajadores, la UNETE, liderada por comprometidos revolucionarios como Orlando Chirinos, Stalin Pérez, entre otros. La burocracia sindical vinculada a la dirigencia chavista saboteó el primer y segundo congreso fundacional de la UNETE y a ello se le sumaron los errores de los sectores revolucionarios. Tiempo después se crearía la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, aparato sindical altamente burocratizada. Los esfuerzos por reunificar las fuerzas revolucionarias obreristas fracasaron y en 2005-2006, surgen el Partido Socialismo y Libertad (PSL) y Marea Socialista como expresiones de divergencias sobre el carácter progresivo o no del chavismo. Lo cierto, es que la etapa seguía abierta y el carácter del gobierno no había cambiado más allá de los límites de la Agenda Alternativa Bolivariana de 1996 que había motivado el apoyo inicial a Chávez.
Sectores honestos de las fuerzas armadas y de la izquierda comienzan a denunciar la parte oscura de la reestructuración, así como la creciente burocratización de la gestión pública y el desarrollo de expresiones autoritarias contra la opinión crítica, al mejor estilo del estalinismo clásico. El evento Luces y Sombras de la Revolución Bolivariana realizado en el CIM en el año 2009 fue expresión de ese momento político, en el cuál se criticó el híper liderazgo de Chávez, la burocratización de las misiones sociales, las trabas al desarrollo del poder popular, entre otros aspectos. Entre 2009 y 2011 se genera nuevamente un ambiente de debate y construcción desde abajo. La dualidad de la transformación hace prever una resolución conflictiva de la contradicción en ciernes.
La vieja burguesía heredera de Fedecámaras y Pro Venezuela seguía conspirando e intentando construir una correlación de fuerzas que le permitiera volver a retomar el control de la renta petrolera. En oposición era evidente el surgimiento de una nueva burguesía de la cual Rafael Ramírez era solo una expresión.
Entre el 2009 y el 2013 se produce la convivencia conflictiva y en permanente tensión de la vieja burguesía cuarto republicana, la nueva burguesía de la quinta república y los sectores populares. Chávez mantenía el equilibrio para que la reestructuración iniciada en 1999 y su nuevo componente socialista de 2005, no estallaran por los aires. En medio de esas circunstancias Chávez enferma y muere. La designación de Maduro como su sucesor es un intento desesperado por conseguir un sustituto que arbitrara y mantuviera los precarios equilibrios de la reestructuración iniciada en 1999.
Período Maduro
Primero como presidente encargado y luego como presidente electo (2013-2019) Maduro se convierte en el primer presidente después de Chávez. Su tarea continuar la reestructuración iniciada en 1999 para salir de la crisis del régimen burgués iniciada en 1983. No obstante el deseo de Chávez, si bien Maduro intenta mantener los equilibrios heredados de las tensiones entre capital y trabajo, sin embargo, decide afectar algunos de los intereses y representaciones que se habían constituido desde 1999: en las políticas macroeconómicas (el sector representado por Giordani, Héctor Navarro, entre otros), en los vínculos con la llamada burguesía nacionalista (ex militantes del MAS) y con el poder popular coaptado (Redes y otros), en el control de PDVSA (es desplazado Rafael Ramírez, el grupo Esperanza Patriótica, Mommer y otros sectores afines), así como en el sector militar (Rodríguez Torres, Blanco Lacruz, Cliver Alcalá, entre otros, claramente anti comunistas). Se abre una crisis interna en los equilibrios del chavismo y el control de la renta petrolera entra en turbulencia nuevamente. La fracción de Rafael Ramírez es solo una parte de la burguesía surgida del 2002 para acá.
Maduro no goza del carisma de Chávez, aunque rápidamente se va apropiando de las lógicas de representación del poder. Maduro reordena los equilibrios, pero continua con la reestructuración iniciada con Chávez. La caída de los precios de petróleo afecta la forma como se presenta esta continuidad, pero no la altera.
La caída de los ingresos petroleros, que venía a una tasa superior a 100 dólares por barril, el cual cae en un momento a 20 dólares por barril, mientras el presupuesto público estaba calculado en 40, no permite mantener: a) el anclaje del dólar prácticamente a un precio fijo por casi 8 años. Se dispara el precio del dólar pasando desde ese momento hasta acá, de 4 bolívares por dólar a 3400 bolívares por unidad; b) el subsidio a los alimentos y productos importados que se presentaba como control de precios, que en realidad era subsidio a la importación; c) el extraordinario poder adquisitivo del salario de los trabajadores del cual dispusieron entre 2005 y 2013.
Estalla la hiperinflación, debido a que al eliminar el subsidio a los alimentos y productos por la insolvencia de ingresos por la caída de los precios del petróleo (presupuesto calculado en 40 dólares por barril de petróleo mientras el precio apuntaba hacia los 200), estos deberían recuperar el costo real del mercado. Un ejemplo ilustrativo, un kilo de leche que en ese momento costaba 7 bolívares en Caracas, en Cúcuta Colombia costaba 7000. Ante la imposibilidad de subsidiar los alimentos el gobierno de Maduro tuvo que colocar los precios al costo del mercado internacional o la fuga de alimentos hacia los países fronterizos sería inevitable.
La caída de los ingresos petroleros afecta la agenda social y produce un revés político a Maduro que afectaría la gobernabilidad. La oposición gana por primera vez la mayoría de la Asamblea Nacional. Los recién electos diputados de la derecha prometen dejar sin efecto buena parte de los programas sociales impulsado por el chavismo (para ese momento más de un millón de viviendas, pensiones universales, etc.). Ante lo que erróneamente catalogan como el inicio de la caída de la popularidad del presidente Maduro y del chavismo inician una ofensiva insurreccional de corte foquista, algo no experimentado en Venezuela desde la derecha política. Lo cualitativamente distinto en ese momento, es el emerger de una tercera fracción protoburguesa liderada por Leopoldo López.
Hasta ahora, la pugna interburguesa había sido entre dos fracciones de la burguesía, una de la cuarta república y otra de la quinta. Ambas fracciones se habían constituido y sostenido bajo el amparo del Estado, y eran expresión de la crisis constitutiva iniciada en 1983, porque ambas fracciones no tenían ni la disposición política ni la capacidad gerencial para integrarse al mundo competitivo del capital trasnacional como socios minoritarios, sino que preferían ser sus clientes y proveedores de materias primas, conforme habían funcionado desde 1936.
La nueva fracción, expresada políticamente en Voluntad Popular, plantea romper con esa lógica, eliminar el proteccionismo del Estado y promover la integración como socios del capital nacional con el capital trasnacional. En 2017 Voluntad Popular, actúa como una fracción independiente del resto de la oposición política y promueve La Salida insurreccional para la toma del poder. A la par Leopoldo López y Gustavo Baquero publican el libro Venezuela Energética. Propuestas para el Bienestar y el Progreso de los Venezolanos (2017) que viene a ser la actualización del programa de estructuración económica del petróleo con el capital imperialista expresado por Betancourt y Mommer, ahora planteado en términos de asociación con el capital trasnacional.
El gobierno de Maduro logra frenar el plan insurreccional de la derecha con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que vuelve a mostrar la capacidad de convocatoria electoral del Chavismo ante la amenaza de la derecha política. La oposición inter burguesa de dos fracciones capitalistas (cuarta republicana y la de vocación trasnacional) desconocen la legitimidad y legalidad de la convocatoria de la Constituyente porque ello frenó sus planes de asirse del poder. Leopoldo López es puesto preso, la conspiración controlada, Voluntad Popular sigue actuando legalmente, pero la derecha pierde la calle durante el año 2018. La fracción burguesa que se construye entre 2003 y 2016, sectores de izquierda y movimientos sociales, así como ocho millones de votos populares reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente.
El triunfo en la Asamblea Nacional Constituyente no solo reagrupa al Chavismo fracturado por el efecto de la crisis económica, sino que recompone nuevamente a las fuerzas revolucionarias al interior del chavismo. Por ello la burguesía y el capital trasnacional se apresuran a desconocer la legalidad y legitimidad de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), porque ello reconstituye no solo al Chavismo, sino al Chavismo que empuja hacia la izquierda.
Se comienza a gestar un giro hacia la izquierda de sectores del chavismo, ante la situación del deterioro del salario real de los trabajadores, pero también ante evidentes políticas de conciliación de clase de la administración de Maduro. Los sectores de masas de los campesinos y de los profesores universitarios expresan estos movimientos de presiones por el giro hacia la izquierda sin romper con la administración de Maduro.
Al fin las cosas comienzan a aclarase y surge una representación política de la burguesía trasnacional en Venezuela. Esta se dedica a ganar para su estrategia a Fedecámaras y arrastrar a lo que queda de Pro Venezuela. Entre 2017 y 2019 Fedecámaras muta hacia una corporación que desprecia el proteccionismo a las burguesías nacionales y quiere entrar como socios minoritarios del capital trasnacional. El imperialismo recibe la señal y aumenta su apuesta conspirativa.
En oposición no logra construirse una opción revolucionaria. El germen que se había constituido desde 2006 denominado Marea Socialista se divide en dos grupos y diluye su capital político. El Madurismo expone su intención de dialogar e ir a una negociación global, algo que desestiman las dos fracciones burguesas opositoras.
La derecha política plantea que es urgente adelantar elecciones presidenciales. El año 2018, la Asamblea Nacional Constituyente, esa misma que desconocen las burguesías de derecha, convoca a elecciones presidenciales anticipadas para el mes de mayo (la fecha prevista era inicialmente diciembre de 2018) como concesión a la derecha. Paradójicamente una parte de la derecha desconoce la elección presidencial, especialmente la nueva fracción burguesa vinculada al capital trasnacional, aunque uno de los líderes de la oposición Henry Falcón participara en la misma junto a otros candidatos. Sectores disidentes del chavismo lanzan la candidatura de Reinaldo Quijada quien a pesar de participar en las elecciones presidenciales forma parte de quienes desconocen la legalidad y legitimidad del gobierno de Maduro. Maduro es electo presidente para el periodo 2019-2024 con el caudal de votos históricos del chavismo, unos siete millones, mientras Falcón solo obtiene un millón y tanto de votos y los precarios votos alcanzados por Quijada evidencian que no hay un espacio electoral para una tercera fuerza que se auto asume despolarizada, aunque reúne fragmentos del proceso.
Maduro debe tomar posesión, como lo hizo, el 10 de enero de 2019. Lo cual abre un capítulo inédito en la conspiración internacional. El capital trasnacional ve en Voluntad Popular la posibilidad de salida de la situación a favor de la lógica de restructuración del mercado. Más de sesenta países imperialistas y subordinados lanzan una ofensiva mediática contra el gobierno de Maduro, bajo la figura de «ayuda humanitaria».
Las tres fracciones de la burguesía continúan enfrentadas por el control de la renta petrolera. La rebeldía popular de sectores del chavismo de base se muestra con fuerza con las movilizaciones campesinas contra los intentos de montar una lógica de agro industria y, en el sector universitario con los sindicatos de profesores universitarios. La lucha de clases parece comenzar a derrumbar diques.
El 23 de enero, el presidente de la asamblea nacional se auto proclama presidente encargado de la República. Es la punta del iceberg de una operación que llevaba meses montando su jefe político Leopoldo en alianza con Borges, Ledezma y otros actores desde el exilio auspiciado por el capital trasnacional, EE UU y las naciones imperiales europeas. La alianza de gobiernos burgueses denominada Grupo de Lima actúa como articulador de la ofensiva imperial junto a los republicanos; mientras que los gobiernos de México, Uruguay y ahora representantes del partido demócrata norteamericano emergen como otra posibilidad de resolución de la crisis a favor del capital trasnacional. El argumento de la crisis humanitaria, ante una evidente caída del salario real de los trabajadores, ubicado entre 6 y 12 dólares mensuales, agita el señuelo de la invasión imperialista.
El sentimiento en las calles es, como en 2002, de profundización revolucionaria para salir de la crisis económica y de profunda rabia antiimperialista. El odio por el Señor Guaidó y cuantos le rodeen se siente en los barrios y fábricas y, reunifica aún más al Chavismo. Evidentemente Maduro fue electo legalmente y de manera libre, pero su liderazgo real está muy mermado, aunque de haber elecciones podría ganar nuevamente por el rechazo popular a la derecha política, el imperialismo y quienes le hacen juego a la derecha.
Guaidó convoca al ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela desde tres países fronterizos (Colombia, Brasil y Curazao). La idea es producir un resquebrajamiento de la alianza cívico militar y producir el derrumbe del gobierno de Maduro. Se organiza todo, teniendo como epicentro la frontera colombo venezolana, en las poblaciones de Cúcuta (Colombia), Ureña y San Antonio (Venezuela). Se produce enfrentamientos con presencia de unos doscientos seguidores de Guaidó. El día 23 de febrero deja saldo de algunos muertos y heridos. Guaidó no ingresa al país y decide seguirse denominando como Presidente Encargado, ahora para procurar una alianza diplomática y militar que puede desde el exterior derrocar a Maduro.
Por qué se llega al 23 F
Al 23 F 2019 se llega 1) por la incapacidad de las tres facciones de la burguesía en ponerse de acuerdo sobre un régimen de cohabitación; 2) porque la negociación que ofrece la administración Trump a la llamada burguesía bolivariana solo consiste en rendición incondicional, la posibilidad de sobrevivir y la confiscación de todos sus bienes dentro y fuera del país; 3) la imposibilidad de construir una organización revolucionaria que pueda liderar el descontento hacia una revolución; 4) porque aún el pueblo rebelde venezolano no ha terminado de explotar, lo cual no significa que no lo hará.
En uno de los próximos artículos analizaremos hacia donde se reorientan las negociaciones y los escenarios de choque, en una reestructuración capitalista que se abre en 1983 y aún hoy en día no culmina.
* Analista político, milita en el campo del chavismo crítico.
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